'Hay que prohibir todas las reelecciones': Minjusticia

El Gobierno anuncia que vendrá una novedosa propuesta sobre reforma de ciertos aspectos de conformación y estructura de la justicia en Colombia. El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, enumera en la siguiente entrevista innovaciones que van desde el aumento de edad para ser magistrado hasta el aumento de edad para retirarse; desde la prohibición de todas las reelecciones, incluidas las del Presidente y el Procurador, hasta la obligatoria creación de la doble instancia independiente en todo proceso. El diálogo se inicia con la crisis carcelaria.

“El problema de las cárceles es estructural: hacinamiento, violación de derechos humanos. ¿Por qué hay tanta gente en la cárcel? ¿Seguimos resolviendo tensiones y conflictos sociales con el Código Penal? ¿Todo proceso penal necesariamente debe suponer privación de la libertad del sindicado? En ninguna parte del mundo es así”.

Entonces, ¿eliminar la detención hasta cuando termine el proceso?

Dejemos el Código Penal, la sanción penal, la cárcel para los delitos realmente graves. Hoy en día tenemos 125.000 internos, de los cuales el 35 por ciento están en detención preventiva. Se hizo una reforma del procedimiento con el llamado sistema penal acusatorio, en donde se decía que la idea era que el principio general fuera la libertad y, excepcionalmente, la cárcel. Eso no funcionó. ¿Qué hicimos en el Código Penitenciario? Flexibilizar ciertos beneficios –detención domiciliaria, suspensión condicional de la condena, libertad condicional– para permitir que procesados por delitos no graves tuvieran un proceso sin estar en la cárcel.

¿Por qué ningún gobierno ha podido resolver el problema del hacinamiento, con la fórmula más elemental: construyendo cárceles?

Evidentemente, el Estado no ha tenido una respuesta adecuada. Por ahora, estamos ampliando cupos con construcción con ingenieros militares y con un diseño que nos hizo la Universidad Nacional, que nos permitiría tener pronto 10.000 cupos nuevos para comenzar a resolver el problema ya. Hay proyectos detenidos en Acacías, Yopal, Popayán, porque la gente no deja, porque lo cree peligroso.

¿Por qué dice que la culpa del hacinamiento es el sistema penal acusatorio?

Parcialmente. Sus dos objetivos fundamentales eran agilidad y garantía de libertad, y no la cárcel, hasta cuando sea declarado culpable. Eso no funcionó plenamente. Hoy el proceso es más pesado: por eso la gente le dice ‘sistema penal aplazatorio’.

¿Y en materia de garantías?

Ahí está el informe que acaba de publicar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que el sistema acusatorio ha aumentado la detención preventiva. Lo que no podemos hacer es continuar con lo mismo, a pesar de que se ha demostrado su ineficiencia. Y no soy el único en decirlo.

¿Pero qué hacer si el sistema acusatorio ya se adoptó?

Eso no significa que deba permanecer como está. Hasta el propio presidente de la sala penal de la Corte, el doctor Leonidas Bustos, dijo que estaba comenzando a colapsar. Les pregunto a los colombianos: ¿Están contentos con lo que pasó en el caso de Sigifredo López? ¿Con lo ocurrido en el caso Colmenares? ¿Con lo que ha pasado en el caso del ‘carrusel’ de Bogotá? ¿Están contentos con lo que ha pasado en el caso de Interbolsa? Compare los éxitos de la Corte Suprema con el sistema anterior en la ‘parapolítica’ y las dificultades actuales con el nuevo sistema, que llevan más de 3 años en el juicio. Entonces, hay que aceptar que hay fallas y hacerle cambios estructurales, que no significa necesariamente la abolición del sistema.

¿Como qué tipo de cambios?

México nos da una lección, no por la vía política sino por la vía de las canciones: “Muy bonita cantinera, pero se te van los clientes”. Todo se mide por los resultados.

¿Y la cantidad de problemas que se han presentado con los jueces que dan casa por cárcel a peligrosos delincuentes, como lo ha denunciado EL TIEMPO?

Eso tiene que ver con la actitud misma de los jueces y yo sí quiero decir que aquí están pasando cosas raras: el Gobierno respeta la autonomía de los jueces, pero, como dijo el presidente Santos, la autonomía se entiende como independencia frente a los demás poderes: nadie le puede indicar a un juez desde el Gobierno, o desde el Congreso, cómo debe tomar una decisión, pero no puede alegar esa autonomía para violar la ley, ni para torcerle el pescuezo a la interpretación jurisprudencial. Esa autonomía no puede ser absoluta.

¿En esa crítica incluye el caso Petro?

Esa es harina de otro costal. El Gobierno respeta las decisiones judiciales y las disciplinarias; respeta la Constitución; respeta la ley, respeta los fallos de la Corte Constitucional, que dice que, cuando hay una decisión de la Procuraduría, el Presidente no tiene opción distinta a cumplirla. El alcalde Petro tiene pleno derecho a acudir a recursos que conceden la Constitución y la ley para defenderse; es un derecho legítimo. La utilización y los resultados de decenas de tutelas está demostrando que el señor Alcalde sí tiene recursos de defensa. Lo que no puede es desnaturalizarse la tutela por la vía de ejercer simultáneamente muchísimas tutelas sobre el mismo punto. En esto, el Gobierno espera la decisión unificada que debe tomar el Consejo de Estado y que no se afecte la seguridad jurídica.

En el caso de los jueces que dan libertades o conceden casas por cárcel, hasta el Presidente ha llamado públicamente la atención...

Hay una entidad para impedir que eso ocurra y actuar cuando pase: el Consejo de la Judicatura, sala administrativa. Es la que administra la carrera judicial y debe preocuparse por la escogencia de los jueces y, por lo que veo, no lo hace plenamente. La sala disciplinaria está autorizada para investigar a los jueces.

Pero no funciona ni la una ni la otra...

Por lo que estamos viendo, no han funcionado como es deseable.

¿Este problema de los jueces es estructural o de corrupción?

Hay de todo, pero no puedo generalizar. Hay estos casos, pero la inmensa mayoría de los jueces y los fiscales son personas capaces y son personas honradas.

EL TIEMPO denunció hace un par de días que un juez de Villavicencio le dio casa por cárcel a un jefe mafioso...

Así como lo presenta EL TIEMPO, sería un caso de prevaricato y deberían actuar ya el Consejo de la Judicatura y los organismos encargados de procesar penalmente a ese funcionario judicial. Si es, repito, como lo dice el diario.

¿Por qué no ha operado la reforma del Código Penitenciario que usted propuso?

Hay ya 4.000 solicitudes. Lo que pasa es que la decisión no la toma el Ministro de Justicia, sino los jueces de ejecución de penas o el juez del proceso. Le pedí al director del Inpec que instruya a todos los directores de cárcel. Vamos a permitir que las universidades se vinculen, para que quienes no tengan cómo pagar abogados reciban asesoría para hacer valer sus derechos.

Usted acaba de integrar una comisión para revisar la justicia. ¿De qué se trata?

Es un comité asesor que está integrado por los doctores Bernardo Gaitán Mahecha, uno de los juristas más completos que tiene el país, lúcido y claro; Guillermo Mendoza, que fue fiscal general; Jaime Córdoba, exvicefiscal y expresidente de la Corte Constitucional; Gustavo Zafra, exconstituyente y quien tiene incluso opiniones distintas a las mías; y Augusto Ibáñez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Busco que me asesoren en tres temas fundamentales: justicia transicional, reforma de la justicia y reformas penales.

Sobre el tema de justicia transicional, ¿para qué?

Para redactar los instrumentos, la ley estatutaria sobre el marco jurídico para la paz que debe dictarse una vez se consolide el proceso de paz en La Habana.

¿Pero de todas maneras habrá penas?

El Presidente ha dicho que habrá justicia, verdad, reparación y respeto a los compromisos internacionales del país. Dentro de esos marcos nos vamos a mover.

¿Y en qué consiste la reforma de la justicia en la que lo asesorarán?

Hay que establecer la segunda instancia en todo proceso y el arancel judicial para inyectarle más recursos a la rama. El Presidente ya dijo que hay que quitarles todas las funciones electorales a las cortes. Los magistrados son los más interesados en que no los pongan a elegir procurador, fiscal, auditor, contralor, sino que los dejen fallar como en todas partes del mundo. El gobierno Santos ha avanzado ya en la reforma de la justicia con el Código Contencioso Administrativo y el Código General del Proceso y el Arancel Judicial, entre otros. El otro aspecto es el constitucional.

¿Entonces sí viene una reforma de la justicia? Uno, ajustar el sistema penal acusatorio; dos, eliminar las elecciones de funcionarios públicos por las altas cortes; y tres...

El periodo de los magistrados y la edad de retiro forzoso. Hoy tienen un periodo de 8 años. Hay que ir a 12. Lo que no se puede es incluir a los actuales, que fue el error de la anterior reforma. Hay que aumentar la edad para llegar a las altas cortes en forma tal que lo último que haga un jurista en su vida sea ser magistrado. Hoy están saliendo exmagistrados a los 45 años.

¿Y unificar esas edades en las cortes?

Es que hoy en día hay una cosa muy curiosa: una edad de retiro forzoso de los 65 años para el Consejo de Estado y Corte Suprema, y otra para la Constitucional, que dijo que esa edad era solamente para los funcionarios antes de la Constitución y que, como la Corte Constitucional fue creada posteriormente, no se les aplica.

¿Tiene razón el magistrado Mauricio González en proponer la unificación?

Creo que tiene toda la razón: hay que unificar todo.

¿Todo?

No tiene sentido que se prohíba la reelección de Fiscal, Contralor y magistrados, y se permita la del Procurador. Y sobre edad de retiro, la esperanza de vida de los colombianos es mucho más alta. Es más: creo que una persona debe ser magistrado cuando ya esté libre de pasiones; para garantizar la independencia, para que ya no lo puedan conquistar con nada...

¿A usted qué edad le gusta como mínima para llegar a las cortes?

Cuarenta y cinco, 50 años; y retiro a los 70, 72. Eso vendría en la reforma, al lado de otras cosas como modificar el sistema de juzgamiento de los altos funcionarios del Estado. No se trata de eliminar la Comisión de Acusación, sino de crear un organismo judicial que pueda hacer la investigación al margen de que la comisión tome la decisión política.

¿Y que lo haga qué organismo?

Un ente judicial; esto es válido para el Presidente, para quienes tienen fuero, para magistrados de altas cortes. Ellos son partidarios de que exista una entidad judicial confiable que los juzgue, en vez de juicios ante la opinión pública. Otra cosa que hay que hacer es establecer la doble instancia para todo el mundo, incluidos los miembros del Congreso. La Corte hoy investiga, encarcela, acusa y sentencia.

¿Y en el caso del Procurador, que solo se puede apelar ante él mismo?

También debe haber una segunda instancia válida. No debe haber fallos que no tengan doble instancia independiente. Eso es lo que le da garantía al ciudadano.

¿Usted es partidario de que se prohíban todas las reelecciones?

Sí. Volver al espíritu inicial de la Constitución del 91 y prohibirlas.

¿También la del Presidente...?

Él no se la inventó. Es más, no he hablado con él, pero estoy casi seguro de que si los colombianos reeligen al presidente Santos, él mismo presentaría ese proyecto para prohibir la reelección inmediata; de pronto ampliar el periodo a 6 años. Agregaría: permitir que haya una posibilidad de revocatoria de mandato después de la mitad del periodo. El espíritu de la Constitución del 91 era prohibir todas las reelecciones: Presidente, magistrados, Contralor, Fiscal, gobernadores, alcaldes... Y como parece que a última hora se les estaba venciendo el término de la Constituyente, se les olvidó el Procurador. Fue olvido. No decisión consciente.

¿Si el presidente Santos es reelegido, sería la última reelección?

Pues mire: sería la segunda vez en que el presidente Santos sería el último en utilizar una institución; fue el último primer designado y ahora sería el último presidente reelegido.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO