'Más de mitad de inmuebles incautados al narcotráfico están invadidos'

Colombia posee el más grande inventario del mundo de bienes del narcotráfico que han sido decomisados y están en poder del Estado, o en otros casos ocupados. Son más de 64.000 activos, entre bienes muebles, inmuebles, sociedades, semovientes, etc.

Ya fueron declarados en extinción de dominio 5.700. Y están en proceso otros 59.109 bienes. Estas revelaciones son hechas por la jurista María Virginia Torres de Cristancho, actual directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que maneja todos los bienes incautados al narcotráfico. Pero hay una declaración absolutamente sorprendente: la extinción de dominio de los bienes del narcotráfico no está funcionando. Y urge dinamizar los procesos. Dice, por ejemplo: "Si a partir de hoy se recuperara un bien invadido al día, se tardarían diez años en la recuperación de todo lo invadido". Por su tarea ha sido amenazada de muerte.

La directora Torres es especialista en política de suelo para América Latina y tiene un posgrado en derecho administrativo de la Universidad de Salamanca, en España.

La historia triste de la Dirección Nacional de Estupefacientes no puede repetirse.

En la Sociedad de Activos Especiales creamos una metodología basada en procesos y sistema administrador, no de inventario, con la aplicación de procesos automatizados y, en el sistema, un mecanismo de asignación automática de activos para poner en cintura a cada depositario y empezar a corregir esa triste historia.

¿Pero la llamada enajenación temprana no desconoce todos los trámites?

La enajenación temprana es un mecanismo que se fortaleció en la Ley 1849 del 2017, que permite, teniendo en cuenta los tiempos de los procesos de estos bienes, vender antes de que se declare la extinción de dominio.

Y si tengo que dar la vida, por la transparencia y por demostrar que sí se puede ser servidor público y sí se puede ser honesto y sí se puede decir que no, la daré.

¿Cómo se llegó a la enajenación temprana o por qué razón es sana para la administración de los bienes?

Colombia tiene un inventario absurdo de bienes en extinción de dominio. En 2014 recibimos 100.000 activos en extinción de dominio; de esos, el 7 por ciento se encontraban extintos a favor del Estado, lo que quiere decir que el 93 por ciento de estos bienes están en procesos de administración por unos tiempos muy largos, impidiendo su venta y la generación de recursos para la Nación.

¿Cuántos bienes están administrando?

En este momento son más de 64.000, entre muebles, inmuebles y sociedades. En ese inventario hay unos bienes que son icónicos, que llevan muchos años, por ejemplo, Chinauta Resort con 30 años, y ahí sigue el proceso.

Pero Drogas La Rebaja ya está saneada.

Drogas La Rebaja ha sido un ejemplo exitoso de buena administración, aún se encuentra en proceso, en segunda instancia.

¿Cuántos bienes tienen extinción de dominio y cuántos están en proceso?

Hoy tenemos alrededor de 5.700 activos extintos, de los cuales 3.000 son inmuebles extintos y, de esos, 1.144 son rurales y no se pueden comercializar porque tienen destinación específica para víctimas, paz y restitución de tierras.

¿Y eso se está cumpliendo?

Digamos que ha sido lento el proceso.

¿No funcionan como ustedes querrían que funcionaran?

Indudablemente, no, y lo entendemos porque los 1.144 bienes rurales extintos son una carga muy difícil de administrar; los invaden, los recuperamos, vuelven y los invaden y no fluyen hacia los destinatarios. Hay una oportunidad de mejorar.

¿Cuántos bienes hay en Colombia en proceso de extinción?

Hoy hay 59.111 activos. Representan el 91 por ciento del inventario.

¿Por qué demora tanto?

Los procesos son complicados, y la justicia no cuenta con suficientes jueces y magistrados. Hay procesos de extinción que llevan 30 años.

¿Cuánto le valen al Estado el mantenimiento, la conservación, la vigilancia, la inspección, la administración de los bienes que tiene en su poder?

En gastos directos, entre 80.000 y 100.000 millones de pesos al año, o sea, en impuestos, obras, desalojos, administración... Mire: nosotros recibimos, en 2014, 19.819 predios que visitamos uno a uno, y detectamos que el 46 por ciento estaban en ocupación.

¿Cuántos de los bienes sometidos a extinción de dominio hoy, o que pueden ser sometidos a la extinción, están invadidos o perdidos?

Hoy, la SAE tiene 23.054 inmuebles, de los cuales el 51 por ciento están con ocupación ilegal, muchos de ellos al recibirlos están ocupados.

¿Y quién los ocupaba?

Testaferros, infractores que nunca salieron de ahí, arrendatarios que tenían los dueños originales y se quedaron ahí. Los mismos dueños originales, que están regresando por sus propiedades y tratan de recuperar sus tierras. Yo he firmado 6.000 resoluciones de desalojo de bienes ocupados. Eso es, más o menos, el 60 por ciento de lo que está ocupado.

¿Es fácil desalojar?

No. Es un proceso complejo, demorado y costoso. Puede tardar meses la coordinación después de dictado el acto administrativo. Hemos tenido casos que se vuelven curiosos, en los que un juez de tutela ordena parar el desalojo, otro ordena desalojarlo y un tercero pide un juicio; mire: hemos atendido más de 919 tutelas contra los desalojos.

Aparte de eso, hay toda una serie de movimiento de abogados; de, incluso, a veces, los mismos personeros, o mismos políticos locales, que nos torpedean las diligencias de desalojo. Una diligencia de desalojo de un bien rural puede valer 200 millones de pesos, porque hay que ir con mil autoridades, la policía, operadores, maquinas, hasta con los camiones para el trasteo.

¿Cuánto dura un proceso de extinción, más o menos, en promedio?

Entre 8 años y 30 años. Hay un cuello de botella en la segunda instancia, porque solo hay una sala en el país, aquí en el Tribunal Superior en Bogotá, con solo 4 magistrados, que son los que atienden todos los procesos.

Los procesos son complicados, y la justicia no cuenta con suficientes jueces y magistrados. Hay procesos de extinción que llevan 30 años

¿La tutela es el instrumento que impide el normal funcionamiento de la SAE?

Sí, señor, en gran medida, para evitar la recuperación y ahora en la enajenación temprana. Nosotros hemos puesto ante las autoridades varios casos de jueces. Yo creo que nos gastaríamos unos 10 años recuperando todo lo que está invadido, suponiendo que pudiéramos hacer un desalojo diario. Es absurdo ese proceso, esto no puede seguir funcionando así.

¿Qué es lo que no puede seguir funcionando así?

La recuperación de bienes; tenemos que inventarnos algo para poder recuperar los bienes de una manera eficiente; hoy no hay otra forma que los desalojos. Respetamos los mecanismos establecidos en la ley, hechos para garantizar los derechos de las personas, pero no se puede permitir que sean usados para obstaculizar la acción de recuperación de bienes.

Mejor dicho, la extinción de domino en Colombia no está funcionando bien.

No.

¿Qué es lo que se debe hacer para que funcione?

Pensar en dinamizar los procesos de extinción de dominio por vía jurisdiccional.

¿A quién le corresponde eso?

Principalmente, a la Rama Judicial. A la jurisdicción especializada en la extinción de dominio. Hay jueces de extinción de dominio en todo el país que atienden los procesos, que se han incrementado, pero se debe hacer descongestión para que se dinamice y que la segunda instancia se mueva más rápido, con más jueces.

Es decir, ¿abreviar el tiempo del proceso de extinción?

Sí, pero eso no es suficiente, tenemos que hacer un mecanismo de coordinación institucional que incluya a la Rama Judicial para poder restituir todo lo que se encuentra con ocupación ilegal; nunca proponemos violar los derechos de defensa a nadie, sino hacer más eficiente el tema de recuperación. Creo que lo que estamos haciendo en este momento es muy importante, y si lo logramos consolidar, va a ser seguramente el mecanismo para bajar este inventario tan importante. Nosotros, con la credibilidad que tenemos con Estados Unidos, obtuvimos más de 2 millones de dólares de la agencia americana antilavado, para un proyecto de venta masiva.

¿Venta masiva de bienes?

Sí. Para disminuir este inventario. Es el más grande del mundo de este tipo.

¿El más grande inventario de bienes del narcotráfico?

Del mundo, sí. Y además con un alto porcentaje de bienes que están sin decidir su futuro, y eso es muy complejo. Demasiada carga administrativa y un costo muy alto para el Estado.

Usted dice que es el más grande, ¿qué es lo más grande?

Tenemos más de 64.000 activos de diferentes tipologías (sociedades, inmuebles, divisas, semovientes, etc.) en proceso y con extinción de dominio.

¿64.000?

Sí. Inmuebles, sociedades, establecimientos de comercio, muebles, semovientes.

¿Y todos se pueden vender?

No. Y ese es el problema. Solo se puede vender lo que está extinto, que equivale solo al 9 por ciento de los bienes incautados.

Pero con la enajenación temprana se puede vender...

En algunos casos, la ley indica en cuáles, son siete situaciones en las que se puede enajenar de manera temprana. Por ejemplo, hemos vendido 10.000 cabezas de ganado y tenemos en este momento 13.413 semovientes para la venta, que no podemos sacarlos todos porque afectaríamos gravemente el mercado. Hoy tenemos en venta inmuebles extintos y en proceso por cerca de un billón de pesos a través la Central de Inversiones (Cisa) y de manera directa. En el portal en internet de la SAE, que direcciona a la página de Cisa, se pueden ver, y las subastas son públicas. Hay inmuebles que son top. Por ejemplo, estamos vendiendo un inmueble en Mamonal, Cartagena. Le hemos hecho toda la publicidad, lo hemos anunciado en todas las ferias. Tiene 107 hectáreas, vale 419.000 millones. Otro inmueble top es Carlos Holguín, que queda en Medellín. Vale 60.000 millones de pesos, funciona para vivienda. Y otro ejemplo es el Club San Fernando, de Cali, que cuesta 30.000 millones.

¿Y El Prado está en venta?

No, El Prado es un inmueble del Estado. Es patrimonio nacional.

¿Usted ha sido amenazada?

Sí, señor. Cuando empezamos a verificar el inventario, a determinar que había inmuebles con ocupación ilegal, a notificar desalojos y a remover depositarios que incumplían; a hoy son más de 412 los que sacamos, empezaron a llegar las amenazas. En tres ocasiones me han amenazado a mí y a mi familia. En una de ellas, me dieron 48 horas para que me fuera del país; para que "despegara". En otra fueron más queridos, me dieron dos semanas. Pero aquí seguimos. Hoy en día no solo matan; hay otras formas de hacer daño, como la difamación.

¿Quién la nombró directora de la Sociedad de Activos Especiales?

El doctor Juan Ricardo Ortega me invitó a trabajar con él en la Dian. Se hizo una labor anticorrupción muy importante que finalmente le costó al doctor Ortega la salida del país; se fue y no ha vuelto. El ministro Cárdenas me conoció en la Comisión Mixta Tributaria y Aduanera y un día me preguntó: '¿Usted sabe qué es la SAE?'. Y yo le dije: 'No, no tengo ni idea'. Ahí me dijo: 'Mire, aquí hay un AZ; ¿por qué no estudia esto?, y le damos 15 días para que decida si le interesa'. Dios me dio el don de ordenar las cosas, y acepté. Pero nunca dimensioné el peligro. Y hoy le digo, después de tantas amenazas: yo no le tengo miedo a morirme si vale la pena. Y creo que, si me matan, valió la pena mi trabajo y el de todo el equipo de técnicos que han trabajado conmigo estos 5 años.

¿Y quiere seguir al frente del cargo exponiendo su vida?

Si Dios dispone que siga ahí, sí. Y si tengo que dar la vida, por la transparencia y por demostrar que sí se puede ser servidor público y sí se puede ser honesto y sí se puede decir que no, la daré. He podido estar 5 años sin pasar al teléfono ni atender políticos, tengo 68 cámaras en 5 pisos, todo lo que se habla y se dice en la SAE se graba, incluidos los teléfonos internos. Todas las llamadas que entran y salen están grabadas, y al público lo atendemos en una sala que está totalmente monitoreada. Se puede decir que no y se puede ser decente.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO