Fiscal General no es partidario de libertad masiva de presos

El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, se opone a una excarcelación masiva de reclusos para protegerlos de la pandemia de coronavirus, y propone, en cambio, trasladar a quienes están próximos a cumplir sus condenas a lugares que fueron de narcotraficantes y que hoy maneja la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

El Fiscal observa que "nuestra criminalidad es más peligrosa que la pandemia".

Anuncia, por otro lado, que vinculará al embajador Fernando Sanclemente a la investigación penal por el hallazgo de laboratorios para elaborar cocaína en su finca. Y dice que será implacable en la vigilancia de los recursos para manejar la actual emergencia. Barbosa revela que judicializará a quienes acaparen o especulen con alimentos o con fármacos.

¿Cuántas personas han sido judicializadas por incumplir el confinamiento?

Desde el primer día de esta pandemia, mi instrucción fue la de trabajar esta problemática. Por ello, desde el 17 de marzo se designó a un fiscal coordinador y a un grupo de Policía Judicial, articulados a mi despacho. Esto ha permitido investigar 51 hechos delictivos en distintas municipalidades. 17 están en indagación preliminar; 30, en etapa de investigación, lo que quiere decir que ya formulamos la respectiva imputación de cargos.

¿Ya hay procesos por especulación y acaparamiento?

Me duele como colombiano la indolencia de aquellos que se aprovechan de la gente en esta crisis. Sobre ese tema hemos hechos dos cosas. La primera tiene que ver con la viabilidad de aplicar sanciones penales en esta crisis, y, la segunda, verificar hechos de especulación y acaparamiento, con los 35 directores seccionales del país y un equipo de 80 investigadores destacados del CTI y de las Sijín. Con estas acciones y con el Decreto 507 del 1.º de abril de 2020, que autoriza al Gobierno a fijar los listados de precios de productos considerados de primera necesidad, la Fiscalía judicializará a quienes especulen y acaparen.

¿Ya fue llamado a declarar ante la Fiscalía el alcalde de Popayán, Juan Carlos López, por ocultar que estaba contagiado con coronavirus?

La Fiscalía radicó ante los jueces una solicitud de audiencia de imputación por el delito de falsedad ideológica en documento público contra el alcalde López. Este delito se tipificaría en la medida en que contamos con evidencias de que el señor López plasmó en un documento público un hecho que no corresponde a la realidad.

Por otra parte, ¿las EPS están dando oportuna atención en la actual emergencia?

En conjunto con el señor contralor, el doctor Carlos Felipe Córdoba, y de su equipo hemos desplegado nuestros funcionarios para tener una visión cierta del estado de atención a los contagiados por parte de las EPS. Estamos estableciendo si las EPS están cumpliendo los protocolos adoptados por parte del Ministerio de Salud. El mensaje es claro: estaremos encima de quienes tienen responsabilidades en términos de salud en el país.

¿Pero, exactamente, eso qué supone?

Que es inaceptable no entregar los recursos a tiempo, invertirlos en forma equivocada o sencillamente robárselos. No vamos a permitir que ni las EPS ni las autoridades locales, distritales o nacionales se escuden en la ineficiencia o en prácticas de corrupción para justificar los posibles dramas que se sufrirán con el covid-19. La Fiscalía en esta crisis será implacable.

Pero, concretamente, ¿cómo se va a ejercer vigilancia?

Vamos a actuar primero, con mucha rapidez. El que intente meterse con los recursos de la salud o sea ineficiente en el manejo de los mismos no merece trabajar para o con el Estado y comprometería su responsabilidad fiscal y penal. Espero que el mensaje que envío como fiscal general quede claro.

¿Cómo trabaja la Fiscalía en estos momentos con un confinamiento obligatorio?

Mi propósito es mantener la entidad al 100 por ciento de funcionamiento. Y así lo hemos hecho. Ayuda mucho que en un mes de funciones, antes de iniciarse la pandemia, haya recorrido 11 direcciones seccionales del país. Eso me permitió cohesionar la entidad. Ahora, me reúno virtualmente con mis delegados, directores de las Unidades Nacionales, el director del CTI y mis 35 directores seccionales para evaluar la manera como debemos trabajar en esta crisis y como debemos garantizar la continuación de la función de investigar y atacar la criminalidad.

¿El grupo que usted creó para vigilar la inversión en salud en todos los departamentos ya llegó a algunas conclusiones?

El grupo se creó a partir de las obligaciones impuestas a las autoridades en los decretos que disponen, entre otras cosas, determinar si los mandatarios locales y departamentales se encuentran cumpliendo las medidas e instrucciones adoptadas para superar esta emergencia sanitaria. Estamos revisando los contratos que se han celebrado en el marco de la emergencia. Siempre aparecen avivatos que aprovechan estas crisis para contratar desaforadamente sin que exista una relación con el objeto de la emergencia. A esos los vamos a perseguir.

¿Es decir, habrá sanciones penales para quienes violen medidas sanitarias?

Por supuesto. Algunos sectores han calificado estas medidas de populismo punitivo. Una persona contagiada es un vector de contagio que puede comprometer la vida de otra. Por eso, la Fiscalía buscará la sanción de estas personas como medidas de disuasión para que se respete el orden social.

¿Qué opina de la excarcelación masiva de detenidos?

El día miércoles instalé un comité técnico de alto nivel interno con la señora vicefiscal general, la Dra. Marta Mancera, y con la participación de una representatividad importante de la entidad. Esta semana daremos nuestras recomendaciones dimensionando el rol de la Fiscalía en esta coyuntura.

Debemos pensar cómo ha ocurrido en Italia y en gran parte de los países con covid-19 donde se han probado fórmulas. Por ejemplo, permitir que salgan los condenados que estén ad portas de cumplir la pena, siempre y cuando tengan cómo sostenerse económicamente, exigencia de todos los países. La otra población carcelaria en riesgo debería ser trasladada a otro lugar.

¿Pero a qué otro lugar?

Para viabilizar mi propuesta podría ubicarse esa población en los bienes que administra la Sociedad de Activos Especiales (SAE), cuyos inmuebles serían destinados como establecimientos de reclusión temporal para trasladar personas enfermas, mientras se supera la emergencia. También allí se podrían recluir a quienes delinquen y sean capturados o a quienes se encuentren en las unidades de reacción inmediata (URI). Incluso, si ocurren casos de covid-19, esas personas deberán trasladarse a alguno de esos bienes especiales para separarlos de los otros reclusos. Ese es posiblemente el decreto que se requiere, no normas temporales que pretendan resolver problemas históricos de hacinamiento que no caben en esta emergencia donde, incluso, la justicia está restringida por el confinamiento de jueces y fiscales, que nos ha llevado a trabajar virtualmente. Estas ideas las propondré la próxima semana a la Sala Penal de la Corte Suprema, al Consejo Superior de la Judicatura, a los presidentes de las altas cortes y al Ministerio de Justicia. Con la idea de reclusión temporal se superaría el debate de la emergencia carcelaria por covid-19 y le quitamos un peso importante a una ciudadanía atemorizada por el virus y, eventualmente, por el potencial aumento de la criminalidad en las calles. Le hago la siguiente reflexión: si los presos salen, alguien debe garantizarles la manutención o ellos mismos asegurársela. También deberán tener un domicilio donde residir. Pero la realidad es otra, los presos salen de la cárcel sin recursos, es difícil para esta población encontrar opciones de empleo, más aún en una coyuntura como la actual. Las consecuencias pueden ser peores si la coyuntura actual nos lleva, en próximas semanas, a una contracción económica que aumente la delincuencia en las calles.

Es seguro que la ciudadanía exigirá respuestas de la Fiscalía General...

Claro. Y no tendremos elementos para actuar porque, incluso, las cárceles estarán cerradas. Esto no es serio con la ciudadanía y con los mismos presos. Por convicción y principios, considero un riesgo inminente la excarcelación masiva de presos. Las cifras de la Fiscalía me permiten afirmar que nuestra criminalidad es incluso más letal que el covid-19. No es responsable crear un caos social y judicial con medidas que suenan bien para ciertos sectores, pero cuyas consecuencias en su aplicación nos conducirán, en pocas semanas, a graves problemas de seguridad pública para nuestros ciudadanos. Mire Yamid: mi rol como Fiscal General es perseguir la delincuencia, no promoverla. Por cuenta de la emergencia decretada se diseñó una estrategia con el Inpec, la Policía Nacional, la delegada para la Seguridad Ciudadana y el CTI que permitió trasladar a sus lugares de residencia a las personas con detención domiciliaria que se encontraban en las estaciones de policía, en las celdas transitorias del CTI y salas de paso.

Nuestra criminalidad es más letal que el covid-19. No es responsable crear un caos social y judicial con medidas cuyas consecuencias conducirán a graves problemas de seguridad pública

Hay quienes dicen que la excarcelación favorecería a detenidos de altos estratos...

No es así. Este tipo de reclusos se encuentran en condiciones que permiten adoptar las medidas preventivas para evitar el contagio.

Otro tema: ¿ya se designaron los nuevos fiscales que se encargarán de continuar investigando el caso Odebrecht?

Sí. Se creó un grupo de tareas especiales a cargo del coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, quien lidera la investigación, asume la colaboración internacional y las negociaciones con los imputados. Cuenta con los fiscales delegados para los aforados. También 13 fiscales delegados de todos los niveles y 10 funcionarios de policía judicial, personas de carrera en la Fiscalía con reconocida probidad y compromiso para asumir los 175 radicados de esta macroinvestigación. Ese, Yamid, fue mi compromiso con la Corte Suprema cuando me entrevistó en el marco de mi escogencia como fiscal general. Gran parte de las preocupaciones de la sala penal fue la de avanzar en esa investigación, y le daremos al país resultados. Algunas críticas llegaron por ese cambio. Curioso y paradójico que quienes dijeron que no estaban de acuerdo con cambiar la radicación de ese caso fueran los mismos que criticaron al fiscal general por la investigación de Odebrecht. Acá quiero, como fiscal general, mayor razón y menos pasión. Por eso, los resultados en algunas de esas líneas empiezan a aparecer y le mostraremos al país pronto los resultados.

¿Se mantendrán acuerdos de cooperación con exdirectivos de Odebrecht en Brasil?

Por supuesto. Eso también lo prometí. Los términos negociados con los colaboradores se mantienen intactos. Se fortalecerá aún más la colaboración.

El tema siguiente es este: la investigación sobre el laboratorio de procesamiento de cocaína encontrado en una finca de propiedad de la familia del embajador de Colombia en Uruguay Fernando Sanclemente. ¿Van a citarlo a declarar?

No solo lo citaremos. Lo vincularemos. De hecho, la semana pasada ordené la asignación especial a un fiscal ante la Corte Suprema de Justicia con la colaboración de la delegada de finanzas criminales. Estos temas no son de poca monta para la Fiscalía. La finca del embajador fue destinada para tener un laboratorio dedicado al procesamiento de cocaína. No se trataba de algo sencillo y transitorio. Por el contrario, se trataba de una estructura bien montada con tres instalaciones que tenían la potencialidad de producir 1,8 toneladas de cocaína mensual. El día del allanamiento se hallaron 7 toneladas de insumos y 10 kilos de cocaína. El embajador tendrá que explicar cómo no se percató de tamaña operación. La investigación va muy avanzada. Le puedo dar la tranquilidad al país que en esta Fiscalía no habrá privilegio alguno.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO