El fenómeno de La Niña será ‘débil y corto’

Terminan, prácticamente, los temores por los efectos que podría tener el fenómeno de La Niña, evento del cambio climático caracterizado por el enfriamiento de las aguas del océano Pacífico. La ministra de Ambiente, María Susana Muhamad, confirma que el fenómeno "será débil y corto".

A raíz del desastre por incendios en Los Ángeles (California), en Colombia hay cierto estado de alerta, alimentado por los incendios forestales en nuestro país. El incendio de Chingaza, el incendio del páramo de Las Alfombras en Boyacá, el incendio de algunos lugares en las áreas ubicadas entre Pesca y Tota en Boyacá. Hay proliferación de incendios forestales.

María Susana Muhamad González es la ministra de Ambiente, de descendencia palestina, ocupa el alto cargo desde el comienzo del gobierno del presidente Petro. Profesional de ciencia política de los Andes y magíster en Gestión y Planeación del Desarrollo de la Universidad de Stellenbosch, de Sudáfrica. Habla con este cronista para EL TIEMPO.

Estamos en la temporada de menos lluvias, sobre todo en las regiones Andina y Caribe, que ocurre entre los meses de diciembre y marzo, donde la temporada se caracteriza por tiempo seco y altas temperaturas. Calor de día, frío de noche.

En estos días de cambio climático, ¿cuáles son los territorios más vulnerables?

Unos 354 municipios tienen riesgo por incendios, 177 están en nivel de alerta alta.

¿Estamos ya frente al fenómeno de La Niña?

No, en este momento estamos en condiciones de normalidad. Sobre La Niña, que no se ha consolidado todavía, se prevé que si se consolida, será débil y corta y ocurrirá simultáneamente con la temporada seca. O sea que si esto pasa, será una Niña que nos beneficie porque nos traerá más lluvia de lo normal en la temporada seca. Si hay un poquito más de lluvia por encima de lo normal, pues no lo vamos a sentir como cuando estamos en la temporada de lluvias.

¿Entonces no habrá fenómeno de La Niña?

No lo sabemos. Pero lo que sí podemos decir con toda claridad es que estamos en temporada de menos lluvias que, normalmente, va hasta marzo.

¿Los embalses han sido afectados de alguna manera por los incendios?

Se está haciendo seguimiento a los embalses que se utilizan para la generación de energía que terminaron el año pasado en un 67 por ciento. Normalmente deben terminar en 70 por ciento. Terminan un poquito más abajo. No se contemplan medidas extremas en el tema de energía y en el de agua seguimos en racionamiento.

La situación con respecto a incendios no es tan grave como la gente teme...

Por ahora no hay alerta nacional ni situación de emergencia ni situación atípica.

¿Pero seguirá el racionamiento?

Pues hoy tenemos un racionamiento consolidado en la ciudad de Bogotá y la Sabana. La última estadística que tengo, por ejemplo, es que por lo menos 33 municipios de Cundinamarca en temporada seca pueden llegar a sufrir de desabastecimiento de agua. Y esto ocurre todos los años, y por eso la necesidad de mejorar las condiciones ambientales del país, que es crítica.

Según el Ideam, la temporada seca se prolongará hasta marzo. ¿Eso no es delicado?

Eso es normal. Pasa todos los años. Entre diciembre y marzo tenemos temporada de menos lluvias. Entre abril y julio, lluvias nuevamente hacia septiembre.

Entonces, ministra, si llega La Niña, será muy débil...

Todavía no sabemos si llega, pero hay una probabilidad del 60 por ciento de que se pueda consolidar y llegaría débil, llegaría corta y llegaría en la temporada de menos lluvias. O sea, no la vamos a sentir como un gran torrente de agua, sino que casi que nos podría refrescar un poquito esta temporada seca.

¿Y los embalses están funcionando bien?

Están un poco por debajo de las curvas, pero dentro de los rangos. Uno de los embalses más importantes del país, que es el de Chuza, sí sigue por debajo de lo normal y por eso estamos con racionamiento de agua en la ciudad de Bogotá.

¿El racionamiento de agua en Bogotá continuará?

Eso es una decisión de visión del Acueducto de Bogotá. Pero quiero llamar más la atención sobre el tiempo que ha durado, que ha sido prácticamente de forma ininterrumpida todo el año 2024 y que continuará seguramente por lo menos hasta febrero, marzo.

Otro tema: ¿cómo es el caso de la intervención del muelle 13 de Buenaventura?

Es un asunto sorprendente de omisión ambiental, tanto por parte del establecimiento público ambiental de Buenaventura, que es la autoridad ambiental responsable, como de quien está operando ese muelle 13 que se llama Grupo Portuario. A partir de un indicio inicial, hemos descubierto no solamente una gran omisión, sino realmente muchas irregularidades en este proceso del licenciamiento y de regulación ambiental de este muelle.

¿Irregularidades como cuáles?

Nosotros nos empezamos a dar cuenta de que algo no estaba bien cuando en un consejo directivo de la Agencia Nacional de Infraestructura, del que hacemos parte, se presenta una propuesta de ampliar una concesión portuaria que incluía a ese muelle 13 y nos informan que se hizo un cambio del plan de manejo ambiental y ahí se nos originó la alerta porque nosotros dijimos: ese no es el instrumento adecuado. Debía ir a una licencia ambiental y ahí, perdimos. En ese consejo directivo quedamos 3-1, pero yo alerté al presidente Petro, alerté al ministro Camargo, se revisó el tema y ganamos. Se reversó la decisión de ese consejo directivo y por no cumplir con ese requisito se negó esa ampliación de la concesión a 25 años. Y allí empezó Troya porque arrancó el Grupo Portuario a poner acciones jurídicas y eso también nos llevó a investigar más a fondo. ¿Qué encontramos? Hallamos que irregularmente se quería modificar ese plan de manejo ambiental, pero además descubrimos que durante los últimos tres años, certificado por la Dimar (Dirección General Marítima) y la Superintendencia de Puertos, el volumen de carga y el calado del puerto reportado sobrepasaban el que estaba autorizado en ese plan de manejo ambiental. El establecimiento público de Buenaventura Ambiental debía haber trasladado el expediente, porque entonces la Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) asumía competencia. Por lo tanto, demandamos, desde la Agencia Jurídica de Defensa del Estado y con información del sector ambiental demandamos, digo, este plan de manejo ambiental y un juez de Buenaventura nos dio la razón. Pero además hicimos una visita técnica para ver las condiciones de operación del puerto. ¿Y qué encontramos? Una operación sin ningún control ambiental. Estos buques que van ahí están cargando cereales. Los cereales estaban llenos de palomas y desechos de las palomas en alimentos de consumo humano. Cereales en putrefacción, absolutamente abandonados. Residuos en descomposición. La forma de pasar la carga del muelle a los buques era a través de unas lonas totalmente irregulares. Las condiciones estructurales, deplorables. Entonces ahí vimos que no había ningún control ambiental y con la decisión del juez de Buenaventura, la Anla tomó el expediente y lo encontró totalmente incompleto, donde se nota que, durante más de diez años, la autoridad ambiental no ha hecho nada en ese puerto y por eso existe hoy esa situación tan grave; la Anla decidió suspender las operaciones del muelle 13.

¿Y entonces qué va a pasar ahí, señora ministra?

Hay un litigio, hay una controversia con ese operador de tipo contractual. La decisión del Gobierno Nacional es retomar el control de ese muelle, que además la concesión está entregada es a la Armada Nacional. Este operador es solo un arrendatario. Y también, nosotros, mantendremos esa medida preventiva, esa medida de suspensión de operaciones hasta que haya un instrumento ambiental adecuado a la situación de operación de ese muelle.

¿Pero no es la Armada el operador?

No. Es un Grupo Portuario bajo un contrato de arrendamiento a la Armada Nacional, que es quien tiene la concesión del muelle 13.

¿Y por qué la Armada no lo opera?

La Armada lo arrendó.

¿Por qué?

Habrá que preguntarle a la Armada. En este caso, que es muy delicado, hay una controversia jurídica. Por lo tanto, la Armada es la que tiene hoy la autorización de manejo de ese muelle. Pero la Armada lo tiene subarrendado a un operador, una empresa privada que se llama Grupo Portuario.

¿Y usted va a solicitar alguna investigación por esa situación?

Sí, nosotros estamos mirando el expediente a fondo.

¿Y qué han descubierto?

Estamos revisando, porque ahí debería estar toda la historia de control ambiental a este muelle y pues hallamos un expediente muy incompleto, desvalijado, sin toda la información, que genera alertas de irregularidades no solo en el operador del muelle, sino también en la autoridad pública ambiental de Buenaventura.

¿Y usted, señora ministra, va a pedir la intervención de quién?

Lo que hemos descubierto es escandaloso. Nosotros ya demandamos a través de la Agencia Jurídica del Estado ese plan de manejo ambiental. Eso ya se demandó.

¿Ante quién?

Ante el contencioso administrativo y ante los jueces. Y un juez de Buenaventura ordenó suspender ese plan de manejo ambiental y que la competencia pase de la autoridad ambiental de Buenaventura a la autoridad nacional, que es lo que ha pasado. Hay en este caso demasiados temas que seguimos investigando.

¿Y eso por qué estaba ocurriendo?

Pues eso es lo que hay que investigar a fondo, porque parte de la operación de este muelle incluye el embarque de carbón. Entonces hay barrios enteros de Buenaventura que por años han sufrido las consecuencias de la inhalación de las partículas del carbón. Hay registros, quejas y denuncias de enfermedades en la población por la forma de operación de este muelle, que a mí me parece, además, escandalosa. Realmente en este momento la posición que ha tomado el procurador delegado ambiental que nos está exigiendo que revoquemos la decisión de la Anla, que no suspendamos la operación y de alguna forma se pone más del lado de los infractores que del lado de las comunidades y del lado del derecho colectivo. Todos los habitantes de Buenaventura se están viendo gravemente afectados.

¿Y usted qué explicación le da a eso?

Yo sí siento que hay una parcialidad sin sustento de parte del procurador delegado. Ya un grupo económico demandó penalmente al director de la Anla. Él está cumpliendo su función. Nosotros somos funcionarios públicos y estamos haciendo cumplir la Constitución y la ley. Y yo creo que la Procuraduría debería respaldar el trabajo juicioso que hacemos.

¿Y usted qué piensa hacer?

Ir al fondo de la situación e investigar hasta las últimas consecuencias con lo que hemos encontrado, porque realmente es una total violación a derechos públicos y al régimen ambiental y también puede haber inclusive afectaciones a la integridad pública y esto es muy delicado. Por eso, en el Gobierno Nacional, estamos en un proceso de investigación y de actuación muy coordinada, muy conjunta, porque es como si usted hubiera levantado un tapete viejo en una esquinita y salieron todos los bichos que había ahí acumulados y que nadie había visto o nadie quería ver, pero que estaban ahí y que son muy graves.

Y usted ¿va a solicitar la intervención de quién?

Del procurador general. Le hago un llamado al nuevo procurador para que revise esta actuación del procurador delegado ambiental agrario. Ojalá la Procuraduría cumpla su rol frente a los derechos humanos en este caso y que haya una revisión también exhaustiva de esta actuación que, para nosotros, genera un uso abusivo del cargo que tiene este procurador delegado.

¿Y a usted qué le parece esta situación?

Grave, delicada. En el fondo hay gato encerrado. Pues ya hemos ido abriendo la caja de Pandora. Hay que profundizar más.

Yamid Amat