Superindustria investiga carteles de precios y repartición de regiones

Multas por 23.000 millones de pesos a mayoristas en venta de medicamentos acaba de imponer la Superintendencia de Industria y Comercio, reveló el jefe de ese despacho, Pablo Felipe Robledo. Esas sanciones podrían hacer parte de la fase final de ese tipo de multas, que tienen un tope de 60 mil millones de pesos establecido por la Ley 1340 de 2009. Cuando Colombia ingrese formalmente a la exclusiva Organización para la Cooperación y el Desarrollo (Ocde), esta entidad recomendará la eliminación de esos límites para sancionar violaciones a la libre competencia, dijo Robledo.

¿Cuántas investigaciones hizo la Superintendencia en el 2013?

Impusimos más de 1.500 sanciones, por más de 200.000 millones de pesos, por violaciones a la libre competencia, los derechos de los consumidores y el hábeas data. En sanciones fue un año sin precedentes. Pero lo más importante: mandamos el mensaje contundente de que hay una entidad que vela por proteger a los consumidores.

¿En qué está concentrada la Superintendencia?

En medicamentos y telecomunicaciones. En medicamentos, el Gobierno reguló los precios de algunos y no hay razón para venderlos por encima de los topes fijados. Impusimos sanciones por más de 12.000 millones pesos a dos empresas mayoristas en venta de medicamentos a EPS, y por más de 11.000 millones de pesos otras 2 empresas mayoristas del sector de drogas.

¿A cuáles y por qué?

A Outsourcing Farmacéutico Integral S.A.S. por valor de 8.300 millones de pesos, por exceder precios hasta en un 104 por ciento en 12 medicamentos, y a Dempos S.A. por 2.700 millones, por infringir los topes hasta en un 12 por ciento en 3 medicamentos para tratamiento de cáncer, alzhéimer, artritis, hipertensión pulmonar y diabetes.

¿Son empresas nacionales?

Sí, son mayoristas colombianas. Pero hay también empresas farmacéuticas multinacionales con pliegos de cargos, en donde habrá decisiones prontamente. Estamos enviando mensajes claros a la sociedad de cero tolerancia con la ilegalidad y de efectiva protección a los consumidores. Hay empresas farmacéuticas fabricantes de medicamentos con pliego de cargos. Es increíble pero venden a los mayoristas por encima del precio que el mayorista puede vender. ¿Qué entiende la Superintendencia? Que al estar regulado el precio del mayorista está regulado el precio del productor del medicamento.

¿O sea, los abusos en los precios son de productores y de distribuidores?

Sí.

¿Son muchas las reclamaciones de los consumidores?

Hay más de 20.000 reclamaciones que han terminado en procesos ante la Superintendencia. La regla no es la regulación de precios; la regla es la libre competencia, y no existe ningún mecanismo mejor para regular los precios que el libre mercado. Solo cuando la libre competencia falla, el Estado debe regular.

¿Y es que hay casos de ‘cartelización’ para manejar precios?

Tenemos dos investigaciones en donde vemos la posible existencia de carteles en el sector de la salud; carteles que implican repartición de mercados o fijación de precios vía acuerdo entre competidores. En el primer trimestre de este nuevo año le estaremos diciendo al país qué encontramos en materia de posibles carteles violatorios de la libre competencia en ese sector.

¿En qué consisten las investigaciones?

En la eventual existencia de carteles para fijar precios en algunos medicamentos y carteles para repartirse geográficamente el mercado. Es decir, acuerdo de competidores para repartirse zonas del país, en donde cada cual es amo y dueño de esa zona. Eso elimina la competencia y crea condiciones monopolísticas.

¿Los posibles carteles que investiga son nacionales o multinacionales?

De ambos.

¿Hay multinacionales que están generando un cartel de precios?

Hay multinacionales y empresas nacionales investigadas por posibles carteles en el tema de los precios de drogas y la repartición de mercados.

Si se confirma la regionalización, ¿qué sanciones se podrían aplicar?

Multas hasta de 60.000 millones de pesos. Mire, antes del 2009 violar la libre competencia era un tema en teoría serio, pero en la práctica era un juego de niños porque el Estado, antes de la nueva ley de competencia, la 1340 de 2009, la máxima sanción que podía imponer era, en plata de hoy, unos 1.200 millones de pesos. Ahora podemos imponer multas hasta de 60.000 millones de pesos, 100.000 salarios mínimos legales mensuales, por cada infracción. Por eso hoy podemos imponer sanciones que son ejemplarizantes como los 87.750 millones de pesos a Claro, 30.000 millones al Grupo Nule, 5.000 millones a la Empresa de Energía de Boyacá, 10.000 millones a Telmex.

¿Cuál es en general, en materia de sanciones, la política de la Superintendencia?

Sancionar de manera fuerte y ejemplarizante. Una sanción a un solo agente del mercado por 9.000 millones de pesos, como la que se acaba de imponer en salud, es la respuesta a su pregunta. Se está mandando este mensaje a todo el mundo: o cumple los precios de regulación de medicamentos o habrá sanciones, hasta que ya no tenga capacidad de pago. A quien viole la ley, “espérese lo que le viene encima”, para decirlo coloquialmente.

¿En qué estamos en materia de telecomunicaciones?

En atención a los usuarios, la Superintendencia ha ejercido, como nunca en la historia, una rigurosa vigilancia. En el año que acaba de terminar impusimos sanciones por más de 25.000 millones de pesos solo por el no cumplimiento del régimen de atención de usuarios. De otro lado, estamos resolviendo más de 36.000 reclamaciones de usuarios de telefonía móvil. Vigilamos que se facturen los programas y planes que son y que no cobren servicios no contratados.

¿Por qué aplicó una sanción sin precedentes a Claro?

Por violar la libre competencia. Debo aclarar que esa sanción se impuso previa consulta con el Consejo Asesor de Competencia, que está integrado por cinco personas designadas por el Presidente de la República. Ellos, por unanimidad, le aconsejaron al Superintendente, sobre tres presuntas infracciones a la libre competencia, exonerar por una y sancionar por dos. El Superintendente exoneró por una y sancionó por dos: una por 53.000 millones de pesos y otra por 34.000 millones, es decir, 87.000 millones de pesos.

Se dijo, cuando la impuso, que la sanción era desproporcionada.

87.000 millones de pesos, es decir, 45 millones de dólares, equivale al 0,8 por ciento del patrimonio de Comcel; al 1,1 de los ingresos operacionales y al 3,6 por ciento de la utilidad de Comcel en el 2012. ¿Le parece desproporcionada?

Otras dos empresas de Telmex fueron sancionadas recientemente.

Sí. Le impusimos la sanción más alta de toda la historia por violación a los derechos de los consumidores a dos empresas Telmex: 1.179 millones de pesos multiplicado por dos, porque fueron dos empresas.

Claro y Telmex son del grupo Slim. Al mismo conglomerado lo limita el Ministerio de las TIC, la Comisión de Regulación le estrecha el margen de operación en la banda ancha y usted lo sanciona. ¿Qué es lo que pasa con el grupo?

Del lado de la Superintendencia, en temas de telecomunicaciones, los sancioné por abusar de su posición de dominio. Sobre su pregunta: si Claro no quiere seguir siendo sancionado por la Superintendencia de Industria y Comercio, pues que no viole la ley. Si la viola, será sancionado cuantas veces lo haga. Las sanciones demuestran que violan la ley. Hace un año, los sancionamos con 10.700 millones por violar unas normas de libre competencia que implicaban cumplir condiciones que le había impuesto en su momento la Comisión Nacional de TV cuando estaba comprando por todas partes empresas de TV por suscripción. Lo que muestran las sanciones es que Colombia va a tener que eliminar esos máximos sancionatorios de 60.000 millones que estableció la Ley 1340 de 2009.

¿Y eso?

Colombia está ingresando a la Ocde, entidad que agrupa a los 34 estados que tienen el 70 por ciento del comercio mundial y 80 del crecimiento económico del mundo, identificados por la disciplina en sus políticas económicas. Nosotros ya sustentamos el examen de competencia. Nos fue bastante bien, pero vendrán unas sugerencias. Nos anticiparon que deberíamos eliminar la barrera de los 60.000 millones de pesos para sancionar violaciones a la libre competencia. En los países de la Ocde no existe ese límite; una sanción puede ascender, por ejemplo, a 300 o 400 millones de dólares. Hace pocos días, la Unión Europea, por violaciones a la libre competencia, impuso sanciones contra varios bancos por manipular la tasa libor. ¿Sabe por cuánto? 1.700 millones de euros, unos 2.500 millones de dólares.

¿Ese límite de 60.000 millones que existe en Colombia lo puede objetar una organización mundial?

Puede recomendar que se elimine y se apliquen sanciones sin máximos por violaciones a la libre competencia. En Chile hay un límite de 20 millones de dólares por sanción y la Ocde, cuando hizo el examen de libre competencia, recomendó eliminarlo, porque termina siendo muy poco castigo a agentes del mercado que rompen normas de libre competencia, crean carteles de precios o acuerdan distribución de mercados. Una de las recomendaciones que la Ocde le va a hacer a Colombia es eliminar la barrera de los 60.000 millones de pesos, pues, aun cuando es un tope importante para una cantidad de empresarios, para otros termina siendo francamente una penalización ridícula.

¿Dice usted que esa recomendación vendrá cuando ingresemos formalmente?

Sí

¿Y eso es bueno?

Buenísimo y más que lógico.

¿Y la recomendación es previa al ingreso?

Sí. Así lo han hecho en otros países.

¿La recomendación puede interpretarse como una condición?

No necesariamente hay que hacerlo para poder ingresar, pero sí hay unas recomendaciones en donde Colombia tendrá que responder que trabajará en el tema y se compromete a hacerlo. La Ocde es un club de buenas prácticas económicas, y uno de los temas más importantes es la libre competencia. Ya fuimos a París a sustentar el examen ante el Comité de Competencia. Ya vendrán las recomendaciones; es obvio que para ellos será muy buena señal que las atendamos. Es que si la Ocde lo recomienda, es por algo. El que abuse de su posición de dominio, el que promueva o haga parte de carteles de precios, el que ejerza cualquier práctica restrictiva de la competencia debe ser castigado sin límites sancionatorios, pues ello es lo que verdaderamente protege a los consumidores. Violar la libre competencia es tan grave que en muchos países es sancionada hasta con cárcel.

Contra hoteles informales

¿Al concluir la temporada navideña, cuál es el balance en hotelería?

En Santa Marta, San Andrés y Cartagena, la Superintendencia advirtió que había cantidad de prestadores de servicios hoteleros en esas ciudades, que es lo que se llama ‘parahotelería’, y procedimos a investigar. Hoy en día hay pliego de cargos.

¿En qué consiste la irregularidad?

Propietarios que, sin contar con su registro nacional de turismo, sistemáticamente se dedican a prestar servicios de hotelería en perjuicio de la hotelería formal.

¿Cuáles y quiénes son los investigados y a qué se exponen?

Son propietarios de edificios que se dedican a alquilarlos por apartamentos; eso es ilegal y se exponen a multas hasta de 60 millones de pesos, por violar normas de turismo. En esas ciudades hay casos a la vista de todos. Ya estamos actuando en el tema.

Yamid Amat
Especial para EL TIEMPO