Un exjardinero, que inició su carrera en el Consejo de Estado como portero y mensajero, que sobrevivió –como escribiente de ese tribunal– a la sangrienta masacre en la que terminó en 1985 la toma del Palacio de Justicia, acaba de ser elegido nuevo presidente del Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo. Alfonso Vargas Rincón es considerado uno de los más respetados expertos del país en pensiones y seguridad social.
¿Cuánto hace que usted está vinculado al Consejo de Estado?
Hace 34 años. Yo llegué a esta institución como mensajero. Yo era jardinero. Mi padre era campesino y de él heredé su devoción por las flores. Tenía un jardincito en su finquita en Ramiriquí (Boyacá), que yo arreglaba. Trabajé en un vivero y las flores eran mis compañeras. Cultivaba y vendía matas. Era especialista en geranios; sabía hasta de qué color serían aun antes de florecer.
¿Y cómo se traslada a Bogotá?
Fuimos 7 hermanos. Yo era el cuarto. Mi padre quería que yo estudiara. Me vine a Bogotá. Trabajaba en un vivero de día y estudiaba de noche.
¿Su padre vivía del ingreso por cultivar flores?
No. De sembrar sus fríjoles, sus habas. La finquita era una fanegada y media. Tenía dos vacas.
¿Y su niñez?
Cuidaba el jardín y estudiaba en primaria en una escuela pública. Me vine para Bogotá y en Suba conseguí trabajitos, hasta llegar a ser empleado en un vivero. Me volví experto y me conocieron personas del Club de Jardinería de Bogotá. Ese club fue inaugurado en Unicentro en 1972, con una gran exposición de floricultura. Me nombraron jurado para asignar los premios. En esas tareas de jardinería conocí al entonces magistrado pastuso Humberto Mora Osejo, quien aún vive. Le gustaban también los geranios. Esa devoción nos aproximó y nos volvimos amigos. Un día le dije que me ayudara a conseguir un empleo. Él era consejero de Estado y me llevó de notificador, de citador, de portero. Ahí comenzó mi vida en el Consejo.
¿Y estaba estudiando?
Bachillerato nocturno. De día era notificador en la sección segunda, que es donde aún estoy. Más adelante me nombró Enrique Low Murtra escribiente en la cuarta. Enrique me veía como debilucho y me tenía mucho cariño. Ganaba 6.800 pesos. Aún conservo los desprendibles de pago.
¿Terminó su bachillerato y qué camino emprende?
Resulta que era consejero Jaime Betancur Cuartas, hermano del expresidente Betancur. Él me veía por ahí caminar rápido, haciendo mandados y le caía bien. Era decano de derecho de la Universidad Católica y le pedí que me ayudara para entrar allá a estudiar derecho.
¿Le pidió una beca?
No. Solo el cupo para estudiar de noche. Le dije que yo pagaría con mi sueldito. Con las ganas que tenía de ser un buen estudiante, estaba convencido de que iba a sacar 5 en cada materia. En los primeros exámenes parciales saqué 1.8. Terrible.
¿Perdió el año?
No. Perdí los primeros parciales. En los finales, en todos saqué 5. El graduarme fue un acontecimiento extraordinario porque conquistaba un sueño imposible.
¿Su padre asistió?
La ilusión de mi padre era tener un hijo cura y otro abogado. No pudo asistir. Pero le voy a contar esto: cuando ocurrió la toma del Palacio de Justicia en 1985, yo era escribiente. Bajaba del despacho del magistrado Mora cuando empezó el desastre. Viví parte del horror de esa guerra.
¿Usted en dónde estaba?
En la oficina 108. El Ejército me rescató por la noche, con todos los magistrados y empleados del Consejo de Estado. Estaban el magistrado Mora, Jaime Betancur, Clara Forero de Castro…. ¡Imagínese! Si los asaltantes se enteran de que estaban el hermano del Presidente de la República y la esposa del ministro de Gobierno, Jaime Castro, solo Dios sabe qué habría podido ocurrir.
¿Trabajaba con quién?
En la secretaría de la Sección Cuarta con Jorge Torrado, quien ya murió.
¿Qué hizo durante la toma?
Quedarme quieto. Nos obligaron con pistolas a acostarnos y estar inmóviles en el piso, sin levantar jamás la cabeza. Eso hice.
¿Cómo se salvó?
Como los asaltantes realmente iban por la Corte Suprema, nos sacó el Ejército cuando logró tomarse el primer piso.
¿Cuántos años tenía?
27.
¿Por qué recordó el asalto cuando le pregunté por su padre?
Resulta que cuando mi padre supo que me había salvado, llevó al cura para una misa de acción de gracias. El día 4 de febrero tomó una flota en Ramiriquí para venir a verme. La flota se accidentó y mi padre murió. Sufrí el más desgarrador de los dolores. Sentí que también me moría, pero siguió la vida.
¿De qué manera su tragedia altera entonces su vida?
Me refugié en la soledad. Me encerré en mí y me consagré a mi trabajo. Un magistrado, que había sido secretario del Consejo de Estado, me veía juicioso. Me llamó y me ofreció un puesto de oficial mayor. Acepté. Pasaron 3 años. Luego, eligieron como magistrado en la Sección Segunda a Diego Younes Moreno, quien había sido ministro de Trabajo. Me dijo que tenía buenas referencias mías y me nombró secretario privado. Lo eligieron presidente y me nombró magistrado auxiliar.
¿Qué ocurre cuando Younes termina su gestión?
El rendimiento de la oficina fue muy bueno. La estabilidad en mi empleo dependía de mi eficiencia y no de mi belleza, ni de mis recomendaciones. Él se fue y lo reemplazó Javier Díaz Bueno. Me apoyó, me dio mucha confianza, me hizo crecer. Se fue Javier Díaz y llegó Alejandro Ordóñez, actual procurador general. Venía de ser magistrado en el Tribunal Administrativo de Santander.
¿Fue jefe suyo?
Sí, yo fui su magistrado auxiliar durante siete años…
Usted es liberal y el Procurador es conservador. ¿Cómo se entendieron?
Es que la actividad judicial no puede ser ni liberal ni conservadora. Cuando Ordóñez fue presidente del Consejo de Estado en el 2004, estableció unas metas muy importantes, como realizar un esfuerzo sobrehumano para descongestionar esa sala plena de lo contencioso. Yo era su magistrado auxiliar, él era un gran gerente. Antes de irse Ordóñez, la vida me bendijo y la Judicatura me colocó en una lista de candidatos al Consejo de Estado.
¿Para suceder a quién?
A Alberto Arango Mantilla, hijo de Samuel Arango Reyes, exministro de Estado, exmagistrado del Consejo de Estado y del Consejo Superior. Él era javeriano y yo católico. Ahí se produjo otro giro providencial: ¡salí elegido! Yo soy liberal pero…
¿Pero no tan liberal?
Ser liberal es ser libre; uno actúa como le ordena su conciencia y procura ser respetuoso de la dignidad humana y de los diversos pensamientos, de todas las ideologías, no soo las que yo comparta. Ser liberal es reconocer el derecho de todos a pensar distinto.
Debate pensional, ‘alharaca sin sentido’
¿Existe una bomba pensional?
Los recursos destinados a cubrir las pensiones se constituyen con aportes obligados por parte del empleador y del trabajador durante un mínimo de semanas de cotización o tiempo de servicio. A partir de la Ley 100 de 1993, esas cotizaciones son de un mínimo de 1.300 semanas. Cumplidas, se conforman los recursos para pagar la pensión. La seguridad de esos recursos depende de la eficiencia en su administración. Es por ello que el autorizado para hablar de la bomba pensional es el administrador del sistema.
¿Cree que existen pensiones millonarias, tanto en el Congreso como en los altos tribunales?
Sí existen pensiones millonarias, pero no desbordadas del marco legal, porque creo en la buena fe de quienes deben reconocerlas y liquidarlas. Es la misma ley la que dispone que su monto debe corresponder a un porcentaje del salario y establece su forma de liquidación. Si lo desbordan, hay instrumentos jurídicos para corregirlos. Las pensiones altas son producto de los aportes.
Podrían señalarlo como defensor de las pensiones millonarias…
No. No defiendo pensiones millonarias sino que, como juez, estoy obligado a respetar la ley. Es decir: cuanto más alto es el ahorro, más alta la pensión. Creo que estamos haciendo una alharaca para darle santa sepultura a lo que ya estaba sepultado. El acto legislativo No. 1 del 2005 dijo que, a partir del 31 de julio del 2010, se extinguirían todos los regímenes especiales de pensiones y estableció un marchitamiento hasta el 2014. A los regímenes especiales les queda solo un poco más de un año de vida. La alharaca de ahora no tiene sentido. A partir del 2014 nadie podrá tener una pensión superior a 25 salarios mínimos. Eso lo dice la ley. Y quienes hoy la tienen, como congresistas y magistrados, están protegidos por requisitos de transición, siempre y cuando cumplan los requisitos de ley.
¿Y la propuesta de reliquidar las pensiones?
El mismo artículo 48, en uno de sus incisos, dice que “en materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos” y que en ningún caso se podrá disminuir el valor de las pensiones causadas y reconocidas.
Y, entonces, ¿qué pasará con las pensiones de parlamentarios, magistrados que superan el tope de 25 salarios mínimos?
Las pensiones que no tengan respaldo legal no se pueden mantener.
Pero usted acaba de afirmar, y en eso coincide con el Procurador General, que los derechos adquiridos no son revisables y que no podrá haber una reliquidación.
No se trata de reliquidar. Es que la Constitución ordena que terminan unos regímenes especiales porque una cosa es lo adquirido de conformidad con la Ley y otra lo ilegal, caso en el cual no se puede hablar siquiera de un derecho.
¿Existe realmente un choque entre poderes por el tema pensional?
Lo que pasa es que cuando hay ruido y rumores, cuando convocan a una gran audiencia, hay expectativas de todos los sectores interesados.
¿Cuál fue su posición ante la Corte Constitucional en la audiencia por la demanda contra el régimen pensional?
Afirmé que se trataba de una acción pública de inconstitucionalidad que estaba conociendo la Corte. Que estaba examinando la conformidad del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 (Ley marco salarial), el cual versa sobre el régimen especial de pensiones, reajustes y sustituciones para representantes y senadores. Afirmé que no obstante esa gran expectativa nacional que había alrededor de ese proceso, ese régimen ya estaba sepultado, porque la misma Constitución, en el artículo 48, adicionado por el Acto Legislativo No. 1 de 2005, expresamente señaló que los regímenes especiales expirarían el 31 de julio del año 2010.
En definitiva, ¿cuál es la edad de retiro forzoso de los magistrados?
La ley no la ha señalado. Por eso es que en la Corte Constitucional y el Consejo Superior hay magistrados con más de 65 años. La Corte Constitucional examina, por vía de tutela, si se debe dar tratamiento igualitario a los magistrados de la Suprema y del Consejo de Estado.
Yamid Amat
Especial para EL TIEMPO