El Gobierno y las compañías petroleras convinieron ejecutar lo que llamaron el 'Pacto del millón', para elevar el nivel de vida de las zonas petroleras, irónicamente, las más pobres del país. Así lo revela en el siguiente reportaje el ministro de Minas y energía, Mauricio Cárdenas Santa María.
Cárdenas formula otros anuncios: bajará el precio de la gasolina; aumentará el precio del gas, tanto el industrial como el doméstico; se congelará la explotación de petróleo para aumentar reservas; las minas ilegales informales se legalizarán y las "criminales" se destruirán. (Lea también: Mitad de la producción petrolera del país se da en 10 campos)
¿Qué es lo que quiere hacer usted, ministro, en las zonas petroleras?
Vamos a llegar a producir un millón barriles diarios de petróleo. Tenemos que convertir esa cifra en un hito en términos de prosperidad social en las zonas petroleras de Colombia que, paradójicamente, tienen todavía mucha pobreza. Vamos a suscribir con las compañías petroleras lo que llamaremos el 'Pacto del millón'. Es un compromiso para hacer algo similar a lo que se hizo en las zonas cafeteras donde tradicionalmente ha habido más bienestar, más educación, más salud, más vías y agua potable. Se requiere que mejore la calidad de vida de la población en las áreas petroleras para que se sientan los beneficios de la locomotora minero-energética.
¿Pero qué establecería ese 'Pacto del millón'?
El objetivo es erradicar la pobreza extrema. Con eso se lo resumo.
¿Qué tiene que ver una multinacional petrolera con la pobreza de Casanare?
Mucho. Para tener paz social y lograr tranquilidad laboral y política, los habitantes deben tener mejor nivel de vida. Las zonas petroleras tiene que ser zonas de prosperidad.
¿Se establecerán ciertas obligaciones sociales?
Sí. Y se focaliza el trabajo social de las empresas que es aún disperso.
¿Cómo proyecta el 'Pacto del millón' atender salud, agua potable, vías, etc?
Concurrirán todos los niveles de gobierno -nacional, departamental y municipal- y todas las empresas. El modelo empezará con agua potable, educación y salud.
¿Usted ha conversado con las multinacionales de petróleo?
No una; muchas veces. La respuesta, inicialmente, fue fría. Hoy es abrumadoramente solidaria.
¿Por qué?
Un empresario me dijo: "En Canadá pagamos impuestos y regalías y punto...". Pero es que estamos en Colombia no en Canadá. Ellos ya entendieron ese mensaje.
A propósito, ¿cómo estamos en materia de petróleo?
Ecopetrol produjo 724 mil barriles por día en el 2011; 18 por ciento más que en 2010.
¿Y cuándo vamos a llegar al millón de barriles diarios?
El gran empeño del Gobierno no es solo lograr una meta alta en producción sino darle sostenibilidad; el país ya tuvo a Cusiana con producción cercana a 500 mil barriles, pero fue 'flor de un día'. Lo que buscamos es llegar al millón de barriles, pero sostenernos por décadas; no por un año sino por diez. El objetivo ahora es aumentar reservas. Hoy, por cada barril producido se aumentan las reservas en 1,6 barriles; así añadimos más reservas de lo que producimos. Más que acelerar a fondo la marcha del carro lo que queremos es tenerlo en una velocidad en un tramo largo.
¿Cuáles son las reservas hoy?
2.400 millones de barriles; eso equivale a ocho años de producción petrolera. Tenemos que subir las reservas para asegurar diez años de producción. La meta para este año es perforar cerca de 150 pozos más.
¿Y qué hay sobre las exploraciones en mar abierto?
Estamos muy optimistas con los proyectos costa afuera. Este año Equión, empresa de Ecopetrol y la canadiense Talisman, va a perforar dos pozos en el caribe en un bloque en el que también participan Ecopetrol y Petrobras. Para el 2013 perforaremos un pozo cerca a la Guajira con la española Repsol. Está cerca de un campo en el cual Venezuela acaba de tener un gran éxito.
¿Y en el interior del país?
En la Orinoquia y, particularmente, en el Meta, las noticias son muy buenas. Meta se convirtió en el gran departamento petrolero.
Viene un aumento en el precio del gas
El alcalde Gustavo Petro asegura que existe un riesgo de racionamiento de energía y gas, si no se ejecutan a tiempo unas obras. Usted dice que no, pero él insiste. ¿Hay o no riesgo?
Los bogotanos pueden estar tranquilos. La energía disponible es suficiente para atender la demanda. Pero para reforzar el sistema es necesario construir una nueva línea desde el Guavio. Nuestra responsabilidad es que el proyecto se haga a tiempo para evitar congestiones en las redes existentes. Hace más de un año se hizo un concurso; se lo ganó EPM con la mejor propuesta: 20 millones de dólares. EPM empezó un diálogo con la autoridad nacional de licencias ambientales para definir el corredor idóneo. Una vez se otorgue la licencia ambiental, podrá empezar a construir su línea de transmisión y entregarla el próximo año.
¿No existe el riesgo de que se niegue la licencia ambiental o demore su aprobación?
Una obra de esta magnitud siempre tiene riesgos, pero nuestra función no es crear ansiedad en la gente evitar problemas. Eso lo hablamos con el Alcalde. Por eso me sorprendió su declaración un tanto alarmista.
¿Y qué falta para comenzar?
Lo más importante es la licencia ambiental y que EPM avance con el proyecto. Es su responsabilidad y no les puede fallar a los bogotanos.
¿Y la eventual escasez de gas?
TGI, Transportadora de Gas Internacional, es una empresa de la Empresa de Energía de Bogotá. TGI hizo inversiones para traer el gas de Cusiana y para dar más confiabilidad al sistema. Le pide a la Creg (la comisión reguladora)que se le reconozcan esas inversiones con un aumento en la tarifa del transporte de gas. La Creg le autorizó solo una parte y TGI apeló. Nosotros aceptamos revisar. Tenemos que buscar un equilibrio para que TGI esté bien remunerada, sin que se le genere un costo excesivo al consumidor. De ahí a decir que hay un problema de suministro hay un largo trecho.
¿No hay riesgo tampoco?
El único riesgo es que la petición de TGI se traduzca en un aumento excesivo de tarifas. Y eso lo vamos a evitar.
¿Pero sí reconocerá el alza en las tarifas del transporte?
Sí, hay que reconocer algo por esas inversiones, pero vamos a aumentar la tarifa solo en aquella proporción en que confirmemos que fueron inversiones indispensables.
¿Qué harán para que eso no se traslade al consumidor?
El aumento en las tarifas de transporte del gas por los gasoductos de TGI necesariamente se traduce en aumento de tarifas para los usuarios; pero no vamos a hacer un aumento de tarifas exagerado.
¿Entonces, sí habrá aumento de tarifas de gas?
Sí, pero no como lo está pidiendo la empresa. El aumento será en todo el país, en la medida en que todos los usuarios pagan la infraestructura de gas que necesita Colombia.
¿De qué rango será el alza?
La Creg esta resolviendo el recurso presentado por TGI. Mientras eso no pase, no se puede decir con exactitud. Lo que si le puedo decir es que vamos a buscar que el impacto sea el menor posible para los usuarios.
Bajará el precio de la gasolina
Si tenemos tanto petróleo, ¿por qué nuestra gasolina es tan cara?
Por cuenta de impuestos. Un galón de gasolina vale 8.900 pesos hoy; 2.300 son impuestos. Le pagamos a Ecopetrol por la gasolina que compramos más o menos 5 mil pesos por galón, que es el precio que obtendría si vendiera esa gasolina en el exterior.
El presidente Santos anunció en la mesa de unidad una reducción del precio..
Él, el Ministro de Hacienda y yo estamos explorando las posibilidades y hay la voluntad: la decisión es reducir los impuestos para darles un alivio a los consumidores, reduciendo el precio de la gasolina.
Se habla de mil pesos menos por galón...
Sería ideal... Para llegar allá necesitamos sumar esfuerzos. El Gobierno Nacional puede reducir los impuestos que recibe, que son del orden de 1.150 pesos, pero los otros 1.150 de impuestos van a los departamentos y municipios. Ellos tendrían también que hacer algún esfuerzo. Podemos llegar a los mil pesos de rebaja, pero no solos.
¿Y la rebelión que ha surgido sobre regalías?
Es un poco artificial. El 98 por ciento de los municipios recibirá regalías directas. Es falso que no vaya a alcanzar para todos. No sólo hay suficientes recursos, sino que la torta está aumentando. Las regalías, dados los nuevos precios internacionales del petróleo, van a ser 9,1 billones de pesos. Cuando se aprobó el proyecto, eran 8,2 billones. El reto no es que haya dinero para todo el país; el reto es que lo logremos ejecutar bien.
¿También bajará el ACPM?
Ahí no hay tanto margen.
¿Cómo se repartiría la rebaja?
La Nación tendría que hacer un esfuerzo mayor, unos 600 pesos; los departamentos y municipios, unos 300. Y, apretando todas las tuercas, conseguiríamos los 100 restantes. Ojalá podamos dar esa rebaja; no va a ser fácil. Nuestra meta es bajar todo lo posible, pero no está totalmente en nuestras manos.
Destruirán la maquinaria de la minería ilegal
Ministro Cárdenas, ¿qué hacer con las minas ilegales?
Lo primero que hay que decir es que la minería como actividad no es ilegal, lo que puede existir es explotación ilícita de minerales. Este problema está creciendo en Colombia, como crece en Perú, Ecuador y Bolivia. Lo hemos hablado con todos los presidentes de la región y hemos acordado cambiar la forma de combatir esta explotación ilícita. Hoy, incautamos la maquinaria, pero a los dos o tres días, por trámites y mecanismos de protección judicial que tiene nuestro sistema legal, esa maquinaria queda habilitada de nuevo.
La extracción ilícita de minerales son dos cosas: una minería informal, que es la tradicional, de mineros artesanales, buscando esencialmente carbón y oro. Esos mineros lo que necesitan es una legalización, un proceso de formalización en el que pueden trabajar bajo el amparo de un título minero a cambio de que cumplan con estándares ambientales, paguen regalías y erradiquen prácticas de trabajo indebidas.
¿Y cuál es la otra minería?
La criminal, que es la patrocinada por los grupos al margen de la ley -bacrim, paramilitares, guerrilla- como fuente de financiamiento. Una minería que casi siempre utiliza maquinaria sofisticada y costosa, que genera un gran daño ambiental.
¿Y qué van a hacer?
Como tiene tantas facetas similares al narcotráfico, el tratamiento que tenemos que darle es análogo. Tenemos que destruir la maquinaria.
¿Y sobre ese nuevo camino hay consenso entre los presidentes?
Sí. Han convenido que esa es la única forma efectiva de combatir la minería ilegal. Estamos promoviendo dentro de la Comunidad Andina una decisión que lo permita. ¿Qué es lo importante? Que nuestros soldados y policías no queden expuestos a riesgos jurídicos por destruir esa maquinaria.
¿Del total de minería, qué porcentaje es informal y qué porcentaje es criminal?
Producimos 56 toneladas de oro. Estimamos que 25 de estas se hacen bajo títulos y por barequeo. El resto son informales o criminales.
¿Y qué piensa el Gobierno hacer con la minería informal?
Facilitar el proceso de formalización, a través de dos mecanismos: uno, que formen asociaciones y que ya agrupados presenten solicitudes para recibir títulos si cumplen con unos requisitos menores a los que se exigen hoy, como por ejemplo la necesidad de demostrar que han pagado regalías durante diez años. Eso es un contrasentido. Vamos a cambiar la ley a través del nuevo código de minas. La intención no es crear nuevos programas de legalización sino flexibilizar los criterios de formalización. El proyecto será radicado en el Congreso en la legislatura que comienza el 20 de julio de este año.
¿Fundamentalmente, qué se propone?
Tiene cuatro grandes elementos: primero, la formalización minera; segundo, aumentar facultades y herramientas para combatir la minería criminal; tercero, mayores exigencias para el otorgamiento de los títulos mineros. Aquí se otorgaban con la simple presentación de una cedula, sin consultar capacidad económica ni idoneidad. El cuarto es reglas de juego para que se amplíe la forma de acceder a títulos mineros, es decir, mediante procesos competitivos, de subastas sobre áreas que tienen potencial minero. El que ofrezca la mejor promesa de inversión o la mayor contribución para la Nación, recibe el título. No el que llegue primero a reclamar un título.
¿Bloques de potencial minero en qué?
Carbón, oro, plata, platino, uranio, cobre, minerales de potasio, magnesio y fósforo, y coltan.
¿Cuántos títulos hay hoy?
Unos 9 mil. Pero lo interesante es que, de esos 9 mil, sólo 60 títulos pagan el 84 por ciento de las regalías. O sea, la mayoría de la producción minera está en 60 títulos. Eso quiere decir que hay mucho título adjudicado que no se está aprovechando, que no presenta actividad exploratoria, que se conserva con propósitos puramente especulativos. El código minero establecerá herramientas para impedir este fenómeno.
¿Qué títulos mineros se exponen a la caducidad?
En donde no se ha desarrollado la actividad a la que se han comprometido, donde no se cumpla con las contraprestaciones económicas que se le tienen que dar al Estado, donde no se cumpla con los estándares requeridos.