'Si la seguridad en Colombia no mejora, llegará un gobierno como el de Bukele': HRW

Colombia, herida por la sucesión de masacres; maltratada por el renacimiento del secuestro; golpeada por la extorsión, afectada por el reclutamiento forzado para alimentar bandas y amenazada por la inseguridad ciudadana, parece volver a vivir momentos similares a los que precedieron a la firma de los acuerdos de paz.

Ante este preocupante escenario, al navegar en la búsqueda de un personaje preciso para el análisis de la situación, encontré la figura ideal: la consagrada politolaga Juanita Goebertus. Máster en derecho en la universidad de Harvard, graduada en Leyes en la facultad de derecho y ciencias políticas de la universidad de Los Andes. Goebertus, además, es la directora actual para las Américas de Human right watch. Esta es una organización independiente dedicada a proteger los derechos humanos de toda persona, en todos los países del mundo.

- ¿Hay un deterioro de las condiciones de seguridad en Colombia?

- Sin duda hay un deterioro y nos preocupa. Desde Human Rights Watch hemos venido observando a lo largo del último año un crecimiento en los casos de masacres, de reclutamiento forzado de menores y de secuestro. La tasa de homicidios, y el asesinato de líderes y defensores de derechos humanos están en niveles muy altos. Estamos más o menos de vuelta a los indicadores de justo antes del acuerdo de paz. No estamos en los niveles de inseguridad de los noventas y ochentas, que eran muchísimo más graves. Pero el retroceso es preocupante.

- ¿Qué tan preocupante es esta resurrección en Colombia ?

- En el caso de masacres, hay un incremento en lo que va del año del 16% en comparación con el mismo periodo en 2022. El incremento del secuestro llega a cifras dramáticas con un aumento del 70%. El reclutamiento forzado de menores ha crecido en un 130%. En lo que va del año la Defensoría ha registrado el homicidio de 150 líderes y defensores de derechos humanos. La extorsión ha aumentado en un 15%. Datos muy preocupantes.

- ¿Cuál es el principal factor de violación a derechos humanos en Colombia?

- Es la disputa de territorios entre grupos de crimen organizado y la incapacidad del Estado para hacer presencia, combatir estos grupos y, proteger a la población.

- ¿Y los atacantes actúan sin control?

- Lo que vemos es una pérdida de control territorial por parte del Estado. Nos dicen las comunidades que se sienten abandonadas, que las han amenazado, que en muchos escenarios han asesinado a sus familiares y que ahora sus victimarios andan de manera libre, entregando obras o carnetizando, como si tuvieran licencia para poder actuar con respaldo del Estado.

- ¿Que es en su opinión, lo que origina esta situación?

- En los años antes y durante el proceso de paz, Colombia venía con indicadores bastante positivos de mejoramiento de las condiciones de seguridad. Pero luego del proceso de dejación de las armas por parte de las antiguas FARC, el Estado no copó esos espacios ni con Fuerza Pública ni con capacidad de administrar justicia, y se inició un proceso de disputa territorial entre distintos actores armados. A lo largo del Gobierno Duque esos indicadores de inseguridad se fueron deteriorando porque no hicieron las reformas al sector seguridad que estaban pendientes. Bajo

Petro, a pesar de los anuncios que había hecho en campaña sobre una reforma profunda al sector seguridad, esas reformas siguen pendientes y se ha agravado la pérdida de control del territorio.

- ¿Y la paz total? ¿Es posible la paz total?

- La búsqueda de la paz total a través de una solución negociada es un objetivo loable. Pero lograrlo requiere método en la negociación, seguridad, y avanzar de manera decidida en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. La paz total no es posible si no hay efectividad de la política de seguridad y capacidad judicial local para desmantelar los grupos de crimen organizado. Pero lo más grave es que en la práctica la paz total ha implicado ceses al fuego que han sido poco claros.

- ¿Por que ve usted falta de claridad? A qué se refiere usted exactamente?

- Se han dado órdenes en materia de cese al fuego que han sido poco claras. Cobijan varios territorios, con varios actores, sin reglas claras de monitoreo y sin consecuencias claras por su incumplimiento. Eso en la práctica manda a la Fuerza Pública y a la población local la señal de que estos grupos, que son los que los han amedrantado, tienen carta blanca para operar en esos territorios. Esto es justo lo que la Corte Constitucional le acaba de recordar al Gobierno Petro en la decisión de la ley de orden público.

- ¿En qué sentido?

- Que tener una política de paz no exime al Gobierno de cumplir con su deber de protección y garantía, con su deber de poner en marcha una política de seguridad efectiva y legítima para proteger a las comunidades.

- ¿Cree que la Fuerza pública está un poco desestimulada por la paz total?

-Lo que nosotros hemos podido documentar es una percepción dentro de algunos sectores de la fuerza pública de una falta de rumbo. Reportan haber recibido mensajes confusos tanto en los ceses del fuego como en qué significa bajo este gobierno proveer seguridad de manera proactiva en el territorio. Una percepción de que no hay claridad sobre la estrategia de seguridad para luchar contra el crimen organizado y proteger a la ciudadanía.

- ¿Hasta dónde la crisis en el orden público es consecuencia del narcotráfico?

- En Colombia han existido distintos tipos de relaciones entre el narcotráfico y la violencia armada. Ha habido grupos narcotraficantes que montan ejércitos para defender su negocio. Y partes en el conflicto armado, que han financiado su poder armado con el narcotráfico. Ponerle fin al conflicto armado y proteger los derechos humanos en Colombia pasa por hacer frente al problema del narcotráfico, pero no es el único factor. El Gobierno Petro tiene una aproximación razonable frente a dos de los eslabones de la cadena del narcotráfico: desarrollo rural para los cultivadores de coca y salud pública para los consumidores de drogas. El problema es el eslabón de la mitad: sin capacidad de judicialización efectiva del crimen organizado que se financia del narcotráfico, los riesgos de fracaso de la política de paz son demasiado altos.

- La Fiscalía siempre se ha puesto opuesto radicalmente a cualquier tipo de negociación con el narcotráfico. ¿Usted comparte esa actitud?

- La decisión de con quién negociar es una potestad del Gobierno, frente a la que no existen estándares internacionales. Lo que sí hay es un deber de protección y garantía que obliga al Estado colombiano a tener una política de seguridad para proteger a la ciudadanía frente a este tipo de grupos armados, independientemente de si decide negociar con ellos o no. Y existe también un deber de investigar, juzgar y sancionar la comisión de graves crímenes. Esas son obligaciones internacionales que el Gobierno Petro debe respetar, independientemente de con quién negociar.

- De otra parte, ¿Cómo ve los diálogos con el ELN?

- Buscar la paz con el ELN, y ponerle fin al último conflicto armado del hemisferio es deseable. Desafortunadamente el ELN, a través de sus acciones, parece poco interesado en ponerle fin a la lucha armada e iniciar un proceso de tránsito hacia la legalidad. Sus declaraciones negando el secuestro son una cachetada constante para las víctimas y le restan legitimidad a la negociación. A nivel territorial, en los lugares en los que hace presencia el ELN las comunidades se sienten amedrentadas. Ven que a pesar del proceso de paz y de los ceses hay homicidios, hay masacres, hay reclutamiento de menores.

- ¿Qué puede pasar en el futuro si la gente no se siente segura?

- Puedo hablar por la experiencia de otros países de América Latina. Cuando los regímenes democráticos no responden a las demandas de la ciudadanía, en temas como seguridad, lucha contra la corrupción, o pobreza y desigualdad, se genera el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de regímenes autoritarios. Sin importar su ideología, los lideres autoritarios le presentan a la sociedad soluciones fáciles, diciéndole a la gente que si quiere resultados tiene que aceptar la restricción de sus derechos. Si la gente no se siente más segura, el riesgo es que, como sucedió en El Salvador, las mayorías terminen optando por caminos autoritarios.

- Pero, precisamente la favorabilidad del presidente Bukele lo ha conducido a preparar la ruta constitucional que permita su reelección...

-Hemos venido haciendo mucho trabajo de campo en El Salvador. Más de 70.000 personas han sido privadas de la libertad en el marco del estado de emergencia sin garantías de debido proceso. Hemos documentado casi 200 casos de personas que han muerto en custodia al Estado salvadoreño en cárceles, más de 1600 menores de edad detenidos como si fueran adultos, audiencias de más de 500 personas, sin presencia de abogados, sin ninguna garantía para ejercer el derecho a la defensa. Hemos documentado casos de torturas e incluso de desapariciones forzadas en el marco del estado de emergencia. Hemos documentado casos de personas detenidas que no tenían ninguna relación con las pandillas. Para darle un dato, de las 70.000 personas detenidas, ninguna de ellas ha sido efectivamente juzgada. Es decir, es un encarcelamiento masivo pero sin capacidad para hacer justicia y por lo tanto, sin capacidad para entender cuáles eran las estructuras de estas pandillas. Es simplemente una medida para apresar personas de manera masiva, sin desmantelamiento efectivo de las pandillas. Me preocupa mucho que a pesar de estas denuncias Bukele sea tan popular.

- Y si las realidades que está viviendo El Salvador son como usted dice, ¿por qué Bukele es tan popular? Es casi segura su reelección....

- Así es. Porque los gobiernos democráticos en El Salvador no fueron capaces de ofrecerle garantías de seguridad a sus ciudadanos, y dejaron que las pandillas crecieran de manera descontrolada. Pero no podemos dejarnos meter en ese falso dilema como latinoamericanos: no tenemos que escoger entre seguridad o derechos humanos. Es posible poner en marcha políticas de seguridad que sean al mismo tiempo efectivas y protectoras de derechos humanos.

- ¿Y usted no cree que Colombia está arando el terreno para que llegue un gobierno como el salvadoreño?

- Si las condiciones de seguridad no mejoran, sí. Pero aún hay tiempo para enderezar el camino.

- ¿Cómo va, según su opinión el Gobierno Petro?

-En Human Rights Watch no hacemos balances políticos de los gobierno. Nos referimos particularmente a los temas que afectan los derechos humanos. En el caso colombiano, monitoreamos la situación de seguridad por ser la mayor fuente de riesgo. Y desafortunadamente Petro no va bien en materia de seguridad.

- ¿Y qué hacer para enfrentar ese problema? - ¿Se podría formular algún tipo de recomendaciones?

- La tarea pendiente que tiene Colombia es implementar la reforma al sector seguridad y al sector justicia para un escenario de posconflicto. Eso implica sacar a la policía del Ministerio de Defensa, redistribuir roles y misiones entre policía y fuerzas militares, aumentar capacidad de investigación, juzgamiento y sanción de los grupos de crimen organizado, elevar la calidad de la investigación técnica judicial, cortar las redes de financiación y abastecimiento de armas de estos grupos, concentrar la investigación en los máximos responsables de estas organizaciones y en los delitos que más afectan a la ciudadanía, y asegurar que los indicadores de seguridad estén basados en avanzar en la protección de derechos. Implica también, por supuesto, implementar en serio el Acuerdo de Paz de 2016 transformando los territorios más afectados por la guerra y la pobreza.

- ¿Y por que pide sacar a la policía del ministerio de defensa?

- Colombia es una excepción en esto. La mayoría de las policías del mundo están dentro de secretarias de gobierno, de seguridad doméstica o de justicia. Es una herencia del conflicto armado que no hemos superado. Y que siga ahí nos ha impedido hacer el tránsito a una policía entendida como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el territorio, que gozan de la confianza ciudadana y que son el primer eslabón para que la ciudadanía pueda acceder a la justicia.

YAMID AMAT 

Especial para EL TIEMPO