'Dictaremos medidas contra 60 dirigentes políticos'

Medidas de aseguramiento contra mas de 60 dirigentes políticos, por relaciones con el paramilitarismo, dictará la próxima semana la Fiscalía. El fiscal, Eduardo Montealegre, dice que en junio hará un pronunciamiento sobre "relaciones de la política con las Farc, que estremecerá al país". También anuncia un revolcón en la Fiscalía y la contratación de técnicos y especialistas extranjeros para capacitar a los fiscales y agentes del CTI y de la policía judicial. Abre la entrevista comentando que el sistema penal acusatorio "no ha fracasado, pero requiere un gran impulso".

"No hay crisis, pero estamos ensayando un modelo ajeno a nuestras tradiciones jurídicas, y por lo tanto se presentan dificultades en su implementación. Tenemos que buscar nuevos mecanismos de administración, rediseños institucionales, pero sobre la base de que el sistema no tiene reversa. Es impensable que después de diez años diéramos un giro hacia estructuras procesales que ya han sido superadas", afirma. (Lea también: Fiscal General pidió dejar madurar el sistema penal acusatorio).

¿Cuáles son las dificultades del sistema?

Hay una gran dispersión en los criterios de interpretación del sistema acusatorio. No solo en la Fiscalía, sino en los jueces de garantías y en los que profieren el fallo. El ciudadano tiene derecho a que exista igualdad en la interpretación, y hasta ahora no se han logrado criterios unitarios de interpretación de la ley. Otro tema que debe corregirse es que si bien es cierto que los fiscales tienen, por Constitución, cierta autonomía, también es cierto que el Fiscal General puede impartir directrices generales de política criminal. Creo que todavía jueces y fiscales no han interpretado correctamente muchas figuras del sistema acusatorio, sobre todo para hacerlas compatibles con garantías ya consagradas en tratados internacionales.

¿Y qué piensa hacer para remediar esas dificultades?

Es necesaria una capacitación para que los fiscales hagan compatible el modelo acusatorio con los tratados internacionales. He encontrado que no hay coordinación entre los fiscales y el Cuerpo Técnico de Investigación. El sistema acusatorio está estructurado sobre un papel muy destacado de la policía judicial, pero en coordinación con los fiscales.

Parece dar a entender que la Fiscalía requiere una gran reforma...

Se necesitan rediseños administrativos, establecer mecanismos de coordinación interna, porque existen una cantidad de unidades, pero cada una actúa como si fuera el Llanero Solitario. Esto parece la novela de Daniel Defoe sobre Robinson Crusoe, cada unidad es una isla y no tiene comunicación con las demás.Voy a impartir directrices sobre el rediseño de la Fiscalía. Colombia ha pasado de la criminalidad individual a la gran macrocriminalidad, las graves violaciones a los derechos humanos se han producido por estructuras organizadas de poder que funcionan de manera distinta a la delincuencia individual y, por lo tanto, hay que rediseñar la Fiscalía para responder a esas nuevas formas de criminalidad. (Lea acá: Eduardo Montealegre anuncia revolcón en unidades claves de la Fiscalía)

¿Cómo definiría ese rediseño?

Vamos a dar un verdadero revolcón, con los instrumentos administrativos que tenemos. Voy a modernizar la escuela judicial, para enseñar sobre la investigación científica. El soporte de las investigaciones debe ser la prueba técnica; hay que llevar la tecnología a la investigación. Me propongo convertir la escuela judicial en un organismo de nivel universitario, donde se realice la capacitación de los funcionarios de la Fiscalía.

¿Quiénes dictarán las cátedras?

Buscaré cooperación internacional para que los investigadores del CTI aprendan las técnicas modernas de investigación, sobre todo cuando se trata de asumir investigaciones masivas de graves violaciones a los derechos humanos. Ahí habrá un impulso muy grande, un rediseño integral de la escuela judicial.

¿Dónde va a funcionar?

Vamos a aprovechar la antigua sede del DAS en Aquimindia para formar fiscales y miembros del cuerpo técnico que tengan como carrera exclusiva la investigación y el conocimiento del derecho penal. Queremos constituir un centro universitario y que en el futuro se convierta como condición necesaria para ingresar a la Fiscalía haber obtenido título y capacitación muy avanzada en la escuela judicial, en técnicas de investigación. Ahí tenemos que hacer una gran reformulación. Si la familia nos autoriza, queremos hacerle un homenaje a Enrique Low Murtra llamando con su nombre la nueva escuela.

¿Qué tipo de cooperación internacional es la que busca?

Cooperación tecnológica y catedrática en Estados Unidos y Europa. Los holandeses suministran capacitación muy importante en formación de analistas del cuerpo técnico de policía judicial. Los ingleses han aportado gran ayuda tecnológica en lucha contra la corrupción. Los norteamericanos tienen una tradición enorme en aplicación de la tecnología a la investigación criminal. Los alemanes han contribuido muchísimo a la justicia transicional. El Consejo Noruego para los Refugiados tiene una gran experiencia en investigaciones de desplazamiento forzado.

¿La idea es contratar técnicos y profesores de esos países?

Sí. Vamos a contratar capacitadores de esos países para que vengan a preparar especialmente a la Policía Judicial. Tenemos que introducir la tecnología en la investigación penal, mientras no lo hagamos no podremos dar grandes saltos en la lucha contra la criminalidad. Vamos a usar la universidad a distancia para llevar esa capacitación a la periferia, y que no se quede solo en Bogotá.

Este gran revolcón interno que anuncia me conduce a la conclusión de que encontró deficiencias en fiscales e investigadores...

Obviamente hay deficiencias. Hemos avanzado muchísimo en técnicas de investigación, pero estamos lejos de alcanzar las metas. Todavía estamos en una etapa en la que las investigaciones giran alrededor del testimonio y la realización de preacuerdos. Es decir, operan con base en unas fuentes de investigación que no son lo suficientemente fiables, al menos en este país, como es cifrar todo en un testimonio. Tenemos que lograr la modernización del CTI para que los investigadores conozcan técnicas modernas.

También lo advertí preocupado por la Policía Judicial...

Sí. Creo que el eje central del sistema acusatorio está en la Policía Judicial, y me parece que los investigadores del CTI, los investigadores de la Policía Judicial, tienen que ser personas con una gran formación en derecho penal, en la teoría del delito, en la estructura general de imputaciones del derecho penal nuestro y el derecho penal internacional. Un investigador puede orientar correctamente un proceso cuando tiene un conocimiento muy serio de cómo son las estructuras de imputación, cómo opera el sistema penal y cuáles son las categorías del sistema penal en las que se pueden aplicar las técnicas de investigación. Ahí falta una gran capacitación

¿El gran revolcón lo va a aplicar en el CTI y la Policía Judicial?

Sí. Son los dos pilares del gran revolcón, conjuntamente con el rediseño de la escuela judicial. Una de las labores que he realizado en este primer mes de gestión es hablar intensamente con la comunidad internacional para lograr cooperación de investigación de Inglaterra, Holanda, Noruega, Alemania y Estados Unidos. Encontré una gran receptividad para ayudar a Colombia. Me atrevería a anticipar que la lograré.

¿Cuántos fiscales tiene el país?

Hay 11.352.

¿Y cuánta gente en el CTI y la Policía Judicial?

En el CTI hay 9.230 servidores, incluyendo los incorporados del DAS.

¿Todos serán sometidos a capacitación?

Gradualmente, hasta lograr una cobertura de formación integral.

¿De qué manera puede resultar afectado el ciudadano común si no hay una gran capacitación de los fiscales y agentes?

Como institución, la Fiscalía cuenta con enormes poderes y por eso tiene que actuar con gran ponderación. Si no están bien capacitados se pone en peligro uno de los derechos esenciales del ser humano: la libertad.

¿Se puede esperar de la Fiscalía pronta y cumplida justicia, si no tienen sus investigadores alta capacitación? ¿La capacitación podría romper el cuello de botella de la morosidad?

Desde luego. Un número considerable de denuncias carecen de relevancia penal y muchas veces son temerarias. Hay abuso en el derecho de acceso a la justicia. Un funcionario bien capacitado puede rechazar inmediatamente las imputaciones absurdas e irresponsables.

¿Siente incapacitados a fiscales y agentes en general?

En la física, cada 500 años se produce una gran revolución, pero en el derecho, y sobre todo en el penal, cada 30 años encontramos nuevos paradigmas. La capacitación y la adquisición de conocimiento son permanentes e infinitas. Con razón Borges, en uno de sus cuentos, describió el universo como una biblioteca infinita. Queremos que estas necesidades de reorientación de investigaciones se reflejen en los exámenes que se van a hacer para la carrera judicial.

¿A qué tipo de exámenes se refiere?

A los de ingreso a la carrera. Vamos a convocar cerca de 14.000 nuevos cargos en el transcurso de dos años, cumpliendo la orden de la Corte Constitucional.

Una de las funciones fundamentales de la Fiscalía son los derechos humanos. Human Rights Watch reconoció que hay avances, pero dijo que todavía estamos muy mal... ¿Por qué no pide su asesoría?

No creo que sea una ONG que preste ese tipo de asesorías, pero voy a buscar capacitación en derechos humanos con instituciones muy reconocidas en el país. Puedo pecar por excluir muchos, pero De Justicia, una institución de análisis, integrada por juristas muy respetables, conocedores del derecho constitucional, del derecho internacional humanitario, nos podría ayudar en la capacitación que necesitamos.

¿Y cómo estamos en derechos humanos?

El conflicto armado ha implicado violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos. En solo Justicia y Paz, las víctimas han denunciado más de 300 mil casos de graves violaciones a derechos humanos. Una de las tareas de la Fiscalía es trabajar con criterios prioritarios para superar la impunidad. Y le voy a revelar lo siguiente: al finalizar la próxima semana, por fuera del marco de la justicia transicional, la Fiscalía dictará más de 60 medidas de aseguramiento contra dirigentes políticos, por relaciones indebidas con el paramilitarismo.

¿Qué llama usted "dirigentes políticos"?

Miembros de cuerpos de elección popular de entidades territoriales.

¿Esa es no es facultad de la Corte Suprema?

No se trata de aforados constitucionales.

¿Hay exparlamentarios?

No. Exconcejales, exdiputados y actuales activistas de partidos políticos.

¿Y qué pasará con la llamada Farcpolítica?

En junio, probablemente, tendremos un pronunciamiento sobre relaciones de la política con las Farc. Si las hipótesis que trabajamos se llegan a confirmar, el país se estremecerá.

¿Qué han descubierto?

Ya lo informaremos.

¿Investiga relaciones de altos dirigentes políticos con el conflicto?

Sí.

¿Qué tan altos?

Importantes dirigentes de la política. Y no puedo decir nada más.

¿Fracasó Justicia y Paz? Desde que se aprobó se han presentado, como dice usted, 300 mil denuncias, y la Fiscalía ha fallado apenas 3 o 4...

Debemos reconocer que hay crisis en la justicia transicional. Es indudable que no ha producido los resultados que se esperaban, y eso implica necesariamente un gran rediseño en las investigaciones de Justicia y Paz. Hay que trabajar sobre criterios de priorización, para la investigación de grandes violaciones a los derechos humanos. Estamos a tiempo de salvar el proceso.

¿Pero hasta este momento el proceso ha fracasado?

Tiene enormes dificultades, pero vamos a intentar rescatarlo. Aún tenemos un tiempo razonable para darle un nuevo rumbo. Tenemos que determinar cuáles son los casos más graves, cuáles las estructuras o aparatos de poder que están detrás de esas violaciones a los derechos humanos, y establecer quiénes les daban apoyo. Hay que rediseñar la forma de investigación en Justicia y Paz. El país no puede olvidar que iniciamos un proceso de justicia transicional sin transición.

¿Cuántos desmovilizados hay con su situación en el limbo?

Unos 30 mil. A ellos no se les puede dar tratamiento de delito político, porque la Corte Suprema, con razón, lo negó. Ni se puede aplicar el principio de oportunidad, porque la Corte Constitucional no lo permite. En este momento, el marco jurídico colombiano es que todos tienen que afrontar proceso penal, y duraríamos más de 100 años en esas investigaciones. Estamos trabajando en reorganizar metodologías para realizar investigaciones también por grupos, determinar a qué estructura organizada de poder pertenece ese desmovilizado, y trabajar sobre ese criterio y no sobre casos individuales. Pero la Corte Constitucional prohibió la investigación y sentencia en grupo...

Por eso creo que hay que hacer una reinterpretación de normas procesales, para establecer la posibilidad de que estos casos se investiguen conjuntamente.

Investigación a excomisionado Restrepo sigue



 

A propósito de desmovilizados, ¿en qué va lo de la 'Cacica Gaitana'?

La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento contra el general Lelio Suárez Tocarruncho, acusado de haber comprado y entregado las armas al supuesto grupo ilegal.

¿Y el excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo?

La medida de aseguramiento le fue revocada por un juez de garantías, pero obviamente esa investigación continúa su curso en la Fiscalía

¿Y cómo va?

Avanzando. No podría darle más datos

¿El excomisionado fue engañado o estaba enterado?

Ese es uno de los temas de investigación, pero no puedo entrar en juicios particulares de responsabilidad en ese caso, porque es un proceso en curso.

Está satisfecho con los acuerdos en la reforma de la justicia

 



En su opinión, ¿cuál fue el acuerdo más importante que se logró en la cumbre de poderes frente a la reforma de la justicia?

En primer lugar, que se suprimen las funciones jurisdiccionales del Congreso de la República. Eso significa la modificación de una tradición constitucional de más de 100 años, en la cual el Congreso podía hacer investigaciones penales y disciplinarias. Estaban fusionados equivocadamente en el Congreso la función de control político y el juzgamiento penal de los altos dignatarios del Estado. Esa estructura se justificó en los siglos XVIII y XIX, cuando los congresos tenían funciones jurisdiccionales para resguardarse, en cierta forma, de las monarquías. En segundo lugar, al quitarle la función jurisdiccional al Congreso, este puede concentrarse en los juicios de responsabilidad política contra los altos dignatarios del Estado. En tercer lugar, el nuevo rediseño administrativo de la rama jurisdiccional, con la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. Y en cuarto lugar, que notarios y abogados puedan administrar justicia para descongestión. Esto permitirá un mayor acceso del ciudadano a la justicia.

Estoy satisfecho. Creo que la reforma, como fue rediseñada, va a implicar grandes avances en la administración de justicia.

En caso Nule se aplicará el cambio en beneficio del preacuerdo



 

Usted anunció una inminente decisión sobre los Nule...

La semana entrante hay audiencia y revelaremos nuestra posición. Temas centrales son el manejo de los preacuerdos con los Nule, que están suspendidos, y el del principio de oportunidad.

No es muy amigo de los preacuerdos...

Los preacuerdos y el principio de oportunidad son mecanismos muy importantes en un sistema acusatorio. En nuestra cultura política se cree que solo hay justicia cuando se impone una pena proporcional al daño causado. Sin embargo, los sistemas acusatorios no se fundamentan solo sobre el concepto de retribución. El sistema debe servir para desarticular organizaciones criminales, desmontar aparatos de poder y descubrir a todos los responsables. La rebaja de penas es para obtener grandes resultados con denuncias de los beneficiados.

¿Qué lo condujo a suspender el acuerdo?

Quería conocer los términos en los que se estaba realizando. Me propongo expedir unas directivas generales, no solamente para el caso Nule, sobre cómo deben manejarse los casos, la filosofía del preacuerdo y del principio de oportunidad. Es decir, igualdad de los ciudadanos en la interpretación y aplicación de la ley.

¿Qué directivas piensa impartir sobre los preacuerdos?

Que se demuestre que la colaboración que está prestando la persona, tanto en el preacuerdo como en el principio de oportunidad, es fundamental para desarticular estructuras criminales. Examinar qué tan importante fue la colaboración, y si realmente las revelaciones conducen a la recuperación de los bienes de parte del Estado. No obtienen nada el Estado y el sistema penal imponiendo penas muy altas, si paralelamente no hay una política muy fuerte de recuperación y de extinción del dominio de los bienes adquiridos con el delito.

¿Es indispensable en los preacuerdos que los implicados delaten a sus cómplices?

Sí. El preacuerdo es una justicia de premio. Si la delación contribuye eficazmente a señalar cómo era el modus operandi de un grupo o de un aparato organizado de poder, se pueden obtener beneficios. Es indispensable saber quiénes eran los cómplices, quiénes eran los financiadores, cuál fue el destino final de los bienes, cuál era la articulación que tenía esa organización. Se trata de información que contribuya a reconstruir la verdad histórica de lo ocurrido.

En el caso de los Nule, ¿solo si confiesan con quiénes acordaron pagos, anticipos, contratos, habrá preacuerdo?

Será uno de los elementos al momento de concretar preacuerdos y principio de oportunidad.