¿Cuáles serán sus prioridades para el ministro del Interior?
El ministro del Interior se encargará primero de promover el 'pacto por Colombia'. Buscar un consenso político para sacar adelante en el Congreso las reformas que el país necesita en el primer año de gobierno: reforma fiscal integral, de la justicia, de la salud, reforma pensional y reforma de la educación.
Además, tendrá que liderar la ley de consultas previas que se debió hacer después de la Constitución de 1991. Llevamos 27 años sin tener seriedad en un tema tan importante.
¿Le gusta el proyecto que se presentó al Congreso para reglamentarlas?
Permitirá cerrar tantos boquetes. Tiene cosas buenas y otras que se pueden mejorar. Lo importante es que se reglamente porque hay abusos y genera un clima de desconfianza contra la inversión en proyectos de larga maduración.
En el Ministerio del Trabajo ¿se atreverá o no a hacer una reforma pensional? ¿Aumentará la edad para pensionarse?
No rotundo. Ni propondré aumentar la edad de pensión ni voy a acabar con Colpensiones ni con la pensión sustitutiva. Quiero que quede claro: mi objetivo es que tengamos mayor cobertura y que los subsidios se vayan para quienes más los necesitan, y agréguele otra cosita, que los programas de ayuda para el adulto mayor que están bajo la línea de pobreza tengan sostenibilidad en los ingresos. Pero no aumentaré la edad para pensionarse ni el número de semanas de cotización.
¿Cuál será su primera instrucción al Ministerio de Justicia?
Concertar con los partidos, con las cortes y el sistema judicial, una reforma de la justicia que sea creíble y sostenible. Me obsesiona que la justicia tenga una política de meritocracia y escogencia de talento, que pueda ir a las facultades de derecho a reclutar los mejores estudiantes para que ingresen a la rama; que nadie pueda llegar a magistrado sin haber estado un tiempo mínimo en la rama o haya sido sancionado; que tengamos el expediente electrónico, que fortalezcamos las primeras y las segundas instancias. Y, sin duda alguna, preservaremos la tutela. Que sea una reforma concertada.
¿Piensa reformar, en el campo de justicia, la Constitución del 91?
Espero ser presidente de Colombia para cumplir la Constitución del 91. El marco de una reforma de la justicia tiene que ser preservando sus fundamentos. Quiero una reforma que nos permita tener una justicia eficiente, rápida y oportuna y que les sirva a los colombianos del común.
El globo de ensayo que lanzó hace unos días sobre la unificación de las cortes ¿parecería que se desinfló?
Para nada. No lo veo como un globo de ensayo, ni lo saqué del sombrero o de la manga. Es un tema que se ha discutido muchas veces, es una propuesta para discutirla, para examinarla y tratarla con toda seriedad.
¿Tenemos muchas o pocas cortes? ¿Son eficientes o son ineficientes? ¿Es la estructura que conviene o no? Esa es la discusión sensata que el país debe tener. Lo dejo claro: no estoy buscando la revocatoria de los magistrados. Es una discusión que propongo para una reforma de la justicia.
Sobre política carcelaria, lo que hay es un hacinamiento brutal, ¿o no?
Es cierto. Además, la mayoría de cárceles son foco del delito. Por eso promoveré normas para resocializar en las cárceles. Y hay otro problema de fondo: que el Inpec tiene más de 60 sindicatos.
Agricultura. ¿Instrucciones suyas al ministro o ministra?
En el campo hay una informalidad excesiva: el 80 por ciento de las personas están en el régimen subsidiado, más del 70 por ciento gana menos de un salario mínimo, tenemos un promedio de escolaridad en el campo de 5,4 años y en las ciudades de 9,6. ¿Qué quiero para el campo colombiano?
Primero, despolitizar por completo el ministerio y sus instituciones, que estas tengan personal técnico e idóneo, y además estabilidad para responderles bien a los sectores productivos y campesinos.
Segundo, se necesitan una agenda de bienes públicos para los campesinos, vías terciarias, distritos de riego, centros de acopio, mecanismos de transformación en zonas de cosecha, microseguros. Una amnistía a campesinos que estén reportados en centrales de crédito y hoy son prisioneros del 'gota a gota', y dar incentivos para que haya inversión productiva en el campo.
¿En qué tipo de incentivos está pensando?
En lograr que quienes lleven inversión al campo estén exentos del impuesto de renta por un período de 10 años a cambio de generar un mínimo de empleos. Eso ha sido exitoso en países como Argentina, Uruguay y Perú.
La verdad es que luego de los acuerdos de paz, la agricultura ha crecido mucho más que la economía del país...
Sí, pero principalmente por el café. Hay que tener en cuenta que luego de la alta inflación por alimentos en 2015 y 2016, hubo un aumento en las siembras que se notó en un muy bajo aumento de precios en 2017 y en lo que va de este año. El tratamiento para el sector debe ser estructural y no de ciclos.
Pero el café está en crisis...
Este año. El año pasado tuvo un buen desempeño, este año hay un problema de precios, pero ha sido jalonador del crecimiento del sector agrícola.
¿Qué va a hacer con el café?
La arroba está por debajo de los 70.000 pesos. Los costos de producción están por encima. Debemos tener una política de precio mínimo. Y se necesita un fondo de estabilización de precios.
Pero si ya hay un fondo del café para financiar al productor en malos tiempos...
Hay un fondo del café, que es un fondo parafiscal, pero un fondo de estabilización de precios no existe, yo lo estoy proponiendo.
¿De dónde saldrán los recursos para crear un fondo de estabilización de precios?
Con recursos presupuestales. Además, es necesario un programa de renovación de suelos y fortalecernos en los cafés especiales que pueden tener una mejor remuneración.
¿Cuál será la base para fijar ese precio mínimo?
Que no esté por debajo de sus costos de producción.
¿Su oferta de crear ese fondo es cierta o puramente electoral?
Yo vengo hablando de eso hace rato y lo he estudiado mucho. Hice un debate en la Comisión Tercera del Senado hace más de año y medio y hablé sobre el fondo de precios para proteger al caficultor.
Usted ha hablado de amnistías para campesinos, ¿cómo es su propuesta?
Hay muchos campesinos que están reportados por 100.000, por 200.000 pesos en centrales de crédito; así no pueden restablecer su vida crediticia y les toca acudir al 'gota a gota'. Eso es terrible y triste. Hay que buscar una amnistía para sacarlos de esos reportes y restablecer su vida financiera.
¿Su propuesta no es condonación ni perdón de la deuda?
No necesariamente, ni hacerlo de forma indiscriminada. Los campesinos lo que quieren es normalizar la situación, y eso se logra con refinanciación favorable.
¿Su primer propósito en el campo de la salud es cuál?
Liderar un proceso que es la ley de punto final. ¿En qué consiste? Saber quién le debe a quién y el monto real, pues el Gobierno habla de un déficit en el sector; los hospitales, de un monto; las EPS, de otro. ¿Cuál es realmente ese déficit? Hay que definir eso y cómo se van a saldar esas deudas: lo que debe pagar el Estado, lo que deben pagar las EPS a la red hospitalaria.
Esas cuentas se tienen que poner al día. Estoy proponiendo que a las EPS no solo las supervise la Supersalud sino también la Superfinanciera, para garantizar que tengan las reservas técnicas adecuadas. Las EPS no deben ser remuneradas solo por el número de afiliados, sino por la calidad del servicio acreditada por los usuarios. Hay que fijar precios de referencia para los servicios hospitalarios.
Pero el gran problema parece ser la politización de los hospitales públicos...
Eso es así. Hay que buscar que dejen de ser la caja menor de los políticos. Muchos hospitales públicos se han convertido en feudos de políticos que terminan poniendo los directores y después, influenciando sobre la nómina de los hospitales, todo eso en detrimento de la remuneración adecuada de la profesión médica.
Pero a la gente en el país lo que la angustia es que no la atiendan...
Correcto. ¿Y no la atienden por qué? Muchas EPS abusan porque les pagan por el número de afiliados y no por la calidad del servicio. Voy a incorporar el concepto de calidad. Ahí sí se tienen que pellizcar, porque cuando viene la acumulación de malas evaluaciones por parte del paciente pueden, incluso, ser cerradas.
Gustavo Petro, su contrincante, ha dicho que si llega a ser presidente acaba las EPS. ¿Usted qué piensa?
A él le gusta acabar con todo. Él dice que va a acabar con el petróleo, con el carbón, con la palma, con todo. Eso es irresponsable. El problema no son las EPS, es su calidad. Las EPS son aseguradoras en un sistema; el problema no es si existen o no, el problema es que hay que sacar a las de mala calidad, a las que no obran con transparencia y son mal gestionadas.
¿Para qué son los que usted llama precios de referencia?
Son precios comparativos, para que no les pase por la cabeza abusar, para que no abusen los aseguradores.
¿Cuál será en general su política en educación?
La educación es una prioridad. La innovación no solo es un problema de tecnología, sino de contar con talento humano capaz. Tenemos un plan para que los muchachos de estratos medios y bajos accedan a la educación superior y técnica con mecanismos de financiación favorables a través del Icetex.
En mi gobierno, la universidad pública no seguirá mendigando recursos para su funcionamiento y trabajo de investigación. Habrá universidad gratuita para los estratos 1 y 2 y educación digital. El país debe aumentar la cobertura de preescolares porque ahí empieza una gran brecha en materia de pobreza.
Propondré doble titulación para bachilleres, que en los grados noveno, décimo y once empecemos a dar formación para el empleo con el apoyo del Sena, para que se gradúen con título de bachiller y de técnico, según el potencial de sus regiones o según donde puedan emplearse.
¿En todos los colegios?
Sí, en todos los colegios, principalmente en el sector público. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana, necesita una gradualidad. No es carreta o promesa de que seremos los más educados.