Saludcoop y Caprecom no tienen futuro, dice el nuevo Supersalud

Saludcoop y Caprecom no tienen futuro, dice el nuevo Supersalud

Norman J. Muñoz anuncia planes para atender a más de 10 millones de usuarios que tienen las dos EPS.

 Saludcoop y Caprecom, las dos grandes aseguradoras de los regímenes contributivo y subsidiado de la salud en el país, no tienen futuro ni continuarán existiendo jurídicamente como existen hoy. Esa decisión la comunica en este reportaje del nuevo superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, quien venía actuando como viceministro de Salud. Asegura que no dará licencia a Salud Andina, “así tenga que ir a la cárcel”, como ocurrió con su antecesor.

¿Qué va a pasar con Caprecom y Saludcoop?

Estas son las dos EPS más grandes en el aseguramiento: una en régimen subsidiado y la otra en el contributivo. En el caso de Saludcoop hay un plazo que se vence en mayo para prorrogar o no la intervención. Hay tres cosas fundamentales que se deben preservar: la continuidad de la afiliación de los 7 millones de afiliados del grupo; el mantenimiento de la atención médica y el pago de las deudas a la red externa que hace parte de Saludcoop. En el año 2010, la Superintendencia le ordenó a Saludcoop restituir 600.000 millones de pesos al sistema, que fueron inversiones hechas en asuntos que no eran de salud. Esa orden de restitución está vigente todavía. Se tienen que pagar con venta de activos y eficiencia en el servicio.

¿Los activos valen 600.000 millones?

Valen menos, pero la otra parte tiene que provenir del balance de la operación de la EPS. Esta es la apuesta de la Superintendencia con la intervención.

¿Saludcoop tiene futuro?

No, como Saludcoop. Se está trabajando en un plan para definir la mejor solución: debe crearse un mecanismo de garantía de su deuda, que garantice la prestación del servicio a los usuarios y la sostenibilidad del sistema.

¿Saludcoop, entonces, no tiene salvación?

En las condiciones actuales, no, pero la operación de Saludcoop puede ser viable. Estamos buscando figuras jurídicas y financieras que nos permitan mantener la operación y garantizar la prestación del servicio.

¿Pero no Saludcoop?

No, no Saludcoop en las condiciones actuales.

¿Entonces qué va a pasar en mayo?

Necesitamos una prórroga corta para ejecutar el plan que permita resolver la situación con las tres condiciones que hemos mencionado. Ya lo estamos estructurando, y a mayo tiene que estar absolutamente claro.

¿Cuánto se le puede restituir al sistema con la venta de sus activos?

Unos 400.000 millones de pesos.

Pero los activos están embargados por la Contraloría. ¿Cómo los van a vender?

Ese es uno de los temas que se debe solucionar. Hay que dejar una garantía a la Contraloría, y eso tiene un proceso. Lo que haremos es mantener la operación, la atención y el servicio, pero con una figura distinta a la que tenemos hoy.

¿Es decir, Saludcoop no regresará a sus antiguos dueños?

De ninguna manera.

¿Y Caprecom?

Es el segundo gran problema que hay que resolver. Caprecom es el principal asegurador del régimen subsidiado. Tiene presencia en 700 municipios, cuenta con una muy baja gobernabilidad y tiene un gobierno corporativo casi inexistente, lo que implica una realidad compleja. Razón por la cual, en este momento, Caprecom se encuentra con una medida de vigilancia de la Superintendencia.

¿Cuántos afiliados tiene Caprecom?

Cerca de 3 millones y medio. Lo que hemos pensado es que Caprecom debe ir saliendo progresivamente de ciertas regiones en donde hay aseguradores que puedan atender la población y lo hacen de mejor forma, garantizando una adecuada prestación del servicio a los afiliados.

En el régimen subsidiado, la crisis se llama Caprecom, ¿cuál es la solución?

Para el régimen subsidiado, lo primero que hay que hacer es que Caprecom empiece a salir de aquellas regiones en donde hay otra alternativa; que se desmonte ya de la protección de la población carcelaria, que será atendida por otro sistema. Pero obviamente eso no es suficiente en este caso; al igual que en el caso de Saludcoop habrá que examinar las alternativas, si los afiliados del régimen subsidiado pueden ser redistribuidos.

¿Caprecom, como existe hoy, tampoco tiene futuro?

Así es. Caprecom, como existe hoy, no tiene futuro. Para que esta funcione debe tener una gobernabilidad fuerte y un gobierno corporativo.

¿Cómo será remplazada?

Está la experiencia de Antioquia, donde se unió la caja de compensación familiar con las del departamento y el municipio de Medellín. Se encontró una figura interesante que tiene fortaleza en el gobierno corporativo y que presta buenos servicios. Yo no descartaría opciones de ese tipo para buscarle un buen socio que permita mejorar todo su funcionamiento.

¿La de Caprecom será una liquidación progresiva?

No, tenemos las mismas dificultades que Saludcoop en el sentido de que no se pueden desmontar 3 millones de afiliados de la noche a la mañana. Y liquidarla progresivamente no es correcto.

¿Hay EPS distintas a Saludcoop y Caprecom en peligro hoy?

Hay dos EPS que tenemos en vigilancia permanente; al igual que hicimos con Golden Group, las tenemos identificadas desde el mes de diciembre por su comportamiento financiero y su mala prestación de servicios.

¿Van a ordenar su liquidación también?

Las estamos observando; vamos hacerles unos requerimientos específicos.

¿Cuáles son?

No puedo decirlo porque se me escapan.

¿En términos generales, cuál es el estado financiero de las EPS del país?

Uno encuentra de todo. Hay EPS que cumplen, solventes en el régimen contributivo, como Sura, y hay otras que están en un rango medio, que a pesar de no estar bien financieramente no están en riesgo, y hay otras que por su operación podrían tener riesgos de salir del sistema.

¿Y con Salud Andina qué va a pasar?

Estamos en la controversia con el juez que nos está ordenando habilitar a la EPS de manera casi que inmediata. El anterior superintendente, Gustavo Morales, tuvo que pagar cárcel, y el mismo juez tiene una medida de cinco días de arresto y una multa en mi contra. Hemos pedido la revisión de esa decisión por tres razones: la primera es que la información financiera con la que cuenta la Superintendencia es del 2012, y esto le impide analizar la situación financiera actual de esta EPS. Le hemos pedido a Salud Andina que nos mande los estados contables actualizados, y no los hemos recibido a la fecha.

La segunda es que las IPS que estaban proponiendo para la habilitación no están ni siquiera en el registro de prestadores de salud, lo que no permite establecer la idoneidad y calidad del servicio que quieren prestar. Y tres, no hemos tenido una respuesta satisfactoria a los cuestionamientos que en su momento hubo sobre los miembros de la junta directiva de Salud Andina. Con estos tres señalamientos sería irresponsable proceder a hacer una habilitación de una EPS que no estaría garantizando la prestación de los servicios a la población. Eso se lo hemos dicho al juez.

¿Usted le va a dar licencia o no a Salud Andina?

No. No le voy a dar licencia.

¿Y admite el riesgo de irse para la cárcel?

Pues si toca, toca.

¿Pero qué está haciendo para evitarlo?

Firmé una queja formal contra el juez, pues no nos había garantizado el debido proceso, y no había hecho un análisis razonable de los argumentos técnicos expuestos por la Superintendencia. Además, no nos había permitido ejercer el derecho a la defensa de manera idónea. Por eso le pedimos al Consejo Superior de la Judicatura que revisara el proceder del juez en este proceso.

¿Obtuvieron respuesta?

No. Todavía no hemos recibido respuesta. Pedimos una vigilancia especial del proceso al Consejo Seccional de la Judicatura y estamos también pendientes porque esto es un fallo de tutela y ese fallo tiene que llegar a la Corte Constitucional. Le hemos pedido a la Corte que por favor revise esa tutela. A la Procuraduría le pedimos acompañamiento, y ellos obraron.

¿Por qué razón se va negar usted a firmar la licencia?

Porque eso sería poner en riesgo a los cerca de 400.000 afiliados potenciales que podría tener esta EPS; no están garantizadas las condiciones de aseguramiento.

¿Por qué ha llegado usted a esa conclusión?

Porque no contamos con la información para hacer el análisis técnico de la situación actual: eso no nos deja saber si tiene respaldo financiero y nos deja muchas dudas de que tenga una red prestadora de servicios idónea.

A Salud Andina la han calificado como ‘paraca’. ¿Es así?

Hubo una advertencia de la Secretaría de Transparencia que señalaba que había indicios de la participación de algunos de los socios con vinculación con miembros de grupos paramilitares, y eso lo tendrá que investigar la Fiscalía.

¿Eso también influyó en su decisión?

Sí. Gustavo Morales tuvo en cuenta esta advertencia, así como las razones técnicas que le mencioné, para negar la habilitación.

Las quejas de los usuarios de las EPS son recurrentes. ¿Hay algo que usted vaya a realizar sobre la atención a los usuarios?

Se creó una delegada para la protección al usuario y hay cinco regionales de la Superintendencia funcionando actualmente; creo que son necesarias 5 más que deben estar en las zonas más críticas en donde hemos detectado quejas de la gente: Chocó, Amazonas, Guainía, San Andrés, entre otras. La Superintendencia tiene que salir de Bogotá, tiene que ser más fuerte en los territorios y más efectiva en las sanciones. Yo pienso que es importante ampliar su capacidad sancionatoria y ser mucho más contundente, sobre todo cuando hay casos de problemas en la prestación de servicios. Necesitamos más descentralización y una delegada dedicada exclusivamente al tema, así como medidas mucho más disuasivas; creo que esa es la estrategia final.

¿En qué consiste la idea de los copagos en el no POS?

Se trata de corregir una inequidad; hoy en el Plan Obligatorio hay copagos o cuotas moderadoras por los servicios. Lo que no había era en el no POS, sistema en el que, independientemente de su capacidad de pago, a usted le daban todos los servicios, inclusive cosas como pañales, cremas humectantes o ciertos aditivos de aseo. Lo que busca el copago es que ese tipo de servicios menores sean pagados por el sistema y que aquellas personas con capacidad de pago los puedan asumir.

¿Pero qué ahorra el sistema con ese copago?

Como este es un servicio que no está incluido en el POS, para reconocerlo llega a través de tutelas, y para que el Fosyga lo pueda pagar hay que hacerle una auditoría que suele ser más costosa que el mismo servicio; lo que necesitamos es servicios de bajo costo, que no acaben aumentando los volúmenes de auditoría, como consecuencia de la cantidad de recobros al sistema.

¿Cuánto valen esos productos y servicios que ahora serán copagados?

Unos 4.000 millones de pesos al año. En promedio estaban llegando al Fosyga 400.000 recobros; cerca de la mitad eran de pequeñas cosas; esto es absolutamente desbordante para el Fosyga por el proceso. Tenemos que descargar el sistema de este peso operativo y también para enviar una señal de que con el no POS se están beneficiando los que más ingresos tienen, y eso es más inequitativo.