Montealegre anuncia imputación a jefes del Eln por violaciones al DIH

El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, termina este lunes su periodo con dos grandes propuestas: que la Corte Constitucional le otorgue fuerza de tratado al acuerdo de paz que se logre con las Farc en La Habana y que la mujer tenga derecho al aborto sin ninguna limitación antes de los 6 meses de embarazo.

En este reportaje, el fiscal anuncia, además, que este lunes imputará cargos contra los miembros del comando central del Eln.

También lanza una feroz diatriba contra el expresidente Álvaro Uribe y el procurador general, Alejandro Ordóñez, y revela que la Fiscalía sí investiga a una empresa de propiedad de Jerónimo y Tomás Uribe, hijos del expresidente Uribe.

¿Qué es lo que lo deja más satisfecho de lo que hizo durante su gestión?

Mi contribución a la paz, introduciendo herramientas utilizadas por tribunales internacionales para investigar violaciones masivas a los derechos humanos. Dejé preparada la Fiscalía para los enormes desafíos de la jurisdicción especial de paz. Gracias a ello, no quedarán en la impunidad los crímenes internacionales cometidos por los actores del conflicto. También me deja muy satisfecho haber iniciado el camino de la modernización de la Fiscalía, que se tradujo en resultados muy importantes en la lucha contra la corrupción -'carrusel', Dian, Estupefacientes, Interbolsa, etc.- y en la desarticulación de bandas organizadas.

¿Cuál es, en su opinión, el mayor tropiezo que enfrenta hoy el proceso de paz?

La actitud de algunos políticos que buscan cerrar la posibilidad de finalizar civilizadamente el conflicto armado. Su proyecto está centrado sobre la base de la guerra y el fracaso del proceso de paz. Es triste que se logren éxitos electorales fundados en la apología de la violencia.

¿Por qué defiende la participación de exguerrilleros en la política?

No es posible cerrar la participación política a quienes dejen las armas y quieren alcanzar profundos cambios sociales a través de los cauces democráticos. Quitarles a los excombatientes el derecho a participar en la configuración del poder resulta un contrasentido con el objetivo mismo de unos diálogos de paz. Estamos en una negociación y no en un proceso de sometimiento.

Si se logra el acuerdo de paz en La Habana, ¿cómo darle validez jurídica?

Lo que se firme en La Habana sobre justicia y desarme tiene la naturaleza de un acuerdo especial. Los convenios de Ginebra de 1949 le permiten a las partes de un conflicto armado celebrar acuerdos para aumentar la protección civil. El Gobierno y la insurgencia pueden crear normas jurídicas con fuerza vinculante que entran a formar parte del bloque de constitucionalidad. Al finalizar el proceso de paz, se firmará un tratado de paz que tendrá el mismo rango de una norma constitucional y así lo debe reconocer la Corte Constitucional con fundamento en una sentencia interpretativa que le dé categoría de tratado a los acuerdos especiales.

¿El mejor blindaje para los acuerdos no es un plebiscito?

No. Lo relevante es que la Corte Constitucional considere estos acuerdos como un tratado. Si la Corte Constitucional acoge los planteamientos que voy a formular en una demanda de constitucionalidad condicionada y acepta que son equivalentes a un tratado de paz, quedarían absolutamente blindados los acuerdos de La Habana y se haría innecesario un plebiscito. Ni siquiera la voluntad popular podría modificar normas de rango constitucional. El pueblo no tiene competencia para dar marcha atrás a lo que se firme en La Habana.

¿Y esta será su última directiva?

Mañana lunes, la Fiscalía formalizará imputaciones contra los cinco máximos dirigentes del Eln que conforman el Comando Central (Coce) por los ataques sistemáticos contra la infraestructura petrolera del país, que son considerados como crímenes de guerra. Vamos a llamar a imputación de cargos a Nicolás Rodríguez 'Gabino'; Eliécer Herlington Chamorro, 'Antonio García'; Israel Ramírez, 'Pablo Beltrán'; Rafael Sierra Granados, 'Ramiro Vargas', y Gustavo Aníbal Giraldo, 'Pablito', por graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Esos delitos son de competencia de la Corte Penal Internacional.

¿Y qué lo deja, al final de su gestión, menos satisfecho?

El sistema acusatorio oral en Colombia.

¿Por qué cree que fracasó?

Está fallando debido a la escasa disponibilidad de recursos humanos y técnicos para responder a las necesidades de la ciudadanía. El sistema también presenta problemas de diseño jurídico. Recursos procesales o audiencias innecesarias dilatan y entorpecen el curso de los procesos.

¿Qué hizo como Fiscal que se arrepiente hoy de haber hecho?

Haber desatado con mis opiniones progresistas la cólera del embrujo autoritario. Cuando escucho esas voces que llegan del pasado, como acontece en un cuento de Gabriel García Márquez, entiendo por qué hemos vivido tantas décadas de violencia.

¿Qué pasó con la universidad de la Fiscalía?

Los problemas empezaron con la determinación del Gobierno nacional de reducir los presupuestos de las entidades del sector público, debido, especialmente, a la crisis de los precios del petróleo.

Pero sí tuvo recursos para la contratación a altísimo costo de la señora Natalia Springer. Eso, además, afectó mucho su imagen ante la opinión pública. ¿De esa contratación no se arrepiente?

Natalia Springer realizó una impecable labor de investigación sobre los crímenes internacionales de las Farc, el Eln y las bacrim. Aplicando modernas metodologías utilizadas por tribunales internacionales, utilizó modelos provenientes de las ciencias exactas en el derecho penal. Sus trabajos servirán para imputar delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra a los dirigentes de la insurgencia. En un futuro, cuando se pueda hacer un balance sereno sobre la seriedad académica de sus aportes, el país entenderá que es una mujer valiosa y transparente. Se escribieron muchas bufonadas en torno a ella. La ultrajaron injustamente.

¿No teme que, a partir de la próxima semana, cuando sea exfiscal, ese contrato le pueda ocasionar dificultades?

De ninguna manera. En los próximos días esos productos se incorporarán a investigaciones que se adelantan contra las Farc, el Eln y las bandas criminales. Solo aplicando modelos matemáticos podremos juzgar y sancionar las cien mil graves violaciones a los derechos humanos que llegarán a la justicia transicional.

¿Qué Fiscalía recibió y qué Fiscalía entrega?

Encontré una institución caótica, con inmensas deficiencias estructurales. Un barco que navegaba sin un rumbo claro, gracias a tres políticos con ínfulas de estadistas: Alfonso Valdivieso, Alfonso Gómez Méndez y la esposa de Carlos Alonso Lucio (la hoy senadora Viviane Morales). La Fiscalía había crecido a golpe de retazos, sin planeación estratégica. Con la modernización, diseñamos una institución con mayor coherencia y articulación en su trabajo.

¿Qué ocurrió con la demanda que presentó ante la Corte Constitucional contra la reforma llamada de 'equilibrio de poderes'?

El miércoles 30 se celebrará una audiencia pública en la Corte Constitucional para escuchar sectores de la justicia y la ciudadanía.

Ese día usted ya será exfiscal. ¿Asistirá a la audiencia como ciudadano?

Tengo una invitación a participar en esa audiencia como ciudadano. Voy a comparecer para sustentar la inconstitucionalidad del equilibrio de poderes.

¿Y qué lo condujo a presentar esa demanda?

Como Fiscal General de la Nación, me caractericé por ser políticamente incorrecto. Como no ando buscando votos ni opinión, pude decir libremente lo que pienso. La reforma al equilibrio de poderes rompe pilares fundamentales de la Constitución del 1991 e inclina indebidamente el sistema de pesos y contrapesos en favor del Congreso.

¿Su afirmación sobre buscar votos y opinión es una alusión al Procurador?

Hay personas que utilizan su cargo en los organismos de control para escalar políticamente. Me gustaría que le preguntara al procurador Ordóñez si él puede decir, como yo, que no está detrás de votos ni busca que lo incluyan en las quinielas de los 'presidenciables'. Ordóñez anda con los mismos sueños de quinceañera de dos exfiscales que se tragaron el cuento chino de precandidaturas presidenciales.

¿Usted votaría por él?

Votaré por él el día en que deje de perseguir minorías, separe su fundamentalismo religioso de la función pública y entienda que, desde los griegos, el diálogo y no la guerra es la mejor forma de solucionar los conflictos.

Usted acaba de decir que es un político incorrecto, pero el expresidente Uribe dijo que era "un político rabioso".

Cuando escuché las expresiones de furia del exgobernador de Antioquia, investigado por paramilitarismo en la Corte Suprema de Justicia, me acordé de un personaje creado por Margarite Yourcenar, una de las mujeres más grandes de la literatura universal, quien decía que hay seres humanos con víboras en su corazón.

¿Esa opinión tiene relación con la detención de Santiago Uribe?

Esa detención fue proferida por un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia en el marco de su autonomía. Es un proceso que lleva cerca de 20 años. Los hechos ocurrieron hace dos décadas y existían múltiples informes de organizaciones protectoras de derechos humanos en los que se denunció la existencia en Antioquia de un grupo paramilitar conocido como los 'Doce Apóstoles'. Fue una verdadera máquina de terror.

¿Por qué toma esa decisión ahora?

Esta investigación se impulsó desde el momento en que yo llegué a la Fiscalía.

¿Por qué?

Porque tiene que ver con todo el contexto paramilitar de Antioquia.

¿Cómo puede la justicia esperar 15 años para dictar medida de aseguramiento?

Existían críticas de muchos sectores sobre por qué unos hechos tan graves, como el caso de los 'Doce Apóstoles' en Antioquia, seguían impunes. Su pregunta me hace pensar que, en estos casos, la Fiscalía, haga lo que haga, está sometida a palo porque bogas y palo porque no bogas: si no actúa, mal; pero si actúa para que estos delitos no queden en la impunidad, también se le reprocha.

¿Por qué no lo hicieron los fiscales que lo antecedieron?

Uno de los temas que más he impulsado como Fiscal General es la creación de nuevos métodos de investigación para las violaciones masivas de los derechos humanos como el caso de los llamados 'Doce Apóstoles'.

¿Nada tiene que ver su pelea con el expresidente Uribe en esa decisión?

No confronto con Álvaro Uribe. A juzgar por sus trinos, es él conmigo.

¿Es verdad que estaba investigando a Tomás y Jerónimo Uribe?

En la Fiscalía se adelanta una investigación por la defraudación al Estado en casi un billón de pesos. En esta investigación fue mencionada una empresa de propiedad de los hermanos Uribe Moreno y la Fiscalía está realizando las investigaciones para verificar esa información. En este caso, como en todos los demás, se ha asegurado el respeto de todas las garantías constitucionales.

¿Y el caso del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga?

La Fiscalía está investigando si existió o no participación de Óscar Iván Zuluaga en los hechos por los cuales fue condenado el hacker Andrés Sepúlveda. Espionaje, concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, violación de datos personales y uso de software malicioso.

¿Esto no muestra que hay una persecución al uribismo, acentuada al final?

La Fiscalía tiene la función de investigar a los políticos que no son transparentes, sin importar su filiación ideológica. El expresidente Uribe tiene que serenarse y abandonar esa táctica efectista de deslegitimar las instituciones, sembrar dudas y, al mismo tiempo, no probar absolutamente nada de los rumores y las mentiras que lanza. A él le admiro su capacidad de trabajo y la firmeza con que defiende sus respetables convicciones. Le critico la concepción caudillista de la historia, que considera a los líderes iluminados como motor de las transformaciones. Son las instituciones y las masas las que pueden producir los grandes cambios. A él no le importa arrasar la institucionalidad cuando se trata de sus intereses personales.

Detenciones preventivas, como la de Santiago Uribe, se ordenan cuando hay riesgo de peligrosidad o de fuga del detenido. ¿Es él un hombre peligroso?

El fundamento que tuvo el Fiscal para ordenar la detención en este caso es por el riesgo de obstaculización a la justicia. Existen pruebas, según el fiscal del caso, que muestran cómo muchos de los testigos que habían declarado en este proceso fueron objeto de torturas y desplazamientos; otros testigos fueron muertos. Gran parte de las personas que formaban los 'Doce Apóstoles' fueron asesinadas. Estaba probado que testigos claves del proceso habían sido intimidados.

Pero ¿por qué solo ahora se tomó la decisión de detenerlo?

Un mayor de la Policía de apellido Meneses fue quien lo acusó. A partir de esa declaración rendida ante un Premio Nobel de la Paz en Argentina, la Fiscalía verificó cada uno de los hechos que estaba contando el exdirector de la Policía de Yarumal. Luego de la constatación de su declaración y con más pruebas testimoniales, indiciarias y documentales, el fiscal del caso tomó la decisión.

Acaba de estar en Washington en la Comisión Interamericana. ¿A qué fue?

Como algunos ciudadanos señalaron en medios de comunicación que acudirían a la Comisión Interamericana a denunciar una presunta persecución política, consideré que debía entregar a la Comisión la información necesaria para que se pronuncie sobre estos hechos. En efecto, fui a la Comisión a presentar las principales pruebas que tiene la Fiscalía sobre las investigaciones adelantadas contra Santiago Uribe, los hermanos Uribe Moreno y Óscar Iván Zuluaga. Esos documentos y pruebas evidencian que se trata de investigaciones serias y argumentativamente contundentes. Los documentos también muestran que nuestros fiscales no han dejado nada al azar o a la improvisación en estos casos y han sido extremadamente celosos en actuar con base en pruebas sólidas. Esos elementos también señalan que siempre se han respetado las garantías constitucionales, el derecho de defensa y de contradicción. Resulta curioso que Álvaro Uribe sostenga que la justicia lo persigue políticamente, cuando en su gobierno se inició una despiadada jauría contra la Corte Suprema, defensores de derechos humanos y periodistas. Llama la atención que los herejes de ayer se conviertan en los teólogos de hoy. Esto parece una historia borgiana.

El lunes es el último día de su periodo, ¿dictará medidas o las propondrá?

Sí. Este lunes voy a presentar un proyecto de ley ante el Congreso de la República para la despenalización del aborto; es decir, que la mujer en Colombia tenga la libertad de abortar antes de los seis meses de embarazo.

¿Sin ningún tipo de condiciones o limitaciones ya establecidas por la Corte Constitucional?

Así es. No quedaría sujeto a las tres causales que exige la Corte Constitucional, sino a una decisión libre dentro del marco de la autonomía de la mujer.

La legalización del aborto que propone tiene como fundamento la protección de la mujer. ¿Y la vida del bebé por nacer?

La Corte ha dicho que es objeto de protección constitucional la vida que está por nacer. Por esa razón, imponemos un límite temporal de seis meses para la interrupción del embarazo.

¿Qué lo condujo a tomar esta iniciativa sobre el aborto?

Es una medida de protección a la mujer y, sobre todo, de los sectores más vulnerables de la población. Las mujeres que tienen comodidades económicas proceden a tener abortos no permitidos por la ley con todas las condiciones hospitalarias y quirúrgicas; pero mujeres de muy escasos recursos arriesgan su vida, su integridad, porque tienen que ir a sitios de abortos clandestinos en condiciones absolutamente contrarias a la dignidad.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO