Impunidad en Colombia es superior al 90 %: advierte el presidente de la JEP
Hace 5 días
El proyecto de reforma a la justicia que el presidente Juan Manuel Santos y su ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas, acaban de presentar a las altas cortes, podría ser el primer tropezón de la plataforma de gobierno del nuevo mandatario.
El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Escobar, expone serias objeciones a varios puntos de la reforma.
Escobar, quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia (1999), rechaza la supresión de Judicatura, no ve con buenos ojos que abogados y notarios sean jueces temporales, rechaza la propuesta de reforma a la tutela y lanza una original idea para acabar con el choque entre las cortes Constitucional y Suprema por los fallos de tutela contra sentencias de las altas cortes.
¿Para qué sirve el Consejo Superior de la Judicatura?
Está encargado fundamentalmente de dos labores: una administrativa y otra disciplinaria. En la primera tiene como tareas manejar el presupuesto, el plan de la rama judicial, la carrera judicial y los bienes de la rama. En la disciplinaria tiene una labor de control de los funcionarios judiciales, magistrados, jueces, fiscales y abogados que ejercen su profesión.
La Corte Suprema tiene prestigio, la Corte Constitucional tiene mucho prestigio, el Consejo de Estado tiene prestigio. ¿Por qué no lo tiene la Judicatura?
Posiblemente porque su función de control disciplinario y sancionar le originan malquerencias. Además, así como en el Ejecutivo el Ministerio de Hacienda es impopular, en el poder judicial lo somos nosotros porque manejamos presupuestos y nadie está contento con lo que recibe.
Pero es que a nivel de la opinión la Judicatura tampoco tiene prestigio...
Hacia el exterior es innegable que se ve afectada por una mala prensa, que destaca y explota los aspectos que pueden ser negativos o polémicos y desconoce en absoluto los logros y virtudes.
¿Cuál es el presupuesto que ustedes manejan?
El presupuesto asignado para este año eran 1,8 billones de pesos, de los cuales nos recortaron 72.000 millones, lo que ha paralizado importantes proyectos. Jamás ha habido una denuncia ni investigación sobre malos manejos.
Mientras los magistrados de la sala administrativa tienen su origen en las demás cortes, los de la disciplinaria lo tienen en el Congreso. ¿Ese cordón umbilical entre magistrados y parlamentarios no puede ser una de las razones del desprestigio?
La sala disciplinaria tiene un origen que suele identificarse como político, porque nomina el Presidente de la República y elige el Congreso en pleno. Pero el tema de la elección no depende tanto de donde provenga sino del acierto en la elección. En ninguna de las cortes los magistrados tienen compromisos con su origen, sea nombramiento o elección. El compromiso del magistrado es con el deber que tiene de impartir justicia.
El magistrado de la sala disciplinaria Jorge Armando Otálora ha propuesto que los magistrados de este consejo no sean nominados por el Presidente para liberarlos del sesgo político que ese origen pueda dar, sino que sean los magistrados de las altas cortes quienes nominen a través de ternas que envíen al Congreso. ¿Qué opina?
Me parece una buena alternativa para solucionar un problema de imagen ante la opinión. También podría pensarse en una integración semejante a la de la Corte Constitucional, con participación incluso del Gobierno. Pero del sistema actual debe rescatarse la concepción del control de las otras ramas hacia la judicial.
En el caso de la tutela, el proyecto del Gobierno de reforma de la justicia plantea la admisión de tutelas contra sentencias judiciales. ¿Ustedes aceptan que la Corte Constitucional es el órgano de cierre, como lo sostienen sus magistrados?
En materia de tutela de los derechos fundamentales, la Corte Constitucional es órgano de cierre.
La Corte Suprema sigue sin aceptar esa posición...
Esa es una postura filosófica de la Corte Suprema. Ese es uno de los temas más importantes para concertar entre las altas cortes, porque la Corte Suprema sigue manteniendo su idea de que es órgano límite en casación, órgano final, que sus decisiones ya no admiten ningún recurso, ni siquiera la tutela. Igual, la Corte Constitucional mantiene la tesis de que su función es el control de constitucionalidad de cualquier acto del legislador, de autoridad administrativa y judicial.
¿Su posición cuál es?
Que necesitamos encontrar una solución a este conflicto que afecta a la ciudadanía, un canal de comunicación institucional entre las dos cortes. Que se cree una especie de sala de revisión conjunta, conformada por las dos cortes, cuando haya conflicto por un fallo de tutela contra una sentencia.
¿Pero está de acuerdo con el texto del proyecto de reforma sobre las tutelas?
El proyecto establece que puede haber tutelas contra sentencias de altas cortes presentadas ante la propia Corte, pero con revisión de la Corte Constitucional. Prefiero la fórmula que acabo de proponer.
El presidente Santos dijo ante ustedes que la Judicatura debe acabarse. ¿Cuál es su opinión?
El Presidente fue muy respetuoso al presentar su propuesta. En los mismos términos, le dijimos que estábamos en absoluto desacuerdo con esa idea y le expresamos varias razones, tanto desde el punto de vista de la sala disciplinaria como desde el punto de vista de la sala administrativa para que revisara o repensara el proyecto. Me pareció entenderle al Presidente que él podría revisar la propuesta, pero que su interés era que el tema se discutiera en una mesa de diálogo que se va a abrir.
¿Qué puntos expusieron para oponerse a la idea?
Que la eliminación del Consejo Superior constituye un grave error. Implicaría un pernicioso retroceso. Se desperdiciaría una valiosa experiencia en materia administrativa y disciplinaria. Es que el modelo que se quiere borrar ha producido una carrera judicial bastante eficiente en los procesos de selección y en el cubrimiento. Y una escuela judicial reconocida internacionalmente. En lo disciplinario implicaría desmontar un sistema labrado por muchos años, conformado por un alto número de excelentes magistrados seccionales de carrera. Quienes juzgan a los jueces deben ser también jueces de alta jerarquía y no funcionarios de tipo administrativo, como los procuradores. La responsabilidad de juzgar la conducta de los abogados no debe asignarse de la noche a la mañana a colegiaturas sin experiencia. Lo mejor es reforzar y perfeccionar el sistema actual.
¿Por qué su objeción a que la función de vigilancia sea asumida por la Procuraduría?
Para juzgar jueces hay que ser juez; hay que conocer sobre manejo de los procesos, tener conocimiento de cómo se estructuran. Un funcionario de la Procuraduría no es juez.
¿Con qué reformas a la Judicatura estaría de acuerdo?
Entre otras cosas, estimo pertinente que se aumente el número de magistrados, tanto de la sala disciplinaria como de la administrativa, y para esta quizás los magistrados deban designarse con asignaciones específicas. Es indispensable generar mayores lazos funcionales entre las dos salas o, en otros términos, la sala plena debe tener varias atribuciones adicionales a las que tiene. En lo administrativo es indispensable revisar la relación del Consejo Superior con los consejos seccionales.
¿Por qué la Corte Constitucional se ha visto obligada a revocar varios fallos de la Judicatura, por ejemplo, cuando la sala disciplinaria intentó meterse en un caso de parapolítica para absolver?
Fue una situación excepcional. El esquema judicial históricamente parte de la base de la falibilidad del juez; o sea, el juez se puede equivocar; de lo que se trata es de reducir al máximo la probabilidad de error. Quien dice la última palabra es el que se supone que no se equivoca, pero si usted ve, hay decisiones de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema que cualquier ciudadano puede cuestionar porque no le parecen ajustadas a la Constitución.
La defensa que hace de la Judicatura podría alguien entenderla como una defensa de su puesto...
¡Por favor! Es una defensa institucional del tribunal, que hago con el ánimo de proteger la administración de justicia y porque consideramos que para su correcto funcionamiento es indispensable mantener su autonomía. Somos el órgano límite en el tema disciplinario y establecemos la jurisprudencia sobre el asunto.
¿Cuántas sanciones han ordenado en lo que va del año?
Para abogados, 908; para funcionarios, 155.
¿Qué sancionan?
Distintos tipos de faltas a la ética en los abogados y faltas en el cumplimiento de los deberes legales de los funcionarios. Se imponen multas, suspensiones, amonestaciones y destitución en el caso de los funcionarios. Desde luego, no conducirán necesariamente a sanción. Actualmente se manejan 12.000 quejas sobre detención domiciliaria. Para los abogados hay exclusiones, suspensiones, censuras y amonestaciones.
¿Cuál es el origen de la sanción más generalizada en los abogados?
La utilización de dineros recibidos para el cliente y el descuido de los negocios
¿Y en los magistrados?
La mora, la inasistencia, no aplicar las normas.
La Corte Suprema, en su útima sesión, encontró que ustedes no cumplieron la ley al enviar las listas para elegir nuevos magistrados de la misma Corte. La ley 581 del 2000 ordena que para la designación en los cargos que deban proveerse por el sistema de lista se incluirán hombres y mujeres, en igual proporción. Ustedes propusieron muchísimos más hombres...
Es lo que tradicionalmente hemos hecho, porque se presentan más hombres.
¿Tradicionalmente violan la ley?
Debe tenerse en cuenta que las listas se elaboran mediante elección de las personas inscritas, en igualdad de condiciones.
¿Cuál cree que es la gran reforma que necesita la justicia?
La verdadera y única es que se vuelva prioritaria para el Estado, porque hoy no lo es. Hemos pedido 3 billones para el 2011 y nos dan 1,9 billones.
¿Por qué piden ese presupuesto?
Lo requerimos para realizar todo lo que el Congreso expidió en materia de justicia; la autonomía administrativa está limitada porque dependemos del presupuesto que nos asigne el Gobierno.
Desde cuando se creó la Judicatura, en la Constitución del 91, ¿cuántas veces han querido liquidarla?
Han presentado siete proyectos para eliminarla.
Lo cual demuestra que hay, por lo menos, sospechas de que no funciona bien...
Esas sospechas, si las hay, se tienen que acabar porque el altísimo porcentaje de los servidores de la Judicatura son o van a ser de carrera.
¿Funcionan las recomendaciones en la Judicatura?
En Colombia ningún funcionario ni entidad están exentos de que les hagan recomendaciones, pero el criterio para la selección es objetivo.
¿La Judicatura debe continuar?
Debe continuar para beneficio de la justicia. Con todo respeto, creo que el Presidente de la República y su Ministro del Interior y de Justicia están equivocados al proponer su eliminación.
No hay ninguna razón que justifique su abolición, y sí muchísimas que explican su permanencia . Se debería pensar mejor en instrumentos que nos permiten acelerar y conducir a la excelencia el trabajo de las dos salas de la Judicatura, para bien del ciudadano que acude a la justicia, que lo único a lo que aspira es a que se le atienda pronta y cumplidamente.
¿La justicia en Colombia es morosa?
En muchos casos sus decisiones se demoran por excesos de procesos, por proliferación de demandas y denuncias y falta de jueces, fiscales y magistrados. Sólo en Bogotá hay 32 jueces laborales y desde hace años se requieren mínimo 45. Claro, todo se atrasa.
Por eso nos gustó la creación de juzgados de pequeñas causas, pero necesitamos más recursos para implementarlos, así como para descentralizar los despachos y crear un juzgado en cada municipio.
¿Y la idea del Gobierno de que notarios y abogados ejerzan función de jueces?
No me llama la atención, aunque no descarto que eventualmente conozcan algún proceso.
¿Y elevar los periodos de los magistrados a 12 años y la edad de retiro a los 70, también la apoya?
Estoy de acuerdo, pero eso no soluciona los verdaderos problemas de la justicia.
¿Desea que el proyecto de reforma que anuncia el Gobierno eliminando la Judicatura fracase?
Sí.
¿Y qué piensa hacer la Judicatura para que eso ocurra?
Vamos a recorrer todos los escenarios que se requiera visitar, a aceptar todas las citaciones o invitaciones que nos hagan, vamos a asistir con diligencia a las mesas de diálogo sobre la justicia que se van a abrir, y si es necesario, iremos hasta el Congreso a defender la justicia, que significa también la defensa del Consejo Superior de la Judicatura.
YAMID AMAT
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
* El Reportaje de Yamid no aparecerá los próximos dos domingos.
El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Escobar, expone serias objeciones a varios puntos de la reforma.
Escobar, quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia (1999), rechaza la supresión de Judicatura, no ve con buenos ojos que abogados y notarios sean jueces temporales, rechaza la propuesta de reforma a la tutela y lanza una original idea para acabar con el choque entre las cortes Constitucional y Suprema por los fallos de tutela contra sentencias de las altas cortes.
¿Para qué sirve el Consejo Superior de la Judicatura?
Está encargado fundamentalmente de dos labores: una administrativa y otra disciplinaria. En la primera tiene como tareas manejar el presupuesto, el plan de la rama judicial, la carrera judicial y los bienes de la rama. En la disciplinaria tiene una labor de control de los funcionarios judiciales, magistrados, jueces, fiscales y abogados que ejercen su profesión.
La Corte Suprema tiene prestigio, la Corte Constitucional tiene mucho prestigio, el Consejo de Estado tiene prestigio. ¿Por qué no lo tiene la Judicatura?
Posiblemente porque su función de control disciplinario y sancionar le originan malquerencias. Además, así como en el Ejecutivo el Ministerio de Hacienda es impopular, en el poder judicial lo somos nosotros porque manejamos presupuestos y nadie está contento con lo que recibe.
Pero es que a nivel de la opinión la Judicatura tampoco tiene prestigio...
Hacia el exterior es innegable que se ve afectada por una mala prensa, que destaca y explota los aspectos que pueden ser negativos o polémicos y desconoce en absoluto los logros y virtudes.
¿Cuál es el presupuesto que ustedes manejan?
El presupuesto asignado para este año eran 1,8 billones de pesos, de los cuales nos recortaron 72.000 millones, lo que ha paralizado importantes proyectos. Jamás ha habido una denuncia ni investigación sobre malos manejos.
Mientras los magistrados de la sala administrativa tienen su origen en las demás cortes, los de la disciplinaria lo tienen en el Congreso. ¿Ese cordón umbilical entre magistrados y parlamentarios no puede ser una de las razones del desprestigio?
La sala disciplinaria tiene un origen que suele identificarse como político, porque nomina el Presidente de la República y elige el Congreso en pleno. Pero el tema de la elección no depende tanto de donde provenga sino del acierto en la elección. En ninguna de las cortes los magistrados tienen compromisos con su origen, sea nombramiento o elección. El compromiso del magistrado es con el deber que tiene de impartir justicia.
El magistrado de la sala disciplinaria Jorge Armando Otálora ha propuesto que los magistrados de este consejo no sean nominados por el Presidente para liberarlos del sesgo político que ese origen pueda dar, sino que sean los magistrados de las altas cortes quienes nominen a través de ternas que envíen al Congreso. ¿Qué opina?
Me parece una buena alternativa para solucionar un problema de imagen ante la opinión. También podría pensarse en una integración semejante a la de la Corte Constitucional, con participación incluso del Gobierno. Pero del sistema actual debe rescatarse la concepción del control de las otras ramas hacia la judicial.
En el caso de la tutela, el proyecto del Gobierno de reforma de la justicia plantea la admisión de tutelas contra sentencias judiciales. ¿Ustedes aceptan que la Corte Constitucional es el órgano de cierre, como lo sostienen sus magistrados?
En materia de tutela de los derechos fundamentales, la Corte Constitucional es órgano de cierre.
La Corte Suprema sigue sin aceptar esa posición...
Esa es una postura filosófica de la Corte Suprema. Ese es uno de los temas más importantes para concertar entre las altas cortes, porque la Corte Suprema sigue manteniendo su idea de que es órgano límite en casación, órgano final, que sus decisiones ya no admiten ningún recurso, ni siquiera la tutela. Igual, la Corte Constitucional mantiene la tesis de que su función es el control de constitucionalidad de cualquier acto del legislador, de autoridad administrativa y judicial.
¿Su posición cuál es?
Que necesitamos encontrar una solución a este conflicto que afecta a la ciudadanía, un canal de comunicación institucional entre las dos cortes. Que se cree una especie de sala de revisión conjunta, conformada por las dos cortes, cuando haya conflicto por un fallo de tutela contra una sentencia.
¿Pero está de acuerdo con el texto del proyecto de reforma sobre las tutelas?
El proyecto establece que puede haber tutelas contra sentencias de altas cortes presentadas ante la propia Corte, pero con revisión de la Corte Constitucional. Prefiero la fórmula que acabo de proponer.
El presidente Santos dijo ante ustedes que la Judicatura debe acabarse. ¿Cuál es su opinión?
El Presidente fue muy respetuoso al presentar su propuesta. En los mismos términos, le dijimos que estábamos en absoluto desacuerdo con esa idea y le expresamos varias razones, tanto desde el punto de vista de la sala disciplinaria como desde el punto de vista de la sala administrativa para que revisara o repensara el proyecto. Me pareció entenderle al Presidente que él podría revisar la propuesta, pero que su interés era que el tema se discutiera en una mesa de diálogo que se va a abrir.
¿Qué puntos expusieron para oponerse a la idea?
Que la eliminación del Consejo Superior constituye un grave error. Implicaría un pernicioso retroceso. Se desperdiciaría una valiosa experiencia en materia administrativa y disciplinaria. Es que el modelo que se quiere borrar ha producido una carrera judicial bastante eficiente en los procesos de selección y en el cubrimiento. Y una escuela judicial reconocida internacionalmente. En lo disciplinario implicaría desmontar un sistema labrado por muchos años, conformado por un alto número de excelentes magistrados seccionales de carrera. Quienes juzgan a los jueces deben ser también jueces de alta jerarquía y no funcionarios de tipo administrativo, como los procuradores. La responsabilidad de juzgar la conducta de los abogados no debe asignarse de la noche a la mañana a colegiaturas sin experiencia. Lo mejor es reforzar y perfeccionar el sistema actual.
¿Por qué su objeción a que la función de vigilancia sea asumida por la Procuraduría?
Para juzgar jueces hay que ser juez; hay que conocer sobre manejo de los procesos, tener conocimiento de cómo se estructuran. Un funcionario de la Procuraduría no es juez.
¿Con qué reformas a la Judicatura estaría de acuerdo?
Entre otras cosas, estimo pertinente que se aumente el número de magistrados, tanto de la sala disciplinaria como de la administrativa, y para esta quizás los magistrados deban designarse con asignaciones específicas. Es indispensable generar mayores lazos funcionales entre las dos salas o, en otros términos, la sala plena debe tener varias atribuciones adicionales a las que tiene. En lo administrativo es indispensable revisar la relación del Consejo Superior con los consejos seccionales.
¿Por qué la Corte Constitucional se ha visto obligada a revocar varios fallos de la Judicatura, por ejemplo, cuando la sala disciplinaria intentó meterse en un caso de parapolítica para absolver?
Fue una situación excepcional. El esquema judicial históricamente parte de la base de la falibilidad del juez; o sea, el juez se puede equivocar; de lo que se trata es de reducir al máximo la probabilidad de error. Quien dice la última palabra es el que se supone que no se equivoca, pero si usted ve, hay decisiones de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema que cualquier ciudadano puede cuestionar porque no le parecen ajustadas a la Constitución.
La defensa que hace de la Judicatura podría alguien entenderla como una defensa de su puesto...
¡Por favor! Es una defensa institucional del tribunal, que hago con el ánimo de proteger la administración de justicia y porque consideramos que para su correcto funcionamiento es indispensable mantener su autonomía. Somos el órgano límite en el tema disciplinario y establecemos la jurisprudencia sobre el asunto.
¿Cuántas sanciones han ordenado en lo que va del año?
Para abogados, 908; para funcionarios, 155.
¿Qué sancionan?
Distintos tipos de faltas a la ética en los abogados y faltas en el cumplimiento de los deberes legales de los funcionarios. Se imponen multas, suspensiones, amonestaciones y destitución en el caso de los funcionarios. Desde luego, no conducirán necesariamente a sanción. Actualmente se manejan 12.000 quejas sobre detención domiciliaria. Para los abogados hay exclusiones, suspensiones, censuras y amonestaciones.
¿Cuál es el origen de la sanción más generalizada en los abogados?
La utilización de dineros recibidos para el cliente y el descuido de los negocios
¿Y en los magistrados?
La mora, la inasistencia, no aplicar las normas.
La Corte Suprema, en su útima sesión, encontró que ustedes no cumplieron la ley al enviar las listas para elegir nuevos magistrados de la misma Corte. La ley 581 del 2000 ordena que para la designación en los cargos que deban proveerse por el sistema de lista se incluirán hombres y mujeres, en igual proporción. Ustedes propusieron muchísimos más hombres...
Es lo que tradicionalmente hemos hecho, porque se presentan más hombres.
¿Tradicionalmente violan la ley?
Debe tenerse en cuenta que las listas se elaboran mediante elección de las personas inscritas, en igualdad de condiciones.
¿Cuál cree que es la gran reforma que necesita la justicia?
La verdadera y única es que se vuelva prioritaria para el Estado, porque hoy no lo es. Hemos pedido 3 billones para el 2011 y nos dan 1,9 billones.
¿Por qué piden ese presupuesto?
Lo requerimos para realizar todo lo que el Congreso expidió en materia de justicia; la autonomía administrativa está limitada porque dependemos del presupuesto que nos asigne el Gobierno.
Desde cuando se creó la Judicatura, en la Constitución del 91, ¿cuántas veces han querido liquidarla?
Han presentado siete proyectos para eliminarla.
Lo cual demuestra que hay, por lo menos, sospechas de que no funciona bien...
Esas sospechas, si las hay, se tienen que acabar porque el altísimo porcentaje de los servidores de la Judicatura son o van a ser de carrera.
¿Funcionan las recomendaciones en la Judicatura?
En Colombia ningún funcionario ni entidad están exentos de que les hagan recomendaciones, pero el criterio para la selección es objetivo.
¿La Judicatura debe continuar?
Debe continuar para beneficio de la justicia. Con todo respeto, creo que el Presidente de la República y su Ministro del Interior y de Justicia están equivocados al proponer su eliminación.
No hay ninguna razón que justifique su abolición, y sí muchísimas que explican su permanencia . Se debería pensar mejor en instrumentos que nos permiten acelerar y conducir a la excelencia el trabajo de las dos salas de la Judicatura, para bien del ciudadano que acude a la justicia, que lo único a lo que aspira es a que se le atienda pronta y cumplidamente.
¿La justicia en Colombia es morosa?
En muchos casos sus decisiones se demoran por excesos de procesos, por proliferación de demandas y denuncias y falta de jueces, fiscales y magistrados. Sólo en Bogotá hay 32 jueces laborales y desde hace años se requieren mínimo 45. Claro, todo se atrasa.
Por eso nos gustó la creación de juzgados de pequeñas causas, pero necesitamos más recursos para implementarlos, así como para descentralizar los despachos y crear un juzgado en cada municipio.
¿Y la idea del Gobierno de que notarios y abogados ejerzan función de jueces?
No me llama la atención, aunque no descarto que eventualmente conozcan algún proceso.
¿Y elevar los periodos de los magistrados a 12 años y la edad de retiro a los 70, también la apoya?
Estoy de acuerdo, pero eso no soluciona los verdaderos problemas de la justicia.
¿Desea que el proyecto de reforma que anuncia el Gobierno eliminando la Judicatura fracase?
Sí.
¿Y qué piensa hacer la Judicatura para que eso ocurra?
Vamos a recorrer todos los escenarios que se requiera visitar, a aceptar todas las citaciones o invitaciones que nos hagan, vamos a asistir con diligencia a las mesas de diálogo sobre la justicia que se van a abrir, y si es necesario, iremos hasta el Congreso a defender la justicia, que significa también la defensa del Consejo Superior de la Judicatura.
YAMID AMAT
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
* El Reportaje de Yamid no aparecerá los próximos dos domingos.