A punto de perderse miles de millones dados a los Nule

Una pequeña parte de los dineros del Estado, en poder de los Nule.

El representante de la Contraloría en el proceso denuncia que la entidad no ha podido embargar bienes porque la Supersociedades y la Cancillería no han ayudado.

Miles de millones de pesos que el llamado Grupo Nule recibió del Estado por anticipos de contratación o por obras inconclusas o no realizadas están a punto de perderse sin que la actuación de los organismos de control y judiciales, la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía parezcan estar en capacidad de evitarlo. A esta conclusión ha llegado la Contraloría, según su representante en el proceso contra el clan, el penalista Édgar Ortiz.

Es experto en Policía Judicial, ex fiscal sin rostro, juez durante 26 años, asesor de organismos internacionales en la implementación del sistema penal acusatorio y actual catedrático del Externado de Colombia. Fue, además, uno de los asesores de la Asamblea Constituyente para crear la Fiscalía.

Ortiz sostiene que solo una cumbre entre la fiscal general, Viviane Morales; el procurador, Alejandro Ordóñez, y la contralora, Sandra Morelli, podría generar los mecanismos de cooperación y coordinación institucionales para que la Nación salve todo el dinero hasta ahora perdido en el escándalo Nule.

¿Pero que se ha hecho para recuperar el dinero en poder de los Nule?

La Contraloría adelanta 27 procesos de responsabilidad fiscal, en los que también vincula a los funcionarios que pudieren resultar responsables. Se han hecho embargos de los bienes de los servidores públicos y de los contratistas. Sin embargo, no fue posible practicar embargos en el exterior, porque la Cancillería considera que solamente puede actuar a instancias de la Fiscalía o de un juez. La Contraloría interpuso una acción popular para que se establezca judicialmente la responsabilidad, tanto de los Nule como de los interventores, auditores, jefes de control interno, ordenadores del gasto y representantes legales de entidades, que con su conducta personal contribuyeron en la afectación del patrimonio público. A la Superintendencia de Sociedades se le pidió el embargo de las acciones de Enertolima y Enerpereira, y tras larga espera, el Superintendente le pidió a la Contraloría una caución de 1.500 millones de pesos, desconociendo el mandato de la ley 610 de 2000. En el entretanto muchas cosas han pasado con esas acciones.

¿Y los bienes en el exterior?

La Cancillería insiste en canalizar los embargos por conducto de un juez, a pesar de que los tratados y las convenciones anticorrupción solo exigen que la autoridad que solicita el embargo tenga dichas facultades en su propio país. Es más, al haberse solicitado el reconocimiento de la Contraloría como autoridad central, la viceministra Patty Londoño dijo que se trata de una decisión política y que la Contraloría debe consultar y coordinar con el Ministerio del Interior y con la Fiscalía. Valdría la pena recordar que la autonomía de la Contraloría es de rango constitucional, y que mal puede condicionarse a las actuaciones de órganos que a la vez son sujetos pasivos de control fiscal.

¿La caución impuesta por la Superintendencia es legal?

Olvida la Superintendencia que la Contraloría está exenta de esta obligación y esas acciones parecen estar en un fondo en Nueva York. Es muy difícil la acción. Hay toda una telaraña de obstáculos. Queremos que los tratados de lucha contra la corrupción y lavado de activos se respeten y se apliquen, que no solo se firmen. Esos miles de millones de pesos perdidos deben volver al Tesoro Nacional, Distrital, Departamental o Municipal, según el caso.

¿En qué va a parar lo de las cuentas y los bienes de los Nule en el exterior?

La Contraloría radicará ante la Fiscalía el lunes de Pascua una acción de extinción de dominio. Luego de varias consultas con el Banco Mundial y la Interpol, y teniendo en cuenta que la misma Fiscalía adelanta otras investigaciones por lavado de activos, esa acción nos va a permitir actuaciones mas rápidas, en tanto la Fiscalía sustancia los demás procesos. Esa acción nos permite solventar los obstáculos respecto de bienes adquiridos con recursos provenientes de los anticipos y que hoy se encuentran en cabeza de terceros.

¿Los delitos imputados hasta ahora a los Nule corresponden a sus conductas?

No. El lavado de activos y la celebración ilícita de contratos son parte inescindible de la calificación, habida cuenta de las conductas ya identificadas.

La Fiscalía ya anunció un preacuerdo con los Nule. ¿Eso ayuda o perjudica?

Eso es normal dentro del sistema oral, el preacuerdo es legal y legítimo, pero nada se ha hecho para recuperar los recursos. Hemos identificado pruebas que nos permiten solicitar imputación por otros delitos que la Fiscalía no está ventilando en esta audiencia, y lo hacemos para que no quedemos por fuera y nuestra expectativa de reparación, defraudada

¿Cómo así? ¿Por fuera de qué?

Para la Contraloría, la privación de la libertad nada tiene que ver con la reparación. Debe quedar claro que las víctimas, es decir el Estado, deben ser reparadas.

¿Teme que el preacuerdo no incluya la devolución del dinero?

Exactamente. Para mí no es relevante que se vayan a la cárcel. Nos parece bien que les pinten la casa fiscal. Nuestro interés es que se le devuelva el dinero al erario. En un solo proceso tenemos una reclamación de 198.000 millones de pesos; hablo del anticipo de la Fase III de TransMilenio. Se amortizaron, según facturas de obras, solo 14.000 millones y queda un remanente de 69.000 millones de pesos. Tenemos pruebas de los destinos de esos recursos, y en su mayoría son en artículos suntuarios, como leasing para aviones, carros, casas, pago en almacenes en el sitio más exclusivo de Miami, en joyas y en el pago en los hoteles más costos del mundo. No han devuelto los anticipos, como dice la Alcaldía. Ese dinero no se ha recuperado; lo pagó Segurexpo, creada con recursos del Estado.

¿Y todos los demás contratos?

Incluyendo los contratos conocidos se hicieron anticipos por más de 249.495 millones. Se realizaron amortizaciones por unos 108.419 millones. En consecuencia, existe un saldo por amortizar de 141.075 millones.

¿Estos 141.000 millones es la suma que está perdida?

Es solo parte. Le diría más: una pequeña parte de los dineros del Estado, en poder de los Nule, en cuyo seguimiento estamos comprometidos. Muchas otros recursos recibidos por ellos están siendo investigados a niveles locales y regionales.

¿Por qué la Contraloría acusa a los Nule de lavado de activos?

Las operaciones realizadas con recursos provenientes de un ilícito para ocultar ese origen indebido se llama lavado de activo. O sea, blanquear dinero producto de un ilícito. Esa conducta puede ser denunciada por cualquier autoridad, en cualquier país donde se consignaron esos dineros. Ojalá que Colombia no vaya a vivir el trago amargo de que los suizos, italianos o los norteamericanos inicien de manera más eficiente esas acciones y se que queden con los dineros de los anticipos de los contratos suscritos en Colombia.

¿Están trabajando de acuerdo Fiscalía, Procuraduría y Contraloría?

La Contraloría y la Procuraduría mantienen un permanente régimen de cooperación y traslado recíproco de pruebas. La Fiscalía considera que el convenio interinstitucional no puede ejecutarse, toda vez que la reserva de la prueba en el proceso penal puede verse defraudada si se traslada a las actuaciones fiscales y es consultada por los apoderados.

¿Entonces cada cual por su lado?

Sí. Cada cual tiene su competencia y cada cual tiene su forma de trabajar. No hay armonía entre todos.

¿Es problema institucional?

Exactamente. Es indispensable que se sienten las cabezas de las instituciones y hagan una programación de trabajo conjunto. El otro día, el Procurador habló casi en términos rogatorios para que las pruebas no se quedaran en la Fiscalía y dijo que había que colaborar con la Procuraduría. En un tema como este, vemos que la Fiscalía hace un trabajo extraordinario, pero también la Contraloría ha hecho gran trabajo y la Procuraduría, por su lado, también. Pero no estamos coordinados y así el resultado sin duda no va a ser de lo mejor. Tenemos que crear un escenario de unión conceptual. Sería útil una cumbre de las tres instituciones, porque el éxito de las tareas investigativas solo se logrará con una decidida voluntad de las distintas autoridades del Estado.

Ese "cada cual por su lado" es el único tropiezo que tiene la Contraloría?

No. Funcionarios y asesores de entes auditados confunden el accionar de la Contraloría en sus funciones de policía judicial con allanamiento, y se oponen, no siempre de buenas maneras, argumentando que es indispensable la intervención del juez de control de garantías y de la Fiscalía. Antes se revisaban los libros de contabilidad y nadie pensaba que era un allanamiento. Ahora, como la contabilidad está en computadores, entonces la inspección de esa información genera las más insólitas reacciones.

Una gran conclusión...

Necesitamos mas colaboración y trabajo conjunto, el esquema legal no nos ayuda. Puede ser que en materia penal se logre un castigo justo al delito y se dicten sentencias, pero en materia económica nos vamos a quedar sin nada, y ese no es el ideal de la justicia moderna. Si no logramos recuperar los dineros públicos, pierde el Estado y perdemos los colombianos, porque esos dineros son el producto del pago de los impuestos. Insisto: hay que unir esfuerzos para no quedarnos con fallos para enmarcar.

Millonarios anticipos sin justificar

De los contratos hasta ahora rastreados por las autoridades, y que fueron adjudicados a las firmas del Grupo Nule en los últimos siete años en todo el país, los contratistas no justificaron en qué invirtieron más de 141.000 millones de pesos.

Así lo establece el cruce de datos elaborado por la Contraloría General de la República.

Dentro de los anticipos que aún no han sido legalizados, por ejemplo, aparecen 6.000 millones de pesos de la Gobernación de Cundinamarca; casi 1.000 millones del Convenio Andrés Bello; 3.872 millones de la CAR en el Atlántico; y hasta 136 millones de pesos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Así mismo, en el Invías figura un anticipo por 4.286 millones de pesos, que los Nule no han legalizado, según dicho informe. Otras entidades a las que los tres ex empresarios no les rindieron cuentas de la inversión de los anticipos de los contratos son la Gobernación de Sucre, TransMilenio, Aseo Tocaima, Fonade, Surtigas, la Dian y la Alcaldía de Cali.

Yamid Amat
Especial para EL TIEMPO