'Jueces no seremos obstáculos para la reconciliación': Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia, a través de su presidenta, Ruth Marina Díaz, afirma que para lograr una paz duradera “ambas partes tienen que ceder”. Notifica que “sin justicia no es posible una paz duradera” y defiende la justicia transicional, que no necesariamente aplica penas de prisión. En opinión de la magistrada Díaz, la justicia transicional “no supone impunidad”.

De otro lado, la presidenta de la Corte plantea una reforma para eliminar el “origen político” de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Propone también adoptar la mayoría de mitad más uno, y no de dos terceras partes, para que la Corte elija magistrados. Se queja de la falta de presupuesto de la justicia que provoca la “falta de jueces”.

¿Dónde está el verdadero problema de la Rama Judicial?

El principal problema en la justicia es la congestión, porque lleva a la impunidad. Son indispensables muchos más jueces y la modernización de los instrumentos para su pronta aplicación. Una justicia tardía no es justicia.

¿Y cómo aumentar los jueces?

Aumentando el presupuesto. Es excesiva la demanda de justicia en consideración al número de jueces, y por ello es indispensable que los funcionarios de descongestión se conviertan en permanentes, para dar solución pronta a los conflictos.

¿A qué llama usted “modernización”?

Crear el expediente electrónico; sistematizar los juzgados; construir salas de audiencias para que se pueda implementar el sistema oral en todo el país, que no ha despegado por falta de recursos. La oralidad hace que los procesos se agilicen.

¿Y qué respuesta tiene el Ministerio de Hacienda frente a la petición?

Que no hay recursos. Todos los presidentes de las cortes hemos solicitado que las medidas de descongestión se vuelvan permanentes, pero el presupuesto del año entrante es casi igual al que teníamos para este año.

¿Está politizada la justicia?

No. La Corte Suprema no está politizada. No hay ningún tipo de injerencia política. Actuamos de manera independiente y autónoma.

¿Pero hay tendencias ideológicas dentro de las cortes o no?

No. Cuando hay diferencias de criterio, son de carácter absolutamente jurídico, y para eso existe el salvamento o aclaración de voto.

La Corte Suprema estuvo prácticamente paralizada durante largo tiempo en el caso de la elección de magistrados. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Aclaro que la Corte no estuvo paralizada puesto que los magistrados seguimos trabajando y despachando normalmente. Ahora, en cuanto al procedimiento para los nombramientos, en mi concepto, sí deberían nombrarse por mayoría simple y no calificada, pues eso ha hecho que dos o tres personas impidan hacer una elección que la mayoría apoya, especialmente si no está integrada por los 23 magistrados. Como se requieren 16 votos, cuando están 17, como ha ocurrido, la ausencia de dos votos positivos impide la designación. Por ello, en una pasada oportunidad, la Corte interpretó el reglamento y señaló que las dos terceras partes debían tomarse frente al número de magistrados que en ese momento ejercían el cargo, pero el Consejo de Estado, al demandarse una elección, la anuló.

En el Consejo Superior de la Judicatura, los magistrados de la Sala Disciplinaria son elegidos por el Congreso. ¿Su origen es absolutamente político?

Estoy de acuerdo en que no deben tener ese origen político porque afecta muchas veces su independencia. Hay que reestructurar la manera de elegirlos.

¿Entonces, la única crisis es la que ocurre en la Sala Disciplinaria de Judicatura?

Hay eventos aislados, como el del magistrado Henry Villarraga, quien tendrá que dar explicaciones. La investigación de los funcionarios y empleados de Paloquemao, según las informaciones, se iniciaron por denuncias de otros jueces.

Invitaría a toda la ciudadanía que tenga conocimiento de algún caso de corrupción en la justicia a que lo ponga en conocimiento de las autoridades para acabar con ese flagelo que tanto afecta a la institucionalidad de la justicia.

¿De qué manera la justicia actuará en el proceso de paz?

Sin justicia no es posible una paz duradera. Deseamos que el proceso de Cuba llegue a feliz término. Los jueces no seremos un obstáculo para la reconciliación; ha de tenerse confianza en la sabiduría y sindéresis de los poderes Ejecutivo y Legislativo en la implementación de la ley estatutaria que desarrollará el acto legislativo del marco jurídico para la paz, avalado en lo esencial por la Corte Constitucional, y en el que se trazaron las pautas que garantizan la vigencia de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, comprendidos en un contexto de justicia transicional.

¿Por qué dice usted que sin justicia no hay paz?

Porque sin una respuesta adecuada a las víctimas de aproximadamente 50 años de violencia se dificultaría el perdón y la reconciliación esenciales en el proceso de paz.

¿Está de acuerdo en que se aplique una justicia transicional?

Ese es el modelo que se ha aplicado en todos los procesos de paz del mundo. La justicia transicional es tan antigua como la democracia misma. En ella ambas partes deben ceder. La guerrilla, aceptando sus errores al tomar las armas de manera equivocada para luchar por sus ideales, desmovilizándose y desarmándose, garantizando la no repetición de los hechos delictivos y ayudando a establecer la verdad; y a su vez, el Estado, garantizando el regreso de ellos a la vida civil y discutiendo sus propuestas dentro de los procedimientos democráticos. La justicia transicional busca dar herramientas al Estado para afrontar el proceso de paz. Como lo tiene establecido la Organización de Naciones Unidas, su objetivo es contribuir a la reconciliación, fomentar la confianza en las instituciones y dar reconocimiento a las víctimas.

¿Usted es partidaria de penas alternativas?

Sí. Así es la justicia transicional.

¿La justicia transicional no supone impunidad?

No. El bien común y la paz priman sobre todo, pero debe haber justicia para que sea duradera. Es imposible tener como referente el modelo de transición de la desmovilización del M-19, ya que hoy no pueden otorgarse amnistías o indultos a quienes han cometido graves violaciones de derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario, delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.

El procurador Alejandro Ordóñez ha expuesto reiteradamente dudas sobre el proceso de paz, en el sentido de que podría haber impunidad. ¿Usted las comparte?

Confío en que, con mucha creatividad e imaginación, los delegatarios del Gobierno Nacional en La Habana y la misma subversión sabrán interpretar los criterios sobre los estándares internacionales en materia de derechos humanos y avanzar hacia la consolidación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera sin impunidad; esto es, con justicia.

En su opinión, ¿deben ser las leyes penales el marco para sancionar a los guerrilleros acusados de delitos de lesa humanidad?

No. Es equivocado invocar las leyes penales cuando se aplica la justicia transicional, por cuanto la justicia penal es retributiva, mientras que la de transición es restaurativa y en ella se flexibilizan los mecanismos y procedimientos judiciales.

¿Para usted qué es primero: la paz o la justicia?

Ambos son elementos esenciales de todo Estado.

En el caso de la ‘parapolítica’, muchos militantes desmovilizados están libres a pesar de los crímenes que cometieron. ¿Pasará igual con las Farc?

La ‘parapolítica’ es en gran medida producto del proceso de Justicia y Paz. El Gobierno y el Congreso corrigieron las fallas de la desmovilización de los paramilitares al expedir el marco jurídico para la paz, en el cual se prevé la judicialización de los hechos más graves. Porque si bien se ha escuchado a los expertos defender las bondades del proceso regido por la Ley 975 de 2005, con el argumento de haber ofrecido mucha verdad, colapsó la justicia al tener tantos miles de desmovilizados para procesar.

¿Terminó la investigación de la Corte sobre la ‘parapolítica’?

No. No se ha llegado al final de esta dolorosa historia. Ha continuado y, precisamente, se encuentra en práctica de pruebas para establecer la verdad real de los hechos investigados.

¿Qué tan gravemente la justicia se ha contagiado de corrupción?

No podría negarse que se presentan casos aislados de corrupción, pero es claro que los órganos de control han venido actuando y hay sanciones tanto penales como disciplinarias. Estos casos no pueden deslegitimar a la mayoría de jueces y funcionarios judiciales que en forma honesta, abnegada, como debe ser, aun sacrificando su tiempo de descanso, administran justicia.

A propósito de descanso, a usted le hicieron muchos críticas por sus permanentes viajes por Colombia y el exterior.

Han sido críticas infundadas, porque mis actuaciones en ese ámbito han estado plenamente soportadas en la ley. Quienes las han hecho ignoran el ordenamiento jurídico que rige a los trabajadores de la Rama Judicial en cuanto a derechos y garantías. Además, como presidenta de la Corte, tengo deberes que me imponen desplazarme dentro y fuera del país, para representar a la corporación. Quiero hacer claridad en que los asuntos jurisdiccionales que debo conocer han sido resueltos oportunamente y mi despacho está totalmente al día.

¿Y la historia del polémico crucero que realizó por el Caribe con remuneración?

El permiso remunerado es un beneficio establecido por el legislador desde hace más de 40 años para los funcionarios judiciales, en virtud de que debemos dedicar muchas más de las ocho horas diarias que utilizan los demás empleados, sin que sean reconocidas ni compensadas, para poder solucionar oportunamente los conflictos de los ciudadanos. Todos los funcionarios judiciales han hecho uso de ese derecho durante todos los tiempos. En virtud de que tenía al día mi despacho, estimé que podía utilizarlo. La reacción es fruto posiblemente de la desinformación.

¿Qué reformas necesita la justicia?

¿Usted es partidaria de introducir qué tipo de reformas a la justicia?

Me parece que existen aspectos de orden constitucional que justifican la reforma. Por ejemplo, la segunda instancia, en el tema de los funcionarios con fuero que investiga la Corte, garantizando la última decisión en la Sala Penal, que ha demostrado su independencia y su juridicidad; cambiar el origen de nombramiento de los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Otros aspectos, que no son propios de reforma constitucional sino legal, serían el reajuste automático del monto del presupuesto de la rama, la eliminación de tanta tramitología que afecta los procesos, y asegurar la permanentemente capacitación de los jueces, funcionarios y empleados por parte del Estado.

La Sala Laboral de la Corte parece la más congestionada. ¿Qué hacer?

Este año, la Sala Laboral planteó ante el Gobierno y el Congreso la imperiosa necesidad de crear una sala de descongestión para que, por un tiempo determinado, asuma la labor de estudiar y proferir los fallos en los asuntos más atrasados, pero infortunadamente aún no se ha materializado esa propuesta, que vendría a favorecer a las personas de la tercera edad, a las viudas, huérfanos, que en buena parte son los usuarios de la justicia laboral. Debo observar que en la sala laboral de la Corte se llegó a esta situación porque los jueces de descongestión han actuado responsablemente decidiendo innumerables casos que, al llegar a la Corte, produjeron este colapso, pues solo está integrada por 7 magistrados, quienes –aun trabajando 24 horas– humanamente no podrían dar respuesta oportuna.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO