'El poder presidencial necesita controles': Corte Constitucional

El Presidente de la Corte Constitucional, Humberto Sierra, expone en esta entrevista temores por el exceso de poder acumulado en el Presidente de la República y advierte que ciertas propuestas de reforma se asemejan más a amenazas que a políticas de Estado. Sierra dice que el poder judicial debe hacer frente común para enfrentar los excesos del sistema presidencialista y lamenta que el Congreso haya perdido su función de control político.

La acumulación de tutelas y el llamado "choque de trenes" entre las cortes son otros temas.

¿Está en riesgo la institucionalidad del país?

Es equivocado afirmar o pensar que la Corte Suprema está generando una crisis de institucionalidad por el hecho de tomar decisiones sobre procesos penales. El origen de la crisis institucional está en la infiltración de los grupos paramilitares y guerrilleros. La crisis ha sido provocada por los hechos que la Corte investiga. Es lo mismo que ocurre con las tutelas. Hay miles y eso genera dificultades, pero la culpa no es de la tutela sino de los problemas que la originan.

¿Por qué hay exceso de tutelas?

Por las deficiencias en la prestación de derechos prestacionales, de salud, de educación, de pensiones. El Estado les deja a los particulares la prestación de esos derechos, pero conserva el control, la inspección y sanción de las empresas que lo prestan y eso lo hace principalmente a través de las superintendencias. La administración pública no está ejerciendo adecuadamente sus funciones de control, de inspección y vigilancia sobre los servicios públicos y, en general, sobre derechos prestacionales. Las superintendencias no resuelven de manera definitiva los problemas. El ciudadano, que siente afectados sus derechos y no encuentra atención ni respuesta en la administración, se ve obligado a acudir a los jueces a través de tutelas y acciones populares. Hay un problema grave en el ejercicio de las funciones de las superintendencias. Lo que sucede con la Superintendencia de Salud es quizá el ejemplo más diciente.

¿Usted considera responsables a las superintendencias del exceso de tutelas?

Sí. Como son ineficientes, la efectiva realización del Estado Social de Derecho colombiano es cada vez más un problema de los jueces y cada vez menos de la administración pública. Hay una especie de repliegue de esta. Eso está generando distorsiones graves en la rama judicial y en el Estado mismo. La ciudadanía protesta ante los tribunales y no ante las superintendencias, que son las verdaderas culpables. La administración pública les está trasladando a los jueces la solución de problemas que son del Ejecutivo. Esa es una distorsión profunda del Estado de derecho.

¿Y la solución?

Fortalecer las competencias y el número de funcionarios que cumplen funciones de control y vigilancia, de manera que sean capaces de dar respuestas ágiles.

¿El reciente comunicado de las altas cortes contra un 'supertribunal' no fue precipitado, toda vez que el Gobierno aclaró que esa propuesta no era suya?

El comunicado fue bien pensado y deliberado. Quiero destacar las ideas que lo inspiraron: es importante que los poderes públicos tengan estabilidad. La incertidumbre en las competencias, en el número de magistrados y en la estructura de la rama supone un cuestionamiento a la manera como estamos realizando nuestro trabajo. Eso genera inestabilidad. No se pueden lanzar propuestas indeterminadas de reforma a la Justicia si esto no se maneja con visión de Estado. Tales propuestas son expresión de improvisación y se asemejan más a amenazas que a políticas de Estado.

¿El comunicado de las altas cortes no deja al descubierto un franco enfrentamiento entre el poder judicial y el poder presidencial?

El comunicado pone de manifiesto la absoluta autonomía de la rama judicial. Expresa, esencialmente, la idea de que la rama judicial debe permanecer unida. Y debe hacerlo por dos motivos: en primer lugar, porque el Estado colombiano y su derecho están evolucionando rápidamente. Un derecho cambiante requiere que las naturales discrepancias sean resueltas con diálogo. En segundo lugar, porque debemos hacer frente común ante los excesos de nuestro inveterado sistema presidencialista. Es una forma de gobierno que se fortalece acumulando las funciones y competencias de otros órganos, y, en ocasiones, ganando legitimidad con el cuestionamiento de las actuaciones de otros órganos o ramas del poder. La rama judicial debe estar atenta y evitar que nos convirtamos en objeto de esta lógica de fortalecimiento del sistema presidencial. Además del espíritu de cuerpo, debemos los jueces ser transparentes, estar abiertos a las investigaciones y a dar respuesta a los cuestionamientos. Todos en este país -jueces, funcionarios, parlamentarios- tenemos que estar dispuestos a ser investigados.

¿Por qué clama por la unión del poder judicial?

La división de poderes está tomando características preocupantes, porque el Congreso no ejerce un adecuado control político. Muchos de los controles reales y efectivos los está ejerciendo la rama judicial y ese es un problema que genera distorsiones.

¿De qué manera la reelección ha afectado la división de poderes?

El Presidente tiene un periodo más estable y de mucho más tiempo que el resto de poderes públicos. Tenemos un Congreso con mesas directivas cuyo periodo es de solo un año. Tenemos una rama judicial donde los presidentes solamente tienen un año de ejercicio. Eso genera que en las relaciones interinstitucionales haya una posición de desequilibrio y mayor fuerza presidencial. Eso para darle un ejemplo de los desequilibrios en la estructura del Estado colombiano. Y no entremos en el campo de los nombramientos y su origen. El esquema actual está diseñado para conservar y potenciar el sistema presidencial.

Es decir, ¿en su opinión, una nueva reelección presidencial, acabaría totalmente con el equilibrio de los poderes?

No puedo referirme al tema de una nueva reelección, pero es evidente que una mayor permanencia en el cargo genera una desconfiguración de la división del poder que obliga a estar más atentos para evitar una concentración inconveniente para el buen desarrollo de la institucionalidad. Una larga permanencia del Presidente de la República sin mecanismos de compensación en los demás órganos del Estado genera distorsiones. La gran diferencia de periodos de los poderes provoca que el Congreso se encuentre débil institucionalmente y hace que la rama judicial y los órganos de control se vean expuestos a practicas de deslegitimación o cuestionamientos en sus competencias.

¿Me da un ejemplo?

El cuestionamiento de la existencia o de la estructura del Consejo Superior de la Judicatura es un hecho que debe ser analizado desde una perspectiva de juego de poderes. Si se debilita el Consejo, se debilita la autonomía judicial. Las pretensiones de tratar de suprimir el órgano que garantiza la autonomía administrativa de la rama es un típico ejemplo de cómo esos cuestionamientos se van acentuando.

¿Usted cree que una nueva reelección desbarata la Constitución?

Así como el Presidente no habla de eso, nosotros tampoco hablamos de eso.

¿Toda la estructura de la Constitución no está basada en un periodo presidencial de cuatro años?

Sin duda, la pasada reelección supuso una alteración profunda de la división de poderes en el Estado , acentuando el sistema presidencial y creando dificultades en las relaciones que debe tener con el resto de poderes públicos. Si eso se produjo en la primera reelección, no veo en abstracto porque no pueda producirse o acentuarse en una nueva reelección. Pero, insisto, sobre qué va a suceder ante una nueva reforma constitucional no me puedo pronunciar.

¿Cómo va el 'choque de trenes'?

Nuestra Constitución es joven y es normal que en un Estado pluralista haya diversidad de posiciones entre las distintas corporaciones. Ahora bien: todo el mundo debe entender que no tiene sentido la existencia de un control de constitucionalidad si no existen mecanismos de tutela contra providencias judiciales.

¿En qué van los diálogos con la Corte Suprema?

Hemos establecido un diálogo fluido y hemos hecho hasta lo imposible por tratar de que no se perturben estas conversaciones con las especulaciones de los medios.

¿Este es el único problema que enfrenta a las cortes?

No. La tutela contra providencias judiciales no es el único elemento de discusión en las relaciones entre las cortes. Los problemas de la justicia son muchos: la eficacia y la accesibilidad de la casación, la rapidez de la nulidad y de los procesos que están ante el Consejo de Estado son problemas muchísimo más importantes. Que la sección tercera del Consejo de Estado demore ocho años en fallar una demanda contra el Estado es un verdadero problema; que la casación utilice una técnica tan rigurosa que prácticamente no haya acceso a ella es otro problema de fondo. Tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema están trabajando en ese punto.

¿Hay en Colombia ausencia de control político?

La deficiencia del control político es evidente. La ausencia de controles legislativos, en razón de la mayorías que se manejan, también es evidente.

¿Y eso es bueno o malo?

Un Estado requiere de controles. Para que Colombia sea un Estado democrático no tiene otra alternativa que fortalecer el Congreso de la República a través del sistema electoral. Colombia no tiene hoy un código electoral. Esa es una deuda terrible, porque no puede hacerse política sin unas reglas plenas y claras en materia electoral. El sistema democrático parte de que el origen de los congresistas sea legítimo y transparente.

¿Usted cree que el Congreso ha perdido legitimidad?

Al margen de los problemas coyunturales del actual Congreso, le voy a dar una respuesta que puede ser bastante ilustrativa: muchas de las mas importantes instituciones de nuestra Constitución son expresión de una profunda desconfianza del constituyente en la legitimidad del Congreso: Colombia es el único país que tiene eso que se llama la "pérdida de investidura" de los congresistas.¿Qué significa eso? Que cualquier ciudadano puede cuestionar la dignidad de un congresista y esto se decide judicialmente. Insisto en la gravedad de la ausencia de controles efectivos en nuestro sistema electoral, en la compra y venta de votos, en la manera como se presentan las candidaturas y se obtienen las curules.

¿El mensaje fundamental suyo es ejercer control sobre el poder presidencial?

Controles efectivos entre todos los poderes y del Estado al sector privado son exigencias fundamentales para propiciar la grandeza de nuestro Estado.