Se han aprobado 20 reformas tributarias en los últimos 12 años y eso no tiene ninguna presentación

El debate que existe es si se debe expedir un decreto que prorrogue para el próximo año el presupuesto vigente o si el monto debe ser el mismo que propuso el Gobierno al Congreso para el año próximo. El tema lo decidirá la próxima semana el propio Presidente de la República.

Simultáneamente, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, en diálogo con este cronista para EL TIEMPO, hizo un llamado al Gobierno Nacional para priorizar en el presupuesto la inversión "para una adecuada reactivación económica frente, también, a un recorte en gastos de funcionamiento".

¿Por qué dice la Contraloría que el presupuesto está desequilibrado?

El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2025, que radicó el Ministerio de Hacienda, tiene dos componentes: ingresos y gastos. Para esta vigencia, en gastos se radicó por $ 523 billones y en ingresos, o fuentes de recursos, por $ 511 billones. En esto consiste el desequilibrio, pues los ingresos y gastos deben ser iguales. La diferencia para igualar el monto de los gastos equivale a $ 12 billones, los cuales se prevé financiar mediante la ley de financiamiento. La ley permite que los presupuestos se presenten desfinanciados, siempre y cuando estén acompañados de una ley de financiamiento que cubra el faltante.

¿Cuáles son los riesgos que tiene la definición del presupuesto de 2025 por decreto?

Si el Congreso no aprueba la ley de financiamiento que cubre los $ 12 billones faltantes del Presupuesto General de la Nación, el Gobierno, conforme al artículo 55 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, deberá suspender las apropiaciones sin financiación. Además, si no se aprueba esta ley, el presupuesto deberá reducirse en $ 12 billones para evitar un déficit.

¿Qué pasa con las propuestas que el Congreso hizo a ese proyecto de presupuesto?

Proposiciones hechas hasta el primer debate son archivadas y no se toman en cuenta.

¿Muchas o algunas entidades se verán afectadas?

Depende del curso que tome la discusión de la ley de financiamiento. Existen dos panoramas: si se aprueba la ley de financiamiento, las entidades continuarán con su presupuesto proyectado para 2025 y no se afectarán sus apropiaciones. Si no se aprueba la ley de financiamiento, las entidades que tengan presupuestados parte de estos recursos deberán ajustarse al nuevo monto, afectando su programación de gastos originales, por lo que necesariamente verán afectado su funcionamiento normal. Lo anterior, sumado a la disminución que se realizó en el proyecto de presupuesto de inversión presentado, que pasó de $ 100 billones en 2024 a $ 87 billones en el proyecto de 2025, por lo que algunos sectores y entidades verían de todos modos disminuidos sus recursos.

¿Qué hará la Contraloría frente al presupuesto de gastos del Gobierno?

La Contraloría seguirá de cerca el proceso presupuestal para garantizar el buen uso de los recursos públicos. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para ajustar el gasto según las metas de recaudo y evaluar la asignación de recursos acorde con la capacidad operativa de las entidades, evitando la baja ejecución como la del Presupuesto General de la Nación en agosto de 2024, que fue del 54,84 %, y en inversión, solo del 34,32 %. Solo 34,32 % en inversión. Bajísimo. Una vez aprobado el presupuesto de 2025, realizaremos un seguimiento constante de su ejecución.

¿De todas maneras parece ser indispensable una ley de financiamiento o reforma tributaria?

La Constitución dice que, cuando el presupuesto está desequilibrado o desfinanciado, el Gobierno Nacional podrá proponer por separado a las mismas comisiones que estudian el proyecto de ley de presupuesto uno para obtener recursos adicionales creando nuevas rentas o modificando las existentes para financiar el monto de gastos contemplados. Se justifica la ley de financiamiento.

Pero el Gobierno necesita, además, hacer un recorte en sus gastos. ¿De qué monto?

Si el Gobierno asegura los $ 523 billones con la ley de financiamiento, no habrá recorte para 2025. Si no se obtienen todos los recursos, el gasto deberá reducirse en la proporción no financiada, afectando principalmente la inversión, clave para la reactivación económica. Si el Congreso no aprueba la ley, el presupuesto tendría que reducirse en $ 12 billones para evitar un déficit. Además, la Contraloría destaca la baja ejecución actual y sugiere priorizar la eficiencia sobre la ambición en la asignación de recursos.

¿Ya tienen algún comentario sobre ese proyecto de ley de financiamiento?

La Contraloría General de la República analizó el proyecto de ley de financiamiento y señala que de los $ 11,8 billones propuestos, $ 4,9 billones provendrán de impuestos, $ 5,3 billones de crédito, si se anticipa la regla fiscal, y $ 1,6 billones de mejoras en la operatividad de la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales).

¿De todas maneras, parece claro que el Estado requiere más recursos?

Aunque la reactivación económica es clave, recomendamos que el proyecto se enfoque en obtener los recursos adicionales necesarios para equilibrar el presupuesto de 2025.

¿Es decir, proponer más impuestos a través de la llamada ley de financiamiento?

En este tema debo hacer un llamado a tomar medidas presupuestales a largo plazo y no para solucionar crisis momentáneas. En Colombia se han aprobado 20 reformas tributarias en los últimos 12 años, y eso no tiene ninguna presentación. Se dan reformas tributarias o leyes de financiamiento para sostener o para solucionar problemas que son coyunturales de uno o dos años y pasado ese tiempo nos vemos abocados nuevamente a otra reforma tributaria. Esta es una práctica recurrente que hay que terminar.

¿Ve usted viable una reducción en el impuesto de renta para las empresas?

Los cambios en el impuesto de renta para personas jurídicas reducirían el recaudo, con una caída de $ 340.000 millones en 2025 y de hasta $ 7,4 billones en 2030, debido a la disminución de la tarifa general y un nuevo esquema de tarifas marginales. Aunque esto podría impulsar la competitividad y el crecimiento económico, no resolverá el desequilibrio fiscal.

Otro tema: ¿estamos en un momento de seguridad energética compleja?

Así es. No hay duda de esto. Tenemos señales desde todos los sectores energéticos: hay escasez creciente de gas; tenemos niveles de almacenamiento estratégico de combustibles bajos, lo que provocó el problema del combustible para aeronaves; están bajando las reservas y no se están encontrando nuevas; a eso súmele la decisión del Gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración, cuando lo aconsejable sería iniciar una transición energética responsable y sostenible yendo hacia una disminución en el uso de hidrocarburos; al tiempo que se asegura que las nuevas fuentes de energía renovables se encuentren operativas de forma eficiente y económica. Por último, a ese panorama se agrega la decisión judicial que suspendió exploraciones del pozo Uchuva 2.

¿Deberían tomarse medidas para enfrentar esa situación?

Aquí el reloj corre y las medidas no dan espera. El fenómeno de La Niña aún no se ha presentado y continúan bajando los niveles de embalses; los proyectos de transmisión eléctrica han sufrido retrasos por licencias ambientales. En fin, todo esto indica que se está complicando la seguridad energética del país. Y no solo es lo que ha concluido la Contraloría a través de sus estudios. Cuando J. P. Morgan baja la calificación de la acción de Ecopetrol confirma lo que hemos venido advirtiendo, pues muestra dentro de sus motivaciones una creciente incertidumbre política.

¿Cuáles serían los efectos posibles de esa situación?

Tristemente, muchas de las situaciones que advertimos hace tiempo hoy se han consolidado. Por ejemplo, advertimos del riesgo de desabastecimiento en gas e hidrocarburos, solicitamos desde octubre del año pasado que nos indicaran cuáles eran las medidas para garantizar la energía en caso de un fenómeno de El Niño prolongado, hemos manifestado la importancia técnica e institucional de que la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas) estuviera con los comisionados completos y no en interinidad. Igualmente, advertimos que era importante pagar la opción tarifaria y los subsidios, además de que las entidades públicas pagaran las deudas a los prestadores porque no hacerlo impacta en el costo de la tarifa y en la prestación del servicio y hoy vemos como Air-e es intervenida.

Pero, muy concretamente, ¿el país tiene hoy seguridad sobre su futuro energético?

Tengo que insistir en que se requiere fortalecer la seguridad energética del país y no arriesgarla con cuentas optimistas sobre la transición energética, cuando el país debe prepararse desde ya para una eventual caída en los recaudos de regalías como consecuencia de una futura disminución de la producción petrolera, si no se toman medidas adecuadas para contrarrestarla, a lo que se suma la baja de otros recursos provenientes del sector minero-energético. Los análisis que hemos hecho sobre transición y seguridad energética nos permiten afirmar que, si bien la transición energética es un objetivo importante y loable, el país no debe sacrificar su seguridad energética para conseguir estos fines, pues la energía es la sangre de la economía.

¿Y qué hacer para mantener la generación de energía?

Si a hoy no tenemos con qué suplir los recursos del presupuesto que nos da la actividad minero-energética, ni tenemos claridad de las actividades concretas que se van a realizar, nos estamos haciendo el harakiri, perdiendo credibilidad como país, y eso afecta la inversión no solo la extranjera, sino incluso la nacional. Sin energía no hay economía y sin economía no hay cómo hacer la transición.

Además, hay que considerar el efecto climático que pueda llegar...

El panorama climático requiere acciones, es cierto, pero en el contexto global el aporte de Colombia al problema y a la solución de la crisis es muy pequeño, tanto que no se notaría así cambiemos totalmente la matriz energética del país, la cual, es importante aclarar, es bastante más limpia que la de la mayoría de los países, incluso los desarrollados.

Muchas clínicas y hospitales que están en crisis se preguntan: ¿dónde está la plata que el Gobierno le adeuda al sistema y por qué la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) no se las ha girado directamente como se les prometió?

Con relación a los recursos adeudados, en el marco del control concomitante y preventivo, la Contraloría solicitó a los ministerios de Hacienda y Salud informar el estado de la deuda con los aseguradores, en donde señalan que por concepto de UPC (Unidad de pago por Capitación, que es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social) se han efectuado los giros mensuales sin novedades o retrasos. Y en cuanto a los recursos que financian los presupuestos máximos, el Ministerio de Salud ha solicitado las necesidades adicionales al Ministerio de Hacienda para garantizar el flujo de caja a la Adres por este concepto en un monto que asciende a $ 819.000 millones de la vigencia 2022, suma que el Ministerio de Hacienda deberá garantizar y que ya está autorizada vía Confis (Consejo Superior de Política Fiscal). De la vigencia 2023 no hay deuda pendiente y con relación a la vigencia 2024, el Ministerio de Salud nos señala que se están adelantando los trámites administrativos para girar lo correspondiente a los meses de julio y agosto, por un valor de $ 640.000 millones.

¿Cuál es su propuesta para que les llegue la plata a las clínicas y hospitales?

Desde mi despacho se convocó al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Salud y a la Adres, y nos manifestaron su compromiso para garantizar el cierre financiero en esta vigencia. 

Yamid Amat