'Superfinanciera queda en peligro de muerte con fallo del Procurador'

“La supervisión financiera quedará en peligro de muerte, si el fallo del Procurador prospera”. Las palabras son del superintendente financiero, Gerardo Hernández, quien acaba de ser destituido por el procurador general, Alejandro Ordóñez, al hallarlo responsable de omisión y actuación tardía en el caso de Interbolsa.

Hernández, quien ejerce la Superintendencia hace 3 años, rechazo los dos cargos y sostiene que él “no podía actuar sin pruebas”. Acusó al Procurador de sancionarlo por “no tener condiciones adivinadoras”. “Una cosa es hablar a posteriori, cuando ya se conoce todo, precisamente por nuestras investigaciones, y otra cuando no se sabía nada porque no había pruebas”.

Hernández prevé que el fallo terminará obligando al Estado a pagar fallas, que deben asumir “solo los responsables de un delito financiero”.

“Puse mi cargo a disposición del Presidente y del Ministro de Hacienda, pero con el apoyo de los dos, he decido quedarme y dar la pelea hasta el final con argumentos jurídicos sólidos y técnicos. Creo, sinceramente, que el fallo del Procurador es un precedente muy grave para el desarrollo del sistema financiero y su estabilidad”.

¿Por qué lo considera grave?

El fallo crea incertidumbre en la supervisión financiera y puede llevar a que quienes la ejercen actúen atemorizados, de manera precipitada, sin el sustento debido y hasta prevaricando. Y, lo que es más grave, se nos juzga con base en lo que se sabe ahora. Mire la paradoja: los elementos probatorios que las superintendencias Financiera y de Sociedades han descubierto de manera diligente son los que ahora sirven para condenarnos. En el fallo se menciona con insistencia: “Esto se vino a saber después, esto se confirmó después”.

Pero la discusión está en si la Superintendencia intervino a tiempo o no…

Ese es un desconocimiento técnico de las funciones de la Superintendencia. Un ejemplo: suponga que se ordena a un banco capitalizarse y se le dan 30 días para hacerlo. Alguien puede decir: “Se le debió dar un plazo de solo 5 días porque el tema ameritaba esa urgencia”. Ese alguien no tiene en cuenta que quienes ejercen la supervisión actúan con la información disponible en ese momento y tienen que evaluar el efecto de la medida en el sistema financiero en general. Por eso, las medidas que se toman no pueden ser precipitadas y deben tener siempre bases sólidas. El fallo pretende que adivinemos lo que puede pasar en el futuro, y eso sí es muy difícil.

Usted ha anunciado un recurso de reposición ante el mismo Procurador. ¿Qué garantías de justicia, de equidad, tiene ese mecanismo?

Es el único recurso que establece la ley. Confío en que el Procurador revise en esta instancia las pruebas y los argumentos que le presentaremos. Si no reconsidera, el trabajo de supervisar al sistema financiero va a ser muy difícil. En otros países, el superintendente tiene inmunidad en sus decisiones. Una de las recomendaciones que hizo la misión del Fondo Monetario que revisó el sistema fue precisamente que el Superintendente Financiero debía tener una protección legal frente a sus decisiones. Si el fallo prospera, cuando un inversionista pierda como consecuencia del riesgo que siempre existe en toda operación en el mercado de capitales, el Estado podrá ser cuestionado porque el fallo lleva a que el trabajo del supervisor sea el de garantizar siempre un resultado financiero.

¿Cree, entonces, que el fallo deja sin protección la vigilancia?

Sin duda. El fallo representa un cambio de paradigma en la supervisión financiera. Al intervenir Interbolsa, logramos que el mercado no se contagiara. No hubo crisis financiera. Hacia el futuro, lo que sí puede pasar es que los funcionarios de la Superintendencia empiecen a actuar con miedo, sin mirar realmente cuáles son las consecuencias de sus actos y se pierde así la protección al sistema en general, que es nuestro principal objetivo.

El fallo dice que hay que defender al inversionista ahorrador. ¿No tiene razón?

Con todo respeto, el fallo dice algo más absurdo: que aun cuando el número de personas beneficiadas fuera menor que el número de personas que eventualmente se perjudicarían, la decisión tendría que tomarse. Es decir, la Procuraduría está dando a entender que hay que privilegiar el interés particular de algunos inversionistas frente al interés general del mercado. No tiene en cuenta que los supervisores tenemos que asegurar que el sistema financiero funcione en su conjunto. Esto no quiere decir que no nos importe lo que le sucede a cada uno de los inversionistas. Nos duele lo que pasó y lo que suceda con el consumidor financiero por los malos manejos de cualquier vigilado. Por eso hemos actuado en el caso Interbolsa para recuperar recursos y sancionar a los verdaderos responsables. Pero esto no puede llevar a cambiar la forma de hacer la supervisión en el mundo.

La responsabilidad de lo ocurrido no es de las autoridades, es de los malos manejos de los administradores, que son realmente los responsables y que algunos ya han reconocido ante la justicia penal. Está quedando demostrado que había operaciones de ese grupo que están siendo objeto de imputaciones penales que nosotros no teníamos forma de saber. ¿Sabe cuántas denuncias recibe la Superintendencia diariamente por temas que afectan a los ahorradores e inversionistas?

Si los funcionarios de la Superfinanciera actuaran precipitadamente y sin criterio, habría tenido que intervenir a muchas entidades financieras. El fallo desconoce que el sistema es muy susceptible, y que una medida tomada con afán y sin pruebas puede precipitar un pánico económico. Precisamente, haber actuado como lo hicimos lo evitó.

El Procurador lo acusa de no haber presentado de manera oportuna la denuncia contra Interbolsa ante la Fiscalía…

Si mis funcionarios me dicen que las pruebas no son aún conclusivas, como lo reconoce la propia Procuraduría, ¿cómo denuncio? La Corte Suprema y el mismo Procurador han dicho que los servidores públicos deben presentar denuncias cuando están debidamente probadas, y en este caso no lo estaban. El mismo fallo lo reconoce. Si lo hago y con el tiempo se confirma que no hubo delito, el Procurador me destituye por prevaricar o presentar una falsa denuncia, y habría generado además una crisis en el mercado. El Procurador debe entender que actué oportunamente con hechos probados y no por meras suposiciones.

¿Según usted, lo que la Superintendencia hizo fue evitar una gran crisis?

Ese es el punto en el que queremos insistir. La Procuraduría parte del conocimiento de hechos posteriores para decir que hemos debido intervenir antes, que mi función era suponer lo que pasaba. Al extremo: ¿por qué el Procurador no me sancionó en ese momento por la demora en intervenir a Interbolsa? Porque él tampoco sabía lo que posteriormente descubrimos con pruebas. Lo sabe ahora.

¿Toda la información que condujo a la intervención de Interbolsa se consolidó con posterioridad al momento en que el Procurador dice que ha debido intervenir?

Por supuesto. La misma Fiscalía hace una investigación juiciosa y solo ahora hace imputaciones. ¿Cómo pretende la Procuraduría que yo he debido saber y tomar decisiones cuando ni siquiera hoy la Fiscalía ha podido hacerlo? No puedo tomar decisiones, como lo sugiere el fallo, por intuición. Nadie mejor que el Procurador sabe que las medidas se toman con elementos probatorios.

Pero Ordóñez dice que usted tenía “caudal probatorio”...

Le hemos explicado a la Procuraduría que, si hubiéramos actuado diferente a como se hizo en cada momento, habríamos generado un daño más grande; un daño al mercado de valores irreparable.

¿Por qué?

Porque habríamos actuado sin la certeza que se necesita cuando el supervisor toma decisiones frente a los mercados. No podíamos haber suspendido la acción de Fabricato antes de que tuviéramos las pruebas que nos dieran seguridad. Vea que el proceso administrativo no ha concluido. Hay que respetar el debido proceso. Lo que menos me puede pedir el Procurador es que falle sin pruebas. El fallo se basa en una diferencia de criterios de la forma como ejercí la discrecionalidad que me da la ley, y no hay prueba alguna de que quisiéramos favorecer a Interbolsa, porque nunca lo hicimos. Los argumentos se fundamentan en lo que hoy se conoce. Y como ya se sabe lo que pasó, así es muy fácil. Lo que se pide es que los superintendentes financieros fallen por intuición. Así no funciona la supervisión financiera.

En resumen, ¿por qué no fallo antes?

No podía tomar decisiones sin pruebas. Eso hubiera sido irresponsable.

¿Pero en que quedó el “vasto caudal probatorio que reposa en el expediente”?

Son un recuento de muchas cosas que se supieron después. En el comunicado del Procurador se mencionan los bonos de Luxemburgo, el Fondo Premium, las operaciones de préstamos para el señor Corridori, etc. ¿Cómo evaluar lo que se hizo en ese momento frente a lo que ya se conoce hoy?

¿Por qué insiste usted en que este fallo puede tener un efecto muy grave?

Porque podría pasar en el futuro que cualquier crisis financiera termine siendo responsabilidad del Estado. En una crisis, habría que salir a pagarles a todos los ahorradores e inversionistas por las malas decisiones de los administradores. En este caso, terminaríamos pagando lo que deben pagar los verdaderos causantes del descalabro, que incluso ya han reconocido su culpa penal. Los analistas internacionales admiran que hubiésemos intervenido la comisionista más grande del mercado, sin efectos en el sistema, y que no se utilizaron recursos públicos para salvar a una comisionista que incumplió sus deberes.

El Procurador dice que usted ha debido profundizar sobre el Fondo Premium…

Ignora que no tenemos jurisdicción sobre Curazao.

¿Qué fue lo que lo condujo a enfrentar al Procurador?

No es un enfrentamiento. Simplemente quiero que las consecuencias del fallo se conozcan y discutan. Tengo la certeza que la supervisión financiera quedará en peligro de muerte si el fallo del Procurador prospera. Todos los inspectores y vigilantes del sistema, en adelante, no van a actuar por temor al Procurador de turno. Y la confianza que el mundo entero tiene sobre la claridad y la estabilidad del sector financiero se derrumbará porque hay una posibilidad de que el superintendente de turno actué sin bases ciertas. El fallo afecta la vigilancia, al sistema, al mercado de valores. Este mercado parte de la base de reglas claras. Además es un retroceso en la forma como se debe hacer la supervisión financiera. Insisto: la intervención a Interbolsa se hizo oportuna y técnicamente.

¿Complicado ser servidor público?

Ese es un punto adicional que el país tiene que discutir. Es cada vez más difícil ser un servidor público honesto; más difícil que personas se dediquen de manera profesional, honesta y comprometida a ser funcionarios. Aquí no se trata de un caso de corrupción. No me están destituyendo porque robé. Me destituyen por una diferencia de criterio de lo que supuestamente debía hacer, así no tuviera pruebas. Algo más: lo volvería a hacer. No voy a exponer la estabilidad financiera de mi país, así hubiera sido más fácil tomar otras decisiones y que los contribuyentes pagaran lo que deben pagar los verdaderos responsables.

¿No teme que Ordóñez tome mal sus críticas?

El procurador Ordóñez ha dicho que él no pretende coadministrar. En este caso, su opinión es respetable, al igual que la del órgano especializado en supervisión financiera, que tiene un reconocimiento a nivel internacional, experiencia de 90 años de actuar de manera técnica y oportuna, de una institución que evitó un riesgo sistémico. Así como respeto sus argumentos, espero es que él también revise los argumentos de la Superintendencia, que no son opiniones personales sino técnicas.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO