Habrá cinco millones de hectáreas para el posconflicto

Urge acuerdo nacional para crear una nueva ley de tierras, dice Supernotariado, Luis Enrique Velez.
Posiblemente pocos colombianos como Jorge Enrique Vélez, actual superintendente de Notariado y Registro, saben qué pasó con la tierra en el país y a quién pertenece actualmente. Ese conocimiento detallado del tema lo conduce a pedir un gran acuerdo nacional para crear una nueva ley de tierras, que reforme la vigente, la 160 de 1994, creada básicamente para enfrentar el problema de entonces, que consistía en la acumulación de tierras por parte del narcotráfico. (Lea también: Colombia tiene un nuevo fondo para la paz y el posconflicto)

Según Vélez, las condiciones de la propiedad de tierras en Colombia hoy es muy distinta: pertenece a paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes y ladrones jurídicos 'de cuello blanco'.

Vélez, superintendente desde el 2010, acaba de dictar una conferencia ante el BID, en Washington, con revolucionarias tesis que originaron esta entrevista.

Ahora que el país habla ya del posconflicto, en el que la propiedad de la tierra es clave, ¿de dónde va a salir la tierra para distribuir?

El Fondo de Tierras es el inventario de predios para distribuir a campesinos y a proyectos asociativos; para garantizar el trabajo y la seguridad alimentaria del país. Se nutre de tierras baldías que fueron robadas en 65 formas jurídicas que hemos detectado. Ejemplo: aclaraciones de linderos y prescripción adquisitiva de predios baldíos. Adicionalmente, se surte con tierras que figuran como reservas forestales y que deben de ser sustraídas porque ya no cumplen esa característica, y que pueden ser otros 2 millones de hectáreas. Otra fuente para alimentar el Fondo serán los bienes extinguidos al narcotráfico que hoy administra la Sociedad de Activos Especiales (SAE). (Lea aquí: Alemania apoyará a Colombia en el posconflicto)

¿Cuánta tierra va a tener para distribuir el Fondo de Tierras?

Calculamos que podemos conseguir 5 millones de hectáreas.

¿Hoy, cuánta tiene?

Tenemos 2 millones de hectáreas identificadas. Alistamos ya los procesos para recuperarlas.

¿Que eran tierras que estaban en poder de quién?

De mucha gente. Con títulos robados al Estado, con las 65 formas de robo.

¿Cómo las van a recuperar?

Ante los jueces. El Incoder ha iniciado unos 400 procesos para recuperar la tierra. (Lea también: ¿Qué le espera al medioambiente en el escenario del posconflicto?)

¿Pero si el Incoder se acaba?

Para eso se creará la autoridad de tierras. Está en los artículos del plan de desarrollo, donde se establece una separación del tema del título con el tema de la productividad. ¿Qué pidió el Presidente? "Júntense todos y hablen un solo idioma". Eso es lo que estamos haciendo, y ya determinamos, con Planeación Nacional, que lo que tiene que haber es una autoridad de tierras, completamente aparte de lo que es el Ministerio de Agricultura, que tiene que dedicarse al desarrollo de la tierra y a su productividad.

¿Para qué se necesita una ley de tierras?

Para formalizar el tema de la productividad de la tierra en Colombia.

¿Quién posee hoy los baldíos?

La mayoría de predios baldíos se encuentra en manos de ocupantes, mal llamados empresarios, negociantes de tierras realmente, que han usado trampas para apoderarse de ellas. También se han detectado baldíos en manos de organizaciones criminales que han hecho con ellas contrarreformas agrarias. Y un gran porcentaje de tierras está en manos de la SAE, fruto de la extinción de dominio. (Lea también: Óscar Naranjo propone fondo solidario de empresarios para posconflicto)

¿Y cuáles son, en esencia, esas 65 formas en que se robaron la tierra del Estado?

El presidente Santos tuvo el buen criterio de que, antes de establecer una política de tierras en Colombia, se nos delegara la responsabilidad de estudiar quiénes eran en realidad los propietarios de la tierra en Colombia, y fue ahí donde detectamos artimañas jurídicas de particulares para apropiarse de propiedades del Estado, playas, bajamares, playones, bienes de uso público, humedales y baldíos de la nación, además de predios de campesinos que fueron a dar a manos de organizaciones ilegales.

¿Cómo van a hacer para recuperar esas tierras?

Con la Ley 160, que nos rige hoy, es casi imposible recuperarlas, aunque el Incoder viene realizando algunos procesos. Sin embargo, no podríamos garantizar que se logre el objetivo. Se requiere un gran acuerdo nacional para establecer una legislación que le permita al país, con o sin posconflicto, tener un ordenamiento social de la propiedad rural con criterios de distribución y equidad entre grandes, medianos y pequeños propietarios.

¿Cuántas hectáreas de tierra tiene Colombia?

114 millones de hectáreas, 15 millones en parques nacionales, 45 millones en áreas productivas, 5 millones en comunidades negras y 25 millones en comunidades indígenas.

¿Cuántas son tierras baldías?

Colombia no cuenta con un inventario de baldíos que le permita organizar y registrar esas tierras. Solo el estatuto registral, que este gobierno reglamentó, establece la obligatoriedad de registrar los baldíos a nombre de la nación, lo cual ya se ha venido haciendo, con Parques Nacionales y el Incoder. Es importante agregar que Colombia tiene 15 millones de predios registrados, de los cuales solo el 30 por ciento son predios rurales.

Usted me está hablando de casos de recuperación de tierras en Colombia. ¿Qué pasó, finalmente, con el caso Carranza?

Se detectó que se habían adjudicado 28 predios en Meta a personas que no cumplían requisitos; la sociedad Agua Linda, de propiedad de Víctor Carranza, había adquirido todos estos predios a través de una figura contraria a la Ley. El Incoder revocó las adjudicaciones hechas e inició el proceso de la recuperación de 28.000 hectáreas. Los herederos de Carranza dijeron que, voluntariamente, entregarían estos predios a la nación. (Lea aquí: 'No hay un céntimo para arrancar el posconflicto rural': Restrepo)

De las tierras robadas de las que me habla, ¿todas van para el Fondo del posconflicto?

Mire: con o sin posconflicto, Colombia tiene que nutrir su Fondo de Tierras con 4 o 5 millones de hectáreas de las fuentes que he explicado, y aquí caben campesinos, proyectos asociativos y empresarios que quieran hacer productiva la tierra. Sin importar que esté a título de ellos o del Estado, lo cual con la ley actual no es posible.

Pero ¿qué fue lo que pasó con los baldíos en Colombia?

El país nunca tuvo una política para el manejo de las tierras de la nación, ni contó con un inventario que le permitiera saber qué tierra es baldía. Esto permitió que particulares inescrupulosos utilizaran figuras jurídicas para apropiarse de terrenos baldíos y otros, a los que el Gobierno les adjudicó baldíos porque cumplían con los requisitos establecidos en la ley 160. Le doy una cifra: el 70 por ciento de los predios adjudicados ya no están en manos de los campesinos.

Dicho de manera más clara: ¿la Ley 160 tiene que ser reformada?

Es tan importante cambiarla que hace unos ocho años el Congreso aprobó la Ley 1152, que la modificó completamente. Sin embargo, por no haber realizado consulta a las minorías étnicas, fue declarada inconstitucional. Por eso proponemos un gran acuerdo nacional, donde no se excluya a nadie, para que tengamos una ley para el posconflicto.

¿Qué se haría con los ocupantes de buena fe en los Llanos?

Esa es una de las problemáticas que la ley no permite resolver. Un colono que llegó hace 60 años e hizo productiva una tierra, educó a sus hijos y hoy son profesionales, paga sus impuestos y declara renta no es sujeto de reforma agraria, y como no hay ningún mecanismo en la Ley 160 para darle seguridad jurídica en la tenencia, se hace necesario establecer un nuevo estatuto de la tierra.

¿Y se está trabajando en la elaboración de esa nueva ley de tierras?

Estamos trabajando en dos temas fundamentales. Primero, la institucionalidad del sector agropecuario, donde se deben separar los temas de desarrollo rural y los de administración de la tierra, que lo estamos proponiendo en el plan de desarrollo. Esto llevaría a tener una institución autónoma que sea una autoridad sobre la tierra en Colombia.

¿Cuál es el segundo tema en el que están trabajando?

Un marco normativo que contemple temas como la formalización, la administración de las tierras de la nación, el manejo de zonas especiales, la protección de los bienes de los desplazados, el manejo de las tierras en parques nacionales, bienes de uso público y playas, que denominaría Estatuto de la Propiedad Rural. Esto solo se logrará mediante un gran acuerdo nacional para ponerle fin a la Ley 160 del 94.

¿Pero ya terminó el estudio sobre a quién pertenece la tierra?

El presidente Santos nos hizo entender que si no hacíamos un estudio serio de qué fue lo que pasó con la tierra en Colombia, era imposible que ella misma se desarrollara. Adicionalmente, la Ley de Restitución de Tierras y la Ley de Víctimas nos obligaron a todos los estamentos del Estado a hacer un estudio, metro por metro, de la propiedad de la tierra en Colombia. Una vez tengamos estos diagnósticos, se podrán establecer las políticas de desarrollo rural y las políticas de propiedad. El Presidente le pidió al ministro Aurelio Iragorri unificar el trabajo de todos los estamentos que tienen que ver con la tierra y en eso estamos.

¿Qué pasó con la tierra en Colombia?

Yo hice toda la investigación, y me condujo a una conclusión: con la legislación que tenemos hoy no va a ser posible hacer desarrollo agrario en Colombia ni tener seguridad alimentaria. Entre otras cosas, aquí hay un tema muy grave y es que la FAO determinó que Colombia es uno de los seis países con mayor reserva para producir comida, y con la Ley 160 no vamos a producir comida. Entonces, la seguridad alimentaria y la producción están en jaque hoy en Colombia. (Columna de opinión: Bosques, acuerdo de paz y posconflicto)

¿Si no se reforma la Ley 160, no habrá tierras para el posconflicto en Colombia?

No lo veo factible, porque aquí nos estamos preocupando más por los títulos que por la productividad. Todo lo que nos ha provocado esto es pelear por un título y si hay escritura. Mientras no definamos eso, la tierra sigue allá, abandonada, no produce nada. La tierra tiene que producir, independientemente de quién sea el dueño. Pero hoy, en Colombia es más importante saber quién es el dueño, cómo es la tierra, que la producción de la tierra. Eso no tiene razón de ser. El país se tendría que estar preocupando por qué ley hacemos para que esta tierra produzca. Lo que tenemos que hacer es producir. Esa es la única preocupación que debemos tener. Y ahí caben las Farc y ahí cabe todo el mundo. Eso es lo que tenemos que tener en la cabeza.

En resumen, ¿qué debe señalar, en su opinión, la Ley de Tierras?

La Ley de Tierras debe recoger un acuerdo nacional que contemple la administración de la tierra. Debe delimitar claramente los territorios de comunidades negras e indígenas; las tierras que se requieren para la seguridad alimentaria del país en manos de pequeños, medianos y grandes productores; y los territorios de conservación ambiental, que son reservas forestales y parques. Debe contener las normas para formalizar, titular, recuperar baldíos en corto tiempo y a través de procesos ágiles y flexibles. También debe tener mecanismos de cierre ante la jurisdicción agraria y, lo más importante, que cumpla la función social y de producción de la tierra. (Lea también:'Se necesita más ayuda humanitaria, incluso en posconflicto': ONU)

¿Ante qué alternativa está el posconflicto?

Es absolutamente necesario un marco normativo que garantice la seguridad jurídica de la tierra; que proteja al campesino, pero que también permita la creación de agroindustria sostenible a largo plazo. Esa legislación debe permitir que los acuerdos con la guerrilla puedan desarrollarse integralmente.

YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO