'Podemos ayudar a crear reglas de juego muy claras para el Catatumbo', dice la ONU

Las Naciones Unidas decidieron ofrecer su mediación para facilitar la reanudación del diálogo entre el Gobierno y las fuerzas que protestan en el Catatumbo.

Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, considera que la crisis ha sido originada por un asunto de “terminología” para definir los dos sectores.

“Realmente las posiciones no están lejanas y no es imposible llegar pronto a un acuerdo”. Reconoce que, “como en todo el mundo, cuando hay protestas masivas pueden aparecer entidades que traten de aprovechar políticamente las protestas”.

Howland, con varias maestrías en economía y administración de empresas, desempeña el cargo en Colombia desde enero del año pasado.

La participación de la ONU en la vigilancia del respeto a los derechos humanos en el país, fue solicitada por el Gobierno de Colombia hace tres años, y precisamente ese mandato vence el próximo 31 de octubre. Por ello, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay, llega el martes próximo para dialogar sobre la prolongación del mandato.

¿Cómo definiría usted la situación en el Catatumbo?

No es muy diferente a la de varias regiones del país. Hay un gran problema en Colombia: su desarrollo favorece las áreas urbanas. En las áreas rurales sigue el desequilibrio social desde hace muchos años. Me refiero al atraso en servicios públicos, educación y salud. Si la gente en Bogotá se queja mucho de la calidad en servicios públicos, imagínese el estado de los servicios en el Catatumbo.

¿A qué regiones se refiere cuando habla de similitud con Catatumbo?

Por ejemplo, zonas afectadas por el conflicto armado: Nariño, Cauca, Putumayo, Chocó. Pero como en Medellín, Cali, Bogotá se vive otra realidad, se desconoce la situación precaria de derechos humanos en esas regiones.

¿Qué hacer con esta situación?

Comenzar por examinar la situación dentro del marco legal de derechos humanos. Se podrá ver entonces que hay un problema muy grande porque Colombia tiene un ingreso mediano alto, según el Banco Mundial. Este es un país que tiene riqueza, que tiene recursos, que tiene agua, que tiene minería y combustibles, pero también hay obligaciones sociales que atender. Es natural que cuanto más dinero haya, debería haber menos pobreza. El crecimiento de la economía es extraordinario, pero en el campo no cambia nada. Ahí hay un problema de derechos humanos porque no mejoran las condiciones de vida.

Normalmente, un país con un ingreso mediano alto tiene un nivel de pobreza del 25 o 30 por ciento. Zonas del Pacífico en Colombia tienen más del 80 por ciento de la población en estado de pobreza. Es grave la desigualdad que existe aquí en Colombia. Y ese no es solamente un problema moral, es un problema de derechos humanos.

Pero el Gobierno, precisamente, ha centrado sus planes de desarrollo en la lucha contra la pobreza. Algo se está haciendo en ese sentido...

Es muy importante que este gobierno haya reconocido el problema. Una crisis no se puede resolver sin reconocerla. Esto no se puede cambiar en un día. Por eso quisiera decir lo siguiente sobre la protesta social en general: el Gobierno reconoce que existe un problema de pobreza y abandono en varias zonas. Ese reconocimiento provocó una expectativa muy grande de la población que pensó que las cosas iban a cambiar de un día a otro. La realidad no es así, porque es imposible hacerlo. Hay una dificultad cuando un gobierno dice “vamos a tratar este problema”. Pero el problema tiene décadas y décadas de existir. ¿Qué hacer? Reconocerlo, como lo ha hecho el Gobierno, y comenzar poco a poco a mejorar la situación sin crear frustración en la gente que está sufriendo violaciones a sus derechos. Hoy la población tiene más espacio para exigir sus derechos. Antes tenía miedo de expresarse. Frente a los acuerdos que el Gobierno ha logrado con los indígenas en Cauca y en Nariño, y los que debe lograr con los campesinos en Catatumbo, haremos todo lo necesario para que sean exitosos.

¿Podría la ONU ayudar en la reanudación del diálogo?

La ONU apoya el escenario de la negociación. Nosotros podemos ayudar en este sentido y buscaremos maximizar nuestra contribución. Como no existe confianza entre las partes, podríamos tratar de crear un puente de diálogo y de facilitación.

¿Las soluciones solo se lograrán con el diálogo?

Sí. Roto el diálogo, debemos redoblar nuestros esfuerzos para reiniciarlo. No solamente hablar sino crear confianza. El problema en Cauca no fue tanto que no hubiera acuerdos, sino la creencia de que el Gobierno no cumpliría. La gente que está en movilización debe tener fe en el Gobierno. Si no, nos exponemos a que crean que este gobierno es igual a todos los otros. Ahí es donde tenemos que ser más contundentes, en razón de nuestra experiencia, para facilitar la creación de reglas de juego muy claras, crear un mecanismo de seguimiento de acuerdos muy concretos y que haya una entidad –que puede ser la Iglesia, o podemos ser nosotros o cualquier otra entidad que tenga credibilidad con los dos lados– que pueda facilitar la implementación, poco a poco, de estos acuerdos.

Usted, como Comisionado, denunció excesos de la Fuerza Pública. Y sus opiniones fueron rechazadas por el Gobierno, que las consideró “inoportunas y temerarias”. También el director de la Policía, general León, dijo que la Fuerza Pública actuó dentro de los protocolos de los derechos humanos…

Sí. Es que hay violencia y hay que evitarla por todos los medios. Estamos totalmente dispuestos para facilitar que los dos lados se sienten a dialogar, hasta lograr un acuerdo que pueda comenzar a crear confianza. En el Cauca nuestra posición fue de garantes del proceso.

¿En que consistió la preocupación de la ONU por los que llamó “excesos de la Fuerza Pública”? ¿Es autora de la muerte de cuatro campesinos?

Estos cuatro campesinos murieron por lesión de un rifle, un arma de alta velocidad…

¿Confirmó Naciones Unidas que fueron disparos de la Fuerza Pública?

¿Hoy en día en Colombia quién tiene esa arma? La Fuerza Pública, las Farc, el Eln y las ‘bacrim’. Expresamos preocupación porque el ataque habría, repito, habría podido ser de la Fuerza Pública. ¿Qué organismo debe investigar quién disparó? La Fiscalía. Le hemos recomendado a la Fiscalía esa investigación. Deben examinar si el uso de la Fuerza Pública fue apropiado o si hubo excesos.

¿Qué tipo de limitaciones debe tener el uso de la Fuerza Pública?

Solamente puede utilizar la fuerza letal cuando, en una manifestación, policías o soldados se sienten amenazados de muerte. Ellos fueron atacados y es posible que hayan disparado para defender sus propias vidas. Por eso es importante que la Fiscalía abra una investigación.

Es que también hubo heridos graves en la Fuerza Pública…

Hubo heridos por piedras, machete y bombas explosivas. No tenemos reportes de tiros contra la Fuerza Pública.

¿Qué fue realmente lo que originó el choque?

Llegaron de tres protestas distintas: Tibú estaba protestando por corrupción del Alcalde y el pésimo nivel de servicios públicos. Ocaña protestaba contra el programa de erradicación de coca, y el tercer grupo se manifestaba en favor de las reservas campesinas. Después, mucha gente llegó para hacer parte de toda esta protesta mostrando su frustración por su realidad.

¿Cree que hubo infiltración de la guerrilla?

Es probable que marcharan personas de diferentes ideologías. Es difícil decir si se filtró la guerrilla o no. Eran 15.000 personas protestando. Pero es usual en todo el mundo que, ante protestas masivas, haya entidades que traten de aprovechar políticamente estas protestas.

¿Por qué cree que persiste el problema?

Hay un problema más de lenguaje que de profundas diferencias. El Gobierno ya mostró estar dispuesto a hacer una inversión muy grande en vías, apoyo a pequeños productores, mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos. Y estos hablan de sus derechos económicos, servicio de salud, educación y una vida digna, donde se pueda producir y puedan vender sus productos. Las dos posiciones no son lejanas. El problema que surgió es el lenguaje. Por ejemplo, es claro que hay un malentendido sobre qué son las reservas campesinas. Que las hayan pedido en el proceso de La Habana las hace aparecer como la salvación.

¿Debe el Gobierno aceptar las reservas campesinas?

Eso es decisión del Gobierno. Lo que digo es que el problema de negociación ahora es la terminología. Por ejemplo, me parece que unos sectores piensan que son zonas de despeje y eso es absurdo. Nada que ver. Están cambiando la definición de reserva campesina que está en la Ley 160 del 94, sobre desarrollo rural. Es un asunto de terminología. Puede ser que la reserva campesina de la que están hablando en La Habana sea más una idea de resguardo campesino que cambia la jurisdicción del marco legal existente.

¿Y cuál es su posición sobre la erradicación de cultivos ilícitos?

Esos cultivos estaban fomentando economía en algunos sectores del Catatumbo. La erradicación es política del Gobierno y es consistente con sus obligaciones internacionales, pero lo que es importante es que cuando haya erradicación, se creen fuentes de trabajo e ingreso alternativos.

¿Es decir, piensa usted, debe hacerse lo inverso a lo hecho?

Evidentemente es lo inverso: crear primero sustitución de ingresos y después hacer la erradicación. Eliminar de tajo una fuente de ingresos crea frustración. Pero se comenzó por lo segundo y eso originó un choque con la gente que está viviendo de eso y no tienen otra manera de sobrevivir. No es un problema profundo y también ahí se puede ofrecer coordinación.

La alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Navi Pillay, llega el martes próximo. ¿Cuál es el motivo de su visita?

Ella viene con la esperanza de renovar nuestro mandato con el Gobierno. Estamos aquí por invitación del Gobierno, y cada tres años tenemos que dialogar sobre la renovación del mandato que se vence el 31 de octubre de este año.

¿Se va a renovar?

Eso espero. Y tiene dos significados muy grandes. Uno, que en este momento el Gobierno está mostrando madurez con el reconocimiento de que hay problemas en la situación de derechos humanos. Estamos trabajando como socios en eso. El Gobierno está abierto a trabajar con la comunidad internacional, específicamente con nuestra oficina, para mejorar derechos humanos en varias partes del país. Y, dos, será importante porque hay un énfasis en este momento sobre el problema rural, y nosotros podemos ser un apoyo de implementación de políticas públicas que están a favor del desarrollo rural y de mejorar la situación de derechos humanos.

¿La situación del Catatumbo sí tiene solución?

No tiene solución fácil, pero sí tiene solución. Los campesinos protestan en razón de sus derechos, y el Gobierno reconoce que hay un problema de respeto a esos derechos de ellos. No están muy lejos; caminan en el mismo sentido. El problema es llegar pronto al diálogo. El Gobierno no quiere hablar ahora sobre reservas campesinas, y para los campesinos es fundamental hablar sobre eso. Esta terminología está creando una polémica. Entonces es mejor hablar primero sobre algo en que estén de acuerdo que se debe remediar. Por ejemplo, los derechos económicos, derecho a la salud, al trabajo, a la educación, derecho de asociación y desarrollo. Hay que cambiar de terminología para ser menos polémico y llegar a una solución de transformación y mejoramiento de la vida de estas personas.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO