Jueces no intervendrán en preacuerdos, su función será solamente fallar: ministra de Justicia

La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General , con el apoyo del ministerio de justicia, se han puesto de acuerdo para robustecer las funciones acusadoras de la fiscalía  y eliminar la intervención de los jueces, quienes actualmente tienen el poder de aceptar o negar los fallos de la fiscalía.

Semejante enmienda está contenida en el proyecto de ley de reforma procesal penal, que presentaran corte y fiscalía en las próximas sesiones ordinarias del congreso. La revelación la hizo a este cronista para EL TIEMPO,  la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quien apoya el proyecto. Ella acaba de ser aspirante a la Fiscalía general. Es abogada del Externado de Colombia, donde cursó especialización  y maestría  en derecho penal y tiene un posgrado en política y criminología en derecho penal en la Universidad de Salamanca (España).

- ¿El Ministerio de Justicia sí es un Ministerio de Justicia?

- Sí. Pero, debe repensarse el marco para su actuación dentro de un proceso de paz. Esa nueva construcción significa partir de los elementos esenciales del marco de paz y de la constitución. No es lo mismo pensar en una justicia que busca la paz, que en una justicia represiva. Hoy el marco es represivo.  Es una justicia punitiva. En cambio, en el marco de la paz se empiezan a promover modelos de diálogo.

- ¿En Colombia hay justicia?

- Yo creo que sí hay justicia, pero no la necesaria.  La justicia es un elemento de equidad, de reparación, de retribución. El problema es que no hay capacidad para fallar sobre todos los delitos y los demás reclamos  y no hay posibilidad tampoco de que el sistema procese el nivel de demanda de justicia. Se deben implementar mecanismos que permitan que la justicia llegue a todos, no solo a algunos.

- ¿Y cómo se hace para lograr eso?

- Se deben generar mecanismos de lo que nosotros llamamos acceso a la justicia real. Hay muchos municipios sin justicia.

- ¿Qué quiere decir eso?

- Que no hay fiscalía, que no hay jueces, que no hay posibilidad de que acceda el ciudadano  a la justicia.

- ¿Cuántos municipios de Colombia viven esa situación?

- Más de 800

- La inmensa mayoría de los municipios de la nación. A pesar de eso, insiste usted en que sí hay justicia...

- Justicia sí hay. Pero no la que debiera; tenemos un grado de impunidad del 91%

- ¿Impunidad en qué delitos?

- En todos, pero mire: cuando yo digo que sí hay justicia, me refiero a que existen cortes, existen tribunales, existen jueces.

- Usted dice que sí hay justicia en Colombia. Pero también afirma que el problema es que hay el 91% de impunidad. ¿No es una gran contradicción?

- Yo no la veo como contradicción.  La justicia en Colombia es admirada.  Pero se ha generado una  impunidad que avanza sin que la Justicia tome correctivos.

- ¿Por qué hay impunidad?

-Porque hay tres fenómenos que yo he identificado. Uno, saturación del sistema. Dos, los fiscales no alcanzan a investigar los hechos porque tienen mucho trabajo y tres, también archivan.

-Pero hay 5600 fiscales....

-  SÍ, para también un índice de 4 millones de delitos anuales. Hay delitos que no se denuncian y el  nivel de violencia ha crecido. Los grupos criminales amenazan y hay gente que no denuncia esos hechos.

- Pero el sistema de rebaja de penas a cambio de denuncias, ¿funcionó?

- Eso al comienzo funcionó. Ya no.

- ¿Por qué no?

- Porque empezó a notarse la debilidad de la Fiscalía en el tema de investigación. Y se lo digo porque yo soy parte del sistema desde hace muchos años.

- ¿Entonces qué hacer?

- Una reforma procesal que entre otras cosas, está siendo preparada por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General y acompaña el Ministerio de Justicia.

- ¿Cómo es la propuesta?

- La propuesta es volver a que funcionen los principios de oportunidad y los preacuerdos. Y eso significa decir que el preacuerdo incluso va a tener la posibilidad de que se genere un arreglo, un allanamiento, una negociación de pena y que en algunos casos es decisión de la Fiscalía como es en el sistema anglosajón, por ejemplo. Entonces ahí lo que pasa es que la Fiscalía decide con su facultad acusadora sobre la base del preacuerdo.

- Pero eso requiere una ley...

- Sí. Ley Procesal Penal de Reforma. Lo va a presentar la Corte, la Fiscalía y la apoyó el Ministerio de Justicia anterior.  Se va a presentar después del 20 de julio.

- ¿Y en qué consiste ese Proyecto de Reforma Procesal Penal?

- En darle facultad a la Fiscalía para manejar el principio de oportunidad y el preacuerdo. Hasta ahora estaba en una responsabilidad compartida entre Fiscalía y jueces. Muchas veces los Jueces decían que no aceptaban  ese preacuerdo. El proyecto que se prepara dice  que va a ser Fiscalía la que decida, porque la acción penal está en cabeza constitucional de la Fiscalía.  Es un proyecto de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía. Coadyuvado por el Ministerio.

- ¿El marco constitucional de la Fiscalía qué dice?

- Que la fiscalía es el dueño de la acción penal. Si yo soy dueño de la acción penal, yo puedo decidir si sigo la investigación, si la paro o si la termino.

- ¿Eso es lo que se está haciendo, no?

- No. Eso está sometido a  un juez. Es decir, después de que la fiscalía acuerda, tiene que ir ante un juez para que el juez confirme. Y la mayoría de veces se están perdiendo los acuerdos. Se paraliza todo.

- Entonces, ¿la reforma elimina la intervención de los jueces?

- Así es. Se busca primero que se llegue prontamente a una responsabilidad en los preacuerdos. Que se diga es responsable, la pena es esta y el juez la impone.

- Ah... Pero sí interviene el juez...

- Pero para dictar sentencia, no para el preacuerdo.

- No para decidir. Queda con la obligación de dictar una sentencia. No de impedir ni de negar. ¿Qué busca el Ministerio o las Cortes con esa reforma?

- Las cortes buscan agilizar, recortar la impunidad. Porque muchas veces el proceso es tan largo que prescribe o que el juez decide que no y lo archiva, o lo devuelve, cuando la fiscalía cree que es perfecto el arreglo y el juez dice que no, que  investigue más. Eso tiene detractores y partidarios. Pero, la Constitución lo permite porque el artículo 250  dice que la acción penal está en cabeza de Fiscalía General.

- Y no de los jueces. ¿Por eso los retirarían del preacuerdo?

- Correcto.  

- ¿Qué es lo que provoca la impunidad?

- Yo creo que hay dos factores. Uno, el relajamiento en los archivos. Es decir, la Fiscalía está archivando el 81% de las denuncias.  Cuando no hay un delito el archivo sería consecuencia clara, por ejemplo, de que el fiscal dice mire, esto es un negocio, un contrato. Esto no tiene nada que ver con penal, pero el problema de eso es que de ese 81%, el 67% dice que archivan porque no han encontrado al responsable.

- ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué no se está investigando?

- Así es. Y lo tiene que hacer la fiscalía.

- Lo cual quiere decir, que como está funcionando la Fiscalía no está bien...

- Yo creo que ahora está incorporando la nueva fiscal, Luz Adriana Camargo, elementos de todos estos análisis, pero llegó hace poco. Encuentra ese panorama.

- ¿Todo mejorará?

- Sí, y creo que tiene políticas claras frente a eso.

- ¿Usted está trabajando en proyectos para presentar al congreso?

- Hay la necesidad de proyectar por lo menos una reforma procesal en términos de elementos que no existen hoy en día. Por ejemplo, la desmovilización de grupos colectivos, que es un proceso muy complejo.

- Señora ministra, ¿la corrupción ha contaminado la justicia?

- Sí. Y no solo la justicia. Todos. Hasta el sector privado tiene corrupción. En muchas ocasiones solamente unos ganan las licitaciones o por qué otros terminan siendo adjudicatarios únicos y exclusivos. Odebrecht. Uno tiene que ser sincero en esto. La sociedad colombiana ha generado un modelo de corrupción en todo el estamento privado y público. No todas las personas, pero hay un modelo de corrupción que subyace que es muy fuerte. Y si no se ataca la corrupción, tampoco tenemos posibilidad de solucionar muchas cosas.

- ¿Es decir, el país está contaminado de corrupción?

- Yo creo que sí. De eso todo el mundo es consciente.

- ¿Usted no ve la necesidad de una constituyente?

-  La Constitución tiene normas suficientes. Yo creo que hay otras visiones y otros caminos.

- ¿A usted como le parece que va el país?

- El país está lleno de conflictos. Lo dice el CICR y el presidente lo ha mencionado No lo digo yo.

- ¿Qué la condujo a usted a aceptar el cargo?

- Dije : Déjeme dos minutos y a los dos minutos le contesté. Viendo el país como está, acepté.

- ¿Y cómo está el país?

- Yo diría que son varios países en uno solo, porque el país tiene territorios donde hay otras dinámicas. Nosotros nos acostumbramos a Bogotá. Pero mire Cauca.

- Lo que llaman sus otras dinámicas...

- Unas dinámicas de violencia, de control del poder. Mire Cúcuta, Tibú, Gamarra. Putumayo. El país tiene un tema de criminalidad muy fuerte. Aquí hay una crisis humanitaria, crisis de territorio: crisis es lo que está generando tanto problema

- ¿El país está en crisis?

- Yo creo que sí. Pues es que en un país que tiene tanta violencia, la crisis humanitaria es una consecuencia lógica de esa violencia. ¿Por qué? Porque se están afectando personas que no tienen nada que ver con el conflicto. Se está afectando población campesina. Se está afectando población étnica en una disputa en donde muchos de ellos no tienen nada que ver. Y desde ese contexto la crisis humanitaria es desplazamiento, pérdida de territorio, amenazas, extorsión y eso es lo que se quiere solucionar. Pero si nosotros seguimos pensando, en que tenemos que amargarle la vida al del frente, seguiremos en crisis.

- Y con semejantes problemas que usted menciona. ¿Qué hacer?

- Primero aceptar que eso está pasando, y yo los problemas no los niego ni los meto debajo del tapete,

- ¿Cuál es el camino?

- Aceptar por parte de la sociedad que estamos viviendo una crisis grave.

- Y ¿Cómo se llega a ese acuerdo?

- Pues yo creo que en el fondo hay mucha gente que entiende que a veces ceder es bueno y hay mucha gente que entiende que está primero el país, que el partido. Y en ese contexto también mucha gente entiende que está primero el país, que el interés personal. Puede que no sean muchos, pero los hay.