´Hay una campaña de desprestigio contra el Presidente y contramí´

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, denuncia que "existe una campaña de desprestigio" tanto contra él como contra el presidente Juan Manuel Santos. Asegura que en ambos casos, impulsados por la extrema derecha, se busca mantener en guerra al país. El Alcalde enumeró una serie de obras, reformas y conquistas que ha logrado en sus primeros siete meses de gobierno.

¿Por qué si afirma que ha hecho tantas cosas, la imagen negativa suya es tan alta?

Los hechos positivos no se publican. Los medios no destacan sino las cosas negativas. Mire brevemente lo que hemos hecho en siete meses: bajar la tasa de homicidios al 16 por 100 mil, política de desarme; bajamos las tarifas de agua para los estratos 1 y 2; hicimos realidad el consumo mínimo de agua potable; abrimos la 26; pusimos a andar el sistema integrado de transporte público, SITP; mejoramos educación; llevamos fibra óptica a colegios públicos; la señal de Internet entrará en 100 megas y no en una, como hasta ahora. En esos colegios hay 100.000 estudiantes, que en diciembre no recibían comida; hoy la tienen. Bajamos los índices de pobreza. Bajamos de 36.000 a 26.000 contratistas, para mejorar las finanzas del Distrito. Pero el Contralor sale a decir que son nóminas paralelas.

Una función de los órganos de control y de los medios de comunicación es la de fiscalizar...

La función de los órganos de control es decir la verdad, lo bueno y lo malo.

Y los medios de comunicación están más obligados a mostrar lo malo que lo bueno, al fin y al cabo la obligación suya como alcalde es hacerlo bien.

Sí, pero compare el flujo de información local de Medellín, Barranquilla, Cartagena y Cali con el de Bogotá. Vea esto: teniendo nosotros el agua de más alta calidad de Colombia, incluso de América, ¿cómo se explica que se irradie una noticia tan mentirosa como la de que el agua está contaminada?

¿Siente que existe un divorcio entre usted y los medios?

Sí, pero se debe básicamente a que soy una persona que encarna no simplemente un pasado, sino una posibilidad de futuro que a muchos no les gusta y que quieren que no se produzca. Y esa es mi gran diferencia con el resto de los alcaldes. Como en mí ven una posibilidad de futuro proyecto, hay muchos sectores que en vez de asumir con valor su posición, lo que quieren es destruir.

¿Quiere decir que los estratos altos quieren atajar su camino?

Hay un núcleo de líderes políticos y otro de intereses particulares que giran alrededor de la contratación, que quieren destruir el gobierno. Obviamente, nosotros hemos cometido errores, pero estos casos no son valoraciones objetivas. Ese conjunto está buscando cómo retomar el poder después de que yo salga. No está tratando de demostrar que lo que yo diga está equivocado, está intentando derribar el gobierno, buscar las condiciones para derribarme.

¿Pero quién busca eso?

Hay un sector visible y otro invisible. El visible es el cartel de la contratación, que se queda cada cuatro años con 2 o 3 billones de pesos de utilidades, sacadas de las adjudicaciones del Distrito. Es una plata muy importante para ellos, como para que llegue un tipo con pinta de 'izquierdoso' a decirles que no se los van a ganar más. Y el invisible hace otro tipo de oposición, que incluso casi pone en peligro los acuerdos de paz del pasado y que se mueve con influencias. Es una operación contra un proyecto democrático. La misma campaña de desprestigio que tiene el alcalde, y que es evidente, la sufre el presidente Santos. Lo que se está definiendo en Colombia en este momento es si va hacia un proyecto democrático que nos saque de la guerra o si va hacia un proyecto antidemocrático que nos quiere mantener en guerra.

¿Fuerzas invisibles, dice usted, que quieren bloquear su ascenso político y taponar una eventual reelección de Santos?

No lo miremos en esos términos. El ataque a Santos se deriva básicamente de que ha abierto una posibilidad diferente de pensar, ha abierto esa opción, lo dijo públicamente. Eso provocó una reacción airada de su verdadera oposición, que está a la derecha de él; eso es una realidad. Yo no sé si Santos se quiere reelegir o no, eso no me interesa; hablo de la realidad de ahora. Una parte de la oposición que cae sobre la Alcaldía de Bogotá tiene ese mismo propósito: cerrar las posibilidades de una aspiración del país para salir de la guerra.

¿Hay una coincidencia de campañas de desprestigio, tanto contra el Presidente como contra usted?

Sí, y más fuerte contra mí.

Buscando el fracaso de su gestión como alcalde?

Sí.

¿Y buscando el fracaso de Santos como presidente?

Si el proyecto democrático fracasa en Bogotá, fracasa en el país. Así que Bogotá es la plaza donde se dirime ese conflicto.

¿Quién o quiénes están dirigiendo la campaña de desprestigio contra el Presidente y contra usted?

La extrema derecha.

¿Cree también que hay carteles de contratación invisibles?

Sí, el que la justicia no ha logrado determinar con nombres propios a pesar de que nosotros somos víctimas; y como los invisibles saben que nosotros estamos actuando, están desesperados tratando de frenarnos. Yo tengo los nombres, los sospechosos, pero es un tema que la justicia tiene que investigar a fondo. Es más, ahora que Emilio Tapia está preso, estoy esperando una confesión plena. A mí no me interesa que Emilio Tapia esté en la cárcel; el objetivo es que confiese lo que aconteció en los últimos años, porque esa confesión plena como colaboración con la justicia podría destapar el cartel invisible que tiene nexos políticos, obviamente gracias a sus poderes económicos.

¿Pero Tapia no fue un socio de los Nule?

Son dos carteles diferentes y entraron en competencia. Querían el mismo espacio de mercado y chocaron.

¿Los Nule participaron en su campaña?

¡Ni un peso! Y hubieran podido porque, en ese momento, ellos no eran los delincuentes señalados sino los contratistas privilegiados del gobierno. Ni estaba prohibido, pero ni un peso de ellos entró a mi campaña.



Proyecta subir el impuesto predial

¿En qué va el proyecto de nuevo reajuste del impuesto predial?

El impuesto predial que se está pagando en Bogotá en los sectores más pudientes es la mitad de lo que se está pagando en Medellín. Ahí deberíamos hacer un esfuerzo, incluso un esfuerzo de solidaridad con los pobres. Como en Bogotá se robaron parte de ese impuesto, hay mucha desconfianza, pero hemos demostrado que barrimos los carteles y redujimos 10.000 contratos de prestación de servicios -que el informe del Contralor no quiso mostrar-, y el sector pudiente puede empezar a tener confianza de que su impuesto se va a gastar bien, en lo que es, que es cerrar las brechas en la ciudad. Creo que hay que hacer un esfuerzo en mejorar el recaudo del ICA, aumentar un poco el predial en los estratos más altos y cobrar por congestionar.

¿Crear peajes?

Puede ser peaje automático en áreas de la ciudad y por horas. Eso reemplazaría el pico y placa completamente, es mi propuesta. Pero hay un estudio entre la ciudad de Singapur y los gobiernos nacional y distrital que nos va a decir la manera más eficaz de cobrar por congestionar, lo que nos daría recursos para arreglar las vías, tema que es dramático. Hay un déficit de 10 billones de pesos en vías locales, y el presupuesto aprobado el año pasado es de 140.000 millones. Es decir, con ese dinero, en 70 años arreglaríamos las vías. De aquí a diciembre vamos a invertir 800.000 millones.



Propone despenalizar las drogas en ciertos sectores

"En seguridad tenemos una paradoja: los mejores resultados en 40 años, en homicidios, que es un indicador de los delitos en general, pero la percepción ciudadana es que no. Desgraciadamente no valoramos el homicidio, que es el delito más grave, de la misma manera que valoramos el robo de un celular, y sin embargo el hurto a personas también ha disminuido. El descenso de homicidios nos llena de optimismo, porque significa que Bogotá está saliendo de la violencia. La tasa de homicidios es de 16 por 100.000 habitantes. El máximo que tuvo hace años fue 73 homicidios por 100.000, y el año pasado tenía 21 homicidios por 100.000".

¿Mantendrá el desarme?

Eso depende de las Fuerzas Militares, pero ya anunciaron que se mantendrá. En la baja de homicidios también juegan la nueva organización policial, los cuadrantes y la caída de las tasas de pobreza.

¿Y a qué niveles espera llegar?

Este año les ganamos a grandes ciudades de Estados Unidos. Para el año entrante vamos a demarcar las áreas violentas. Vamos a iniciar una política audaz que queremos discutir con el Gobierno nacional. Sin él no podemos aplicarla.

¿De qué se trata?

Es un plan que, advierto y repito, no vamos a hacer si el Gobierno nacional no autoriza. Buena parte de la violencia y criminalidad que aún queda en la ciudad tiene una derivación del consumo y tráfico pequeño de drogas. El robo del celular, el robo en TransMilenio se originan básicamente por una razón: consumo de drogas. Los sectores políticos de derecha exigen la prohibición de drogas como el elemento para curar, y eso no ha servido para nada. Nosotros deberíamos permitir unos centros para adictos que hagan el tratamiento, no solamente con drogas que quiten la ansiedad, sino que incluso el adicto pueda consumir relativamente controlado, sin provocar daño a la sociedad. Si esto lo hacemos como plan piloto en las áreas más violentas de la ciudad, el año entrante tendríamos una caída aún mayor del delito total: desde el homicidio hasta el robo de celulares.

¿Cuáles son las áreas más violentas de la ciudad?

Sectores de Ciudad Bolívar, de Corabastos y de Suba.

¿Cómo se acabaría, a través de ese plan, con la organización criminal?

El microtráfico, donde están el jíbaro, la olla, es una organización piramidal armada, que no es la gran mafia. ¿Esa organización de qué vive? Del adicto o consumidor, no necesariamente un adicto que paga altos precios. Con este plan se acabará la banda mafiosa y desestimularemos el delito para el vicio.

Usted tuvo una reunión esta semana con el expresidente Gaviria. Él formuló con los expresidentes Cardozo, de Brasil, y Zedillo, de México, un plan para tratar al consumidor como enfermo y no como criminal. ¿De eso hablaron?

De eso y de muchas otras cosas. Como la del presidente Mujica de Uruguay, quien propuso oficialmente que el gobierno asuma la producción y distribución de marihuana, para contrarrestar la delincuencia. Se hace en Europa y en Estados Unidos, lo hace California. Si el Gobierno acepta que se haga ese experimento de permitir el consumo controlado y guiar hacia la desintoxicación médica y sicológica en esas áreas de Bogotá, donde se mata la gente, llegaremos a una ciudad con índices de violencia comparables a las ciudades más pacíficas de Europa.

¿Cómo proyecta presentar la propuesta al Gobierno Nacional?

Hablando con el presidente Santos. Tenemos una conversación pendiente.



Metro ligero por la 7a. y pesado por el resto

El Concejo acaba de empatar en su votación sobre el cupo de endeudamiento para el metro. ¿Qué opina sobre el tema?

La discusión es extemporánea. Lo que interesa ahora es el cupo de endeudamiento que genera la aprobación del Plan de Desarrollo, que incluye la financiación del metro pesado, la construcción del metro ligero, dos líneas de cable y dos troncales de TransMilenio, la 68 y la Boyacá. Eso es lo que necesitamos. Si no, se paraliza completamente la estrategia de movilidad de mediano y largo plazo. El Concejo tiene que sentarse ya a discutir eso. Son 4,3 billones de pesos.

Hay voces que dicen que eso es demasiado.

Bogotá puede hacerlo. Está en su nivel más bajo de endeudamiento y la movilidad de la ciudad no da espera. La necesidad de cofinanciar con la Nación nos llevará a endeudarnos por cerca de 2.500 millones de dólares. La ciudad puede hacerlo.

El Ministro de Hacienda dijo hace una semana en el reportaje para EL TIEMPO que en Bogotá no hay gerencia y que él tiene una cantidad de dinero dispuesta para la carrera 7a. congelada, porque usted no ha decidido qué hacer con ella...

Está equivocado. Uno: el proyecto de tranvía o metro ligero es una obra que no es cofinanciada, no está en el Conpes, o sea, no tiene dinero de la Nación. Dos: hay un préstamo que el Banco Mundial y el BID le otorgaron al Gobierno Nacional, por 80 millones de dólares. La mitad es para Bogotá e iría a la peatonalización de la carrera 7a. y al mejoramiento tecnológico de los buses.

Sobre la peatonalización de la 7a., hay quejas del comercio...

Es que hay que arreglar el entorno. Una cosa es que el carro no pase y el peatón pueda andar más fácil, pero hay que mejorar fachadas, hacer urbanismo, arreglar parques, arborizar, poner seguridad. Los cambios que hicimos en movilidad con pico y placa hasta las 7:30 nos ayudan a que más horas de la noche sean usadas por la gente. El 68 por ciento de los comerciantes experimenta incremento de ventas en horas diurnas; con más gente en el centro de la ciudad en horas vespertinas mejorarán mucho las ventas.

El presidente Santos, después de reunirse varias veces con usted, dijo que ayudará, pero que necesita que le defina qué va a hacer por la carrera 7a. ¿Ya lo definió?

El metro ligero o tranvía está escrito en el Plan de Desarrollo. Y se hará.

¿Quién está haciendo los diseños?

El Gobierno Nacional aceptó la solicitud nuestra de entregarnos los corredores férreos, que son de su propiedad. Es un primer paso. El diseño de los 88 kilómetros férreos que se transformarían en metro ligero o tranvía lo hace la Corporación Andina de Fomento, y tengo una buena noticia: ya se han presentado cuatro iniciativas de asociación público-privada que vamos a estudiar. En el proyecto del metro ligero hay una avance sustancial. En el proyecto del metro pesado, el Banco Mundial coordina la contratación del diseño de ingeniería.

'Operadores de basura bajan tarifas o hago público el servicio'



Está por terminar la urgencia manifiesta que decretó para prorrogar los contratos de los 4 operadores de basura. ¿Qué va a pasar?

Primero, las tarifas de aseo tienen que reducirse. Segundo, hay que cumplir la sentencia de la Corte Constitucional, que impone que los recicladores entren dentro del proceso. Tenemos un problema jurídico, porque la Comisión Reguladora de Agua (CRA), que tenía que hacer el modelo tarifario para permitir el ingreso de los recicladores, dijo que demorará hasta diciembre del 2013. Yo no puedo esperar hasta esa fecha para dar una solución. Decidimos que, aun sin la decisión de la CRA, vamos a reducir las tarifas en el aseo, con la articulación de los recicladores al modelo. Pero los contratos con los operadores de aseo vencen en un mes. Vamos a esperar dos días más para saber qué deciden.

¿Y cuáles son las alternativas?

Los operadores han movido cielo y tierra para imponer lo que ellos llaman un régimen de libre competencia, es decir, que cualquier empresa pueda prestar el servicio. Ese régimen de libre competencia, que podría servir en los estratos pudientes de la ciudad, no sirve en los barrios populares. Lo que usted observa en estos días es que mientras hay relativamente áreas limpias, que son precisamente donde hay un mercado que les paga bien, hay áreas que se están degradando completamente en el aseo, que son las menos pudientes. Por eso creemos que el régimen de libre competencia no le conviene a Bogotá.

¿Y entonces, contratación directa?

Convenios con entidades públicas, como sucede en Medellín con EPM. Los actuales operadores tienen una opción: al terminar su contrato, el 15 de septiembre, pueden darlo por terminado o puede haber una prórroga

¿Usted tiene facultades jurídicas para prorrogar?

Sí. Y lo haré si los operadores aceptan las dos condiciones: bajar tarifas y vincular a los recicladores. Ellos tienen la palabra.

¿Y si no aceptan las condiciones?

Entramos a un modelo de aseo que va a tener conflictos porque habrá demandas. Pero no vamos a dejar sin un servicio eficiente a la ciudad. Podemos prestarlo e incluso asociarnos por concurso con empresas privadas, pero esta vez bajo la rectoría del poder público.

Lo que usted dice es: si los actuales operadores privados no aceptan bajar tarifas y vincular a recicladores, ¿hará público el servicio?

En forma inmediata, sí. Después vinculamos privados, pero con nuestro control. Hemos analizado financieramente y estaban recaudando sobreganancias, al punto de que un fondo que llaman de compensación, que es motivo de investigación penal porque quedaba plata que sobraba de las tarifas, ¡y bastante!, se la gastaron. Eso muestra que los usuarios estaban pagando mucho más que lo que debían pagar. Por lo tanto, la reducción de tarifas es financieramente sostenible.



Ultimátum sobre la doble tarjeta en TM

¿Cómo piensa arreglar el problema de la doble tarjeta para TransMilenio?

Eso lo heredamos y tengo que decir que lo advertí siendo alcalde electo, sin haber sido escuchado. En el gobierno de Peñalosa se adjudicó el recaudo a los señores de Angelcom, que tienen la mayor parte del actual TransMilenio. Esos contratos van hasta dentro de tres años. Para el recaudo del SITP yo había solicitado que lo tuviera ETB y que no era necesaria una licitación. La administración pasada no nos hizo caso y licitó. Una empresa privada, Recaudo Bogotá, ganó esa licitación. Entonces tenemos dos empresas privadas, con dos sistemas de tarjeta diferentes sobre áreas geográficas diferentes: el antiguo TransMilenio fase I y la fase II, y el que va creciendo con en el SITP. Eso es una locura y es muy difícil un acuerdo entre dos grandes pulpos económicos que están disputándose el mercado. Ese es un negocio de 3 billones de pesos de ingresos en todo el periodo. Hay dos contratos firmados que nos producen un problema. Mi deber es arreglarlo.

¿Qué piensa hacer?

Como ha fracasado la negociación entre los dos recaudadores privados, y la perjudicada es la ciudad, sé que me van a caer truenos y centellas, pero voy a usar los instrumentos que me da la ley para intervenir en la contratación ya firmada, de tal manera que se les garantice a los usuarios una sola tarjeta.

¿Cuáles son los instrumentos que le da la ley?

Dos: o terminación unilateral del contrato, que es comprar lo que queda de los contratos, o la modificación unilateral de los contratos, que también tiene unas fases de ley que tengo que cumplir. En 45 días lograremos que el software sea el mismo y, así se mantengan las dos empresas, habrá una sola tarjeta.

¿La decisión de intervenir está tomada?

Sí, está tomada.

Sobre movilidad, ¿qué hará con el tramo para llevar TransMilenio al aeropuerto?

Por decisión de la Contraloría, hay que hacer una nueva licitación. Pero como los terrenos del aeropuerto no son del Distrito, acordamos con la Nación cofinanciar el tramo. Se están terminando los diseños hechos por nosotros, que no pueden ser los de la empresa Opaín que hizo el aeropuerto, por la decisión de la Contraloría.

¿El IDU hará los diseños y contrata su construcción con licitación?

Ya decidimos que habrá ruta alimentadora de buses, que cubriría el tramo que falta. Vamos a medir cuál es la demanda de transporte del portal Eldorado, al aeropuerto. Por ahora saldrán dos buses verdes cada 10 minutos. El trasbordo es una dificultad, así que, decisión tomada: TransMilenio irá hasta el aeropuerto.

Habrá créditos a ambulantes para que dejen las calles

"Con la celebración, mañana, del cumpleaños de Bogotá, hay tres cosas que quiero proponerle al Gobierno Nacional. Una: sobre el vendedor ambulante en el espacio público. Todas las políticas han fracasado: las represivas, las no represivas. Ahí hay un problema económico y de mafias cada vez más poderosas que tratan de apropiarse del espacio público usando la miseria de la gente".

¿Qué es lo que llama las mafias de las ventas ambulantes?

Agrupaciones de personas que se han apropiado de tramos de las vías. Reclutan al vendedor, le dan el puesto, le dan la mercancía y le cobran, obviamente. La persona gana su sustento con esto, pero quien se gana el gran dinero es la mafia.

¿Y cómo proyecta volver microempresarios a los ambulantes?

Asociándolos, pero libremente, no obligándolos. Ejemplo: se unen tres vendedores, les damos unos créditos y se van a montar un negocio donde quieran. Eso implica un fondo importante de recursos públicos para crédito. No es un regalo, pero deben tener tasa de interés para gente pobre. El Gobierno Nacional tiene su programa para erradicar la pobreza. Nos podemos unir en una política común.

¿Y cuál es la segunda propuesta?

Una política de mejoramiento de vivienda. Ya anunciaron 8 mil subsidios para Bogotá, nosotros tenemos la tierra. Unámonos. Ahora, la población bogotana estrato 2 y estrato 3, que es la mayoría, no necesita una vivienda sino mejorarla para vivir más dignamente. Si hubiera un trabajo conjunto, esa sería una política también de alto impacto en la calidad de vida de los ciudadanos.

¿Y la tercera?

La política de drogas.



Expendio libre de licor en ciertas zonas

"Tenemos localidades con cero homicidios.Vamos a zonificar el expendio. Y ciertas zonas de la ciudad lo van a tener libre toda la noche. Las estadísticas nos dicen que ciertas zonas de la ciudad no son impactadas en su seguridad si se amplía ese horario".

Yamid Amat
Especial para EL TIEMPO