Supersalud ataca intereses extraños de políticos en EPS

El Gobierno, a través del Superintendencia de Salud, acaba de notificar a las
IPS y EPS que “no puede haber barreras injustificables” para garantizar el
derecho de la mujer a abortar en los tres casos que estableció la Corte
Constitucional. El superintendente, Gustavo Morales, le dijo a EL TIEMPO que ese derecho “debe ser garantizado”.

Antes de ser superintendente, Morales era magistrado auxiliar de la Corte
Constitucional. Fue también asesor de la Presidencia de la República y de los
ministerios de Hacienda y de Transporte.

El Superintendente dijo que, además de Solsalud, hay 4 EPS en liquidación por
negligencia y mal servicio. Agregó que toda institución a la que se le compruebe
reiterado incumplimiento será sancionada con la revocatoria de la habilitación
para funcionar. Es inminente una sanción de ese tipo.

Denunció también una indebida injerencia de políticos en la salud. Con el
tema de las EPS se abrió la entrevista:

¿Qué hacer para que las EPS no dejen morir a la gente por falta de
atención?

No es bueno generalizar. Hay EPS en los dos regímenes que son responsables y
cumplen, y se hacen a diario millones de procedimientos médicos de calidad. Hay problemas de flujo de recursos, incentivos y suficiencia de red.

¿Cómo hacer para que ninguna EPS funcione sin tener IPS que no
atiendan a sus afiliados?

Creo que es importante que las EPS puedan tener una red propia de atención
primaria, esencial para la gestión del riesgo.

Pero la reforma prohíbe la integración vertical…

No siempre. Ha sido uno de los temas más debatidos en las audiencias.

¿Está usted vigilando adecuadamente las EPS?

Hay razones históricas que dificultan la tarea. Primero, solo tenemos
oficinas en Bogotá; segundo, dependemos mucho de la vigilancia de lo financiero y de lo contable; nos cuesta trabajo ir a las regiones a ver qué pasa. Por eso, en la reforma se propone facilitar los convenios con entidades territoriales y próximamente abriremos oficinas regionales concentradas en la atención al usuario. El mes entrante vendrá una reestructuración de la Superintendencia.

¿En qué consiste esa descentralización?

Haremos convenios para delegarles algunas de las funciones de vigilancia a
las secretarías departamentales.

¿En qué ciudades se abrirán esas dependencias regionales?

Vamos a abrir oficinas propias que puedan atender a usuarios. El principal
instrumento de vigilancia son las quejas de usuarios. Las abriremos en La
Guajira, Chocó, Nariño, Meta y el Eje Cafetero. Será el comienzo.

¿Por qué hay tanta queja por el mal funcionamiento de las EPS en
Bogotá?

Por el alto costo de los servicios médicos en Bogotá. A esto se suma que su
población tiende a usar más el sistema de salud. Muchas EPS decidieron retirarse de la capital. Eso ha llevado a una transición difícil, que se viene
superando.

¿Cómo podrían reducirse las quejas?

Es necesario aplicar contramultas cercanas al tope legal, que es de 1.500
millones de pesos. Y, en ocasiones, es necesario aplicar la sanción de
revocatoria de la habilitación para funcionar, que se debe imponer cuando hay
multas reiteradas.

¿Por qué no aplica eso?

La Superintendencia ha aplicado esa revocatoria en el pasado reciente. En los
próximos días se conocerá una nueva sanción de este tipo.

¿Qué ocurrió con el caso de Comfacundi, en el que murió un paciente
mayor en la puerta del hospital, esperando atención?

La investigación avanza en primera instancia. Se están practicando pruebas.
No puedo opinar para no recusarme, pero ese es el típico caso en el que, de
demostrarse negligencia de la entidad vigilada, opera la revocatoria del
permiso.

¿Esa EPS existe todavía?

Sí existe.

¿Usted está dispuesto a aplicar eso con rigor?

Si se demuestran omisiones de las entidades vigiladas, sí.

¿La negligencia ocurre en la EPS o en la IPS?

Pueden ocurrir en una, en la otra o en ambas, pero también hay negligencias
en el autocuidado, la automedicación o las conductas en el hogar.

¿Cuántas EPS están en liquidación?

En liquidación forzosa ordenada por la Supersalud, cinco: Calisalud,
SelvaSalud, SaludCóndor, EmdiSalud y, ahora, Solsalud. La mayoría de los
afiliados han sido trasladados a otras EPS. También hay liquidaciones
voluntarias.

Este tema de la liquidación de EPS que no cumplen con su función se
viene anunciando desde cuando la Supersalud estaba manejada por políticos. ¿Ha sido muy difícil desmontar ese manejo?

Sí, ha sido muy difícil. Yo dedico buena parte de mi tiempo a atender a
congresistas, gobernadores y alcaldes que tienen interés genuino y legítimo en
ese tema. Sin embargo, en el caso de las EPS hay algo muy curioso: las EPS, por regla general, son privadas, pero cuando la Superintendencia las interviene, de un momento a otro resultaban manejadas por los políticos. Era una especie de
estatización del sector privado por la puerta de atrás.

Por ejemplo…

Selva Salud, una EPS del Putumayo. En este caso removí al interventor por
razones administrativas. Me sorprendió la reacción política cuando tomé esa
decisión. Hubo protestas fuertes de los partidos políticos que tenían influencia
sobre esa EPS. Se relacionaban con ella como si fuera una entidad pública que
hacía parte del ajedrez político. Es como si el Superintendente Financiero
hubiera tenido que consultar a los partidos para intervenir Interbolsa, por
ejemplo.

¿De qué manera los políticos usan las EPS?

Me consta que lo llamativo es que entidades privadas despierten el interés de
algunos partidos políticos. En algunos casos puntuales, sí hemos detectado
relaciones indebidas entre EPS intervenidas y la red de prestadores en
contratos, en precios, en justificación de las facturaciones.

En el caso de Solsalud, ¿qué fue lo que ocurrió con los senadores Roy
Barreras y Karime Motta? ¿Enviaron recomendaciones?

Hojas de vida llegan todo el día, de todas partes. Lo importante es qué hace
uno con esas hojas de vida y qué méritos tienen los candidatos. En este caso, lo
llamativo es lo que ya expliqué: el interés de la política en hacerse al control
de lo privado.

¿Pero es cierto que le enviaron hojas de vida para Solsalud?

Sí. Mi desacuerdo cordial con el senador Barreras es que nunca logré entender
cuál era el interés de un partido o grupo político en una entidad que no hace
parte del engranaje necesario para cumplir el plan de gobierno. Me preocupa, en
todo caso, que el debate menor de las hojas de vida opaque el debate de fondo
sobre la reforma de la salud. Pero hay cosas que, a pesar de ser políticamente
incorrectas, debo decir como Superintendente.

¿Cuántas EPS hay en el país?

Son 72. Pero, si se aprueba la reforma de la salud con el esquema de gestores
regionales, se van a reducir sustancialmente.

¿La reforma, acaso, no acaba con las EPS como aseguradoras?

Crea una nueva figura en la que los llamados “gestores”, con reglas más
claras, asumirán el papel de administradores de riesgos que hoy tienen las EPS,
pero dejan de manejar el aspecto financiero del modelo.

¿Cuál es el futuro de Saludcoop?

Antes del 11 de mayo se debe tomar una decisión. La Superintendencia le ha
propuesto al Gobierno que la intervención forzosa para administrar, que cumple
ya dos años, se prorrogue un tiempo más.

¿Por qué motivos?

Varios: a pesar de los problemas serios que afronta la EPS, tenemos la
percepción de que sus casi cuatro millones de afiliados están en general bien
atendidos, y por eso no es prudente la liquidación en este momento.

¿Y los problemas financieros?

No se han superado los problemas financieros ni los contables. De ahí la
propuesta de prorrogar la intervención. Hay muchas discrepancias entre lo que
los administradores de Saludcoop le decían a la ‘Súper’ y lo que encontramos.
Existen problemas de transparencia corporativa que estamos desenredando. La EPS es dueña de más de veinte empresas, dos de las cuales son también EPS: Cafesalud y Cruz Blanca. Además tiene una corporación que maneja 180 clínicas. Para que el Estado pueda dilucidar la maraña, se requiere más tiempo y un trabajo con Supersociedades y Supersolidaria.

¿Queda claro que es imposible liquidar Saludcoop…?

La liquidación solo debe operar cuando no se ponga en riesgo a los afiliados.
Es una empresa querida por sus usuarios, sus empleados tienen mística y no le va mal con la prestación. Pero debe cumplir una orden de restitución de liquidez al sistema –impuesta por la Supersalud y avalada por el Consejo de Estado– y
aclarar su realidad contable y corporativa.

¿La posibilidad de que Saludcoop sea devuelta a sus dueños no
existe?

Su administración anterior no da confianza. No fue transparente con las
cuentas. Su administrador principal, el doctor Palacino, fue sancionado por la
Procuraduría por falta de claridad en las cuentas, pero él sigue teniendo mucha
influencia en las organizaciones dueñas de Saludcoop, que son cooperativas.

¿Son las cooperativas las dueñas de Saludcoop?

Sí. Son 27 organizaciones cooperativas: La Equidad, la cooperativa de pilotos
de Avianca, la cooperativa de profesores de la Universidad Nacional, la
cooperativa Juan N. Corpas, etc. Las reglas de propiedad y de control no son
claras y ha sido muy difícil desenmarañar la madeja. Las reglas del
cooperativismo son muy difíciles de comprender. A mí me abruman.

¿Cómo están funcionando las 180 clínicas de Saludcoop?

Sentimos que se ha deteriorado la calidad de la atención. A nuestro
interventor, el doctor Castro, se le han planteado barreras para participar en
la junta de la corporación que las maneja, y se han hecho maniobras para diluir
la participación de la EPS en ella.

Tema final: ¿cuál es la posición de la Supersalud sobre el aborto y
la forma como el sistema de salud debe encararlo?

Acabamos de expedir una circular que precisa y recopila las reglas que deben
aplicar las IPS y EPS para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria
del embarazo en los casos autorizados por la Constitución (violación,
malformación grave del feto y peligro de salud de la madre). En estos casos no
puede haber barreras injustificadas para el ejercicio del derecho.

¿Y cuál es su opinión sobre la posición del procurador  general?

Ya respondí.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO