Secretario de OEA pide estudiar despenalización de la marihuana

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, propone estudiar la
despenalización de drogas como la marihuana y revisar los castigos penales para
pequeños traficantes. “¿Para qué sirve la cárcel?”, se pregunta Insulza en esta
entrevista, en la cual explica los 4 escenarios que la OEA le presentó el
viernes al gobierno colombiano.

 

Está de acuerdo con los expresidentes César Gaviria, de Colombia; Fernando
Henrique Cardoso, de Brasil, y Ernesto Zedillo, de México, en el sentido de que
los consumidores de droga son enfermos y no delincuentes. (Lea también: Abandonar lucha antidrogas, el peor
escenario).

 

Insulza presentó un estudio analítico sobre las drogas en las Américas, y
otro que resume 4 escenarios para el problema.

 

La OEA contrató al Centro de Liderazgo y Gestión-Reos, que facilitó varios
talleres y entrevistas con 150 líderes del hemisferio. El producto de este
trabajo son los cuatro escenarios que se presentaron a nivel global.

 

“Uno de los fenómenos que más nos impresionaron de los estudios es que,
siendo Bolivia uno de los más importantes productores de hoja de coca, en la
selva de ese país no hay mucha violencia y tampoco ganan mucho dinero –dice
Insulza–. Apenas reciben el 1 por ciento de la ganancia”.

 

¿Es prueba total de que el gran negocio es de los
traficantes?

 

Claro. Un kilo de pasta base de la selva colombiana vale cuatro veces lo que
valía la hoja de coca que se usó para producirla. Cuando llega al puerto, ya
está multiplicado por más. Y cuando pasa la frontera entre México y Estados
Unidos, ese mismo kilo, que costaba unos pesos en hoja, ya vale 28 mil dólares.
Eso es demasiado dinero. Lo que nos llamó la atención es por qué la violencia se
produce en las partes donde la ganancia es grande. Es un problema social y un
problema de Estado.

 

¿Se refiere usted a la violencia en México y Colombia?

 

No. Hay más violencia en Estados Unidos, donde se consume.

 

¿Y la razón?

 

Hay problemas complicados de institucionalidad.

 

¿Cree que llegó la hora de seguir un camino diferente al de la
represión, como lo propusieron los expresidentes Gaviria, Zedillo y
Cardoso?

 

Hay que buscar un camino más flexible, más combinado. El problema no es solo
que se hace mal o se controla mal, sino establecer si la policía, por ejemplo,
no es todo lo fuerte que tiene que ser; si los jueces no hacen su trabajo. Las
cárceles no sirven y hay mucha corrupción. Juntos podemos mejorar todo. Ese
primer escenario, ‘Juntos’, es “hagamos mejor lo que ya estamos haciendo”.

 

¿Lo que se está haciendo fracasó?

 

No se puede afirmar eso tan rotundamente. El escenario dos dice: el problema
aún es grave; mucho de lo hecho está bien, pero también ha habido fracasos. Ese
escenario plantea la opción de seguir caminos un poco más complejos, más
flexibles. Y ahí se mencionan temas como la despenalización del consumo o la
eventual legalización de la marihuana. Hay que partir de la premisa de que se
requiere un enfoque colectivo, porque cada país debería seguir haciendo
represión respecto al narcotráfico.

 

¿Y cuál es el tercer escenario que plantea el estudio?

 

Tiene que ver con la comunidad organizada, la erradicación, la prevención, la
represión. La comunidad organizada tiene que hacer mucho más.

 

¿Qué llama usted mayor flexibilidad en el consumo?

 

Voy a ser muy franco: esta es una opinión puramente personal. Algunos se
molestan mucho porque en estados de Estados Unidos se legaliza la marihuana y en
otros se persigue. Tenemos que hacer algo todos juntos, porque quién sabe qué es
lo que calza mejor en algunas sociedades. Y en otras no. La idea es que puede
haber distintas formas de afrontar el problema en distintos países. Puede haber,
por así decirlo, países de cultivo; en otros, establecer un poder de compra y
adquirir toda la coca que se produce para que no se la vendan al
narcotraficante; en otros se puede erradicar. No hay soluciones únicas. En
algunas cosas sí hay que tener políticas comunes: el trato a las bandas
criminales y al traficante.

 

¿Los estudios consideran que el consumo de droga es un delito penal o
un problema de salud pública?

 

Decimos que es un problema de salud pública. Está demostrado por la ciencia
que la adicción a las drogas es una enfermedad.

 

En consecuencia, ¿el que consume no es un delincuente?

 

No es un delincuente. Hay delincuentes consumidores, que es distinto. La
figura de un consumidor no es la figura de un delincuente; es la figura de una
víctima, de un enfermo que debe ser tratado como tal.

 

Es decir: ¿por qué meter a la cárcel a un enfermo?

 

Exactamente. Pero también se puede presentar el caso de privación de
libertad, pero no por delincuente, sino porque puede causar daños a sí mismo o a
la sociedad.

 

¿La cárcel para consumidores corrige, repara?

 

Hay una cantidad de gente que está presa por consumir droga sin haberle hecho
daño a nadie. Simplemente, los pillaron consumiendo y los metieron presos. ¿Qué
se saca con eso? En mi país, la cárcel de mujeres en la ciudad de Arica tiene
más de un 80 por ciento de jóvenes que pasaron con 100 gramos o con un kilo. ¿Es
racional mantener a esa gente presa, hacinada en las cárceles, amenazada por una
escuela de delincuencia? Ahí, los escenarios entran a jugar. Unos dirán: hay que
promocionar educación, hay que rehabilitar, hay que hacer otra cosa. Y otros
dirán: no, démosles penas alternativas, mejor no las metamos a la cárcel. Ese es
un poco el juego que se propone.

 

¿Qué le parece la política que asumió Europa en el sentido de que
cada nación adopte lo que más le convenga?

 

Nosotros sí recomendamos respecto de algunos temas. En el tema esencial de
lucha contra el tráfico y combate de la violencia tenemos una posición
uniforme.

 

Entonces, ¿la teoría sobre la penalización del consumo es
cuál?

 

Que el consumo debería ser despenalizado en general, sin perjuicio de la
persona en sí ni de la protección de la sociedad.

 

¿Es un poco la teoría que lanzó hace un par de meses el gobierno
estadounidense, en el sentido de que hay que buscar alternativas diferentes a la
cárcel y la represión?

 

Primero, hay que mejorar mucho los mecanismos de prevención y de tratamiento
para los consumidores, Y segundo, hay que estudiar despenalizar el consumo,
salvo en aquellas cosas que produzcan efecto dañino sobre la persona o la
sociedad; en qué caso no es una pena sino una restricción necesaria.

 

¿Qué reacciones de la sociedad sobre despenalización tiene el
estudio?

 

Notamos en la sociedad una alta disposición para la despenalización del
consumo en general. En sectores es amplio el respaldo para despenalización de la
marihuana, pero en ningún caso de la cocaína o la heroína. En mi propio país,
Chile, el consumidor en cantidades mínimas está despenalizado en general.

 

¿Los dos informes de la OEA, el de los cuatro escenarios futuros y el
analítico sobre drogas, tienen conclusiones o recomendaciones?

 

No. Son resúmenes de lo que ocurre y lo que podría ocurrir. Me interesa mucho
enfatizar eso: aquí no hay perspectivas distintas, lo que hay son perspectivas
complementarias.

 

¿Y quiénes deben decidir?

 

Los jefes de Estado. Deben analizar cuáles son los desafíos del problema que
pueden enfrentar, sobre la base de la información que se entregó.

 

¿La guerra antidrogas sirve?

 

La guerra se mide por sus efectos, y esta tiene unos que podría llamar
positivos: se confisca más de la mitad de la cocaína que se produce. Pero más de
un tercio de la gente que está en la cárcel en América Latina lo está por
drogas. Es decir, usted confiscó una cantidad de bienes y tomó una cantidad de
prisioneros y la guerra, en ese sentido, ha funcionado. Pero la droga sigue
fluyendo y los reclutas del narcotráfico siguen llegando. En ese sentido no ha
funcionado.

 

Pero, entonces, ¿usted está en contra de perseguirlos?

 

No. Busquemos otra forma para atender las dos cosas.

 

¿Qué es lo que más le preocupa hoy a la sociedad, según los
informes?

 

La violencia que genera su tráfico y el daño que produce su consumo. Esto
afecta a sus niños, su familia, y además los narcotraficantes aumentan la
criminalidad. Tenemos que ser capaces de enfrentar estos dos problemas:
disminuir el consumo y tratar a los consumidores, y disminuir la violencia que
la droga genera.

 

¿Cuál debería ser la política hemisférica?

 

Mejor tratamiento, más prevención y mejores instituciones.

 

¿Y respecto al consumidor y al pequeño traficante?

 

Yo sí dejaría a los países en libertad. Sería una especie de experimentación.
Veamos qué es lo que va pasando mejor en cada parte: en Holanda, en Portugal, en
Uruguay.

 

¿Cuál cree usted que es el más probable de los cuatro escenarios del
estudio?

 

Muy difícil decirlo. No me siento particularmente incómodo con ninguno de los
tres primeros; me parecería terrible que se diera el cuarto. Mucha gente cree
que a los narcotraficantes les conviene la legalidad. ¡No! A los
narcotraficantes les conviene la ilegalidad. Se gana mucha plata con la
ilegalidad.

 

¿Y la legalización?

 

No hay una política sanitaria ni de prevención, que hoy día no existe, ni de
mejoramiento de las condiciones de la sociedad en su conjunto. Eso no lo puede
hacer un país solo.

 

¿Qué diferencia existe entre despenalizar y legalizar?

 

Legalización significa la decisión de no continuar controlando las drogas;
permitir que circulen como cualquier otro producto. La despenalización es que a
determinados elementos dentro de la cadena no se los va a procesar
criminalmente.

 

¿Usted está mucho más cerca de la despenalización que de la
legalización?

 

Sí. En la legalización no se puede pensar.

 

¿Hasta qué punto la despenalización puede conducir a los menores de
edad?

 

Es un riesgo. Pero en el fondo lo que se plantea como despenalización es
hacer a determinada droga –fundamentalmente la marihuana– equivalente al tabaco
o al alcohol, que son drogas reguladas, no prohibidas. Hay una cantidad de
lugares donde no se puede fumar y donde se puede fumar; otros tienen restricción
del alcohol para menores, etc. Mire: el alcohol produce más daños que cualquier
droga considerada particularmente.

 

¿La gran conclusión de los estudios?

 

Tiene que haber un cambio en la política. Y, como dice el presidente Santos,
aquí no vamos a legalizarlo todo ni vamos a meterlos a todos presos.

 

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO