‘El Gobierno nos oye, pero no nos escucha’

Además, la UPC (Unidad de Pago por Capitación), que es el valor que se da a cada ciudadano para garantizar la cobertura de un plan de beneficios, establecido como derecho fundamental, parecería garantizar el derecho a la salud.

El presidente de la Mesa Nacional de Cáncer y presidente de la Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia (Rasa), Gustavo Adolfo Campillo, es uno de los líderes más notables del país en materia de seguridad social en salud, en auditoría médica, en ética médica y en farmacoeconomía.

Este cronista dialoga con él, para EL TIEMPO, sobre uno de los temas más apasionantes de la actualidad en el país: el derecho a la salud. Inclusive se habla ya de factura electrónica para el cobro de todos los servicios de salud.

Doctor Campillo, ¿qué tantos riesgos corre la salud en el país hoy?

La red de salud tendrá que limitar la prestación de servicios y tendrá que prescindir del talento humano. Va a tener que cerrar servicios de salud y al final los usuarios, unos 52 millones, pues nos vamos a ver afectados, especialmente aquellas poblaciones que ya tienen alguna patología y con mayor énfasis patologías crónicas, enfermedades severas de alto costo o enfermedades huérfanas que ya vienen sintiendo de alguna manera la asfixia del sistema de salud.

Doctor Campillo, usted es vocero de los pacientes en Colombia. ¿Cuál es su posición sobre la situación de la salud hoy en el país?

Pues nuestra posición es de preocupación. Somos una agremiación de 199 organizaciones de acompañamiento a pacientes, organizaciones de cáncer, organizaciones renales, organizaciones de trasplantados, de VIH, de salud mental y asociaciones de usuarios. En el sistema de salud nuestra preocupación es que vemos de alguna manera incrementadas las barreras de acceso a los servicios de salud con poblaciones de alta vulnerabilidad, de muchísimo riesgo, donde la interrupción de un tratamiento significa la progresión de la enfermedad a estados muy complejos o a la muerte del paciente.

¿Qué pasa con la falta de recursos que está agobiando a clínicas y hospitales?

El Gobierno ha manifestado dificultades financieras. De hecho, el ministro de Hacienda manifestó que no se pueden generar falsas ilusiones cuando no hay los recursos suficientes.

¿Cuál es la situación específica en salud?

La Corte Constitucional en múltiples jurisprudencias, en virtud de la ley estatutaria, que es la que garantiza el derecho a la salud como fundamental, ha dicho que la insuficiencia de recursos en el sistema de salud no puede ser una justificación para no garantizar el goce efectivo del derecho a la salud. El Estado tiene la obligación de buscar fuentes de financiación para esa garantía.

¿Está en peligro el derecho a la salud que consagra la Constitución?

Absolutamente sí. Y no solamente el derecho a la salud, que obviamente es tal vez la consecuencia más grave y más importante de esto, sino que también están en riesgo las condiciones laborales del talento humano en el sector de salud. Está en riesgo la capacidad instalada en la red de prestaciones de servicios, las redes de prestadores de servicios, en virtud de que no vamos a poder garantizar la contratación con ellos. Y, además de eso, esa limitación de la red nos va a llevar a que las EPS (entidades promotoras de salud) no tengan la posibilidad de contratar la red porque no existe y eso vaya a incrementar los costos y a crear dificultades en el acceso en términos de oportunidad y de calidad.

¿Entonces está en riesgo la vida de los pacientes?

Ya lo estamos viviendo y con un potencial de incremento de ese riesgo, sobre todo en poblaciones muy vulnerables. Por ejemplo, los pacientes que padecen cáncer, que requieren un ciclo de quimioterapia.

¿Y usted, como vocero de los pacientes, ha tenido algún diálogo con el Gobierno?

Nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de sentarnos en un espacio con el ministro sin llegar a ninguna conclusión. Han sido espacios sin ningún resultado positivo ni ningún acuerdo que pueda permitir avanzar. Lo que queremos es aportar a resolver las situaciones difíciles que está afrontando el sistema de salud.

¿Usted cómo calificaría la situación actual de los pacientes?

Compleja, grave y no solamente de los pacientes. También un paciente tiene un núcleo familiar y social. Es decir, cuando un paciente tiene una condición de salud y, además, si la condición de salud se agrava con las barreras para el acceso a los servicios, pues estamos afectando a sus cuidadores, a su núcleo familiar, a la empresa. Es una persona que va a tener más días de incapacidad, incluso una pensión temprana por la pérdida de capacidad laboral. Y estos son costos que no se valoran en la toma de decisiones asociadas al sistema de salud.

¿Y qué esperan de los debates sobre el sistema en Cámara y Senado?

No hay claridad y las EPS también tienen dificultades para estructurar sus redes de prestación. La incertidumbre de un mercado lleva a que todos los actores se contraigan y la contracción del mercado significan vidas.

¿Qué piensa que va a pasar con los proyectos tanto en Cámara como en Senado?

Pues yo esperaría que haya una discusión serena, de nuevo sin ideología, pensando en la ciudadanía. Yo personalmente creo que tiene muchos espacios de mejora. Tiene dificultades, pero creo que se puede construir sobre lo que ya hemos avanzado y tener mayor capacidad de control de información y poder con ello mejorar todo el tema de la suficiencia del uso adecuado de los recursos y de la garantía del goce efectivo del derecho a la salud.

¿Por qué se oponen al proyecto que cursa en la Cámara?

Nos oponemos a lo que está contenido hoy en el proyecto. Queremos una buena discusión técnica, acompañada de voces de la academia, de las sociedades científicas, de las organizaciones de pacientes, que permitan, si es el caso, que el proyecto realmente contenga las necesidades de mejorar el sistema y no destruirlo que es lo que hoy plantea el proyecto.

¿Ustedes han hablado con el Gobierno?

Tengo que decirlo con todo el respeto del mundo, el Gobierno nos oye, pero no nos escucha. Es decir, oyen las propuestas, las recomendaciones que nosotros hemos considerado que deben ser tenidas en cuenta. Pero no escuchan. De hecho, tuvimos también una audiencia pública en la Corte Constitucional.

¿Y cuál es la solución?

Necesitamos un mejor sistema de información que nos permita evidenciar no solamente la calidad de los resultados, sino el uso de los recursos financieros. Una inquietud que nos venimos haciendo los distintos actores es por qué el sistema de salud aún no se registra para la facturación electrónica.

¿Por qué?

Sí, es decir, una clínica o un hospital público no factura electrónicamente. Ahí tendríamos una fuente muy real, muy evidente, muy a tiempo, de cuál es el gasto real del sistema de salud. Teniendo esa base, pudiéramos tener mejores fuentes de información para hacer un cálculo adecuado de la necesidad de los recursos del sistema. Tenemos otras formas distintas de mejorar el gasto, porque en este sistema hay ineficiencias muy altas que tenemos que aprender a manejar y a controlar.

¿Cuáles ineficiencias, por ejemplo?

La corrupción es una de ellas, eso es innegable.

¿En dónde hay corrupción?

En todos los actores. En los aseguradores, en los prestadores, en algunos de los médicos tratantes. No puedo generalizar, pero en algunos aseguradores hemos tenido pues las evidencias de ello. En algunos prestadores vimos todo lo que pasó con los famosos carteles de la hemofilia y el VIH en la zona Caribe. En los médicos que prescriben lo que no es necesario para el manejo de la condición del paciente.

Los usuarios también tenemos corrupción cuando pedimos un medicamento que no vamos a consumir y lo guardamos hasta que se vence. O cuando pedimos una cita médica que no requerimos. Eso también es corrupción. Entonces, creo que esa ineficiencia tiene mucho que mejorar.

También tenemos elementos sobre los valores agregados que la tecnología, la nueva tecnología en salud realmente le está aportando a la población en el país y mirar cómo poder controlar los precios de los medicamentos con base en el valor agregado que ofrece la tecnología. Crear modelos y protocolos y guías de atención que traten de estandarizar el uso de las tecnologías. Yo creo que hay muchas formas todavía de mejorar financieramente.

Muy puntualmente, ¿cuál es la posición de los pacientes frente a la UPC?

La posición es de altísima preocupación. Los pacientes vamos a tener muchas dificultades. Vamos a tener muchas pérdidas de vidas humanas, en el sentido de que la financiación no va a ser suficiente. Y si no hay recursos, pues no hay prestación de servicios.

¿Y de dónde salen los recursos?

Los recursos salen de la contribución obrero-patronal y salen de los impuestos.

¿Y qué pasa con esos recursos?

Pues son insuficientes en todos los países del mundo. Por lo tanto, tenemos una obligación moral, ética y social de buscar las mejores formas de usar ese recurso.

¿Y cuál es una fórmula que usted plantearía?

Son múltiples formas, pero precisamente la invitación que le hacemos al Gobierno, al ministro Jaramillo, es sentémonos o siéntense si quieren, con los pacientes, que creería que es una voz válida y necesaria. Pero sentémonos entre todos a buscar estrategias, alternativas, fórmulas. La academia, las sociedades científicas, las organizaciones de pacientes.

¿Porque hablando francamente, la gran mayoría de los pacientes está en peligro?

Absolutamente sí. Es una cascada progresiva. Obviamente, los primeros que van a caer son los pacientes que tienen enfermedades de alto costo, cáncer, renales, etcétera. Las enfermedades huérfanas que son más altísimamente vulnerables y así en cascada iremos cayendo todos los pacientes. Pero es que además pacientes potenciales somos todos. Cualquiera puede ser hoy usuario y levantarse mañana siendo paciente.

Es decir, el futuro es sumamente preocupante, por supuesto...

Y grave. Esa incertidumbre es grave. Grave en las vidas. Grave en el talento humano. En la seguridad laboral. Grave en la estructura del sistema, en el modelo.

¿Futuro?

Encontrar soluciones colectivas que busquen la mejor forma posible de avanzar en lo que ya hemos construido y no destruir. Construir.

¿Y qué les ha dicho el Gobierno?

No, no, no. No hemos encontrado espacios, posibilidades de diálogo. Esto es una percepción, es porque consideran que nuestras voces son oposición.

¿Entonces estamos corriendo usted y yo el riesgo de que nos acusen de estar haciendo una entrevista de oposición?

Sí, desafortunadamente, esa es la percepción que nosotros tenemos. No nos escuchan por considerar que no somos las voces de las sirenas que quieren oír.

Yamid Amat