Caso de reventa de boletas de la Federación irá a justicia de EE. UU.

El escándalo público que estalló cuando el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto González, impuso multas por 18.000 millones de pesos a 17 personas naturales y 3 agentes de mercado "por haber ejecutado o facilitado una conducta anticompetitiva" amenaza con convertirse en un nuevo episodio del llamado 'Fifagate' y va a continuar ante la justicia de Estados Unidos.

El superintendente Barreto, de quien el presidente Duque dijo, al posesionarlo en el comienzo de su gobierno, que "es una persona de gran solvencia ética", anuncia en la siguiente entrevista que presentará su informe sobre la reventa de boletas por parte de la Federación de Fútbol para el Mundial de Fútbol de Rusia, a la Fiscalía General de la Nación y a la justicia de los Estados Unidos. Entre los multados están el expresidente de la Federación Luis Bedoya, quien ya está en juicio en Estados Unidos, y su sucesor, Ramón Jesurún, así como el vicepresidente del comité ejecutivo y presidente de la División de Fútbol Aficionado (Difútbol), Álvaro González; el expresidente de la Dimayor Jorge Perdomo y otros doce dirigentes y exdirigentes del fútbol colombiano.

La Superintendencia dictó una millonaria sanción por la reventa de boletas para las eliminatorias del Mundial de Fútbol de 2018... Hubo un delator que aportó importante información sobre el tema... ¿quién es esa persona o esa compañía que colaboró y qué beneficios recibió?

La empresa Ticket Shop y sus representantes, los señores César Carreño e Iván Arce, se acercaron a la Superintendencia con el fin de ser admitidos al programa de beneficios por colaboración, dentro de un proceso de delación. Ellos solicitaron ser escuchados, declararon, reconocieron su responsabilidad y participación en el cartel, se ratificaron, delataron a los demás participantes, al tiempo de proveer importantes pruebas testimoniales, documentales y contables de lo aquí investigado y sancionado, lo que permitió establecer no solo la existencia sino el funcionamiento del cartel y sus rentas ilegales por afectar a los hinchas en sobreprecios de hasta el 350 % en las boletas de los partidos de la eliminatoria Rusia 2018.

¿Y cuál es el incentivo para que se hicieran las delaciones?

El principal incentivo del programa de delación es que la colaboración activa para desarticular los carteles otorga hasta un 100 % de exoneración de la multa que se llegara a imponer; en este caso, Ticket Shop no tendrá que pagar 1.297 millones de pesos, y los señores Carreño y Arce, más de 60 millones de pesos.

Se ha insistido en que usted ha debido apartarse de este proceso, porque hizo declaraciones sobre el mismo antes de conocerse una decisión definitiva...

Eso es absolutamente falso y es una actitud desleal de los investigados hoy sancionados. Durante todo el proceso tomaron informaciones periodísticas, respuestas genéricas como que en 2020 el caso debería resolverse, fallarse, decidirse, como si ello supusiera un prejuzgamiento.

Pero no fue usted quien abrió la investigación.

Este caso se abrió en 2017, antes de mi llegada, en septiembre de 2018. El expediente lo vine a conocer con el informe motivado, es decir, la acusación, que hace la Delegatura de Competencia a mi despacho. En los procesos de competencia, la Delegatura actúa como una suerte de Fiscalía que investiga y acusa, y el despacho como juez, que valora, y junto con una junta asesora, sanciona. Tomaron un tuit de mi parte retuiteando una entrevista, y de allí iniciaron una campaña de ataques, formales e informales, en donde torpedearon el proceso con recusaciones, coadyuvancias de recusaciones, lo que no existe, quejas disciplinarias, presiones mediáticas, chismes, hostigamiento y persecución a mis funcionarios, entre otras prácticas muy reprochables.

Fue un proceso amañado, lleno de errores y en donde hubo actos de favorecimiento, información privilegiada y apariencia de legalidad

¿Qué ocurrió con las recusaciones?

Fueron resueltas en derecho, negadas, como era de esperarse; las acciones de tutela, respondidas; y los ataques, ignorados. Nos cuesta mucho investigar y sancionar en derecho, para caer en esas trampas y que por una salida en falso o un debate mediático se pongan en jaque el programa de delación, el gran trabajo de mi equipo y la seriedad jurídica que nos caracteriza.

Ustedes, en la sanción, afirman que se comprobó la existencia de un cartel de la boletería, ¿cómo operó ese cartel?

Ese cartel operó como un mecanismo de defraudación que buscaba adjudicar una licitación privada a dedo para distraer a las autoridades del 'Fifagate' y las sospechas que rodeaban al mundo del fútbol, local e internacionalmente. Además de un proceso amañado, lleno de errores y en donde hubo actos de favorecimiento, información privilegiada y apariencia de legalidad para hacer parecer todo transparente, con el fin de que la empresa Ticket Shop fuera la ganadora de una adjudicación, la cual fue concertada por los señores del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, empezando por Luis Bedoya, preso en Estados Unidos por el 'Fifagate', y Ramón Jesurún, entonces vicepresidente y hoy presidente de la Federación. La finalidad era que Ticket Shop se ganara el contrato y, acto seguido, suscribiera un contrato con la empresa Ticketya, quien sería la verdadera operadora en la sombra, manejando y revendiendo las boletas a su antojo, lo que generó que el hincha fuera víctima de publicidad engañosa, que nunca pudiera adquirir entradas, y que si las conseguía las tuviera que pagar entre un 100 y 350 por ciento más caras.

Si se revisan las sanciones en detalle, se ve que el monto aplicado a las personas naturales es diferente. Por ejemplo, al presidente de la Federación de Fútbol, Ramón Jesurún, se le sanciona con 304 millones de pesos y al señor Álvaro González, vicepresidente de la Federación, con 46 millones, ¿por qué esa diferencia? ¿Cómo se calcula el monto de la sanción?

Los montos de las multas se calculan de acuerdo con la información financiera de las empresas, el grado de participación en la conducta, el grado de afectación y responsabilidad. Es por ello por lo que las multas, como lo señalan el derecho colombiano y la Ocde, no pueden ser expropiatorias ni confiscatorias, pero sí proporcionales a la capacidad económica y la afectación causada por el obrar ilegal de personas y empresas en el cartel. Esa es la razón por lo que no todas son iguales.

Esta investigación se desarrolló durante casi tres años, ¿por qué demora tanto?

Un caso de competencia tiene una caducidad de cinco años, término que se debe analizar en cada caso, este en particular se abrió en 2017, nosotros llegamos en septiembre de 2018, y para abril de 2020 ya se tenía citado al consejo asesor, pues ya había sido investigado y analizado para ser decidido. Lastimosamente nos cayó la pandemia, la suspensión de términos, y por ello se aplazó el consejo asesor hasta julio de 2020. Los casos de competencia son grandes y complejos, se debe investigar mucho, valorar pruebas, testimonios, tener amplios debates jurídicos y algunos terminan en archivo y otros con informe motivado que recomiendan sanción. En este caso, todas las leguleyadas y tácticas dilatorias que intentaron, recusaciones, quejas, tutelas, chismes, presiones, etc., lo dilató aún más.

Somos reconocidos nacional e internacionalmente por la calidad investigativa y jurídica, no en vano somos miembros del Comité de Competencia de la Ocde

¿Qué sigue en adelante dentro de esta investigación?

Los sancionados tienen el derecho a presentar el recurso de reposición en la Superintendencia y una vez decidido no hay más recursos. Una vez paguen las multas, pueden acudir ante el contencioso administrativo a demandar la decisión, primero se paga y después se demanda, pues este es un proceso administrativo sancionatorio, no judicial. Han optado, como es de su usual proceder, por presentar infundadas acciones de tutela, además de confundir a la opinión con videos, apartes de testimonios e infundadas acusaciones, haciendo pensar que la decisión final es de las cortes. Ello no es así. El proceso por competencia en el caso de reventa de boletería del Mundial de Rusia concluyó con esta decisión de la Superintendencia.

¿Las irregularidades denunciadas podrían generar sanciones penales?

Recordemos que hay procesos penales internacionales, el de Luis Bedoya por 'Fifagate' en Estados Unidos, el de los presuntos sobornos por este mismo episodio de la reventa en la Fiscalía General de la Nación, y se nos ha solicitado el expediente por parte de otros dos despachos judiciales, lo que puede suponer que hay más casos penales en investigación. Adicionalmente, en su momento se remitirá el expediente al Ministerio del Deporte para lo de su competencia, en el proceso disciplinario que se les deba adelantar a los señores Jesurún y otros, sin perjuicio de las acciones que los tribunales de ética deban iniciar frente a estas graves conductas.

La Federación de Fútbol ha dicho que la investigación ha sido amañada...

La Superintendencia es una autoridad que merece respeto, que está bajo el imperio de la ley, que los procesos se adelantan con apego a la ley, que somos reconocidos nacional e internacionalmente por la calidad investigativa y jurídica, no en vano somos hace más de cuatro años miembros del Comité de Competencia de la Ocde y de la Red Mundial de Autoridades de la Competencia, y que nuestras decisiones se basan en pruebas y hechos, y se sostienen ante los tribunales.

La Federación también lo ha acusado de haber violado el debido proceso...

La Federación se dedicó a difamar y a atacar, a nosotros nos toca basar nuestras decisiones en hechos y pruebas aplicando el derecho vigente; ellos tienen mecanismos legales a su disposición y los invito a que los usen, si es el caso.

El presidente de la Federación, Ramón Jesurún, solicitó al Consejo Superior de la Judicatura adelantar una investigación disciplinaria contra su antecesor, Pablo Felipe Robledo, quien inició la investigación sobre la reventa de boletas; contra usted, que la continuó y la concluyó, y contra el delegado para la protección de la competencia, Juan Pablo Herrera...

El Consejo Superior investiga a los abogados en ejercicio y a los jueces de la República, yo no soy ninguna de los dos. Soy abogado, pero no ejerzo la profesión por expresa prohibición legal, soy servidor público. Tampoco soy juez de la República, no administro justicia, soy una autoridad administrativa. En igual sentido, el Delegado de Competencia es economista. Es claro el yerro legal y lo evidente es que se trata de otra de las tácticas del doctor Jesurún para presionar y hostigar. Esperemos que el Consejo Superior decida el archivo de esta infundada queja en derecho.

¿Es previsible una intervención de la Fiscalía?

Es nuestro deber cumplir con el ente acusador y dar traslado al expediente ante las solicitudes elevadas por ellos, así como a la justicia estadounidense por el caso 'Fifagate'.

¿Quiere decir que usted va a presentar la denuncia sobre la reventa y el informe de las multas impuestas ante jueces de Estados Unidos? ¿Con qué objetivo? ¿Entonces usted va a denunciar el caso ante la Fiscalía?

No, no haremos denuncias, las denuncias ya están en la Fiscalía interpuestas por terceros, una por un tema de sobornos y otros casos que imagino están en investigación, pues tienen reserva, el traslado del expediente se hace con base en esas solicitudes de ellos a nosotros.

¿Y va a llevar el caso ante la justicia de Estados Unidos, dentro del caso 'Fifagate'?

En el caso de EE.UU, esto obedece al convenio de cooperación que tenemos con el Departamento de Justicia, en donde un sancionado, Luis Bedoya, está en el proceso penal por 'Fifagate'.

¿Si no pagan las multas, qué pasará?

Las multas de la SIC se deben pagar antes de demandar y el no pago acarrea consecuencias como procesos coactivos, imposibilidad de contratar, inhabilidades, registros negativos en el Registro Único de Proponentes, cámaras de comercio, etc.

Pero la Federación dijo en un comunicado que las multas impuestas por usted solo podrán ser efectivas cuando exista sentencia debidamente ejecutoriada...

Eso no es cierto, antes de demandar en el contencioso deben pagar la multa, eso lo saben sus abogados.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO