'Hemos deforestado el 80 por ciento de los Andes', asegura Minambiente
Hace 5 días
El fiscal general, Francisco Barbosa, inicia su diálogo con EL TIEMPO analizando la situación actual
¿Cómo está el país alistándose para elecciones generales?
El panorama es complejo. Un enfoque equivocado, que se ha tenido en el pasado, es que las actividades delictivas que afectan los comicios se limitan a los casos de corrupción electoral. La realidad es que eso es una parte.
¿Y cuál es entonces el panorama general de este momento preelectoral?
Decidimos abordar las amenazas de una manera integral mediante tres vías. En primer lugar, un Plan de atención, seguimiento y prevención de la criminalidad electoral, en el que fortalecemos la articulación de la Fiscalía con las entidades estatales e instancias de la sociedad civil que desempeñan un papel en los procesos electorales. Lo segundo, es que firmé una directiva que establece lineamientos, en concreto, para la investigación y judicialización de los delitos relacionados con la corrupción electoral. Además, se garantiza que en todo el territorio nacional haya reacción de la Fiscalía, a través de las 35 direcciones seccionales. Finalmente, la idea es tener un grupo élite de fiscales y de policía judicial que actuará en tiempo real, para combatir la criminalidad que pueda afectar la voluntad en las urnas.
El panorama es complejo. Un enfoque equivocado, que se ha tenido en el pasado, es que las actividades delictivas que afectan los comicios se limitan a los casos de corrupción electoral. La realidad es que eso es una parte.
¿Y cuál es entonces el panorama general de este momento preelectoral?
Decidimos abordar las amenazas de una manera integral mediante tres vías. En primer lugar, un Plan de atención, seguimiento y prevención de la criminalidad electoral, en el que fortalecemos la articulación de la Fiscalía con las entidades estatales e instancias de la sociedad civil que desempeñan un papel en los procesos electorales. Lo segundo, es que firmé una directiva que establece lineamientos, en concreto, para la investigación y judicialización de los delitos relacionados con la corrupción electoral. Además, se garantiza que en todo el territorio nacional haya reacción de la Fiscalía, a través de las 35 direcciones seccionales. Finalmente, la idea es tener un grupo élite de fiscales y de policía judicial que actuará en tiempo real, para combatir la criminalidad que pueda afectar la voluntad en las urnas.
¿Cuáles son los delitos que, históricamente, se presentan en el país en jornadas electorales?
Entre 2000 y 2021 han entrado a la Fiscalía 16.990 casos de delitos electorales por delitos como fraude en inscripción de cédulas, que es el 21,6 % de los casos, corrupción de sufragante, el 18,8 %; voto fraudulento, el 12,6 %, y ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula, 10,8 %. Estos delitos se han producido, principalmente, en Antioquia, Valle, Santander, Boyacá y Cundinamarca, y en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Santa Marta.
¿Y para este año?
Para 2022, hemos recibido 51 denuncias por delitos electorales, de las cuales 18 corresponden a circunstancias sucedidas en el primer mes del año; 24 a eventos ocurridos en 2021, y las demás a años anteriores. Hablamos de situaciones ocurridas en Cundinamarca, Antioquia, Bolívar y Norte de Santander; y en los municipios de Bogotá, Medellín, Cúcuta, Bucaramanga y Dosquebradas.
Si un ciudadano observa un delito electoral ¿qué debe hacer?
Puede acercarse a las instalaciones de la Uriel, en el Ministerio del Interior piso 9, y hacer la denuncia. También podrá reportar la irregularidad por línea telefónica gratuita nacional 01 8000 91 2005 o por correo electrónico a: denunciasuriel@mininterior.gov.co.
Entre 2000 y 2021 han entrado a la Fiscalía 16.990 casos de delitos electorales por delitos como fraude en inscripción de cédulas, que es el 21,6 % de los casos, corrupción de sufragante, el 18,8 %; voto fraudulento, el 12,6 %, y ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula, 10,8 %. Estos delitos se han producido, principalmente, en Antioquia, Valle, Santander, Boyacá y Cundinamarca, y en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Santa Marta.
¿Y para este año?
Para 2022, hemos recibido 51 denuncias por delitos electorales, de las cuales 18 corresponden a circunstancias sucedidas en el primer mes del año; 24 a eventos ocurridos en 2021, y las demás a años anteriores. Hablamos de situaciones ocurridas en Cundinamarca, Antioquia, Bolívar y Norte de Santander; y en los municipios de Bogotá, Medellín, Cúcuta, Bucaramanga y Dosquebradas.
Si un ciudadano observa un delito electoral ¿qué debe hacer?
Puede acercarse a las instalaciones de la Uriel, en el Ministerio del Interior piso 9, y hacer la denuncia. También podrá reportar la irregularidad por línea telefónica gratuita nacional 01 8000 91 2005 o por correo electrónico a: denunciasuriel@mininterior.gov.co.
¿Los fiscales son autónomos?
Cuentan con autonomía e independencia, amparadas por la Constitución. Junto a la señora Vicefiscal, hemos trabajado en una estrategia específica para las elecciones de este 2022, para detener los riesgos de corrupción y de violencia. Como entidad, estamos en máxima alerta, no podemos perder de vista que estas elecciones son fundamentales para el Estado.
¿Cuáles son concretamente las funciones de la Fiscalía en las jornadas electorales?
Investigar delitos y ejercer acción penal, en este caso. E investigar conductas que, de una u otra forma, afecten la voluntad de los ciudadanos en las urnas.
¿Se han descubierto planes extremistas para afectar las elecciones?
La Fiscalía tiene un panorama completo de dónde y cómo están conformados los grupos criminales, así que enfocamos nuestros esfuerzos en afectarlos estructuralmente. En una acción sostenida y articulada con la Fuerza Pública.
¿Pero qué tipo de acciones concretas han emprendido?
Si la delincuencia se mueve nosotros no podemos estar estáticos. Movilizamos equipos especializados de fiscales e investigadores a los sitios en los que la criminalidad realiza sus acciones ilícitas, con eso tenemos mayor capacidad de respuesta y de éxito en nuestras investigaciones.
Cuentan con autonomía e independencia, amparadas por la Constitución. Junto a la señora Vicefiscal, hemos trabajado en una estrategia específica para las elecciones de este 2022, para detener los riesgos de corrupción y de violencia. Como entidad, estamos en máxima alerta, no podemos perder de vista que estas elecciones son fundamentales para el Estado.
¿Cuáles son concretamente las funciones de la Fiscalía en las jornadas electorales?
Investigar delitos y ejercer acción penal, en este caso. E investigar conductas que, de una u otra forma, afecten la voluntad de los ciudadanos en las urnas.
¿Se han descubierto planes extremistas para afectar las elecciones?
La Fiscalía tiene un panorama completo de dónde y cómo están conformados los grupos criminales, así que enfocamos nuestros esfuerzos en afectarlos estructuralmente. En una acción sostenida y articulada con la Fuerza Pública.
¿Pero qué tipo de acciones concretas han emprendido?
Si la delincuencia se mueve nosotros no podemos estar estáticos. Movilizamos equipos especializados de fiscales e investigadores a los sitios en los que la criminalidad realiza sus acciones ilícitas, con eso tenemos mayor capacidad de respuesta y de éxito en nuestras investigaciones.
¿Pero esto tiene relación con los planes de seguridad electoral?
Dadas las jornadas electores que se aproximan, nos concentramos donde sabemos se podría afectar el proceso democrático, como la región del Catatumbo, Cauca, Nariño, Caquetá y Arauca. Claro está, sin descuidar otros territorios.
La misión de observación electoral (MOE) revelo el cometido de 347 agresiones contra líderes políticos y sociales entre marzo y diciembre pasado. ¿No es una cifra muy preocupante?
Por supuesto que lo es. Y es una de las grandes amenazas a estas elecciones. La labor de los líderes sociales y defensores de derechos humanos es fundamental para el desarrollo de la democracia participativa y la legitimidad del Estado de derecho; por lo tanto, su protección es una obligación que corresponde a las entidades con esa competencia. La Fiscalía General de la Nación viene adelantando con debida diligencia la investigación y judicialización de las afectaciones que se presentan.
El diario EL TIEMPO dijo esta semana "que los recientes atentados y amenazas obligan a tomar muy en serio este desafío y a que el Estado se movilice para contrarrestarlo..."
En esas estamos. Las instituciones democráticas de este país no pueden renunciar a su misión ni resignarse a que existan rincones de nuestro territorio en los que no rijan la Constitución y la ley, sino los actores criminales.
Dadas las jornadas electores que se aproximan, nos concentramos donde sabemos se podría afectar el proceso democrático, como la región del Catatumbo, Cauca, Nariño, Caquetá y Arauca. Claro está, sin descuidar otros territorios.
La misión de observación electoral (MOE) revelo el cometido de 347 agresiones contra líderes políticos y sociales entre marzo y diciembre pasado. ¿No es una cifra muy preocupante?
Por supuesto que lo es. Y es una de las grandes amenazas a estas elecciones. La labor de los líderes sociales y defensores de derechos humanos es fundamental para el desarrollo de la democracia participativa y la legitimidad del Estado de derecho; por lo tanto, su protección es una obligación que corresponde a las entidades con esa competencia. La Fiscalía General de la Nación viene adelantando con debida diligencia la investigación y judicialización de las afectaciones que se presentan.
El diario EL TIEMPO dijo esta semana "que los recientes atentados y amenazas obligan a tomar muy en serio este desafío y a que el Estado se movilice para contrarrestarlo..."
En esas estamos. Las instituciones democráticas de este país no pueden renunciar a su misión ni resignarse a que existan rincones de nuestro territorio en los que no rijan la Constitución y la ley, sino los actores criminales.
¿Usted ve que algunas zonas pueden tener amenazada su seguridad?
Hay zonas del país en las que está amenazada por los violentos; regiones que, además, han sufrido históricamente el conflicto armado interno. Hemos cumplido cabalmente nuestro rol en materia de persecución de bandas criminales.
¿Cuáles son los riesgos que corren los aspirantes a las curules del paz?
La Fiscalía General de la Nación está preparada para investigar los delitos que se cometan contra los candidatos a las circunscripciones especiales de paz. Hemos dispuesto una estrategia con equipos especializados, para que, en coordinación con la Policía Nacional, en el marco del Plan Democracia, se aborden las afectaciones contra los candidatos que participen políticamente en esta contienda electoral.
Y sobre las expectativas de orden público, ¿hasta dónde son ciertas las versiones de que el Eln estaría preparando el que llaman 'Plan de despedida' a Duque?
Esto es una realidad. Aparece descrito y detallado en los dispositivos digitales que fueron recuperados en las operaciones realizadas contra alias Uriel y Fabián, cabecillas del frente de guerra occidental del Eln.
¿Y qué es lo que organizan o preparan?
En varios documentos se precisa claramente que el objetivo es crear una sensación de ingobernabilidad y así esta denominado: 'plan despedida Duque'. Aquí, el Comando Central del Eln, llamado Coce, imparte instrucciones a los distintos frentes y estructuras para mover armas a las ciudades, y brindar asistencia y entrenamiento armado a los grupos primera línea para atacar a la Policía Nacional, vandalizar y bloquear vías.
¿Y esa versión del supuesto apoyo del Eln a la primera línea sí está confirmada?
Mire: hay un documento titulado del Coce 'Circular masas', fechado en junio de 2021, en el que les dice directamente a los diferentes cabecillas que debe destinarse personal para capacitar a la primera línea en tácticas de defensa y ataque; radicalizar su discurso y aprovechar el momento para incrementar movilizaciones, bloqueos, sublevaciones, plantones y múltiples expresiones violentas. Piden atacar a la Fuerza Pública y acabar con los CAI de las ciudades.
Usted estuvo la semana pasada en Cali, dirigiendo la investigación sobre la acción urbana del Eln en esa ciudad...
Es una evidencia para el ente acusador que el Eln ha estado en Cali en forma permanente desde finales de la década de los noventa con estructuras armadas e ideológicas. Desde el 2019 hubo actos que buscaban pasar a la acción terrorista con el frente urbano José María Becerra y el frente de guerra suroccidental. Capturamos, con evidencia técnica, a los hermanos Lerma en mayo de 2021, quienes tienen un vínculo con otras cinco personas capturadas y judicializados hace unos días, responsables de los hechos ocurridos el 7 de enero en esa ciudad contra un escuadrón del Esmad. En los computadores de Alias Fabián y Alias Uriel, cabecillas del Eln, está clara la financiación económica y el entrenamiento militar a la autodenominada primera línea de Cali para atacar a la Fuerza Pública.
¿Pero en Cali solo actúa el Eln o hay más organizaciones extremistas?
Tenemos evidencia técnica de que la llamada Nueva Marquetalia y la disidencia Dagoberto Ramos también estuvieron involucrados en los ataques a Cali. Nosotros logramos el 59 % del esclarecimiento de todos los homicidios cometidos en esos tres meses de manifestaciones violentas en el país.
La situación en Cali ha mejorado. ¿Qué es lo que pasa ahora en Arauca?
Al día de hoy tenemos 67 homicidios en diversos municipios de Arauca en unas confrontaciones entre el Eln y el Comando Coordinador de Oriente que se conforma por el frente 10 y 28 de las disidencias de las Farc. Nosotros, con grupos especiales de trabajo, ya tenemos trazabilidad probatoria que nos permitirá judicializar a los responsables.
¿Y qué es lo que pasa en el Cauca?
La situación en Cauca es compleja. Hemos tenido 4 ataques del Comando Coordinador de Occidente contra los indígenas y la Fuerza Pública. Hemos actuado con prontitud y eficacia en el esclarecimiento de estos hechos. Capturamos a Alias Franco, cabecilla de la Dagoberto Ramos y responsable del ataque a un camión del ejército el 12 de enero y del carro bomba activado en Corinto el 26 de marzo del 2021, donde resultaron 43 heridos. Así mismo, esta persona es responsable de 3 homicidios de defensores de derechos humanos y de un reincorporado. Entre 2020 y 2022 logramos esclarecimiento del 88 % de los homicidios colectivos en Cauca.
¿Y la violencia feroz que hubo en Popayán qué origen tuvo?
Tenemos varias evidencias sobre el rol de la disidencia Carlos Patiño en la quema de la URI y del Instituto de Medicina Legal. Una de ellas es la incautación de armamento en el marco de una operación militar el 25 de enero, donde fueron neutralizados alias Alacrán y alias Juan Carlos, integrantes de esas disidencias. Imagínese usted que una de esas armas fue hurtada por la turba que quemó la Fiscalía el año pasado. Podemos decir con claridad que la disidencia Carlos Patiño estuvo detrás de la destrucción de Popayán.
¿El atentado contra el gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca, no es un acto que confirma los planes subversivos?
Claro que sí. Es parte de la estrategia de desestabilización y el clima de ingobernabilidad que pretenden crear como preámbulo para afectar el proceso electoral. De esto no hay duda.
YAMID AMAT
ESPECIAL PARA EL TIEMPO