'Veo una guerra sucia contra el Estado de derecho': Fiscal

Con la magnitud de semejante afirmación, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, revela que “personas de la Fuerza Pública colaboraron con el hacker Andrés Sepúlveda para dinamitar el proceso de paz”.

Montealegre revela que Sepúlveda vendió la información ilegalmente obtenida a particulares y también a sectores de la Fuerza Pública. Admite que sectores políticos –que no identificó– están comprometidos con esta acción contra el proceso de paz. (Lea también: Los archivos del 'hacker' Sepúlveda acusado de espiar proceso de paz).

También anuncia que llamará a Luis Alfonso Hoyos para que explique si la campaña de Óscar Iván Zuluaga recibió “información indebida” del señor Sepúlveda. Y advierte sobre los graves riesgos que corre el proceso de paz, y el país mismo, si siguen creciendo esos movimientos de extrema derecha. Define al hacker como “ideólogo neofascista”. “Hemos encontrado evidencias muy serias de que estamos frente a un mercenario de la información”, dice.

¿A quiénes les vende?

Tanto a personas cercanas a la Fuerza Pública como a particulares. Es un ser con un gran tinte ideológico de ultraderecha que quiere interferir indiscutiblemente en el proceso de paz de Cuba. Obtiene beneficios económicos por la información que recoge y realiza ilegalmente labores de inteligencia.

Cuando usted menciona “personas cercanas a la Fuerza Pública”, ¿a qué se refiere?

El hacker está comprando información a miembros de la Fuerza Pública o cercanos a ella y la utiliza para actividades ilegales de inteligencia, que luego vende a miembros de la Fuerza Pública y a particulares.

No entiendo cómo les compra información a miembros de la Fuerza Pública para vender esa información también a miembros de la Fuerza Pública...

Adquiere ilegalmente información privilegiada de la Fuerza Pública, la asocia con la propia información que tiene y saca un nuevo producto, que es que el que vende.

¿Hay evidencias de que compra información a sectores de la Fuerza Pública?

La Fiscalía tiene esas evidencias, pues fueron algunos de los elementos que se encontraron en el allanamiento. Él tenía informes de inteligencia del Estado en su oficina. Esos informes son secretos, absolutamente privilegiados. Él los transformaba para hacer su análisis de ultraderecha en contra del proceso de paz con un deseo claro de interferir y dañarlo.

¿Entonces, dentro de la Fuerza Pública hay quienes están dando información contra el proceso de paz?

El hacker quiere perjudicar el proceso de paz y está obteniendo información privilegiada de miembros de la Fuerza Pública.

Obviamente, los miembros de la Fuerza Pública que dan información al ‘hacker’ para perjudicar el proceso quieren perjudicar ese proceso.

Si están negociando información con una persona con claro sesgo ideológico en contra del proceso de paz, uno puede inferir que hay miembros de la Fuerza Pública que son francotiradores del proceso de paz.

¿El ‘hacker’ tuvo contactos directos con miembros de la Fuerza Pública?

Tenemos comprobado que tiene contactos indebidos con miembros de la Fuerza Pública. Sí hay personas de la Fuerza Pública que están colaborando para dinamitar el proceso de paz.

¿Están ellos contra el proceso o sectores políticos de extrema derecha los han inducido a estarlo?

Eso es lo que queremos averiguar. Ya tenemos informaciones muy serias de vinculaciones de Andrés Sepúlveda con miembros de la Fuerza Pública, así como tenemos también informaciones serias de vinculaciones de Sepúlveda con particulares que están en contra del proceso de paz. Entonces, la conducta de Sepúlveda no se puede mirar aisladamente sino en un contexto y, obviamente, una de las conclusiones que tenemos es que miembros de la Fuerza Pública y particulares convergen en una asesoría y en una empresa que está en contra del proceso de paz y que realiza actividades ilegales de inteligencia. Lo claro es que hay una coincidencia en el sentido de que una persona que realiza actividades ilegales presta simultáneamente asesoría a una campaña política.

¿Esa campaña está interesada en conocer las infidencias de los sectores de la Fuerza Pública que se oponen al proceso de paz, para utilizarlas contra este?

Vamos a llamar a la Fiscalía General de la Nación al doctor Luis Alfonso Hoyos, exasesor espiritual de Óscar Iván Zuluaga, para que le explique a la justicia si la campaña recibió o no información indebida del señor Sepúlveda, qué tipo de información recibió, en qué consistió la asesoría y, fundamentalmente, que le explique a la Fiscalía el contexto de por qué se produjo una reunión en RCN en donde el director Rodrigo Pardo hizo una denuncia pública en el sentido de que Hoyos apareció con Sepúlveda en RCN con la finalidad de llevar una supuesta información según la cual las Farc iban a intimidar a la población para que votara por la reelección del presidente Santos. Vamos a pedirle esa explicación a Hoyos y que nos diga hasta dónde llegó el vínculo entre las informaciones obtenidas por el hacker y la campaña de Óscar Iván Zuluaga.

¿Ha comprobado la Fiscalía una vinculación entre Sepúlveda, los miembros de la Fuerza Pública que están contra el proceso de paz y la campaña de Zuluaga?

Hay una coincidencia entre un asesor, una persona enemiga del proceso de paz que obtiene información indebida de sectores de la Fuerza Pública y realiza labores de inteligencia ilegales y una campaña política.

Pero es que él era miembro de la campaña…

Esa es la explicación que pediremos tanto a Sepúlveda como a Zuluaga.

¿De qué delito se acusa a Sepúlveda?

Espionaje e interceptación ilícita de comunicaciones. Por eso ya iniciamos un proceso de extinción de dominio para hacer un análisis integral, rastrear y mirar toda las transacciones de sus actividades financieras; saber quién le pagó, quién le consignó, quién estaba pagando por ese tipo de información, tanto en el sector de la Fuerza Pública como en el de los particulares. Será un rastreo financiero.

¿Por qué le llama la llama la atención la posición de derecha de Sepúlveda?

Adolfo Hitler llegó al poder por la vía democrática, utilizando las elecciones para asaltar la democracia y usando medios violentos y guerra sucia. El hacker es un neofascista sobre el cual el país tiene que abrir los ojos. Estamos viendo muy peligrosamente el surgimiento de grupos neofascistas.

¿La guerra sucia que usted denuncia es de quién contra quién?

De la ultraderecha colombiana contra una solución negociada al conflicto.

¿Lo cual supone que es también una guerra sucia contra el Presidente?

Ese es uno de los objetos de la investigación. Sin interferir desde luego en el proceso electoral, sí queremos llegar a la verdad; queremos saber quién era el destinatario de esta información que obtenía el hacker, porque es supremamente grave para el país que una persona que realiza ilegalmente acciones de inteligencia del Estado, vinculando a sectores de la Fuerza Pública, realice este tipo de actividades para venderla en un mercado negro de información. Quién es el destinatario de este mercado negro y para qué y con qué fines se está utilizando. Tenemos que ir más allá de ver una guerra sucia contra el Presidente y examinar si se está poniendo en grave riesgo la institucionalidad y la democracia colombiana con este tipo de procedimientos.

¿Están en riesgo?

Hay un grave riesgo contra la institucionalidad colombiana y la democracia cuando un particular asume indebidamente funciones de inteligencia con expresiones antidemocráticas prohibidas por un Estado de derecho.

¿Más cuando hay miembros de la Fuerza Pública vinculados o comprometidos?

Supremamente grave tanto para los miembros de la Fuerza Pública comprometidos como para los particulares que están en este mercado negro de la información.

¿A qué se refiere con la palabra institucionalidad?

Al Estado de derecho.

¿Está en peligro?

Cuando empiezan a surgir grupos neofascistas que hacen la apología de la muerte, que utilizan medios ilegales para conseguir sus objetivos, es un atentado grave contra la democracia y contra el Estado de derecho que no podemos permitir. Él no está solo, y queremos saber cuál es el entorno que ha apoyado, financiado y promovido este tipo de actitudes.

¿Cuáles son los sectores que usted ve reflejados en el señor Sepúlveda?

Ese es un análisis que deben hacer los politólogos.

Usted ha sido gran defensor del proceso de paz. ¿Lo ve en peligro?

Si se extienden estas expresiones ideológicas de ultraderecha, veo seriamente comprometido el proceso de paz. Esto es la punta del iceberg: es un particular asumiendo funciones de inteligencia del Estado para venderlo en un mercado negro de la información por razones económicas y por tintes ideológicos. Así empezó el nacionalsocialismo en Alemania con grupos minoritarios que, a través de la violencia y de guerra sucia, se fueron expandiendo, hasta que por medios democráticos se tomaron el poder. Colombia no puede permitir el avance de facciones neofascistas que a través de la ilegalidad quieran socavar la democracia.

¿Hay una división en las fuerzas militares por el proceso de paz?

Tenemos informes de que hay sectores vinculados a la Fuerza Pública en esto, y por esa razón no puedo descartar que haya miembros activos de la Fuerza Pública comprometidos en este mercado de información.

¿Es un sector tan importante o tan influyente que podría suponer división de las fuerzas militares o un brote de inconformismo ante el proceso de paz?

Vamos a determinar qué tan profundo, qué tan arraigado están estos sectores en la Fuerza Pública y qué tanto poder de desestabilización tienen. Ese es uno de los objetivos de nuestras investigaciones.

¿Qué es exactamente lo que se ha descubierto dentro de la Fuerza Pública?

Vemos un fenómeno de creación dentro de la Fuerza Pública de sectores de opinión hostiles al proceso de paz, de desinformación frente al proceso de paz. Mire: la guerra sucia se hace a través de la desinformación, de las denuncias falsas, de la creación de falsos rumores, y ese es el contexto que está viviendo el país y que es supremamente peligroso para la democracia. Es la tesis de que a través de cualquier medio se tiene que acceder al poder, y eso es insostenible constitucional y éticamente en un Estado de derecho.

¿Ve en peligro la unión de la Fuerza Pública?

Creo que la mayoría de la Fuerza Pública es democrática, que la Fuerza Pública de Colombia es institucionalista, que ha hecho grandes avances en la protección del Estado de derecho, que la mayoría de los miembros de la Fuerza Pública creen en la institucionalidad. Pero lo que estamos viendo ahí, al interior, es que hay manifestaciones que quieren interferir el proceso de paz y a quienes no les interesa una solución negociada al conflicto armado colombiano.

¿Hasta dónde esa actitud de miembros de la Fuerza Pública está siendo estimulada o generada por lo que usted llama particulares o sectores políticos?

No voy a calificar a qué sitio del espectro político pertenecen, pero es claro un ambiente de desinformación frente a la realidad del proceso de paz y un trabajo de guerra sucia con la creación de rumores sobre las negociaciones de paz en La Habana. Tenemos que investigarlo como Fiscalía General.

¿Y lo va a hacer?

Indiscutiblemente. Es un atentado contra la democracia. El país y la justicia no pueden permitir que se atente contra el Estado de derecho y contra la institucionalidad a través de rumores falsos y actividades ilegales

¿No se corre el peligro de coartar la libertad de opinión contra el proceso?

La creación de rumores falsos es una conducta delictuosa. Ese tipo de actividades pueden convertirse en fraudes a la administración de justicia, que son delitos. Una cosa es la libertad de opinión y el margen de la libertad de opinión y el margen del pluralismo que da la Constitución, y otra, la manipulación de la opinión pública a través de medios ilícitos. Eso es delictuoso.

¿“Manipulación de la opinión pública a través de medios ilícitos” qué quiere decir?

Creación de mentiras, aseverar cosas que no corresponden con la verdad para poner en funcionamiento la administración de justicia, pues eso es una conducta de fraude procesal.

¿Qué es lo que ha precipitado semejante tempestad que está viviendo hoy el país en víspera de la elecciones presidenciales?

Lo único que puedo hacer yo como Fiscal General es un llamado al juego limpio de todos los sectores políticos, invocar las famosas premisas del profesor Antanas Mockus de que “en una democracia no todo vale”.

¿Pero a qué lo atribuye en víspera de las elecciones presidenciales?

Veo en el entorno político colombiano un contexto de rumores, de falsas expectativas, de utilización de medios ilegales por razones políticas, y me parece que lo que está mostrando es una guerra sucia contra el Estado de derecho.

Uribe será citado por la Fiscalía

El expresidente Uribe pidió, en un trino y en declaraciones a varios medios, “investigar posible aporte de dinero de J. J. Rendón, en 2011, para pagar saldos de campaña del presidente Santos en 2010”. ¿Qué opina?

Vamos a citar al expresidente Uribe la próxima semana para que, bajo la gravedad del juramento, le exhiba a la Fiscalía General las pruebas para hacer una acusación de tal naturaleza. Actuaremos con total transparencia y total independencia. El expresidente Uribe tendrá que comparecer ante la Fiscalía, con pruebas en la mano, para sustentar la afirmación y explicar cuáles son los fundamentos que tiene para poner en acción la administración de justicia. Supongo que debe tener pruebas muy serias para hacer una afirmación de esta naturaleza. Sería impensable que un expresidente de la República se atreva a jugar con la justicia colombiana.

¿Pero usted lo puede citar siendo él expresidente?

Desde luego. Él está actuando como un particular. Él formuló una denuncia, y bajo la gravedad del juramento queremos que vaya a la Fiscalía y nos dé las circunstancias, los elementos probatorios en los que fundamentó esa acusación.

¿Y si resulta que alguien se lo dijo?

Queremos que nos diga quién le dijo eso, qué personas le hicieron esos comentarios, y los vamos a citar para que, bajo la gravedad del juramento, nos exhiban las pruebas. Y si no dicen la verdad de los hechos, pues es muy clara la ley penal: quien engaña a la justicia incurre en fraude procesal.

¿Pero la Fiscalía hará la investigación que él solicito?

Vamos a iniciar una investigación con base en la denuncia que hizo Uribe, pero lo vamos a citar para que, bajo la gravedad del juramento, amplíe las denuncias y nos diga cuáles son las pruebas. Y citaremos a quienes se lo dijeron. Esto no es un juego. Las autoridades judiciales no vamos a permitir que se engañe a la justicia colombiana. Vamos a hacer una investigación a fondo de las denuncias, vamos a exigir seriedad en las pruebas que se presenten porque el ordenamiento colombiano establece que quien haga falsas denuncias y afirmaciones falsas ante jueces puede ser constitutivo, entre otros, de un delito de fraude procesal. El expresidente Uribe no tiene fuero, y la competencia para investigarlo es de la Fiscalía General. Advierto que yo no estoy anunciando ninguna investigación contra Uribe, pero sí le vamos a exigir que comparezca a la Fiscalía para que nos exhiba las pruebas.

¿Y si el expresidente Uribe se niega a asistir?

Valoraré en su momento los mecanismos procesales que da la ley para que comparezca ante la justicia a ampliar sus denuncias.

¿Cualquier ciudadano que ponga una denuncia tiene la obligación jurídica, si es citado por la Fiscalía, de comparecer?

Tiene una obligación jurídica y si no comparece, está infringiendo la ley.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO