‘Alerta roja’ por situación electoral en el país’: CNE

Varios fenómenos tienen en alerta roja al Consejo Nacional Electoral (CNE): la compra de votos, la no presentación de las cuentas claras de financiación de las campañas, la violencia política que hay en el país -representada en asesinatos de unos candidatos y amenazas a otros- y la trashumancia electoral, o sea, el traslado de electores de sus lugares habituales de residencia a otro en donde son inscritos para votar por determinado candidato.

 El presidente del Consejo Nacional Electoral, el caldense Hernán Penagos, perteneciente al partido de 'la U' y expresidente de la Cámara, enumera y analiza en la siguiente entrevista la situación del sistema electoral del país. Muchos de los delitos que se han descubierto en trashumancia electoral y en la falta de información sobre financiación pueden originar sanciones penales. Como el Consejo Nacional Electoral no tiene facultades penales, dio traslado a la Fiscalía de las irregularidades descubiertas, para que se apliquen las sanciones respectivas.

El Consejo Nacional Electoral es un organismo autónomo que hace parte de la organización electoral del país, junto con la Registraduría Nacional. Su misión es la de regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad electoral.

¿Cómo se explica la masiva anulación de inscripciones electorales?

Pareciera que se estaba organizando un gigantesco fraude electoral, porque de 3'600.000 cédulas que fueron inscritas para votar en diferentes sitios, se dejaron sin efecto o se anularon 915.000, casi un millón de inscripciones que confirmamos, fueron registradas en lugares que no corresponden a la habitual residencia electoral del ciudadano inscrito.

¿Quién o quiénes están comprometidos?

Detrás de eso tienen que existir organizaciones criminales, mafias locales, porque no es normal que, por el cruce de información con bases de datos como las de víctimas, el Departamento de Prosperidad Social (DPS), la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza (Anspe) y la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social (Adres), y más de 50.000 visitas de campo que se hicieron, se encuentren 915.000 personas que no acreditan residencia electoral en el lugar donde se inscribieron. Lo peor es que en muchos de los lugares donde se descubrió esa irregularidad, históricamente ha ocurrido trashumancia electoral.

¿Existe el riesgo de que la cifra aumente?

Claro que sí. Se están realizando otras visitas de campo, se están cruzando otras bases de datos, y por lo que estamos observando, las cifras van a aumentar.

¿Cuáles son los departamentos donde se presenta mayor trashumancia?

Antioquia es un departamento que tiene área metropolitana y municipios muy cercanos el uno del otro, y eso facilita que algunos grupos organizados ubiquen ciudadanos para trasladarlos de un lado a otro. Hay una serie de patrones que se enviaron a la Fiscalía, para que investigue. No se trata de sancionar o penalizar a ciudadanos de a pie, que por necesidad o por ingenuidad se prestan para la trashumancia. Aquí se trata es de buscar mafias, organizaciones que sí están dedicadas a influenciar en las elecciones locales.

¿Y después de Antioquia?

Antioquia tiene 125 municipios, lo que explica su primer lugar en trashumancia. Luego están Atlántico, Santander, Tolima, Cundinamarca. En Atlántico, con solo 23 municipios, ocurre un fenómeno que se conoce como trashumancia histórica. Atlántico, desde hace décadas, tiene alerta de trashumancia, especialmente en el municipio de Soledad. En este municipio, por ejemplo, se dejaron sin efecto las inscripciones de 25.000 cédulas. En Atlántico existen los famosos 'mochileros', a quienes les pagan dinero para que vayan de un lado al otro, inscribiendo. Luego venden esos votos a campañas políticas.

¿La trashumancia supone compra de votos?

Sin duda. Y los más afectados son los municipios pequeños, donde las elecciones se ganan con 1.000, 2.000, 3.000 votos. En estos lugares, un trasteo de 200 votos es casi segura la elección. Mire: hemos encontrado municipios como La Jagua del Pilar, en La Guajira, donde el censo poblacional, es de 3.325 habitantes, pero votan 4.000 personas. Solo allí se dejaron sin efecto 1.677 inscripciones.

¿Las inscripciones anuladas suponen que quienes se inscribieron no pueden votar?

Noooo. Y ese es un tema importantísimo. La anulación de la inscripción no significa que los ciudadanos inscritos no puedan votar; claro que lo pueden hacer. Lo que pasa es que 915.0000 ciudadanos no van a poder votar en el lugar donde acaban de ser inscritos. También es importante aclarar que el ciudadano que considere que no es trashumante puede solicitar que se revoque la decisión aportando los documentos que acrediten su nueva residencia electoral; vamos a enviar los listados a las registradurías y se van a publicar en las páginas web.

Entonces, ¿un ciudadano con inscripción anulada dónde puede votar?

En donde votó en las pasadas elecciones. No pierde el derecho de votar.

¿Y si la trashumancia viene desde entonces?

El Consejo Electoral investigó la trashumancia histórica; es decir, se revisaron las inscripciones del 2014 y las inscripciones del 2018; puede ser que un ciudadano sea trashumante desde esa época, y si lo es, el Consejo Electoral lo va a ubicar en el censo electoral inmediatamente anterior. Usted tiene razón, hay personas que son trashumantes desde hace dos o tres elecciones.

¿Quién paga las trashumancias? ¿Candidatos a alcaldes? ¿A concejos? ¿Caciques? ¿Líderes regionales, senadores, representantes?

Es muy difícil saberlo. Por eso hemos dado traslado a la Fiscalía de los patrones que hemos encontrado, para que sean la Fiscalía y los jueces los que investiguen.

¿De qué patrón me habla usted?

Primero, de aquellos lugares en donde hay más censo electoral que población; de lugares donde se inscribió mucha gente en los últimos meses. Por ejemplo, en Soacha se inscribieron desde el año pasado un promedio de 1.200 personas mensuales; pero en julio se inscribieron 20.000 personas en un solo mes; eso no es razonable. Y hemos hallado sitios donde encontramos 100 personas con la misma dirección de residencia, o con direcciones inexistentes.

¿En Cundinamarca también hay trashumancia?

Sí, señor. Por ejemplo, hicimos una visita a un pueblo muy pequeño pero muy representativo. Se llama Villagómez. Allí se elige alcalde con 700 votos. De 150 inscritos, 120 no viven allí.

¿Qué otros casos llamativos ha encontrado?

La Jagua de Ibirico, en Cesar: se inscribieron 4.300 personas, y se declararon 5.800 trashumantes. Es un municipio con trashumancia histórica.

Dentro de la investigación, ¿qué movimientos políticos advirtieron?

Eso no lo averiguamos. No es nuestra función. La Fiscalía investigará.

Fiscalía General de la Nación

¿El informe que usted da a la Fiscalía podría originar capturas y penas?

Claro, puede ser. Una cosa que los ciudadanos no saben es que desde el año pasado, con la Ley 1864 del año 2018, se expone a ir a la cárcel tanto el que instrumentaliza y arma los grupos como el ciudadano que, a cambio de cualquier dádiva, se presta para eso. Prestarse para ir a votar a un lugar donde no tiene residencia electoral es un delito que puede llevar a la cárcel.

¿Cuál es concretamente el delito penal que se configura?

Fraude en inscripción de cédulas, y tiene una pena de 4 a 9 años de cárcel.

¿Por qué están tan enredadas estas elecciones? Por una parte, asesinatos de candidatos, secuestros, extorsiones, amenazas, trashumancia. ¿Qué es lo que pasa?

En todo el país se advierte polarización, los ánimos están enardecidos, la rivalidad política está muy fuerte en las campañas, las disputas entre candidatos están muy intensas, el vocabulario de las campañas es muy agresivo; y eso va generando una discusión y un enfrentamiento que va más allá de las ideas, y genera agresiones mutuas. Usted ha podido ver que algunos candidatos asesinados o amenazados no fueron y no son víctimas del narcotráfico, ni de las bandas criminales ni de la minería ilegal. Son víctimas de violencia política local, y eso origina que la gente se enardezca y termine generando enfrentamientos. Vamos a visitar los municipios que tengan marcada violencia política. Tipo Mapiripán.

¿En qué otros municipios se han advertido circunstancias de ese tipo?

En El Paso, Cesar; allí hay 13 candidatos a la alcaldía, y el secretario de Gobierno del departamento ha advertido una intensidad muy fuerte en esas campañas. Nos preocupa mucho esa situación. Se ha escalado en la discusión electoral, en la rivalidad política, en los enfrentamientos personales entre los candidatos, en las agresiones verbales y hasta físicas. Insisto, en gran medida por la polarización.

¿Hay participación de dineros del narcotráfico en las campañas?

Realmente no son muchas las denuncias que se presentan al respecto.

¿Qué sabe el Consejo Electoral sobre la financiación de las campañas?

Mire: los candidatos no han entendido, o no lo quieren hacer, que tienen obligación de reportar la información sobre gastos semanales de campaña. Para determinar si hubo violación de topes, solo lo podremos hacer dos meses después de la campaña, porque es fecha límite para presentar contabilidad. Así lo dice la ley.

Le voy a dar un dato: de 117.768 candidatos, hoy solamente 3.125 están cumpliendo con la obligación de reportar sus gastos semanales de campaña.

Eso no es ni el 3 por ciento...

Así es. Y eso es grave. Les hemos advertido a los partidos que también son responsables por esa omisión, y estamos adelantando con la Procuraduría visitas a las campañas políticas para revisar sus gastos. También hemos visitado 17 ciudades de Colombia, haciendo pedagogía y capacitación. Aquí no se trata de sancionar a nadie, de mandar a la cárcel a nadie, sino de pedir que cumplan con la ley. Que hagan la tarea con seriedad; esto no es cacería de brujas, es la ley.

Y si siguen sin cumplir, ¿qué pasa?

Van a tener varios problemas. El primero, les aplicaremos multas millonarias. Segundo, si violan los topes de campaña, se exponen a terminar perdiendo su investidura y serán investigados penalmente. Superar topes de campaña es delito.

¿Y usted cree que estos 118.000 candidatos no lo saben?

Claro que lo saben. Nosotros hemos capacitado a los partidos, mandamos circulares periódicamente; mañana, cuando ya no sepan qué decir, se van a meter en líos porque, insisto, pueden ir a la cárcel.

¿Y qué pasó con la ley que da participación obligatoria a la mujer en las listas?

Eso también es violencia política: a las mujeres las utilizan para rellenos, eso es penoso; en un país como este, con tantas mujeres capaces y valiosas, no puede pasar eso. No les dan oportunidad de acceso a cargos de poder, eso no es serio, no es responsable. Al contrario, las mujeres deberían ser protagonistas de la política. La mujer dignifica la política.

Con todas estas irregularidades, ¿hay en el Consejo Electoral alerta roja?

El Consejo Nacional Electoral está en alerta por muchas cosas que están ocurriendo en el país: la trashumancia, la compra de votos, las amenazas, los asesinatos, los secuestros, etc. Ahora, el CNE, no es cuerpo de seguridad o protección ni investiga faltas penales. Esta es una tarea de todos los organismos del Estado, que deben trabajar mancomunadamente.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO