"El 2015 debe ser el año de la paz porque sería difícil mantener el proceso indefinidamental"

“Hay que ampliar los delitos conexos con los delitos políticos para hacer viable la paz”.

Con esta afirmación, unida a la de que las Farc tendrán que entregar las armas y desmovilizarse, el presidente Juan Manuel Santos cree que el próximo año se firmará la paz.

El Presidente cumple mañana los primeros 100 días de gobierno de su segunda administración. En la siguiente entrevista, concedida por ese motivo, el mandatario hace grandes anuncios políticos, y considera que hay que “examinar las consecuencias de delito político, respecto a la participación política de quienes dejen las armas”. Advierte que la paz está en un momento crucial “porque llegó la hora de las decisiones difíciles”.

Precisa, por otra parte, cómo el próximo año será el de la ejecución de las grandes obras de infraestructura.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; el presidente de la Comisión Negociadora, Humberto de la Calle, y el mismo ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, le han pedido al Centro Democrático que dialogue sobre la paz. ¿Cuál es el interés del Gobierno en esa invitación?

La paz es de todos; es el bien supremo al que todos aspiramos, y no conviene por eso mantener o incentivar divisiones irreconciliables entre quienes estamos del lado de las instituciones y la democracia. Nuestro único y verdadero enemigo es el conflicto. Por eso queremos hablar con todos sobre la paz. Y le anticipo lo siguiente: esta semana se cumplen 2 años de conversaciones en La Habana y haré un importante anuncio a los colombianos en este sentido.

¿En qué sentido, señor Presidente?

En unirnos todos. Es un paso importante, pero no adelanto más.

¿Hasta dónde tienen razón las críticas que de manera permanente le formula al proceso de paz el procurador Alejandro Ordóñez?

Yo me encontré con el Procurador en Valledupar hace menos de un mes, en la Asamblea de Personeros, y allí él dijo –palabras más, palabras menos– que todo es superable si las Farc en realidad tienen la decisión de disolverse como aparato criminal, si están dispuestas a aceptar que han sido victimarios y si contribuyen a atender los derechos de las víctimas. Allá mismo le dije al Procurador que yo solo firmaba bajo esas tres condiciones, las mínimas que hemos planteado desde la iniciación de las conversaciones. No puede ser de otra manera.

Sobre este tema, en el foro de EL TIEMPO, la Universidad del Rosario y la Fundación Hanns Seidel, se trató el punto del delito político y conexos. ¿Cuál es su posición?

La expuso Humberto de la Calle.

¿Entonces, en qué sentido se debe modificar la definición de delito político, señor Presidente?

En que hoy el delito político abarca muy pocos delitos conexos; prácticamente ninguno. Hay que incluirlos para poder avanzar en un camino realista, para que jurídicamente podamos lograr la paz.

Hasta hoy, la definición de delito político es asonada, sedición y rebelión...

Sí. Hay que ampliar los hechos conexos con esos delitos.

Pero, concretamente, ¿qué delitos quiere incluir?

Los delitos conexos siempre han tenido límites. Justamente esa es la discusión que estamos proponiendo, pero somos conscientes de que esa apertura no puede ser ilimitada. Esa es precisamente la discusión que quiero que demos los colombianos.

Pero entonces ahí aparece la tesis del Procurador, que es contraria...

Sí, el Procurador tiene la tesis de que la situación actual es inamovible. Ahí hay una muy cordial discrepancia, porque la situación actual haría inviable la aplicación de la justicia transicional, pues tendríamos entonces que juzgar, uno por uno, a los alzados en armas y eso tomaría cien años. Además, es necesario examinar las consecuencias del delito político respecto a la participación política de quienes dejen las armas.

¿El narcotráfico o el ‘peaje’ para quienes cultivan coca podrían interpretarse, en este caso preciso de las Farc, como delito político conexo?

No quiero entrar a discutir los detalles de ese planteamiento; lo que le quiero reiterar es que sí necesitamos ampliar los delitos conexos para ser viable la paz.

En su opinión, por ahora, ¿delitos conexos como cuáles?

No quiero entrar en detalles. Pero tendrán que ampliarse los delitos políticos conexos si queremos la paz.

La inmensa mayoría del país quiere la paz, pero le inquieta la lentitud con que avanzan las conversaciones de La Habana. ¿Cómo acelerarlas?

Yo sé que hay impaciencia, es natural. ¿Quién no quiere terminar esta guerra lo más pronto posible? Pero mire lo que me dijo la canciller de Alemania, Ángela Merkel, la semana antepasada: dos años de conversaciones para un conflicto que lleva 50 años no son un largo tiempo. Nos quedan dos puntos de fondo, que se están trabajando simultáneamente y sin pausa, si bien son los más complejos: los derechos de las víctimas y el fin del conflicto propiamente dicho; es decir, la dejación de armas y la desmovilización. La instrucción a los negociadores del Gobierno es acelerar al máximo, dentro de la seriedad y prudencia con que se ha llevado el proceso.

En el foro de EL TIEMPO, la U. del Rosario y la Fundación Seidel, el general Mora dijo que sin dejación de las armas de parte de las Farc, él no firma el acuerdo. ¿Usted tampoco?

Por supuesto que tampoco. Esa ha sido la posición nuestra desde el primer día. No vamos a firmar ningún acuerdo de paz donde las Farc mantengan las armas o no se desmovilicen; las dos cosas tienen que hacerlas. Hacer política con armas es exactamente lo que queremos acabar en este país.

Pero, según mencionó el mismo general Mora, la afirmación es de un guerrillero.

No se le olvide, Yamid, el consejo de Nelson Mandela: pónganles atención solo a los acuerdos, no a lo que se diga alrededor de las mesas de conversaciones.

¿Dos años no le parece demasiado tiempo sin que haya realmente una claridad de lo que viene? ¿O sí hay claridad?

Hay absoluta claridad; hay unas líneas rojas que han estado ahí desde un principio, esas líneas rojas son inamovibles. Ahora estamos entrando en el momento de las definiciones, el momento de la verdad. Aquí es donde comenzamos a tomar decisiones difíciles de parte y parte, y vamos a tener que hacer una gran pedagogía para ir explicando esas decisiones, que ojalá nos lleven a la paz.

¿Usted diría que el año entrante será el año de la firma de la paz?

Sí. El año entrante debe ser el año de la paz porque, si no lo es, me parece que de ahí en adelante sería difícil mantener este proceso indefinidamente.

Es decir, si la paz no se firma el año entrante, ¿olvidémonos del proceso?

Yo no quiero poner fechas fatales, pero lo que sí le digo es que estos procesos tienen unas dinámicas. Estamos en un momento crucial y si no avanzamos, comenzamos a retroceder.

¿Por qué momento crucial, señor Presidente?

Porque llegó el momento de tomar las decisiones difíciles. Vamos a tener clara la pista de aterrizaje, cuál va a ser la justicia transicional, cómo la vamos a aplicar. Ese tipo de decisiones, y las que tienen que ver con el fin del conflicto propiamente dicho, se tendrán que tomar.

¿La justicia transicional no es impunidad, como sostienen quienes la impugnan?

No es impunidad. Es justicia, como su nombre lo indica, justicia transicional. Es decir, se aplica una justicia que nos permita la paz.

Las Farc han reiterado la posición de que ellos no aceptan cárcel...

Estamos entrando exactamente en ese punto de la discusión, que es el más complicado. ¿Cómo vamos a aplicar la justicia transicional? No se le olvide que somos el primer país que busca la terminación de un conflicto armado bajo el Tratado de Roma. Entonces, estamos sentando un precedente y lo que aquí acordemos se va a convertir en doctrina para conflictos futuros.

¿Qué impone el Tratado de Roma?

Que no haya impunidad, que se respeten los derechos de las víctimas: el respeto a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición, y esos derechos los vamos a respetar.
 

Sin dar más detalles, Santos dijo que esta semana hará un importante anuncio al país sobre el tema de la paz. Aquí recibe su símbolo. Foto: Archivo EL TIEMPO.

¿Eso será aplicado?

Así es. Por eso, no puede haber impunidad.

Hablemos un poco del crucial tema de la infraestructura. ¿La sucesiva inauguración de obras públicas es una celebración de los primeros cien días de la segunda etapa de su gobierno?

Si mira mi agenda de gobierno de cualquier semana, verá que está llena de eventos de ejecución: inauguración de vías, de colegios, entrega o sorteo de viviendas, puesta en marcha o evaluación de programas.

Lo que hicimos esta semana es buen ejemplo: inauguramos el túnel y el viaducto de Gualanday, entre Girardot e Ibagué; se suscribió el acta de iniciación de las primeras cinco grandes concesiones viales de cuarta generación; dimos vía libre a la primera asociación público-privada para la doble calzada entre Ibagué y Cajamarca; inauguramos un centro tecnológico del Sena en Soacha, para formar personal calificado para la construcción; revisamos resultados del Plan de Choque en seguridad ciudadana, y lanzamos Procolombia, la entidad en que se transformó Proexport para promover las exportaciones, el turismo y la inversión en el país.

En los próximos 4 años seguiremos construyendo y entregando obras que mejoren la calidad de vida de todos y, en particular, de los más pobres y vulnerables.

¿Megaobras de las características del viaducto de Gualanday se podrán ver en este cuatrienio?

Sí, y aún más ambiciosas. Las concesiones de cuarta generación son una realidad. Vamos a construir 300 kilómetros de dobles calzadas al año. Serán 1.200 kilómetros en este cuatrienio, que se suman a los 600 que se construyeron desde el 2011. Será una inversión de 47 billones de pesos.

¿En este momento, qué megaobras están en marcha?

En la vía Bogotá-Buenaventura se están haciendo 12 túneles, que representan unos 8 kilómetros, y más de 60 puentes; y entre Bogotá y Villavicencio, avanzan 10 kilómetros de túneles. En total, al final de esta década, el país verá más de 260 kilómetros en túneles y viaductos, que equivalen a la distancia entre Bogotá y Armenia.

¿Y habrá una segunda ola?

Antes de terminar este año vamos a abrir licitaciones de 4G por un valor de 13 billones de pesos, con las que se van a intervenir cerca de 1.800 kilómetros de vías. Al final de esta década, Colombia va a tener una infraestructura vial comparable con la de México o Chile. Ya se firmó el contrato que garantiza la navegabilidad por el río Magdalena, y se avanza en la recuperación del sistema férreo del país.

Pero hay problemas como los del túnel a Girardot, el túnel de La línea y la Ruta del Sol.

Le hablo caso por caso. En la vía Bogotá-Girardot, a pesar de múltiples problemas con el contratista, se logró avanzar y hoy falta más o menos el 5 por ciento, que corresponde a la construcción de puentes peatonales, rehabilitación de la calzada existente y algunos retornos. Para mediados del próximo año esperamos haber superado todas las dificultades, incluyendo el revestimiento del túnel.

En la Ruta del Sol, este año se construyeron casi 200 kilómetros de doble calzada. El próximo año se iniciarán las obras en el tramo Villeta-Guaduas, para el que hubo que hacer un nuevo trazado; y ya se concluyeron las consultas para proceder en el sector Bosconia-Ciénaga.

Y sobre el túnel de La Línea, ante el bajo rendimiento de las obras y la inminencia de una parálisis del contrato, a pesar de haberse ampliado el plazo en dos oportunidades, el Invías, por sugerencia de la interventoría, inició una actuación administrativa de caducidad del contrato. Si no se supera la situación y hay una declaratoria de caducidad, Invías está preparado con un plan de contingencia para manejar la situación en el terreno y abrir un proceso de contratación por licitación que permita culminar las obras.

En estos primeros cien días de su segundo gobierno se viene avanzando en la preparación del Plan de Desarrollo del próximo cuatrienio. ¿Cuánto se va a invertir y cuáles van a ser sus ejes fundamentales?

El presupuesto de inversión para los próximos 4 años por parte del Gobierno Nacional ascenderá a 180 billones, lo cual representa un aumento de 35 billones frente al periodo 2010-2014. Estos recursos permitirán avanzar en todos los frentes, pero con un gran foco en los tres pilares de mi gobierno: paz, equidad y educación. Será un plan construido para las regiones. Eso es una novedad.

¿Cómo se llamará el nuevo plan de desarrollo?

‘Todos por un nuevo país’.

Usted acaba de entregar en Bosa la casa número 75.000 de la primera fase de este programa de vivienda. ¿Cuál es la proyección de esa iniciativa?

Muchos creían que no íbamos a poder con las 100.000 casas gratis, y ya terminamos 75.000. En este segundo periodo, vamos a construir otras 400.000 viviendas de interés social urbanas, dentro de las cuales una parte significativa serán también gratis. Este segundo grupo se construirá, sobre todo, en municipios vulnerables a donde no llegaron estos beneficios en la primera etapa del proyecto.

El tema de la reforma tributaria ha sido de controversia en los primeros cien días de su gobierno. Sectores empresariales y académicos dicen que es una reforma para tapar un déficit y que no es una verdadera reforma tributaria...

Hemos reformado el estatuto tributario paso a paso. Hace dos años redujimos los impuestos a la nómina, que frenaban la generación de empleo. En esta oportunidad revisaremos los impuestos que pagan las empresas, de manera que se mantenga el dinamismo de la inversión. Quedan muchas tareas que seguiremos abordando de manera progresiva. Reescribir el estatuto tributario de la A a la Z generaría mucha incertidumbre para los inversionistas.

¿De qué manera afecta al país el derrumbe en los precios del petróleo?

Por supuesto que nos afecta, pero no tanto como algunos prevén. Colombia tiene una baja dependencia de los productos básicos en términos relativos: los ingresos minero-petroleros son el 15 por ciento de los ingresos del Gobierno. Por otro lado, el país cuenta con una regla fiscal que protege las finanzas públicas frente a fluctuaciones, incluida la del petróleo. Además, el impacto del precio del petróleo no es inmediato sobre los ingresos del Gobierno, lo que nos da un margen de reacción. Ahora bien, si bajan los precios, lo que tenemos es que aumentar la producción.

¿Qué solución podría tener el terrible hacinamiento carcelario?

Esta es una preocupación constante, para la cual estamos trabajando en soluciones de fondo, comenzando con la construcción de 18.000 cupos carcelarios. Sin embargo, no solo se trata de construir celdas. Es importante racionalizar el ingreso de gente a las cárceles, pues se está abusando de la detención preventiva. El Ministro de Justicia y el Fiscal ya presentaron un proyecto de ley en este sentido.

¿Por qué dice que se abusa de la detención preventiva?

Porque hay mucha gente a la que envían a la cárcel sin que se justifique la detención, pues no son un peligro para la sociedad. Eso lo único que hace es contribuir al hacinamiento en las cárceles. Ahí puede haber un margen de flexibilidad.

Sobre el tema del equilibrio de poderes, el Gobierno propuso que el tribunal de aforados fuera de investigación y juzgamiento. Posteriormente, y ante las críticas del Fiscal General, el Ministro eliminó la facultad de juzgamiento del Tribunal. ¿Por qué se tomó esa decisión?

Este tema no forma parte de las propuestas iniciales que como Presidente le hice al Congreso el pasado 20 de julio. Surgió por iniciativa de los voceros de los partidos políticos que fueron convocados para concertar la reforma. Creo que es conveniente que se suprima la Comisión de Acusación y que exista una autoridad que fortalezca la capacidad de investigación en los casos de denuncias contra aforados. Ahora bien, como el Ministro de Justicia lo ha señalado, considero que la posibilidad de que un nuevo tribunal analice las sentencias de las altas cortes puede generar el riesgo de un choque de trenes, que tanto daño le ha causado a la justicia.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO