'Justicia y política, mezcla tóxica para la democracia'

Un plan de choque para robustecer las tres altas cortes de la nación alista el Gobierno, para presentarlo al Congreso de la República. El ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, revela las medidas que se preparan para ser presentadas al Congreso en su actual legislatura, y que van desde las reformas del reglamento de las altas cortes hasta la racionalización de la tutela contra sentencias, y la presentación de una ley estatutaria para que las cortes puedan suspender a sus miembros. Se propondrán, también, la elevación del período de los magistrados a 16 años y el rompimiento del ‘cordón umbilical’ entre la política y la justicia “por ser una mezcla tóxica”.

El ministro Martínez inicia su diálogo con el tema del magistrado Jorge Pretelt, quien dice sentirse perseguido y sin derecho a la defensa...

“El Dr. Pretelt sabe que tiene derecho a un juicio justo. Pero, en un momento tan complejo, constituiría una actitud digna y responsable con la Corte Constitucional actuar de manera que impida que la crisis tenga características de conflagración”.

¿Qué hacer para tener una Corte que vuelva a trasmitir credibilidad?

Por sus realizaciones a favor de la protección de los derechos fundamentales y los derechos de las minorías, la Corte Constitucional goza de gran reputación. Se necesitan reformas de su reglamento que afiancen la transparencia. Y también será necesario introducir de inmediato reformas que conduzcan a racionalizar la tutela contra sentencias. No es conveniente que las sentencias de las cortes de cierre sean modificadas por la Corte Constitucional por defectos sustantivos, dejando de lado el carácter especializado de aquellas. Ello da lugar al choque de trenes y ha expuesto a la Constitucional al mundo de la intriga.

¿El Gobierno va a proponer, en la reforma de equilibrio de poderes, cambios en el período de los magistrados?

Sería muy útil abrir esta discusión. En algunos países, los magistrados son vitalicios o sus períodos llegan a tres lustros. Entre nosotros, los períodos de ocho años llevan a que los magistrados terminen a edad temprana su judicatura, y quedan expuestos al ejercicio de la profesión ante sus propias cortes. Sería mucho mejor un período de 12 o 16 años.

¿No es contradictorio que mientras el país comienza a descubrir las dificultades que pueden surgir como consecuencia de las actitudes individuales de magistrados, se proponga extender su período a 16 años?

No. Y le explico: este tipo de reformas debería cobijar solamente a los nuevos magistrados, y ese es un sistema que ha probado sus méritos en países de gran tradición jurídica, dando lugar a jueces maduros e independientes, ajenos a las vicisitudes futuras del mercado laboral o profesional... (Lea: Corte se da un mes para 'cirugía' interna en busca de transparencia)

¿Cómo se elegirán los futuros magistrados?

Hay que romper el ‘cordón umbilical’ entre la justicia y la política. Justicia y política son una mezcla tóxica para la democracia. Por ello el presidente Santos ha propuesto que la regla en el equilibrio de poderes es que los magistrados se designen por meritocracia. Para el efecto se propone crear un concurso de méritos y que con base en el mismo, mediante cooptación indirecta, elijan los propios magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. Además, se busca que el 50 por ciento de los nuevos magistrados que vengan tengan origen en la carrera judicial, y que el otro 50 por ciento provengan de la academia y del litigio.

¿Ese cambio qué significa?

Que en adelante su postulación no dependerá de un círculo cerrado de poder que actúa como una camarilla en el interior de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante procedimientos que son poco transparentes y poco visibles. El cambio es notorio, se hace más cristalino y se impide que haya intervención de intereses políticos o de cuerpo en la selección de los magistrados de la Corte y el Consejo de Estado.

¿La reforma incluirá el sistema de elección de los miembros de la Constitucional?

No se toca este tema. Lo cierto es que hoy en día el Gobierno presenta tres ternas al Senado; la Corte Suprema, otras tres y el Consejo de Estado, las tres restantes. Con base en ellas, el Senado elige, lo que da lugar a un cabildeo impresionante de todos los ternados en el Congreso para obtener su apoyo. ¿Lo ideal? Que el Gobierno, la Corte y el Consejo de Estado eligieran directamente a los magistrados de la Corte Constitucional y que el Senado se limitara a objetar a cualquiera de ellos.

¿Una especie de derecho de veto?

Sí. Para no exponer a los candidatos a hacer campañas y lobby en el Congreso.

¿Y por qué darle al Congreso derecho a veto?

Porque el juez constitucional es un juez político por esencia y requiere de especial legitimidad democrática para ejercer sus potestades.

¿Se puede introducir esa reforma desde el punto de vista del procedimiento?

A lo largo de las discusiones sobre el equilibrio de poderes se han examinado múltiples mecanismos para emancipar a los magistrados de mecanismos de designación por parte de órganos de poder político. En tal sentido, es una propuesta coherente con esta filosofía. (Lea: Las cinco claves de la receta para sacar de la crisis a la justicia)

Y si esa reforma se aprueba en el Congreso, ¿desde cuándo y cómo se aplica?

Se irá aplicando progresivamente, en la medida en que venzan los períodos de los magistrados.

Entre las reformas que se piensan introducir al equilibrio de poderes, ¿habrá normas que obliguen al retiro del magistrado Pretelt?

No. Lo que plantea el Gobierno es que mediante una ley estatutaria se tipifique la autorregulación de las cortes, para que, frente a problemas coyunturales de la conducta de algunos de los miembros, se puedan autoproteger. Que se autodisciplinen y se incorporen en sus reglamentos mecanismos como suspensión de magistrados para blindar a las cortes frente a problemas reputacionales.

El sistema, entonces, ¿será...?

Darle a través de esa ley estatutaria facultades a cualquiera de las cortes para suspender a cualquiera de sus miembros.

¿Y se va a presentar la ley estatutaria?

Sí. Así lo anunció el Presidente Santos. Se presentará en la presente legislatura.

¿Quién será el juez natural de los magistrados?

Cuando entre en vigencia la reforma constitucional que ha propuesto el Gobierno, la investigación corresponderá a la comisión de forados; y si hay una causa criminal, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se tramitará el juicio.

¿La Comisión de Acusación, que hasta ahora es el juez natural, desaparece cuando sea aprobada la reforma?

No. La ponencia en curso establece que la Comisión de Acusación continuará ejerciendo sus funciones por un término de un año más, con el objeto de que pueda tramitar los procesos que tiene a la fecha, que son más de 2.000 expedientes. El tribunal de aforados va a conocer de las conductas que se cometan a partir de la reforma constitucional. (Lea: 'Con renuncia de Pretelt queríamos evitar cuestionamientos a la Corte')

¿Y si la Comisión de Acusación no hace nada, como es previsible?

Debe hacerlo. Pero, igual: pasado un año, los expedientes deben enviarse al tribunal de aforados.

¿Quiénes van a integrar el tribunal de aforados?

Unos magistrados de jerarquía superior. Lo van a integrar cinco miembros, seleccionados por concurso de méritos. La idea es que tengan calidades superiores, que sean supermagistrados y que allí lleguen como los ‘sabios de la tribu’ para ejercer el control sobre los magistrados y sobre los altos funcionarios del Estado.

¿Qué misión tendrá?

Tendrá la función de investigar y de acusar directamente ante el Congreso, que puede desaforar al investigado. Si la falta es disciplinaria, directamente tomará la medida de destituir al funcionario; si la conducta tiene un comportamiento penal o criminal, dará traslado de inmediato a la Corte Suprema de Justicia, para que el juicio lo lleve a cabo la Sala Penal de la Corte, que ha sido una entidad que a lo largo de toda su historia ha mostrado su transparencia, eficiencia y verticalidad.

¿Qué pasa con el Consejo Superior de la Judicatura?

Que se elimina y se sustituye por un órgano de autogobierno que tendrá un gerente, responsable de la administración de los recursos del Poder Judicial. Será tan importante como el gerente del Banco de la República.

¿Quién asume la parte disciplinaria?

La ejercerá el tribunal disciplinario, que vigilará la integridad de los funcionarios de la Rama y de los abogados en ejercicio.

¿Y en materia de elección del fiscal qué dice la reforma?

La reforma no toca ese tema porque se considera que la fórmula actual consulta el equilibrio de poderes: terna el Presidente y elige la Corte Suprema de Justicia.

El Procurador dice que el Presidente no debe intervenir en la elección del Fiscal...

Eso no tiene cabida. Sería quitarle brazos al Presidente en el manejo de la política criminal. En nuestro sistema de gobierno, el responsable del orden público y de la seguridad ciudadana es el Jefe de Estado. Si de iniciativas se trata, la única opción sería considerar que el mismo Presidente designe al Fiscal, como ocurre en Estados Unidos y en Europa.

En el caso del Fiscal, ¿es verdad que usted aspira a que el Presidente lo nomine?

Mi única aspiración es prestarles un buen servicio a los colombianos, al lado del presidente Santos.

¿Y la elección de Procurador cómo quedará?

La reforma en curso se inspiró en suprimir las facultades electorales de las cortes. El Consejo de Estado en particular nos ha pedido que les quitemos esas funciones electorales. Esto conlleva que en la designación del Procurador no participen la Corte Suprema ni el Consejo de Estado.

¿Y cuál es la propuesta que se presentará al Congreso?

La propuesta es que volvamos al modelo anterior al año 91: la terna del Procurador la hacía el Presidente de la República. Lo cual tiene una gran lógica, porque el poder disciplinario del Ministerio Público se ejerce sobre la Administración, cuyo jefe es el propio Presidente. De hecho, en muchos países no existe procuraduría, porque la función disciplinaria se cumple a través de las máximas autoridades administrativas.

¿Esto significa que Santos nombrará al próximo Procurador?

No. Para que no se vaya a decir que el presidente Santos quiere tomarse la Procuraduría, esa regla funcionaría para quien sea postulado como Procurador en el próximo gobierno, después del año 2018; es decir, el Procurador que se elija en el año 2017 será elegido por el Senado de terna que integrarán por última vez el Presidente de la República, la Corte Suprema y el Consejo de Estado.

¿No se exponen todos los altos órganos de control a la politización?

No. Los parlamentarios siempre han intervenido en la elección de Procurador y de Contralor. Lo que no podemos es hacer una constitución para ángeles, en donde el Procurador y el Contralor son ungidos por decisión de la Divina Providencia y por acción de la Santísima Trinidad.

El caso del general Mora

“El general Mora ha sido un gran representante de los puntos de vista de la Fuerza Pública en el proceso de paz, y no debe generar ninguna incertidumbre lo que ha venido ocurriendo, porque el general Mora ha sido, es y seguirá siendo delegado plenipotenciario del Presidente de la República en el proceso de paz”.

¿De dónde ha concluido la gente que ha perdido ese carácter?

Opinadores con ánimo mezquino han llegado a sostener una fractura que no existe en la integridad del equipo negociador. De hecho, en estos últimos días el Presidente de la República ha estado con el general Mora haciendo una pedagogía por la paz en medio de los batallones, porque el General conoce como el que más el curso de las negociaciones en La Habana.

Hubo un malestar que expresaron quienes dijeron ser asesores del general...

La verdad es que a Palacio llegó una carta de renuncia que nos tiene embolatados. Porque renuncian ante el Presidente a una calidad de asesores que el Gobierno no les ha confiado. Nunca han sido nombrados, ni tienen contrato de prestación de servicios, ni son funcionarios de la oficina del Comisionado de Paz. No sabemos francamente cómo darle trámite a esa carta porque renuncian a un carácter que no han tenido jamás.

‘Con Santos, Bogotá tendrá Metro’

A usted, como bogotano, ¿no le duele el estado en que está Bogotá?

Sí. Me parece que Bogotá está pasando por una situación muy compleja. Lo que más me duele es el tiempo que mis conciudadanos pierden en el transporte para llegar a sus puestos de trabajo; eso es absolutamente doloroso y por eso el tema de la movilidad debe tener una respuesta prioritaria.

¿Y qué hacer?

El Gobierno está dispuesto a trabajar por Bogotá en el tema de transporte masivo, para resolver el problema de TransMilenio, de la avenida ALO, de la avenida Boyacá y, por supuesto, en el metro. El Gobierno está dispuesto a hacer un esfuerzo descomunal en estos frentes. Estoy seguro de que habrá metro bajo el gobierno Santos.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO