Fiscal demandará la reforma de equilibrio de poderes

El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, sostiene que el proyecto de equilibrio de poderes es inconstitucional y anuncia que si es aprobado por el Congreso, lo demandará ante la Corte Constitucional. Insiste en que debe convocarse una asamblea nacional constituyente con representación de las Farc, arremete contra el Congreso y contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

"Bajo el dulce rótulo de equilibrio de poderes se esconde una colcha de retazos a la que en cada debate le pegan más y más pedazos. Con la reforma no se equilibran los poderes públicos. Con el pretexto de despolitizar la Rama Judicial, se refuerzan los amplios poderes del Ejecutivo. Aunque comparto el propósito impostergable de reformar a la justicia, este proyecto es solo una sumatoria de pequeños 'micos' ", dice Montealegre.

¿Cree que se está violando el principio constitucional de consecutividad que prohíbe la inclusión en segunda vuelta de temas no tratados en la primera?

Ese es uno de los problemas graves que tiene la reforma, además de muchos vicios insubsanables de constitucionalidad.

¿Si llegara a aprobarse la reforma, usted entonces la demandará?

Indiscutiblemente, si el proyecto de equilibrio de poderes es aprobado, presentaré demanda ante la Corte Constitucional, porque hay normas que sustituyen la Constitución y violan el trámite que impone esta. El proyecto está minado de temas inconstitucionales y de vicios de procedimiento.

¿Este anuncio no es una especie de retaliación suya al quedarse prácticamente solo en la propuesta de convocar una constituyente para la reforma a la justicia?

Yo no estoy solo. Me acompaña la comisión interinstitucional.

Pero el presidente de la Corte fue desautorizado por la sala plena...

Sí, pero el presidente de la Corte mantiene su posición. La comisión es totalmente independiente de decisiones que tomen las cortes.

La Comisión de Acusación nunca funcionó. ¿Qué les desagrada a las cortes y a la Fiscalía de que un tribunal de aforados la reemplace?

Comparto el diagnóstico pero no el remedio que propone la reforma. No es conveniente eliminar la intervención del Congreso dentro del proceso de determinación de responsabilidades penales sobre altos funcionarios del Estado, pues este diseño busca mantener un equilibrio entre los poderes.

¿Esto no es agregar más enfrentamientos a los que ya existen en el poder judicial?

De ninguna manera. Es una controversia sana dentro del poder judicial. Lo que pasa es que nosotros, como comisión interinstitucional, hicimos la propuesta más audaz que se ha hecho en los últimos tiempos para reformar la justicia. Tan audaz es que incluye la sugerencia de que entren a formar parte de esta asamblea nacional constituyente los insurgentes, si hay un acuerdo de paz.

¿No es suficiente con el actual marco jurídico?

Tiene un talón de Aquiles, que es la prohibición de participación en política de la insurgencia, y este es un obstáculo para la paz que la podría hacer esquiva.

¿Pero no se podría hacer a través de actos legislativos y leyes estatutarias?

Sí se puede, pero no hay tiempo. Si acudimos a los mecanismos de reforma normales, estarían finalizadas en diciembre del 2016. Cualquier tipo de justicia transicional funcionaría casi un año después de firmados los acuerdos.

¿Usted insistirá en la convocatoria de una constituyente y la inclusión de las Farc?

No doy un paso atrás en mis afirmaciones y en mis posiciones ideológicas. Tengo el pleno convencimiento de que la mejor contribución al proceso de paz es convocar a una constituyente para que esa asamblea realice una reforma profunda de la justicia.

¿Con participación de la guerrilla?

Sí, para que desarrolle inmediatamente los mecanismos de justicia transicional que se requieren con urgencia para poder lograr la desmovilización de la guerrilla. No sé por qué razón sectores que se dicen progresistas le tienen miedo a una constituyente o critican que las Farc tengan presencia en ella. El país no debe olvidar que la Constitución actual fue producto de un acuerdo de paz en el cual casi la cuarta parte de la constituyente estuvo conformada por el M-19 y produjeron la carta política más importante de la historia republicana del país.

¿Para qué propone la presencia de delegados de las Farc en una constituyente cuyo tema único sería la reforma de la justicia?

Porque esa constituyente tendría que considerar temas como la participación en política de insurgentes que hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos; esa norma es un obstáculo profundo para el proceso de paz. ¿Cómo es posible que vayamos a pactar la paz sin dar alternativas de participación y de intervención democrática a las Farc, si lo que estamos pidiendo es que acaben 50 años de violencia para que entren a la vida democrática?

¿Qué tiene que ver el proceso de paz con la reforma de la justicia?

Será la justicia a quien le corresponda definir la situación jurídica de miles de desmovilizados y adelantar las investigaciones sobre las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas durante más de 50 años de conflicto. En el derecho internacional, los acuerdos de paz son vinculantes. No atender estos asuntos de la justicia, como en efecto ocurre en la reforma, es quedarse con una franja muy pequeña del problema. Por eso creo que el escenario idóneo para formular una reforma integral de la justicia es una asamblea constituyente limitada.

¿No es previsible que las Farc pidan eliminar toda pena de prisión?

La Constitución actual permite penas alternativas diferentes a privación de la libertad, aun para los casos de graves violaciones a derechos humanos.

¿Eso no está prohibido por los tribunales internacionales?

De ninguna manera, la posición de la fiscal de la Corte Penal Internacional que considera que tiene que existir un mínimo de pena privativa de la libertad no es la posición de los jueces de la Corte de Roma. El modelo de justicia transicional que Colombia está diseñando no está centrado en la impunidad; lo que pasa es que aquí hay críticos del proceso de paz que han vendido la idea falaz de que este es un proceso montado sobre la impunidad de los insurgentes.

¿Pero es que usted, como Fiscal General, está de acuerdo en que no haya penas privativas de la libertad para quienes son responsables de delitos atroces?

Si el precio de la paz que debemos pagar los colombianos es que los insurgentes no paguen con cárcel sus crímenes y, como consecuencia de ello, superemos el conflicto armado más viejo del continente y del mundo, habrá que pagarlo, así haya que restringir algunos elementos del derecho a la justicia.

Yo creía entender que la mayor reacción suya era contra la conformación del tribunal de aforados. Pero lo que pide es una constituyente para la paz...

No es solo contra el tribunal de aforados; contra otros elementos de la reforma. En el proyecto inicial, por ejemplo, el ministro Cristo pretendía poner de rodillas a la rama jurisdiccional ante el Congreso de la República. ¿Usted cree que ese tribunal elegido por el Congreso para investigar y juzgar a las altas cortes y al Fiscal General de la Nación iba a tener independencia e imparcialidad cuando iba a ser elegido por un Congreso que todavía tiene rezagos de 56 o más parlamentarios que condenó la Corte Suprema por 'parapolítica'?

¿El retiro de la palabra 'juzgamiento' no lo dejó satisfecho?

De ninguna manera. Lo que ocurre además es que hay una acción permanente de un sector del Congreso contra las cortes y la Fiscalía. Formulan denuncias por corrupción, cuando los casos de corrupción reales son excepcionales: el actual debate sobre el magistrado Pretelt y el debate del magistrado Villarraga. Y ¿quiénes son esos magistrados? Los 2 fueron ternados por el expresidente Uribe y los eligió el Congreso de entonces. Es conocido que el presidente Uribe repartió burocráticamente el Consejo Superior de la Judicatura; el presidente Uribe se lo entregó a todos los sectores del Congreso; el presidente Uribe politizó la justicia y ahora resulta lanzando críticas a una justicia que durante años ha sido honesta. Eso es inaceptable. Cabalga sobre una tesis que deslegitima la justicia diciendo que lo que queremos es impunidad. Si alguien politizó la justicia, fue él.

"Uribe (izq.) politizó la justicia y ahora lanza críticas a una justicia que durante años ha sido honesta. Es inaceptable": Fiscal. Foto: Archivo / EL TIEMPO

¿Y está politizada la justicia?

Por culpa del presidente de la época y del Congreso, en el Consejo Superior de la Judicatura les entregaron la justicia a los políticos de profesión. Fue una alianza indebida de politiquería entre el presidente de la época y el Congreso, una alianza para politizar la justicia con una repartija de cargos milimétrica para los partidos. O sea, los mismos que están desestabilizando al país y a la justicia con sus acciones son ahora los que pretenden dar clases de ética a la Fiscalía y a las altas cortes.

¿A usted no le parece grave para el sostenimiento de la propuesta de la constituyente que la Corte Suprema haya desautorizado a su presidente?

De ninguna manera. Eso muestra que la Rama Judicial es deliberante, que es crítica, que da argumentos, que se controvierte, que no traga entero.

¿Y por qué no llevar ese debate al Congreso?

Hay un diálogo de sordos. Fracasaron los mecanismos de democracia deliberativa.

¿Fracasaron por qué?

Porque en el Congreso nos reciben con agresión y con violencia. Por eso tenemos que hacer el debate ante la opinión pública.

El Congreso no es por excelencia la expresión de la democracia?

Teóricamente, institucionalmente es así, pero en la realidad lo que encontramos son agresiones verbales, descalificaciones permanentes de ciertos sectores.

¿La controversia no es una función de cualquier parlamento en el mundo?

¿Insultar, agredir con la palabra, ser violentos con el lenguaje? Esa no es la función de los parlamentos. Aquí, los congresistas tienen toda la autorización para calumniar e injuriar y agredir con la palabra, amparados en sus inviolabilidades parlamentarias. Cuando se quiere una protección especial para la justicia es impunidad, pero cuando ellos agreden e insultan amparados por la inviolabilidad ahí no hay impunidad. Doble moral.

¿No está usted institucionalizando un problema personal?

El problema no es personal. Es que aquí todo el mundo quiere la paz y construir una solución negociada al conflicto, pero nadie quiere ceder absolutamente nada. Se plantea una asamblea nacional constituyente como un mecanismo para la justicia y la paz, e inmediatamente viene la reacción absolutamente desmedida contra esta propuesta porque no quieren ceder ni un milímetro de poder, ni de sus competencias. ¿Usted cree que vamos a construir la paz si nadie quiere ceder en sus intereses en beneficio de la construcción de un país mejor?

¿Qué es lo que origina esta actitud suya contra el Congreso de la República?

Son críticas constructivas que las originan ataques contra la justicia y la Fiscalía General de la Nación por parte de ciertos sectores del Congreso.

Por ejemplo...

La senadora Claudia López nos dice que nosotros actuamos como una 'bacrim' (banda criminal).

Pero la senadora no es portavoz oficial del Congreso de la República...

Pero le hacen eco muchos senadores de cuyo nombre no quiero acordarme. En ese punto critico vehementemente la posición del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, porque, so pretexto de querer sacar adelante la reforma del equilibrio de poderes, se montó en el barco de que había que deslegitimar a la justicia para sacar adelante las reformas. Ahí hay una gran irresponsabilidad histórica del ministro Cristo, que desde el principio permitió que las reformas se estructuraran sobre la base de que era necesario acabar dizque la impunidad en las altas cortes, como si fueran un nido de delincuentes, y que a las cortes y al Fiscal General había que ponerles freno porque esto era el reino de la impunidad.

De todas maneras son opiniones personales de la senadora, ¿no le parece?

Que la Corte estudie si el hecho de que en el Congreso existan familiares de los 56 parlamentarios de 'parapolítica', o familiares que fueron condenados por estafa por la Corte Suprema, si todo ese conflicto de intereses vicia o no por desvío de poderes este acto legislativo. ¿Cuántos familiares de parlamentarios condenados por la Corte Suprema están actualmente en el Congreso diseñando el modelo de justicia para investigación a las altas cortes y a la Fiscalía General?

No entiendo su molestia con el Congreso por las afirmaciones de una senadora...

No es por ella, quien por lo menos tuvo la entereza de insultar abiertamente. Pero hay sectores en el Congreso que lanzan la especie de que lo que nosotros queremos es la impunidad y nos deslegitiman.

¿Usted iría a la Cámara a exponer sus posiciones?

Depende, porque encuentro en sectores del Congreso, no en todos, un lenguaje muy hostil hacia las altas cortes y la Fiscalía. Creo que algunos parlamentarios utilizan un lenguaje incendiario, creando violencia con las palabras. Hay un ambiente de gran intolerancia. En algunos sectores del Congreso lo que predomina es el insulto y no la argumentación. Lo que veo es una campaña de desprestigio abierto contra la Fiscalía y las altas cortes por parte de ciertos sectores del Congreso. (Lea: 'En la agenda del Gobierno no hay una Asamblea Constituyente': Cristo)

Usted ha sido criticado por sus excesos de intervención en todo...

Hay esa creencia porque el perfil tradicional del Fiscal General cambió hace 10 años, cuando la Constitución consagró la figura de la justicia restaurativa y le impone al Fiscal participar en el diseño de la política criminal del Estado.

Usted ha sido criticado porque una funcionaria de la Fiscalía se opuso en el Congreso a aumentar el régimen de inhabilidades del Fiscal...

Actualmente existe un régimen de inhabilidades para los funcionarios en general. Es un término de dos años riguroso y razonable. Aumentarlo es desproporcionado y genera una desigualdad entre funcionarios de las altas cortes y los demás servidores del Estado. Pero no podemos olvidar que hay un fenómeno más grave que debemos prohibir, el de las puertas paralelas. Un reprochable mecanismo que consiste en dejar las oficinas de abogados abiertas, para que los socios ejerzan la profesión de penalistas ante la entidad que dirigen. No entiendo por qué algunos se rasgan las vestiduras pidiendo códigos de hierro para exmagistrados y exfiscales, pero omiten interesadamente pronunciarse sobre estas graves fallas éticas. ¿Será que en el pasado se han beneficiado de esas oficinas paralelas para impedir investigaciones penales de familiares? Tiene razón la brillante periodista y amiga María Isabel Rueda al afirmar que en este debate hay mucha hipocresía.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO