'Uno de los peores pecados que tenemos los colombianos es la cobardía'

La fiscal general, Viviane Morales, afirma que lo que están descubriendo en la administración pública es más grave que la violencia y el narcotráfico.
La fiscal general de la Nación, Viviane Morales, es contundente: los organismos de control y el Gobierno están descubriendo una "monstruosa red de corrupción que nos estaba robando el Estado". Dice que Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y Gobierno se han unido para dar la batalla contra esa corrupción, que considera "más grave que el daño de la violencia y del narcotráfico".
"Existe en el país una crisis estructural, porque los delitos de corrupción nos han desbordado. Si esto sigue estallando, los 4.000 fiscales que hay van a tener que dedicarse solamente a los casos de corrupción en la administración pública. Hay instituciones que han sido permeadas o cooptadas por estructuras de corrupción que llegaron a los más altos niveles dentro de la administración pública", afirma la Fiscal.
¿Qué produjo semejante situación?
Permisividad, falta de controles, fácil enriquecimiento. Quizás por atender con intensidad el combate al narcotráfico y el terrorismo, fueron pasando soterradamente los delitos contra la administración, que son los más difíciles de combatir porque encierran niveles de sofisticación enormes. En las investigaciones por el escándalo de salud, hubo que conformar todo un equipo de técnicos y especialistas en informática e Internet, para lograr descubrirla.
¿Pero por qué ocurrió todo esto?
En todas partes se enquistó la corrupción, pero en buena hora ha nacido una conciencia de unidad en el Estado para enfrentarla. La Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y el Gobierno estamos dando la batalla.
¿Considera este fenómeno más grande y más grave que el narcotráfico?
Sí. Es mucho más grave porque deslegitima al Estado, porque el ciudadano deja de creer en las instituciones. El robo de los recursos que deberían llegar a la salud por ejemplo, y que se quedaron en los bolsillos de funcionarios y particulares corruptos, hace un daño tan grave como la violencia y el terrorismo.
¿Y qué se debe hacer?
No se puede seguir pensando que la administración pública es tierra de nadie, o es tierra de corruptos. Haber despertado es, de por sí, un avance. Estos cuatro meses que llevo en la Fiscalía han mostrado que con carácter, valentía y decisión, se puede empezar a enfrentar la corrupción. Y eso es lo que estamos haciendo Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y el mismo Ejecutivo.
¿La Fiscalía ha encontrado colaboración de parte de funcionarios y ciudadanos?
Ese es otro problema: el miedo. A mí me cuentan con detalles sistemas y hechos de corrupción, pero me advierten: 'No me llame como testigo, porque no me atrevo a decir lo que sé'. He sentido que uno de los peores pecados que tenemos los colombianos es la cobardía. Al ver la reacción del Gobierno, Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, comprometidos, quizá esto produzca aliento al ciudadano para denunciar y unirse a esta batalla. Esta lucha la ganamos cuando los ciudadanos tengan el valor de denunciar chantaje, extorsión, estafas e invitaciones a delinquir en contratación y licitaciones. Los colombianos están amordazados por el miedo. Yo veo un Ejecutivo decidido y actuando. Los ciudadanos tienen que ser conscientes de que se nos han robado el Estado, que es de todos. Y no se van a quedar nuestras denuncias en el vacío. Además, estamos resueltos a darles la protección que necesiten por denuncias sobre casos de corrupción.
¿Qué quiere decir con su afirmación de que se nos han robado el Estado?
Eso. La infraestructura en este país es caótica, no se construyeron las obras que se tenían que hacer porque siempre terminaban con un costo tres veces mayor al que se había proyectado. La salud asaltada, la ayuda a los campesinos hurtada, la tierra decomisada, mal usada, la corrupción incrustada por todas partes. Contratistas, funcionarios públicos, miembros de corporaciones públicas, y mucho me temo que la alianza que hubo con los paramilitares era núcleo de corrupción.
¿Por qué nombra las corporaciones públicas?
Porque en concejos y asambleas departamentales se han tomado decisiones que han abierto la puerta para que haya saqueo de los recursos públicos.
¿Cómo han actuado los jueces frente a esta situación?
En primer lugar, la Corte Suprema de Justicia ha dado muestra de una actuación muy eficaz contra diferentes formas de corrupción en el tema de sus aforados y en sus sentencias contra la corrupción de congresistas y de altos funcionarios. Los jueces actúan con valor. Son muy conscientes de la batalla que se está adelantando y cumplen sus funciones. Siento que institucionalmente se ha despertado una especie de mística de los funcionarios del CTI, de fiscales y de jueces de mantener esta política de cero tolerancia frente a la corrupción.
¿Diría que el panorama es desolador?
Alentador, porque empezamos a responder.
¿Contra todas las personas que están detenidas por decisión de la Fiscalía, hay suficientes pruebas?
Quizás por eso muchas investigaciones no se deciden con más rapidez. Porque quiero que todos nuestros fiscales estén llenos de razones y de responsabilidades en el ejercicio de su cargo. Es que la libertad de las personas también es un bien sagrado, y sería absolutamente monstruoso proceder con afán mediático, solo por darle respuesta a la opinión pública.
¿Es decir que no se han tomado medidas precipitadas?
No. Son medidas fruto de investigaciones juiciosas, con elementos probatorios.
¿Usted diría que la corrupción que ha encontrado en Colombia es monstruosa?
Dolorosamente le respondo: Sí. Pero tengo una Fiscalía con gente valiente y capaz que va a responder a su compromiso. Estábamos sitiados por la corrupción.
¿Cuál es el estado de la investigación contra el alcalde Moreno?
Rindió interrogatorio y se investiga a más de 30 personas. Tenemos que garantizar el debido proceso, una investigación recta y con elementos probatorios suficientes, y no nos podemos basar en rumores ni precipitar decisiones.
Como el Alcalde fue suspendido por tres meses, ¿es posible que durante ese lapso se produzca el fallo penal?
La Fiscalía está adelantando con rigor esta investigación y tomará la decisión cuando tenga suficientes elementos probatorios. No actuará por presiones mediáticas ni de ninguna otra clase.
¿Y el escándalo sobre el robo de los recursos de la salud?
Hemos descubierto un gigantesco fraude. Tan grave, como los delitos que cometen terroristas y violentos contra la población. Por eso no tendremos un milímetro de consideraciones en esta investigación. El sistema de salud se ideó con fallas estructurales que permitieron grietas en las que anidaron ciertos gérmenes de corrupción, que crecieron horriblemente. Apenas hemos descubierto el primer eslabón de la cadena.
¿Cuándo comenzó?
En el 2006 se creó una instancia de apelación para cuando el Fosyga no pagaba recobros. Eran unas mesas de trabajo en las que se estudiaba el caso. Las mesas tenían un poder enorme y cuando se da ese tipo de poderes sin control, pues aparece la corrupción. En esas mesas se cobraron recobros por unos 30.000 millones de pesos que no se debían pagar, que era plata de la salud de los colombianos, que se pagaron indebidamente de mil maneras. Quienes estaban en estas mesas y eran funcionarios públicos cobraban comisión por la autorización de estos recobros. Y estamos hablando apenas de una de las modalidades de la defraudación al sistema de salud, ¡una sola! Estamos investigando pagos a muertos hace varios años, pagos de medicamentos sobredimensionados, pagos de tratamientos inexistentes, escandalosos precios de medicamentos...Cuando la reglamentación empezó a verse muy deficiente, se demoró mucho el Gobierno en actualizar los listados del POS. Entonces, todo lo que no estaba en el POS se atendía a través de tutelas, y a través de ellas comenzaron a pedir el recobro de medicamentos y tratamientos con monstruosos sobrecostos.
¿Quién nombraba a los integrantes de las mesas?
El Ministerio. Se está investigando a más de 20 personas.
¿La crisis de la salud, que condujo al entonces presidente Uribe a declarar una emergencia social y dictar una serie de medidas extraordinarias, fue producto de ese asalto a los recursos?
Claro. Los costos que invertiría el Gobierno en salud pasaron de 800.000 millones de pesos a casi 2 billones, en solo 3 años. Fueron el crecimiento desmesurado de los gastos por recobros y lo que se estaba cubriendo por fuera del Plan Obligatorio de Salud lo que precipitó la crisis.
¿Pero cómo el Gobierno, el Ministerio, los superintendentes, los fiscales, los procuradores, los contralores, no se dieron cuenta de semejante desfalco?
Esa pregunta es para ellos, no para mí.
El caso de las detenciones ordenadas
Sobre las detenciones ordenadas hubo reacciones, incluyendo al ex presidente Uribe, quien anunció que iba a marchar en señal de protesta, el 4 de mayo...
Soy absolutamente respetuosa de las decisiones de la justicia. Este es un Estado de derecho y uno tiene los recursos para interponer, cuando considera que no se está haciendo justicia. Hace apenas mes y medio nos mataron a una jueza. Tratar de deslegitimar las decisiones de la justicia es muy grave.
¿Pero cuál es su opinión sobre consideraciones humanitarias que se han hecho?
Es el juez de garantías quien valora las pruebas e impone la medida. La defensa tiene el derecho y la oportunidad de solicitar la detención domiciliaria. En este caso, algunos de los defensores no solicitaron la detención domiciliaria en el momento oportuno. Cuando lo hicieron, el juez comunicó que la petición era extemporánea. Pero hay otro tema: no podemos pensar que los funcionarios, por ser de un rango medio, bajo o alto, van a tener menos o más responsabilidad. El funcionario público debe cuidar los asuntos públicos y la negligencia no puede ser exonerada por razón de que sean técnicos, o por el nivel que ocupan. Para empezar a combatir la corrupción, lo primero es entender que el servidor público tiene un deber sagrado de honestidad y trasparencia en cualquier nivel.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO