'Yo encontré un caos catastrófico en la Fiscalía': Montealegre

Al denunciar que la Fiscalía General de la Nación ha sido muchas veces responsable de la impunidad existente en el país, el titular de la entidad, Eduardo Montealegre, anuncia un giro total en las investigaciones que hace sobre ‘falsos positivos’, desplazamientos, asesinatos de líderes sindicales y funcionamiento de organizaciones criminales.

En una descarnada revelación, Montealegre no vacila en afirmar que decidió dar el vuelco, como consecuencia del “caos”, la situación “catastrófica” y el “desorden monumental” que halló. “Heredé una Fiscalía paquidérmica, desorientada, sin rumbo y con funcionarios que no sabían qué hacer”.

Aclara que solo hasta ahora hace públicas las graves denuncias porque sus investigaciones sobre lo que ocurría en la Fiscalía apenas acaban de concluir.

Anuncia el Fiscal que, a partir de ahora, las investigaciones ya no serán “individuales y fragmentarias” como viene ocurriendo, sino que investigará a “las organizaciones criminales y a los aparatos organizados de poder”.

Sobre los ‘falsos positivos’, revela que se investigará si había una responsabilidad institucional. El Fiscal advierte que si no se aplican ya los correctivos, Colombia corre el riesgo de ser intervenida por la Corte Penal Internacional.

¿Cuál fue el primer desafío que halló como Fiscal General?

Cuando tomé posesión, la Fiscalía afrontaba una problemática que podemos llamar de caos estructural en las investigaciones. Esta situación se debía a la inexistencia de un rumbo claro para determinar las políticas criminales. La Fiscalía parecía ese mundo de incertidumbre y azar que estudian físicos modernos, y que describió Vargas Llosa en su ensayo sobre el caos, en Los desafíos de la libertad.

¿A qué caos se refiere?

Existía un gran caos administrativo, no había directivas de orientación de las investigaciones y teníamos una forma de investigar absolutamente fragmentaria. Tengo que decir que encontré un desorden monumental: investigaciones absolutamente atrasadas, carencia total de un cuerpo de investigación que supiera cumplir su misión y un sistema administrativo interno con serias deficiencias. Era una situación supremamente preocupante. El primer desafío fue poner orden en casa.

¿Por qué no había denunciado esta situación?

¿Con base en qué elementos? La denuncia que hago ahora es el producto de un cuidadoso examen que hecho de la situación durante nueve meses. Revisé minuciosamente todas y cada una de las dependencias de la Fiscalía General. Valoré los procesos más relevantes y todo el contexto de las investigaciones.

El primer paso que di consistió en realizar un análisis de la estructura de la Fiscalía, y las conclusiones a las que llegué revelaron una situación catastrófica. Frente al caos monumental que recibí, debo afirmar que heredé una Fiscalía paquidérmica y desorientada con respecto a su rumbo. Ahí entendí en toda su dimensión los relatos de Kafka sobre el asombro que siente un hombre cuando ingresa a los aparatos de justicia, absolutamente incomprensibles y misteriosos.

¿Por qué llama “catastrófico” lo que encontró?

Porque faltaba una política criminal dentro de la Fiscalía. No había directivas claras acerca de la orientación de la entidad en temas tan sensibles como el sistema acusatorio y temas nucleares del derecho penal. Es el duro precio que hemos pagado por no tener penalistas en la dirección de la Fiscalía General.

¿Por qué se queja usted de la que llama “fragmentación de las investigaciones”?

Mire: desde hace muchos años la mayor fuente del delito en Colombia son las organizaciones criminales. En la Fiscalía todavía se sigue investigando con base en el modelo de delincuencia individual, y hemos encontrado que en muchas regiones del país más del 80 por ciento de la criminalidad tiene su origen y es ejecutada por organizaciones al margen de la ley, esto es, aparatos organizados de poder.

Sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía no estaban orientadas a investigar y desarticular estas organizaciones criminales. Tenían como eje investigaciones individuales centradas en casos particulares. Creo que uno de los grandes defectos de la Fiscalía General es seguir investigando delincuencia individual cuando el país enfrenta situaciones de criminalidad organizada. La entidad que dirijo parece inventada por Daniel Defoe, el escritor inglés que se ingenió a Robinson Crusoe: parece un mundo de actores aislados de la sociedad y la civilización.

¿Y a qué adjudica lo que llama “catastrófico caos”?

A la falta de directivas de interpretación y de dirección por parte del Fiscal General, que orienten la labor de los funcionarios. La situación que encontramos es que cada uno de ellos eran ruedas sueltas dentro de la entidad. Los fiscales se parecen a esas figuras de la literatura norteamericana que recuerda William Ospina en un ensayo sobre William Faulkner: hombres solitarios, perdidos en la inmensidad del bosque.

¿Pero todo eso ya se corrigió?

Estoy haciendo primero una radiografía de lo que encontré, de lo que he corregido y de las medidas que voy a adoptar.

¿Todo funcionaba mal: desde el Fiscal General para abajo?

Creo que todo. El Fiscal General tenía que asumir unas competencias institucionales de dirección jerárquica muy fuertes.

¿Y no las estaba asumiendo?

En algunos aspectos no. Advierto: no estoy colocando un espejo retrovisor ni desconociendo los méritos de mis antecesores. Lo que yo formulo es una crítica constructiva a la evolución de la Fiscalía en 20 años. En un mundo globalizado, la delincuencia es transnacional. Por eso, la forma de investigación tradicional de la Fiscalía General es uno de los defectos más grandes que tiene la institución.

¿Tiene algunos ejemplos?

Muchísimos: en las amenazas contra sindicalistas o defensores de derechos humanos, siempre se investigan casos individuales, pero nunca se ha apuntado a identificar qué organizaciones criminales, si existen, están detrás de ese delito y qué conexión pueden tener las diversas amenazas en diferentes sectores del país contra trabajadores y líderes sociales. Lo mismo sucede en la investigación de los ‘falsos positivos’: estamos investigando 1.726 con 3.000 víctimas directas identificadas.

¿Tres mil inocentes asesinados por ‘falsos positivos’?

Sí, 3.000 víctimas directas, y las investigaciones se están haciendo de forma individual, fragmentada y sin mirar las posibles conexiones entre unos y otros.

¿Qué quiere usted decir?

Que en estos casos hay que determinar si estamos frente a lo que se ha denominado “delitos de sistema”. Es decir: violaciones programáticas y estratégicamente calculadas. Ataques planificados contra derechos humanos por motivos políticos, religiosos, étnicos o económicos.

¿Cómo investigará, entonces, crímenes contra sindicalistas y ‘falsos positivos’?

A través de un giro en la metodología de la investigación en la Fiscalía, que subsane esta grave falla de no estudiar los aparatos organizados de poder.

¿En qué consiste la nueva metodología?

Este giro estructural lo iniciamos con la creación de la Unidad de Análisis y Contexto, que estará conformada por más de 100 fiscales y alrededor de 150 analistas. Ellos investigarán la participación de esas estructuras criminales en la comisión de delitos.

Reconstruirán los contextos de graves violaciones a los derechos humanos, la finalidad con que se cometieron, los aparatos organizados de poder que han podido existir y sus financiadores. Vamos a implementar en Colombia las estrategias de investigación de los tribunales penales internacionales que se instauraron en el mundo después de la segunda guerra mundial.

¿Cuántas investigaciones tiene la Fiscalía por la acción criminal contra sindicalistas y cuántas por ‘falsos positivos’?

En el sindicalismo, investigamos 2.000 posibles víctimas en los últimos 10 años. Y en los ‘falsos positivos’, unas 3.000.

¿Y se investiga ahora si en el caso de los ‘falsos positivos’ no fueron acciones individuales del soldado que dispara a una persona indefensa?

Estamos determinando si se trata de delitos de sistema, o sea, buscamos esclarecer si todo ese número de víctimas obedece a un patrón de comportamiento o era una política institucional de graves violaciones a los derechos humanos.

¿Cuando dice “violación institucional” habla del Ejército?

Por ahora eso es algo que no puedo afirmar. Vamos a establecer si eventualmente hace parte de una política o de patrones institucionales de algunos sectores del Ejército. Sí esta claro que no fue una política de Estado.

¿Dice usted “algunos factores institucionales de un sector del Ejército”?

Es que cuando uno mira 3.000 víctimas y 2.035 personas detenidas, y luego observa un estudio geográfico que demuestra que existieron zonas especiales donde se presentó el mayor número de ejecuciones extrajudiciales –como Antioquia, Meta, Norte de Santander, Caquetá y Casanare– entre el 2007 y el 2008, pues la Fiscalía tiene que examinar qué ocurrió.

No se puede, en principio, pensar que se trató de hechos aislados e individuales. Los penalistas construimos verdades con base en inferencias racionales, elaboramos hipótesis a partir de hechos conocidos.

¿Usted que cree que pasó?

Estableceré si esas acciones obedecieron a un patrón de conducta institucional de algunos miembros del Ejército. Será hipótesis de trabajo y objeto de investigación.

¿Pero que llama usted “conducta institucional”?

Entre muchos escenarios posibles, pudo ocurrir que miembros del Ejército adoptaron patrones sistemáticos de ejecuciones extrajudiciales. Es que ante semejante cantidad de víctimas y detenidos de la Fuerza Pública, el sentido común indica que las muertes de humildes colombianos, que todos hemos deplorado y censurado, no son fruto del azar.

Debe haber interrrelaciones entre ellas, y esta situación la vamos a investigar. Daremos un nuevo enfoque a la investigación de los ‘falsos positivos’: vamos a establecer las conexiones entre los hechos a partir de un trabajo de análisis geográfico y otros elementos comunes.

¿Y con base en qué investigará?

Hay evidencias de que alguna interrelación existió, pero ese es solo uno de los elementos objeto de hipótesis. Mire: no pueden existir 3.000 víctimas directas y más de mil personas de la Fuerza Pública vinculadas en ciertos departamentos y en determinado momento y suponer que todo es coincidencia.

Vamos a establecer, por ejemplo, si hay una relación causal entre la directiva de beneficios por abatimiento de alzados en armas con las ejecuciones extrajudiciales.

¿Usted cree que eso fue así?

No puedo anticipar ningún juicio. Sí le quiero señalar que esta situación ya ha sido estudiada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido responsabilidad internacional del Estado cuando este crea una normatividad que propicia graves violaciones a los derechos humanos.

Es lo que se denomina responsabilidad por el riesgo creado. Es una responsabilidad que se inventaron los penalistas alemanes del siglo XIX y que ahora trasladó la Corte Interamericana a la responsabilidad del Estado. Se aplicó en el caso Pueblo Bello.

¿Teme que venga un fallo contra Colombia en esa Corte por ‘falsos positivos’?

Si la justicia colombiana no realiza una investigación exhaustiva, no lleva a los responsables ante tribunales y no investiga de acuerdo con los estándares de macrocriminalidad con que deben investigarse las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, Colombia se expondría no solamente a una condena ante el sistema interamericano sino a una intervención de la Corte Penal Internacional.

¿Intervención de qué tipo?

Podríamos ser condenados en el sistema interamericano. Y si no hay justicia en Colombia, las personas responsables de los ‘falsos positivos’ podrían ser investigadas por la Corte Penal Internacional. Ese es el gran desafío de la justicia colombiana: llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias sobre lo que pasó con esas ejecuciones extrajudiciales.

¿La Corte Penal Internacional puede juzgar al Estado colombiano?

No. La Corte puede establecer responsabilidades individuales. Teóricamente, la Corte Penal Internacional tiene competencia para investigar a un jefe de Estado o exjefe de Estado, o a un ministro cuando la justicia nacional no actúa.

¿Y eso ocurre u ocurrió en Colombia?

Eso es precisamente lo que la Fiscalía va a investigar.

¿La ampliación de la justicia penal militar en el juzgamiento de ‘falsos positivos’ no complica aún más la situación de Colombia?

No. Yo no estoy de acuerdo con quienes sostienen esa tesis. Desde el punto de vista constitucional, no es posible que las ejecuciones extrajudiciales y los ‘falsos positivos’ pasen a la justicia penal militar. La Fiscalía no va a enviar a la justicia penal militar ninguno de los casos en los cuales se compruebe o existan indicios de que se trata de un ‘falso positivo’ y no de una muerte legítima en combate.

¿Qué opina sobre Human Rights Watch (HRW) cuando dice que buena parte de las investigaciones pasarán a justicia militar?

No estoy de acuerdo con las apreciaciones de Miguel Vivanco. La regla general es que ninguno de los 1.726 procesos que existen por ‘falsos positivos’ pasarán a la justicia penal militar. Las violaciones al núcleo duro de protección a los derechos humanos no pasarán a la justicia penal militar. Los falsos positivos son competencia de la ordinaria. Y vamos a decidir sobre 552 solicitudes de investigaciones de la justicia penal militar que piden pasar a la ordinaria.

¿Por qué Colombia corre el riesgo de que la Corte Penal Internacional la juzgue?

Porque así es si nosotros no impulsamos las investigaciones.

¿Nosotros, la Fiscalía?

No. La Corte Penal Internacional acaba de pedirle a Colombia que tiene que avanzar en la implementación de una metodología que es la priorización de casos. Todas las observaciones que han hecho tanto la CPI como el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas son las medidas que ya empezamos a implementar.

Llevamos nueve meses en esta tarea. Vamos, como dijo un gran escritor, “sin prisa pero sin pausa”. Trabajamos sin espectáculos. Discreción que al parecer no le gusta al editorialista de EL TIEMPO que solo ve nubarrones en la justicia y no valora los hechos positivos de mi gestión.

¿Cómo se están implementando o remediando las fallas?

En primer lugar conformamos una gran unidad llamada Unac, Unidad Nacional de Análisis y Contextos, que se encargará de estudiar las estructuras criminales y los aparatos organizados de poder que han realizado graves violaciones a los derechos humanos. Segundo, esa unidad va a determinar si se trata de violaciones sistemáticas o generalizadas. Tercero, esa unidad permitirá establecer si hay algún tipo de patrones en las graves violaciones a los derechos humanos.

Y cuarto, trabajará con criterios de priorización para establecer un orden en las investigaciones: los casos de la UP, los ‘falsos positivos’, violencia sexual dentro del conflicto, reclutamiento de menores, los crímenes de las Farc y del paramilitarismo, entre otros.

Y ya tenemos una unidad que estará integrada por aproximadamente 250 funcionarios, entre fiscales y analistas, que se encargarán exclusivamente de investigar los casos que vamos a priorizar. El rediseño del sistema de investigaciones lo pondremos en práctica en el 2013.

¿Y qué pasará con las conclusiones a la que llegue esa comisión?

Que casos emblemáticos muy importantes como el del desplazamiento forzado en Urabá, el caso de Curvaradó y Jiguamiandó, la masacre de la UP , los ‘falsos positivos’, las graves violaciones a los derechos humanos de las Farc y las AUC, entre otros, serán priorizados. Eso permitirá articular procesos y eliminar la fragmentación de las investigaciones en materia de derechos humanos.

¿Cómo se hará la investigación sobre casos de desplazamiento?

En este momento hay 14.901 investigaciones, en las que también vamos a establecer si se trata de un crimen sistemático. Nos vamos a centrar en las zonas donde más se presentó el fenómeno: Chocó y Urabá.

Inclusive, vamos a recibir capacitación de personas de la Corte Penal para la antigua Yugoslavia en la investigación de la macrocriminalidad. Yo diría que hay un giro copernicano en la forma como vamos a investigar.

¿Por qué lo llama “copernicano”?

Porque vamos a acabar una tradición equivocada de muchos años y a dar un giro histórico en la forma de investigar, adoptando los cánones de la Corte Penal Internacional y los tribunales internacionales.

¿Qué lo llevó a tomar la decisión de dar este giro en la investigación?

Creo que la forma tradicional que se empleaba estaba generando impunidad. Con la investigación de los casos individuales nunca se puede ir a la fuente real que da origen a las graves violaciones de los derechos humanos.

Esa falta de interrelación entre los casos y la ausencia de análisis de las relaciones de estructuras criminales conducía a la ausencia de castigo de los máximos responsables.

¿Y eso condujo al caos y la catástrofe que usted denuncia?

Así es.

¿Esas palabras no son muy fuertes?

Sí, son fuertes, pero es la verdad. La Fiscalía tenía graves fallas estructurales que conducían a la impunidad, que no permitían una lucha eficaz contra el delito.

Hoy, nosotros tenemos un norte, un proyecto de política criminal y un modelo muy claro de lo que debe ser la Fiscalía General de la Nación. Para terminar de implementar todas estas políticas innovadoras, el Gobierno presentó el proyecto de facultades extraordinarias para el Presidente con el fin de rediseñar a fondo la Fiscalía.

Casos de las basuras, Dian e Interbolsa

¿La Fiscalía investiga algo sobre el tema de las basuras?

Sí. Vamos a investigar aspectos contractuales y la existencia de perjuicios patrimoniales para la ciudad. Queremos establecer además si la salud de los ciudadanos estuvo en peligro con las medidas del alcalde Petro y si estas produjeron un impacto ambiental con relevancia penal.

Lo que sucedió fue muy grave: las imágenes de una Bogotá inundada por desechos, basuras, residuos y elementos contaminantes parecían una pesadilla propia de las novelas góticas. La Fiscalía llamará a interrogatorio al alcalde y a los directivos que diseñaron esta nueva política, para que respondan ante la justicia penal por la consecuencia de sus actos. Le deben una explicación a la ciudad y al país.

¿Qué va a pasar con la investigación sobre la defraudación a la Dian por devoluciones indebidas de IVA?

Estamos investigando a más de 80 personas y más de 50 sociedades, por posibles exportaciones ficticias y fraude en las devoluciones del IVA. En el primer trimestre del 2013 empezaremos a tomar decisiones en este caso, para llevar ante los jueces a los responsables de esta defraudación que puede superar los cien mil millones de pesos.

Directivos de Interbolsa citados a interrogatorio el viernes no fueron. ¿Qué hará?

Si los directivos de Interbolsa obstruyen la justicia y no colaboran con la investigación, la Fiscalía estudiará la posibilidad de expedir orden de captura excepcional para que comparezcan al proceso. No aceptaremos dilaciones injustificadas.

¿Dictará la orden de captura si no cumplen la siguiente citación?

Bueno, ese será tema de otro reportaje. Si me invita.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO