Sobornos por casi $4 billones se pagaron en 2009; cifra supera la de inversión extranjera directa

Ortiz González, egresado de las universidades del Rosario en Colombia y George Washington en E.U. Ortiz es ejemplo de valor, probidad, eficiencia, voluntad, trabajo, disciplina y coraje. Y exhibe en la entrevista un gran conocimiento pero lo expone con humildad, modestia, afabilidad y sencillez.

¿En qué consiste la corrupción en contratos que adjudica el Estado?

En contratación, los hechos de corrupción son muy notorios, de gran impacto y con un alto grado de impunidad: mucha corrupción y poco corrupto. Para cuantificar, hicimos una aproximación a partir de una investigación realizada por la Universidad Externado y Transparencia por Colombia, y encontramos que el promedio de un soborno para acceder a la contratación pública es del 12,9 por ciento. Aplicamos ese porcentaje al Presupuesto de Inversión de la Nación del 2009, que fue de 30 billones de pesos, y el resultado fue de 3,9 billones de pesos.

¿Casi 4 billones de pesos sólo en sobornos por contratos al año?

Sí. Eso es muy grave en cualquier sociedad, pero en la nuestra es una catástrofe: con 3,9 billones de pesos se podrían hacer 2.000 alcantarillados y 1.800 acueductos; se pagaría la educación de 325 mil niños; se podrían beneficiar 347 mil familias con un subsidio de vivienda individual de 11,5 millones de pesos cada uno. La cifra de sobornos equivale a un año de inversión extranjera directa que en el 2007 fue de 3,7 billones de pesos. La corrupción vulnera los derechos y limita el desarrollo.

¿En qué consiste el soborno? ¿Quién paga a quién?

El soborno es una de las modalidades de la trampa. Según una encuesta de Probidad, realizada por Confecámaras, el 17 por ciento ofrece sobornos y el 32 por ciento son solicitados por los servidores públicos. Lo grave es que hay muy escasa denuncia: el 28 por ciento de empresarios conoce hechos de corrupción y solamente el 8 por ciento los denuncia.

¿Y cuáles son las modalidades del soborno?

Primera: el funcionario pide dinero y lo dan porque creen que solamente a través de esa vía obtendrá la contratación. Segunda: el contratista ofrece el soborno y el servidor público lo acepta. Tercera: fenómenos de corrupción del sector privado en negocios con el Estado, en donde este último no participa. Por ejemplo, el caso de la licitación del Ministerio del Interior y de la Justicia para la seguridad tecnológica en las cárceles, en la cual se presentaron tres propuestas. Dos de los oferentes se pusieron de acuerdo para inhabilitar al tercero.

¿Eso cómo opera?

Se presentaron tres oferentes. Uno de ellos fingió tener dentro de su unión temporal miembros de otra oferta, lo que inducía a aplicar una causal de rechazo de esas dos propuestas. Automáticamente sólo quedó uno habilitado. Y todo lo hicieron de común acuerdo. Ese caso está pendiente de fallo en la Corte Constitucional. Puede ser una sentencia ejemplar en la lucha contra la corrupción.

¿Por qué lo cree?

El Programa Presidencial Anticorrupción le advirtió al Ministerio lo que podía estar pasando. La Procuraduría pasó de la luz verde que inicialmente había dado a un nuevo concepto con luz amarilla. Sin embargo, el Ministerio adjudicó. La Procuraduría, en un tercer concepto soportado con información de la Fiscalía, prendió la luz roja y así, con los argumentos de anticorrupción del Ministerio Público y de la Fiscalía, el Ministerio revocó la adjudicación antes de la firma del contrato. Pero una acción de tutela fallada por el Consejo Superior de la Judicatura obligó al Gobierno a firmar el contrato. Entonces, le pedí a la Corte Constitucional que seleccionara esta tutela de Judicatura y por eso espero que el fallo sea ejemplar en materia de lucha contra la corrupción, pues permitiría aplicar una figura nueva que es la revocatoria de la adjudicación de los contratos.

¿El Consejo Superior de la Judicatura tenía los mismos elementos que tuvo la oficina anticorrupción contra el contrato?

Conocía el proceso y, a pesar de ello, aprobó la tutela con unas aclaraciones bastante extrañas y ordenó suscribir el contrato.

¿Y fue suscrito?

Se suscribió y se está ejecutando. Vale 53.500 millones de pesos.

¿Quiénes son los adjudicatarios favorecidos por la orden de la Judicatura?

La Unión Temporal Seguridad Carcelaria, constituida por Unión Eléctrica S.A., EGC Colombia Ltda., Ingeniería y Telemática C&C Ltda., Interamericana de Sistemas y Seguridad S.A.-Intersec S.A., Andcom Ltda. y Meltec Comunicaciones S.A.

¿ A usted qué opinión le merece la tutela que dictó Judicatura?

Absurda y contradictoria. Absurda porque hace inaplicable la figura de la revocatoria de la adjudicación al establecer una especie de prejudicialidad penal. Es decir, crea un círculo vicioso porque, para la decisión administrativa, exige una previa decisión sancionatoria y, para la decisión sancionatoria, exige una previa decisión administrativa.

¿Y por qué contradictoria?

Porque en el primer punto le dice al adjudicatario que tiene derecho a presentar un recurso para que se lo resuelva el Ministerio, pero en el segundo punto el propio Consejo de la Judicatura resuelve el recurso y ordena suscribir el contrato.

¿Usted diría que el Consejo Superior de la Judicatura podría entrar también bajo sospecha de corrupción?

Pues le falta mucho rigor jurídico y en temas tan delicados debería ser más responsable y serio. Por eso recurrí a la Corte Constitucional.

¿Qué otras modalidades de corrupción ha identificado?

En el Invías, en la contratación para el mantenimiento y la construcción de una carretera en la Circunvalar del Galeras, en Nariño, que vale 5.100 millones de pesos, se presentaron seis oferentes y uno no quedó clasificado; de los cinco, el día de la adjudicación, cuatro de ellos presentaron en común una serie de elementos muy sospechosos.

¿Qué descubrieron?

Encontramos cartas con el mismo texto, la misma sangría, la misma letra, etc., cuando deberían ser distintas, por ser independientes. Compraron las pólizas en la misma empresa, el mismo día, en la misma oficina y tienen números consecutivos; las versiones digitales de las propuestas presentadas registran pocos minutos de diferencia entre el momento de creación entre ellas, los momentos de modificación y los de cierre; el índice es calcado: todos usan seis dígitos, el mismo diseño, el mismo tipo de letra. Lo paradójico, es una eventual demanda por parte los potenciales adjudicatarios tramposos.

¿Y qué pasó?

Está suspendida la decisión de la adjudicación. Tengo argumentos que me hacen creer que es posible adjudicar a la persona honesta, que fue el eliminado y descartar a los tramposos. Hemos enviado este caso a la Policía Anticorrupción y a la Procuraduría para proteger el interés público, los derechos de los particulares y los servidores públicos honestos.

¿Qué otro caso de corrupción ha descubierto?

Muchos más. En Bogotá, por ejemplo, la Unidad de Mantenimiento de la Malla Vial hizo dos procesos contractuales: uno por más de 40 mil millones de pesos y otro por más de 36 mil millones. El objeto era el diagnóstico y el mantenimiento de vías locales. Como experiencia, entre otros aspectos, se pidió acreditar el suministro de 20 mil metros cúbicos de asfalto en un contrato. Eso es exorbitante y, bajo esas condiciones, solo dos o tres empresas podían ser oferentes habilitados. Hicimos la advertencia de que las condiciones eran excluyentes. Inconvenientes tanto para el Estado, porque dejaría de tener más opciones, como para el derecho de los particulares a trabajar con los recursos públicos. Activamos las alarmas y la entidad acogió algunas observaciones. En consecuencia, se pudieron presentar ocho oferentes en las dos licitaciones.

¿Qué pasó luego?

En noviembre nos sorprendió que, en el momento de la evaluación de las ofertas, condición previa para la adjudicación, se estaba inaplicando una de las causales de rechazo prevista en los pliegos de condiciones. Esas propuestas admiten unos márgenes de error del 5 por ciento. En cada una de esas dos licitaciones había un oferente que se había volado los márgenes de error y que no había sido rechazado. Entonces pedimos que se aplazara la adjudicación; nos dieron unas explicaciones que no fueron convincentes y que ilustro diciendo que es como ampliar el arco en el momento de cobrar el penalti. En una tercera audiencia se acogieron las observaciones y rechazaron las ofertas que habían violado los márgenes de error.

¿Fue desconocimiento, ligereza o corrupción?

Una mezcla, porque no es fácil de explicar ni de entender lo que querían hacer.

¿Pero se intentó la trampa?

Digamos que fue un partido que se quería ganar con penaltis. Pero se atajaron.

¿Son muchos los casos en que se intenta ese tipo de goles?

Permanentemente. Por eso el programa presidencial está construyendo un Manual de tramparencia. No de transparencia sino de trampas, para que todo el mundo, conozca las distintas modalidades de trampas que hay en materia de contratación y en otras más como en el tema electoral y de salud.

¿Y el tema de regalías?

Es de los puntos más graves: la explotación de los recursos naturales no renovables genera ingresos súbitos y lo que debería ser una gran oportunidad para subirse al tren del desarrollo, se ha convertido en muchas ocasiones en gigantesco foco de corrupción.

¿Cuántos municipios y departamentos tienen hoy derecho a regalías?

762 entidades territoriales: municipios, departamentos y distritos.

¿En cuántos están suspendidas por irregularidades?

En 240; es decir, casi la tercera parte tiene los giros suspendidos, por distintas fallas: no entregan la información, vulneran las reglas de la inversión, destinación sospechosa de recursos, irregularidades en la contratación. El Gobierno creó en Planeación una dirección con auditorias administrativas y financieras en tiempo real para que no se dilate tanto el control a la inversión de las regalías.

¿Y dónde está la plata?

En bolsillos de abusivos. En 762 municipios se detectaron 5.026 irregularidades. Hay formas sofisticadas de robo: se descubrió una modalidad con fiducias, manejo de patrimonios autónomos y, recientemente, un sistema con mesas de dinero. Ha habido inversiones absurdas...

Por ejemplo...

En Yopal (Casanare), hicieron un museo del hombre llanero que debería ser un museo a las malas prácticas administrativas. Compraron unos lotes, hicieron unas casas dizque representando a cada uno de los municipios del departamento, con una pretensión supuestamente turística, y hoy están abandonadas, convertidas en basureros. Hicieron, sobre unas quebradas, puentes de dos metros: los más cortos y más caros del mundo: son seis palos atravesados con un poco de cemento, adjudicados con millonarias sumas a los constructores. También hallamos en Yopal, construido con recursos públicos, un matadero de gallinas cuando allá no hay industria avícola. Tendría más sentido un matadero de reses en la India, donde esta prohibido ese sacrificio, que uno avícola en Yopal.

¿Y en la Costa?

En el Cesar, nos preocupan casos como el de la Jagua de Ibirico y Chiriguaná, sobre todo por las condiciones en que se convocan licitaciones en las que no se da oportunidad real a muchas empresas. En la Guajira se construyó una tubería de un sitio que se llama Barrancas a otro denominado Hatonuevo, para trasportar agua, pero por grave error en el diseño, hay un paso elevado y el agua no pasa por falta de presión. Ese proyecto lleva 4 años en construcción y se han invertido más de 30 mil millones y es posible que no salga agua por el tubo. Yo digo: habrá 'ducto' pero no 'acueducto'.

¿Y en el Meta?

Hay muchos problemas pendientes de decisiones judiciales de la Fiscalía por la contratación de bienes a través del Convenio Andrés Bello. Se descubrió que el régimen de contratación permitía a entidades públicas entregar a organismos internacionales recursos para que ellos los ejecutaran. Y así construyeron una cantidad de obras absurdas o incompletas en Villavicencio.

¿Qué tiene que ver el Convenio Andrés Bello con eso?

Contrataron con ellos para que ellos a su vez subcontrataran cosas sospechosas.

Y el Convenio se presta...

Sí, ¡se prestó! Tomó recursos para hacer pilatunas y fechorías que están pendientes de decisiones judiciales.

Seguro Social...

Es una vergüenza. Es inadmisible que haya personas que tengan la desfachatez de llevar a cabo procesos como el que realizaron por 5.400 millones de pesos para contratar el manejo del archivo de la información del Seguro, particularmente de las EPS. Hay una modalidad de trampa consistente en dejar confusas todo el tiempo las características de la experiencia que deberían acreditar los potenciales oferentes y en el último minuto se precisan. Y solamente 1 de 17 aspirantes acredita las exigencias de ultima hora.

Es decir: ¿estaba enterado?

Mire: el cierre era el 4 diciembre y el 3 de diciembre a las 6: 15 de la noche, ocho horas hábiles antes, se exigió que los oferentes tenían que acreditar experiencia de tres ciudades capitales, y el último día, cuando está prohibido expedir adendas, expidieron dos confusas, porque tienen el mismo número pero el contenido es distinto. Entonces, en el cierre de la licitación, de los 17 aspirantes se presentaron 3 y de estos sólo uno cumplió los requisitos de última hora. Eran adendas de sastre, porque fueron "hechas a la medida". Hicimos entonces un requerimiento al Seguro y exigimos suspender la audiencia de adjudicación, pero ignoró la solicitud y adjudicó.

¿A quién lo adjudicaron?

A la Compañía de Servicios Archivísticos y Tecnológicos Ltda. Era el único oferente habilitado. Exigimos al Seguro una explicación sobre por qué habían adjudicado. Las razones fueron inocuas, sin fundamentos jurídicos ni éticos. Denuncié entonces el hecho ante el Ministro de Protección y le pedí prescindir del Presidente del Seguro, del Vicepresidente Administrativo y del Jefe de Compras. El Ministro acogió la sugerencia. Entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, cuando se conoció públicamente que se iba a prescindir de ellos, sucede lo increíble: corren y firman el contrato, porque lo que queríamos era buscar la revocatoria de la adjudicación.

¿Y cómo lo descubrieron?

Cuando la presidenta encargada del Seguro pidió la carpeta, encontró que ya se había firmado. Acudimos entonces a la Fiscalía porque quedó claro no sólo el procedimiento ilegal sino la intención de firmar el contrato bajo cualquier circunstancia para evitar la revocatoria de la adjudicación.

¿Ya no se puede revocar?

Estamos revisando. Vamos a buscar consecuencias penales para quienes actuaron así. Buscamos inclusive al adjudicatario de la licitación para hacer un acuerdo. No aceptó. Por ahora sólo se logró prescindir de los responsables.

¿Este panorama de corrupción es tan grave y alarmante en todo el país?

En materia de corrupción, no tenemos la gripa corriente; tenemos la 'corrupción AH1N1'. Tenemos organizaciones armadas ilegales, que corrompen a bala; tenemos narcotráfico, lavado de activos y financiación del terrorismo. Colombia no confronta el fenómeno de corrupción ordinaria que hay en todo el mundo. Tenemos un desafío mayor que es casi una captura de la democracia, porque, a punta de plata o a punta de plomo, se impone una voluntad, incluso para elegir dignatarios públicos. Lo importante, y es en lo que estamos empeñados, es generar unos antivirus propios; unirnos Gobierno, Estado y sociedad, y hacer un esfuerzo enorme en cultura ciudadana para combatirla.

¿Quién es usted?

Un abogado con vocación por los asuntos públicos desde muy joven. Soy gestor de la séptima papeleta, hice parte del grupo de estudiantes que precipitamos el cambio de la Constitución, coordine un grupo que convocó la marcha del silencio por el asesinato de Galán, fui parte de quienes aspirábamos a que -vía constituyente- tuviéramos paz. Trabaje con Manuel José Cepeda y con el presidente Gaviria para la expedición y desarrollo de la Constitución del 91. Me he dedicado a los derechos y a sus mecanismos de protección, a la autonomía territorial y a la participación ciudadana, acompañadas por la lucha anticorrupción.

¿Y cómo llego a ser zar anticorrupción?

He participado en muchos procesos anticorrupción. Al presidente Uribe y al vicepresidente Santos les presenté una propuesta de trabajo para este programa presidencial. Me creyeron, me respaldan y aquí estoy.

¿Cuántos zares ha habido?

Esto empezó en el gobierno Pastrana con Bernard Gilchrist; luego estuvieron Lorenzo Calderón, Germán Cardona, 'La Paca' Zuleta, Rodrigo Lara y, ahora, yo.

¿Y por qué sólo hasta ahora funciona?

Funcionaba distinto. Muchos decían que la oficina no tenía dientes. Yo le dije al Presidente: la gracia del programa no está en los dientes sino en las neuronas; puede ser mueco pero no tonto. Si entendemos por dientes la capacidad de proferir sanciones, pues en un Estado democrático están los órganos de control y de justicia; no es deseable que en la Presidencia de la República se acumulen esos poderes. La gracia está en tener unas neuronas para comprender el fenómeno de la corrupción y atacarlo en las dos fases: la preventiva y la punitiva. En la preventiva, para generar correcciones en las políticas, advertencias oportunas, decisiones administrativas.Y en relación con el castigo penal, disciplinario y fiscal, colaborar con esos órganos poniendo a disposición de ellos casos de malos manejos de recursos y de trampas. Los malos ven la película completa y tienen su estrategia definida. Los servidores públicos, usualmente, vemos fotos y no la película. Por ello, en este programa juntamos a todo el Gobierno y están funcionando las neuronas.

¿Y qué sigue ahora?

El proceso electoral y el combate de la corrupción en la salud. Cuando la corrupción afecta la salud o la vida, se parece más al homicidio que al hurto.