‘‘Santrich’ y los otros traicionaron a las víctimas y la paz'

607 personas acudieron voluntariamente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para someterse a su juicio, ya que actuaron como terceros en el conflicto armado en el país. De ellos, 103 fueron agentes del Estado, pero no miembros de la Fuerza Pública. Esta revelación la hizo a EL TIEMPO la presidenta de esa justicia especial, la jurista Patricia Linares. También informa que en Hidroituango van a establecer posibles lugares de inhumación de personas desaparecidas. El diálogo comienza con el caso 'Santrich'.

¿Qué tan responsable fue el tribunal para la paz, o JEP, de la fuga de 'Santrich'?

Ni la Jurisdicción Especial para la Paz ni ninguna de las instancias judiciales que han tenido que adoptar decisiones en el caso que usted menciona son responsables de la fuga de 'Santrich'. Con esa decisión, no solo traicionaron a las víctimas, al proceso de paz que ayudaron a diseñar, a la comunidad internacional y a más de 10.000 de sus compañeros que están desmovilizados, en proceso de reinserción a la vida civil, cumpliendo a cabalidad con sus compromisos y obligaciones, sino que quedaron inmersos en un escenario delictivo ajeno a los compromisos que asumieron con el Estado de derecho, por lo que deben ser perseguidas y sancionadas como lo ordena la Constitución y la ley.



¿La presencia en Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la semana pasada, supone una reafirmación pública del apoyo a la JEP?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha acompañado el proceso de paz de Colombia desde su etapa de diseño, ha hecho una observación objetiva y crítica que ha orientado y fortalecido al sistema. Su visita esta semana sin duda fue una manifestación de reconocimiento y apoyo, dado que valoran nuestro trabajo y nuestro propósito de garantizar justicia y reparación para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, a través de un modelo de justicia restaurativa, innovador, en el que ellas son el centro y la razón de ser. Su presidente, por ejemplo, nos dijo que 'América Latina y el mundo pueden sentirse orgullosos de la existencia de la JEP'.

Pero ¿la Corte, en su defensa de los derechos humanos, busca responsabilidades individuales en delitos como crímenes de guerra y de lesa humanidad?

No. La competencia de la Corte IDH es subsidiaria, ella se ocupa de analizar la responsabilidad que eventualmente pueda tener un Estado frente a graves violaciones de derechos humanos acaecidas en su territorio, las cuales en países en conflicto pueden traducirse en crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad; ellos no se ocupan de la responsabilidad penal individual de actores armados que participaron activamente en una guerra interna como la que ha vivido nuestro país, esa, en nuestro caso, es la tarea de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Los terceros podían acudir directamente a la JEP y presentar su solicitud, y lo han venido haciendo, el balance que tenemos a la fecha es el siguiente: 607 solicitudes

El viernes pasado se venció el plazo para que terceros del conflicto armado en Colombia puedan optar por presentarse ante la JEP...

Con el Fiscal General decidimos expedir un comunicado el pasado 10 de julio, en el cual se detallaba el procedimiento por seguir; de ese ejercicio daremos cuenta mañana lunes informándole a la ciudadanía el resultado. Vale aclarar que los terceros podían acudir directamente a la JEP y presentar su solicitud, y que lo han venido haciendo, el balance que tenemos a la fecha es el siguiente: 607 solicitudes, de ellas 103 corresponden a agentes del Estado no miembros de la Fuerza Pública.

¿Qué va a pasar con los que decidieron no postularse?

Los terceros que decidieron no postularse y que están siendo investigados o procesados y están a disposición de un fiscal o un juez seguirán en la justicia ordinaria. Aquellos que en el futuro sean vinculados a procesos relacionados con delitos que tengan relación directa o indirecta con el conflicto armado, cometidos antes del 1.° de diciembre de 2016, tendrán tres meses, a partir del inicio de esos procesos, para someterse voluntariamente a la JEP.

¿En qué está la propuesta del Centro Democrático de que haya una sala especial para juzgar a los miembros de la Fuerza Pública investigados?

Recientemente, una congresista de ese partido presentó un proyecto de reforma constitucional en el que se crea una sala especial y cuatro secciones, incluida una de apelaciones, que modificarían la composición del tribunal para la paz. Respecto del trámite, entiendo que en la Comisión Primera del Senado se optó por una ponencia colectiva, que están elaborando los distintos partidos; en el caso del partido de 'la U', a cargo del senador Barreras, y en el caso del Partido Liberal, del senador Velasco.

También entiendo que se ha considerado la realización de una audiencia pública, pero aún no hay decisiones al respecto. Sobre el contenido puedo decirle que varias de sus disposiciones van en contravía del acuerdo de paz, y que al modificar la composición y las competencias de cada una de las salas y secciones de la JEP, se estarían afectando los principios de inescindibilidad y de integralidad del sistema, los cuales fueron incorporados a nuestra Constitución avalados por la Corte Constitucional.

Además, crearía una situación de inseguridad jurídica para los miembros de la Fuerza Pública al modificar el régimen de condicionalidad que la Corte Constitucional consideró como necesario para acceder a los beneficios del sistema y generaría una enorme sensación de desconfianza en los procesos al crear instancias especiales para militares, que en otras experiencias han sido consideradas como contrarias a las normas y estándares internacionales.


¿Qué es lo que dice concretamente la Corte Constitucional?

Que no puede existir una justicia especial diferenciada para los militares, que se pueda leer como propuesta de amnistías disfrazadas o indultos; eso hace mucho tiempo que lo superó el derecho internacional.

Entonces, ¿qué sentido tiene el proyecto que cursa en el Congreso?

La verdad, con todo respeto, debo decir que no entiendo cuál es el propósito.

Al modificar la composición y las competencias de cada una de las salas y secciones de la JEP, se estarían afectando los principios de inescindibilidad y de integralidad del sistema

¿El proyecto es inconstitucional?

En mi criterio sí, es inconstitucional.

¿Cuáles fueron las conclusiones de la reciente reunión de la JEP con la jerarquía eclesiástica?

Tuvimos una valiosa oportunidad de diálogo, en el que pude explicar cuál es el alcance de la jurisdicción, qué es lo que hacemos, de qué se trata la justicia restaurativa, cuáles son los objetivos y límites de la JEP, qué deben esperar las víctimas de nuestro trabajo y qué no. Ellos expresaron sus inquietudes, sus preocupaciones sobre el proceso de implementación y con lo que pueda suceder en el país; me preguntaron sobre muchos temas pues, como nosotros, aspiran a que trabajemos en conjunto y avancemos en el fin superior que es lograr la paz.

¿Cuál es el debate sobre la proporcionalidad de las sanciones al que se ha referido el Presidente de la República?

En la justicia ordinaria se busca que la sanción que se imponga, por la comisión de graves delitos, se traduzca en privación de la libertad y que las penas impuestas supongan reclusión en cárceles por períodos que sean proporcionales al daño causado; cuanto más daño, más castigo. A la justicia transicional se le impone también aplicar ese principio de proporcionalidad, solo que, como lo enseña el filósofo y jurista Robert Alexy, "... a mayor contribución a la paz, a la verdad y a la reparación, mayores posibilidades de perdón...". Ese perdón no admite impunidad, todos los comparecientes ante la JEP recibirán una sanción, que no necesariamente implicará privación de la libertad, pero sí restricción de derechos, siempre y cuando aporten a la verdad, contribuyan a la reparación y a las garantías de no repetición. El señor Presidente ha insistido en la necesidad de garantizar esa proporcionalidad; así debemos hacerlo en la jurisdicción, entendiendo que lo aplicamos en la lógica que corresponde a la justicia transicional, cuyas sanciones están consignadas y descritas en la Constitución y la ley.

¿Es cierto que hubo nueva solicitud de ingreso a la JEP de 'Simón Trinidad'?

Ricardo Palmera fue un reconocido miembro de las Farc, acreditado por la OACP, como tal suscribió el acta de sometimiento a la JEP en el 2017; actualmente está cumpliendo una condena de 60 años en los Estados Unidos por el secuestro de los tres contratistas norteamericanos. El abogado norteamericano que lo representa en ese país acudió a la JEP, se reunió con la relatora del caso 01, con el presidente de la Sala de Reconocimiento y conmigo y solicitó incorporar a su cliente en el mismo, dada la disposición de su cliente de aportar toda la verdad que conoce en materia de secuestro; así mismo pidió ser reconocido como abogado defensor suplente en Colombia, lo que es viable de acuerdo con la ley estatutaria, y sus solicitudes se tramitarán como lo ordena la ley.

¿Y qué hay de Mancuso? Está a punto de regresar por cadena cumplida...

Él presentó una solicitud de sometimiento que inicialmente se tramitó en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la cual le dio traslado a la Sala de Reconocimiento, que la tiene en consideración.


¿Y el caso de 'Macaco'?

De acuerdo con la información que tengo, él presentó recientemente una solicitud de sometimiento a la JEP, ante la Sala de Definición. Está en trámite.

¿Y Santofimio? ¿Y el caso del general Maza?

Sobre las solicitudes de estas dos personas ya hubo en ambos casos decisiones de primera instancia que negaron su admisión en la jurisdicción, estas fueron apeladas y están en trámite en la Sección de Apelación.

¿Y sobre los 'parapolíticos'?

A aquellas personas comprometidas con estructuras paramilitares que además desempeñaban cargos públicos se les exige un aporte a la verdad, contundente y significativo, para ser admitidas en la JEP. Se trata de una excepción con la que se pretende garantizar al máximo el propósito principal del sistema, que no es otro que acceder a una verdad plena, como tal reparadora y esclarecedora.

¿Usted ha conversado con el presidente Duque sobre el video?

Sí.

Ese perdón no admite impunidad, todos los comparecientes ante la JEP recibirán una sanción, que no necesariamente implicará privación de la libertad, pero sí restricción de derechos

¿Cuál fue el mensaje de él a la JEP, qué le pidió?

Desde el mismo jueves que se conoció el video tuve la oportunidad de conversar con el señor presidente Duque, comentamos sobre la gravedad de lo ocurrido y sobre la necesidad de una respuesta contundente de toda la institucionalidad frente a una decisión abiertamente ilegal, contraria a la Constitución y a la ley, que, le reitero, traicionó los propósitos del proceso de paz. Me pidió que lo más pronto posible la jurisdicción tomara las decisiones que le corresponden. En esa dimensión, las distintas instancias competentes en la JEP están trabajando en sesiones extraordinarias y han avanzado adoptando las decisiones pertinentes, siempre respetando la Constitución y la ley. Esto permitió, por ejemplo, que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, ese mismo día, reactivara las órdenes de captura que pesan sobre esas personas y le solicitara a la Fiscalía proceder en consecuencia, pues por tratarse de conductas acaecidas después del 1.° de diciembre de 2016 son competencia de la justicia ordinaria.

¿La JEP, entonces, está trabajando de manera armónica con el gobierno?

El jueves pasado, en el discurso que el señor presidente Duque pronunció en la instalación del Encuentro de la Jurisdicción Contenciosa, que se realizó en Santa Marta, señaló expresamente dos cosas que me parecen de la mayor importancia: la primera que "... la justicia es la piedra angular para la construcción de la paz en la sociedad", y la segunda, que su tarea, la de la justicia, es "brindarle al ciudadano la tranquilidad de que existe un pacto social, un acuerdo social", ese mensaje debe convocarnos a todos sin distinción a defender la Constitución, en la que está consignado ese pacto social, un pacto que incluye el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, cuya vigencia y funcionamiento se imponen como necesarios en el camino que debemos recorrer hacia la paz.

Finalmente, ¿qué es lo que busca la JEP en Hidroituango?

Establecer los posibles lugares ilegales de inhumación de personas víctimas de desaparición forzada, en los municipios de incidencia del proyecto Hidroituango, identificar posibles riesgos y dictar las medidas de protección pertinentes; ello, atendiendo las denuncias de víctimas, organizaciones y habitantes de la región.

YAMID AMAT