'Unión sin precedentes de los sectores públicos y privados contra el contrabando '

“Apareció una carga en El Dorado que la trajo un avión que venía de Panamá, el HP-1754. Según informaron a la Dian, el avión llegó y de él se descargó un volumen importante de mercancías: 18 toneladas. Pero en la Aeronáutica Civil nos informaron que ese avión nunca aterrizó, jamás ingresó al país y no hay reporte alguno sobre su vuelo. Pero existe en los sistemas una carga retirada de El Dorado de 18 toneladas, cantidad nada despreciable”.

Con esta narración, el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, busca describir dos hechos casi aterradores que están ocurriendo en el país y que tienen postrada la industria. Uno: el aeropuerto El Dorado es hoy una especie de tierra de nadie, sin controles ni seguridad. Y dos: el crecimiento del contrabando no solo amenaza seriamente a grandes industriales sino que está conduciendo a la quiebra a centenares de pequeños empresas que pagan impuestos y trabajan con legalidad, mientras observan cómo quienes no se someten a la institucionalidad se enriquecen y siguen en su actividad sin ningún tipo de control.

Ortega revela que ante la gravedad de la situación, el presidente Santos resolvió convocar para el martes próximo la primera gran cumbre de los sectores público, privado y de informática, para acordar cómo enfrentar con sistemas modernos, digitales y técnicos el problema del gigantesco contrabando que asola a la pequeña y mediana industria.

¿Qué pudo haber pasado con el avión de la historia?

Se está investigando. Lo claro es que el vuelo no existió, pero aparecieron 18 toneladas de mercancía nacionalizada como procedente de Panamá en ese vuelo.

¿Entonces de dónde llegó el cargamento?

No sabemos. La historia muestra bien los graves problemas de seguridad que existen en El Dorado. Tenemos la orden del Presidente de investigar a fondo.

¿Cómo se descubrió este caso?

Por una serie de verificaciones que estábamos haciendo de vuelos y de mercancías para entender volúmenes, procedencias y orígenes de importaciones. Se encontró una nacionalización de carga con procedencia de uno de los países riesgosos; empezamos a verificar el vuelo para ver si era de línea o chárter. Resultó un vuelo que jamás existió. Entonces tenemos un problema real, complejo y grave que vamos a resolver de una manera definitiva.

En el campo de las suposiciones, ¿qué pudo haber ocurrido?

Que tenían mercancía en El Dorado, de contrabando, introducida en diferentes vuelos, que fueron acumulando, y encontraron un mecanismo para nacionalizarla y poderla ingresar al territorio nacional sin pagar los impuestos que corresponden, y libre de los controles del aeropuerto.

¿Pero entonces qué es lo que está pasando en El Dorado?

Que llega mercancía de lavado de activos y la introducen fácilmente.

¿Pero no hay vigilancia?

Falta vigilancia y control. Hemos enviado cartas a los entes correspondientes solicitando que se incrementen los controles, que se pongan básculas, que se conozcan los vehículos y las personas que ingresan, y se introduzcan controles en las 7 puertas de acceso, particularmente de la zona 1, que nos genera preocupación.

¿Las siete puertas que son?

Siete accesos a las pistas de El Dorado. Hay puertas por Engativá, donde últimamente sale un volumen muy importante de camiones y no es claro qué entra y qué sale; la puerta sobre Catam; la puerta de Fontibón; puertas sobre la Luis Carlos Galán, y está la puerta 1, que es la que queda en el costado nororiental, por donde quedan todos los vuelos privados, chárter, que son muy vulnerables y donde hay un flujo de personas y vehículos que requeriría control. El Dorado se está convirtiendo en el gran puerto de ingreso de mercancías, producto del lavado de activos por exportación de drogas. Tanto o más que Buenaventura y Barranquilla. Son los tres puertos más críticos. Hemos pedido a las autoridades del aeropuerto que garanticen total esterilidad de las zonas dentro del aeropuerto, total control de perímetros; que existan registros de video de todo individuo o vehículo que entra, para poder hacer un seguimiento de los movimientos de esos vehículos, de esas personas y poder identificar y controlar cuáles son los agentes con acceso a las zonas exteriores del aeropuerto.

¿Y qué respuestas ha obtenido?

Me dan tratamiento de oficinista público y me dicen que la seguridad del aeropuerto es responsabilidad de la Policía, y que infraestructura de seguridad es responsabilidad de Aerocivil. Que no es obligación contractual del concesionario. No han entendido que el tema de control del perímetro y de seguridad de El Dorado es un asunto crítico. El Dorado es uno de los sitios más importantes por donde está entrando contrabando al país.

¿Quién maneja la seguridad del aeropuerto?

Es una combinación de Aerocivil, la Policía, la Dian, la concesión. Yo creo que entre todos deberíamos buscar un líder único responsable que tome las decisiones y que gobierne la relación entre todos.

¿Y eso no debería hacerlo usted como director de la Dian?

A mí no me importa quién; yo no tengo ningún problema en ser segundo, tercero, con tal de que se haga. Tampoco tengo ningún problema de ser el responsable. Lo grave es que hay un gran vacío, y eso hay que solucionarlo.

¿Qué hacer entonces?

El Presidente está perturbado por la gravedad de los eventos que están sucediendo, sin que haya una respuesta clara de cómo ponerle fin a esto. La responsabilidad de los actores pertinentes es reunirnos y ver cómo le damos una respuesta al Presidente para resolver esas vulnerabilidades. El Presidente también pidió ayuda internacional.

¿A agencias o a gobiernos?

A organismos de seguridad en Inglaterra, a la aduana alemana. Ellos vinieron e hicieron una auditoría de El Dorado y hallaron una cantidad de falencias administrativas nuestras, de la Dian, y fallas de organismos en infraestructura y control, que vulneran estándares razonables para un aeropuerto. A raíz de eso se empezó a trabajar en la nueva norma aduanera para subir los estándares, y estamos en un diálogo con la Andi y con el Ministerio de Transporte, la Policía, la Policía Aeroportuaria, la fiscal y aduanera, para que los requerimientos de infraestructura y de control que deben tener los aeropuertos sean acordes con los estándares internacionales. El país tiene muy bajos sistemas de control. Ningún puesto de aduana en Colombia tiene cámaras. En Paraguachón, en La Guajira, nadie sabe qué sucede nunca. En El Dorado, en Buenaventura, en Barranquilla, Cúcuta, Ipiales, Cartagena, Santa Marta, Turbo, la situación es crítica. Hay uno muy complejo y difícil que es bahía Portete, donde hay una concesión portuaria llamada Puerto Nuevo, que es un puerto internacional autorizado con normas de control absolutamente laxas.

¿Dice usted que es un puerto autorizado?

Sí. El tema es muy sensible porque hay 240 familias wayús que viven prácticamente en estado de esclavitud. Trabajan sin un cinturón de espalda a cualquier hora, en condiciones laborales absolutamente deplorables, sin ninguna seguridad social. Le hemos pedido al concesionario que cambie esos estándares y modernice la operación. Si no lo hace, va a perder la concesión.

¿Y por qué ustedes no han intervenido?

Uno no puede tomar acción sin antes advertir, porque genera una reacción social muy agresiva, y nosotros respetamos a la población wayú y a la población guajira; no queremos vulnerar su cultura, ni su tradición, ni sus derechos de tener un trabajo, y estas gentes literalmente se morirían de hambre si no tienen esas migajas que esa actividad les genera. Pero la condición de explotación a la que los tienen sometidos requiere una respuesta.

¿Pero, en general, qué se va a hacer para controlar el contrabando?

Primero hemos definido los estándares unificados de tecnología para la adquisición de equipos de escaneo para todos los puntos de entrada, puertos, aeropuertos, frontera. Se requieren 240 millones de dólares de inversión. Vamos a comenzar con Contecar en Cartagena, Buenaventura, Barranquilla y Santa Marta. Con Opaín hemos llegado a unos acuerdos para colocar algunos escáneres en El Dorado; nos faltan escáneres de carga. Este año tendremos también escáneres móviles para poder tener inteligencia en todas las carreteras del país.

¿Para combatir el contrabando, entre el estatuto aduanero –que se acaba de adoptar– y la ley anticontrabando –que comenzó a tramitarse en el Congreso–, qué diferencias hay?

Es toda una estrategia que tiene varias patas. El estatuto enfatiza el control de riesgo y la obligación de la aduana de facilitar a las personas que son confiables sus operaciones, pero de controlar aquellos que generen evidencias de su baja confiabilidad. Eso no se puede hacer de forma discrecional. A la gente le da mucho susto que eso lo haga un ser humano a su capricho. Para eso se está trabajando en la segunda pata. Para ello, el próximo martes, 8 de abril, habrá una reunión trascendental liderada por el Presidente de la República. Se trata de la formalización de un proyecto de cooperación entre el sector privado colombiano; los mejores empresarios de este país, con sus equipos de sistemas; la Dian y una entidad pública de altísimo reconocimiento y confiabilidad como es XM, experta de mercados que maneja toda la red de distribución eléctrica y es uno de los pocos sistemas públicos que funcionan de manera totalmente impecable; el Banco de la República, EPM y el grupo ISA. De manera muy generosa, XM aceptó liderar ese proceso de la construcción de un sistema donde uno de los aspectos más importantes es el perfilamiento de riesgo.

¿Para qué es esa cumbre?

Se trata del Consejo Nacional Digital, una idea brillante del ministro de las TIC, Diego Molano, quien nos ayudó a visualizar una solución al grave problema del contrabando.

¿Pero concretamente una solución a qué?

Los sistemas de la Dian son débiles, vulnerables, manipulables, frágiles, y las entidades públicas no somos capaces de atraer el capital humano, los ingenieros ni controladores con la calidad y conocimiento que nos permitan desarrollar sistemas que sean inviolables, de seguridad informática.

Los sistemas de la Dian son ineficientes, y el aduanero es particularmente vulnerable. Entonces, ¿qué entidad produce formidables resultados? El Banco de la República. Es clarísimo que el sistema de pagos de Colombia es impecable. EPM es un ejemplo de extraordinario funcionamiento; ISA funciona muy bien. Todos tienen gente experta, competente, totalmente íntegra e idónea. Pero este es un tema que no puede ser solamente público, tiene que ser también privado. Y hay grupos privados que han obtenido extraordinarios logros en sistemas: el Grupo Aval, Bancolombia, el Grupo Bolívar, Nutresa, Colombina. O sea, las grandes empresas de este país –que son muchas y han hecho cosas muy bien hechas– nos van a ayudar.

En la cumbre del martes estarán los ministros de Hacienda, de Defensa, de Comercio, de Comunicaciones. Vamos a construir una nueva institucionalidad que permita resolver de forma estructural los problemas de servicios informáticos del Estado colombiano a sus ciudadanos. Se trata de una gerencia conjunta público-privada con el objetivo prioritario y estratégico de seguridad nacional y de un sistema de perfilamiento de riesgo que sea inviolable, que garantice total seguridad.

¿Qué originó la convocatoria de la cumbre? ¿Con qué objetivo se hace?

La generó el conocimiento por parte del Presidente de unas vulnerabilidades del sistema de la Dian que han permitido introducir contrabando al país en volúmenes muy preocupantes en los últimos años, y que es parte de su malestar, porque lo que está pasando es grave. Tan grave que la doctora Maritza González, que lo está investigando, lo denunció ante la Fiscalía.

¿Qué descubrió la doctora González?

A ella la colocó el Gobierno Nacional en el liderazgo de controlar los problemas de ética o integridad en las entidades que recaudan recursos para el país, como son la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal (UGPP), la Dian y Coljuegos. A raíz de las caídas de los sistemas de la Dian se detectaron unos comportamientos anómalos en las bases de datos, y con ello se identificaron aproximadamente 70.000 contenedores que entraron con manipulaciones del sistema.

¿En cuánto tiempo?

En los últimos tres años.

¿Setenta mil?

Sí, más de 60 contenedores cargados de contrabando, al día. Hablamos de ingresos por más de 6.000 millones de dólares al año de lavado de activos.

¿Todo por exportación de cocaína?

Los narcotraficantes dicen en los estudios que ellos mismos hacen que su margen de utilidad está en 15 millones de dólares por tonelada de cocaína. Si usted toma los 15 millones de dólares que ellos mencionan en promedio y las cifras de exportaciones de cocaína, según Naciones Unidas están entre 300 y 400 toneladas al año; el escenario pesimista muestra que 400 por 15 da 6.000 millones de dólares al año. Esos son los ingresos de los narcotraficantes colombianos. Y según cifras de la aduana de Estados Unidos, el 90 por ciento de eso entra al país por contrabando o por exportaciones ficticias.

¿Eso es lo que tiene postrada la industria colombiana?

Esa es una de las más importantes razones. Llegan en acero, en calzado, en confecciones, en textiles, en productos farmacéuticos, en agroquímicos y veterinarios, en computadores, en electrónica, en celulares, en cebolla del Perú y Holanda, ajos de España, huevos y pollos de Venezuela, en arroz, papa y productos del campo de Ecuador, y un componente no menospreciable que cuesta unos 600 millones de dólares, en gasolina y ACPM venezolano, el que nutre la producción de cocaína de Catatumbo, que es el mayor centro de productividad mundial.

¿Cómo resumiría esta gran ofensiva contra el contrabando?

Es una ofensiva general para defender la industria nacional y el empleo en Colombia, que es el mandato del Presidente, y eso requiere que el contrabando sea el objetivo número uno. Así lo ha pedido el Presidente y así lo haremos la Policía, la Armada, la Dian y toda esta infraestructura de control que le he mencionado.

La corrupción dentro de la Dian

¿Y la corrupción que el Presidente denunció dentro de la Dian?

Hay personas que pueden haber sido coactadas por esas estructuras criminales, algunos funcionarios de la Dian que desobedecieron a sus principios morales y a sus obligaciones con la entidad y son sujetos de investigaciones. La Fiscalía determinará sus responsabilidades.

Tengo entendido que varias investigaciones de la Uiaf lo confirman…

La información de la Uiaf es altamente confidencial y obviamente no la conozco. Dicen que se han evidenciado movimientos multimillonarios por parte de algunas personas que aparecen vinculadas en la entidad.

¿Y qué ocurrió?

Los procesos investigativos están en la obtención del acervo probatorio que permita una judicialización. La Fiscalía lleva hoy en día como 15 investigaciones de temas muy complejos vinculados con contrabando en la Dian. No conozco detalles.

¿Qué originó la protesta de sus empleados?

La Dian tiene 10.000 funcionarios y son personas total y absolutamente dedicadas, con sacrificio y honradez a su trabajo. Es gente muy valerosa, valiosa y competente. Les duele que la gente llegue a identificar la Dian con corrupción por culpa de unas pocas personas, que son casos aislados que tendrán que rendir cuentas ante la justicia. Hoy, la Dian está recaudando 114 billones de pesos, y cuando comenzamos hace cuatro años se recaudaban 64. Gente que le genera a usted 60 billones de pesos al año es gente que lo hace bien y que se está matando literalmente en su trabajo porque Colombia pueda llegar a niveles altos de desarrollo a través de garantizar el financiamiento legal del Estado.

Si no colabora con Colombia, Panamá será declarado paraíso fiscal

¿Qué va a pasar con la posibilidad de que Panamá sea considerada paraíso fiscal?

Los indicios que hay son muy fuertes de que buena parte del contrabando que nos invade procede de Panamá. No es azar que hayan capturado a las cabezas de las oficinas de Envigado y algunos urabeños en Panamá. La gran mayoría de empresarios panameños en Colón son serios y muy dignos, pero hay empresas de maletín allí que son las que aparecen haciendo las exportaciones de lavado a Colombia, y hay colombianos presuntamente muy corruptos que operan desde Panamá. Todas estas estructuras y esquemas se han desarrollado amparadas en buena parte por el secreto que genera la falta de instrumentos para compartir información, que permita cooperar y luchar conjuntamente contra este tipo de conductas.

Es así como le hemos pedido con respeto a Panamá que haga un acuerdo con Colombia para intercambiar información tributaria para luchar contra este flagelo y la evasión. Es una solicitud legítima, respetuosísima, que solamente enaltece el compromiso de la legalidad y el desarrollo que tiene Panamá con su pueblo y con sus vecinos. Si por razones políticas, que yo respeto pero no entiendo, no aprueban el intercambio, Colombia tiene que actuar.

¿Sigue Panamá negando el intercambio?

Hasta el día de hoy, sí. No hay colaboración a la fecha, a pesar de evidencias contundentes de operaciones muy cuestionables que tienen su origen en la zona libre de Colón, hechas presuntamente por colombianos narcotraficantes, utilizando empresas de papel en Panamá. Nuestra petición no es hostil hacia Panamá, es algo de sobrevivencia nuestra.

¿Y si finalmente no se logra?

Panamá será declarado paraíso fiscal. Dios quiera que no sea así…

¿Qué pasa si eso ocurre?

Será muy difícil cualquier tipo de actividad económica, porque todo empieza a tener una retención en la fuente; todo pago se incrementa en 36 por ciento.

¿Hay un plazo?

Sí. En el mes de septiembre tiene que estar avanzada la negociación. Dios quiera que con la entrada del nuevo gobierno podamos presentar nuestro caso real, honesto, de una problemática binacional, donde el crimen organizado nos puede hacer mucho daño a nuestros países, a nuestros pueblos, a nuestras sociedades.

¿Y si no, el vecino Panamá será declarado paraíso fiscal con todas las consecuencias?

Sí, señor.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO