Vuelco total a la Fiscalía, anuncia Viviane Morales

La nueva fiscal general, Viviane Morales, anuncia una reestructuración de esa entidad a la que considera hoy "un paquidermo" y revela que prepara un proyecto de reforma constitucional y un proyecto de ley, para transformarla, "porque no hay gerencia ni buen gobierno".

Advierte sobre un inminente fallo de la Corte Constitucional sobre fiscales en provisionalidad que "podría provocar un colapso total en la institución" y se queja de que no exista una división de política criminal en la Fiscalía.

"Aquí no se pueden mover los fiscales que están en carrera. Los 11 delegados ante la Corte Suprema de Justicia sí son de libre nombramiento y remoción del Fiscal, pero examinaremos con detenimiento su desempeño. No habrá un remesón abrupto".

¿No, llegó usted pues con 'escoba'?

No, y menos en una entidad en la que hay una memoria institucional. El único mensaje para los funcionarios de la Fiscalía es que quien cumpla bien sus funciones, puede estar tranquilo.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido en estos primeros días como Fiscal General?

El desorden administrativo es terrible. Además, estamos ad portas de una decisión de la Corte Constitucional que podría implicar la obligación de cambiar a mil funcionarios en la Fiscalía si decide que sigamos nombrando de una lista de elegibles que, en mi concepto, perdió vigencia desde noviembre del año pasado. Cambiar a 1.100 fiscales generaría un traumatismo enorme.

Pero la Corte ya ordenó que se entrara a proveer los cargos provisionales...

Es que ha habido tutelas sucesivas y posiciones enfrentadas entre la Corte Suprema y el Consejo de Estado, y quedó aún una lista de elegibles. Hay 3.700 cargos que no salieron a concurso. La Corte Constitucional tiene la última palabra, para saber si esos cargos se deben llenar con esa lista de elegibles o se abre otro concurso.

¿Cuántos fiscales se perdieron con la anterior norma contra la provisionalidad?

Han salido muchos. La capacitación de los fiscales para el sistema penal acusatorio le costó a la Fiscalía 38 mil millones de pesos en los últimos a años, y perdimos una gran parte de esa inversión porque muchos no pasaron el examen.

Concretamente, ¿cuál es el riesgo que afronta la Fiscalía hoy frente al eventual fallo de la Corte Constitucional?

Que salgan 2.140 funcionarios que están en provisionalidad. Imagínese lo que significaría cambiar esos funcionarios, de los cuales a 1.100 son fiscales. Entre ellos, hay 100 especializados, que son los que combaten terrorismo, narcotráfico, secuestro, lavado de activos; 500 fiscales seccionales y 500 fiscales locales. Eso es desmantelar casi 5 unidades nacionales. ¿En qué tiempo capacito nuevos fiscales y cuántos recursos necesitaría?

¿Diría usted que la Fiscalía quedaría en peligro de colapsar si se produce el fallo?

Así es. Quedarían detenidos miles de procesos mientras los nuevos fiscales se capacitan y conocen los procesos.

¿La Corte Constitucional decidirá sobre el tema a propósito de qué?

De tutelas. Quienes quedaron en la lista de elegibles alegan que tienen un derecho, quienes están en provisionalidad dicen que tiene un derecho. Ante ese dilema, el Consejo de Estado le dio la razón a unos y la Corte Suprema a otros. Ahora tiene que resolver la Constitucional.

¿Por qué dice que lo más sorprendente es el desorden administrativo?

No hay gerencia. Un documento se demora tres días en llegar del despacho del Fiscal a un funcionario de la misma Fiscalía. El documento pasa por un archivo, se le pone un sello vuelve y baja; se le pone otro. Cuando llega a su destino, tiene a sellos y han pasado tres días. Eso no puede ser. La Fiscalía tiene una estructura demasiado pesada, tiene 20.800 funcionarios. Es un paquidermo. Y con semejante tamaño, ¿usted cree que aquí hay un departamento de política criminal? No hay nadie que se dedique al análisis criminalistas: para dónde va la delincuencia, quién roba y por qué matan. Nadie investiga. Es una Fiscalía con un peso grandísimo sin tener una estructura que la haga coherente.

¿Es por eso la sensación exterior de que la Fiscalía es morosa?

Creo que sí. Aquí adentro hay tanta falta de gerencia, de buen gobierno. Por ejemplo, yo tengo mil procesos. Mil procesos que tengo que llevar, porque así lo ordena la ley. Eso retrasa todo. Un fiscal delegado me hablaba del desencanto que les produce trabajar en la investigación y enfrentarse a la realidad de que el Fiscal General debe desacelerar, en algunas ocasiones, por la imposibilidad física de asumir cada caso personalmente.

¿Y qué va a hacer?

Hay que presentar un proyecto de ley para modificar la Fiscalía y adecuarla a las necesidades. Hay que crear una dirección de política criminal. Mire: el Vicefiscal General no tiene planta en su despacho; sólo dos profesionales universitarios que no ganan más de 3 millones de pesos y secretarias, y personas que contestan el teléfono. Y hay que articular las direcciones seccionales, que hoy se sienten lejos del nivel central.

¿Pero la reforma estructural que proyecta es para crear más cargos?

No. Se requiere una redistribución de funciones. Aquí hay demasiados cargos menores y no una verdadera planta de expertos en política criminal. El proyecto propondrá crear una dirección para ello. Habrá que crear algunos cargos de fiscales y de investigadores.

¿Todo se solucionará con ese proyecto de ley de reestructuración de la Fiscalía?

No. También presentaré un proyecto de reforma constitucional, para que el Fiscal General pueda delegar en fiscales ante la Corte Suprema los casos en los cuales tiene su competencia sobre aforados, y que solo asuma aquellos procesos que, por la gravedad o la resonancia nacional, deba tener.

A propósito, ¿en qué estado está la investigación sobre las chuzadas?

Se expidieron 17 órdenes de trabajo para recabar nuevos elementos probatorios, con un término de 20 días.

¿Llamará a declarar a la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado?

Ella ya rindió un interrogatorio.

¿Y qué piensa de su decisión de asilarse?

Lo único que le digo es que, en mi ejercicio como Fiscal General, le daremos garantías completas a todas las personas investigadas: derecho al debido proceso, a la defensa. La justicia colombiana respeta las garantías.

¿No debió el ex presidente Uribe aconsejar el asilo por falta de garantías?

Los funcionarios públicos y quienes han sido funcionarios públicos tienen una obligación de comparecer y responder por sus actos. Eso es lo único que le digo. En el caso de esta y de todas las investigaciones se obrará con imparcialidad, rectitud, integridad y aplicación de todo derecho constitucional y legal.

Sobre el caso de los señores Nule, ¿es partidaria de que los fiscales sigan yendo al exterior a escucharlos?

No. El ejercicio de esa competencia se debe hacer en el país. Si se requiere una nueva declaración, los citaremos acá.

¿En qué estado está la investigación sobre la contratación en Bogotá?

Estamos ejecutando el programa metodológico de investigación. Todavía falta recaudar varios elementos probatorios.

¿Considera graves las denuncias que se han hecho sobre el llamado cartel de las contrataciones en la Alcaldía de Bogotá?

¿Quién no las consideraría graves?

Usted dijo cuando participaba en '6 am' de Caracol, que la doctora Sandra Morelli podría tener inhabilidades para ser Contralora. ¿Cuál es su posición?

Me pronuncié sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales para aspirar al cargo. Por ello me declaré impedida para conocer sobre la denuncia formulada por esos hechos.

En el Congreso de EE. UU. hay preocupación por los derechos humanos aquí, especialmente en el campo del sindicalismo y "falsos positivos"...

En relación con el tema de sindicalista, se creó una unidad especial: hay 1.881 víctimas identificadas y 330 sentencias condenatorias. La unidad de derechos humanos es la unidad más grande que hay en la Fiscalía con 100 fiscales, y tiene a su cargo asuntos como el de los homicidios producidos en persona protegida por el Derecho Internacional, conocidos como "falsos positivos".

¿Cuántos homicidios hubo atribuidos a agentes del Estado?

Hay 2.950 agentes del Estado vinculados a las investigaciones por ese delito. Se han condenado 249.

¿Entonces sí hay razón en que la ley de reparación, por parte del Estado, a victimas del conflicto incluya a quienes han sido víctimas de agentes del Estado?

Sí. La única manera de reparar definitivamente a las víctimas es reconociendo esta realidad.

Ley de Justicia y Paz requiere más fiscales

¿Cómo ve la ley de Justicia y Paz?

Creo que ni el Gobierno ni los legisladores imaginaron lo que iba a significar esa ley de Justicia y Paz. Hasta el año 2005, que es cuando comienza a regir la ley 975 de 2005, se han documentado 170 mil homicidios, en las versiones libres se han confesado alrededor de 44 mil. En 5 años hemos recibido 2 mil versiones libres, faltan 17 mil más... Se tendrían que crear unos 30 fiscales especializados para escuchar a estas personas y resolver su situación. Es indispensable y urgente aumentar esa planta. Ahora, hay que tener en cuenta que estos procesos tendrán un elemento completamente nuevo: el acuerdo que tendrán que hacer estos desmovilizados con el Gobierno, para "la reconstrucción de la memoria histórica". Es reconocer que estos procesos complejos no pueden limitarse únicamente al molde de la verdad judicial procesal.

¿Muchos de los desmovilizados son miembros de las bandas criminales (bacrim)?

El general Óscar Naranjo advirtió que es el más grave problema que tiene hoy el país. Yo también lo creo. Ya no son autodefensas, ni antiguerrilla. Es el tráfico de drogas y el crimen. Son desmovilizados que se volvieron a reciclar.

YAMID AMAT
ESPECIAL PARA EL TIEMPO