'Se necesita gran acuerdo nacional por la justicia'

"Hay que luchar por la paz, hay que seguir por ese camino. Ya estamos ahí y debemos continuar. Hay que hacer lo que tenga que hacerse para lograr la paz".

Con estas palabras, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello Blanco, anuncia no solo el total apoyo del altísimo tribunal al proceso de paz, sino su cooperación para contribuir a su éxito y consolidación.

Revela que la Corte Suprema ha enviado una carta al presidente Santos y a su equipo de negociadores en La Habana, para compartir "algunas observaciones" que los magistrados tienen "respecto de las competencias y facultades de la jurisdicción especial para la paz, ante eventuales incidencias en las instituciones de la jurisdicción ordinaria".

Por otra parte, dice que todo el poder está preparando una gran reforma de la justicia y propone un "gran acuerdo nacional, incluido, claro está, el Gobierno, para adoptarla". La magistrada, nacida en Barranquilla, es especialista en derecho de familia y en derecho procesal civil

¿Qué opina de la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible reformas de la justicia como la del cambio de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la judicatura por el Consejo de Gobierno Judicial?

Desde los debates a la llamada reforma de equilibrio de poderes en el Congreso, señalamos que ese cambio no solucionaba los problemas trascendentales del sistema judicial, como que el ciudadano tenga acceso pronto y eficiente a la justicia. Además, advertimos hace un par de meses sobre esa inconstitucionalidad por afectar gravemente la estructura del modelo de Estado y la autonomía e independencia judicial consagradas en 1991.

¿Esa afirmación supone que usted defiende la resurrección de la Sala Administrativa de la Judicatura?

Ni la defiendo ni la ataco. Sencillamente, reconozco que la Sala Administrativa de Judicatura recoge la voluntad del constituyente primario como mecanismo para asegurar la autonomía y mayor eficiencia de la Rama Judicial. Considero, eso sí, que 25 años después de creada, necesita ajustes y reingeniería.

En consecuencia, ¿no es partidaria de su eliminación?

La discusión no es si resulta o no conveniente eliminarla, porque se considera que ello no se puede. Modificarla sí, reformarla sí.

¿Urge una reforma de la Judicatura o a toda la justicia?

Es urgente una reforma integral a la justicia y para ello es necesario que todas las instituciones y sectores de la sociedad relacionadas con la Judicatura deban sumarse a ello. La Rama Judicial, de manera unida, con los cuatro sindicatos y los colegios de jueces y fiscales, está ya estudiando y trabajando en la necesidad de realizar un esfuerzo conjunto sobre una reforma completa de la justicia. Se necesita un gran acuerdo nacional por la justicia, del que salgan una reforma integral del sistema, alejado de intereses partidistas y afanes coyunturales.

¿Una reforma a través del Congreso o de una constituyente?

Se trata de reformas que pueden ser adoptadas por leyes y decretos. El Gobierno, en su momento, lo dijo: este acto legislativo no soluciona los problemas de la justicia. Tenemos que emitir normas que completen la verdadera reforma. Pensamos que no se requiere constituyente.

¿Cuáles son las reformas que se necesitan?

Desde la convocatoria que hacemos a todos los actores sociales e institucionales -gremios, medios, academia y demás- podemos abordar francamente todos los temas que la afectan, con el fin de asumir responsabilidades y ponernos de acuerdo sobre los cambios que requiere la justicia para cumplir su máxima finalidad: pronta y cumplida solución de los conflictos. Hay que revisar las causas que originan las quejas y analizar posibles soluciones. De allí deberá salir la verdadera reforma. Preguntarnos, entre otras cosas, por qué el exceso de litigios; qué hacemos con las funciones propias del juez, si está resolviendo tutelas que le limitan su capacidad de respuesta en los temas de su función y, al ir rezagándose, se demora la respuesta al ciudadano; por qué el exceso de demandas de tutelas; qué no funciona para que ello ocurra.

¿Usted entonces sería partidaria de una especie de jurisdicción especial para resolver solo tutelas?

No. La tutela en manos de los jueces es la mayor conquista de la Constitución de 1991. Sería grave error quitarles ese mecanismo de protección de derechos fundamentales. Lo que hay que hacer es regulaciones y ajustes puntuales que dosifiquen su ejercicio solo para los asuntos para los que realmente fue concebida.

¿Por qué fracasan todas las reformas de la justicia?

¿Usted se ha preguntado cuántas de esas reformas han sido consultadas con la Rama Judicial? Le doy este ejemplo: si yo tengo unas normas en mi casa familiar para educar a mis hijos, ¿está bien que las reglas me las haga el vecino sin consultar conmigo?

¿El vecino es el Poder Ejecutivo?

El Ejecutivo y el Legislativo. ¿Quién conoce mejor los problemas que la propia Rama Judicial? Deberíamos trabajar todos juntos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Queremos eso: que nos escuchen. Es lo que estamos proponiendo.

¿Qué reformas haría?

Una integral con todos los interesados, con estudios serios y aportes de todos. La justicia es un patrimonio de la democracia colombiana, no solo de quienes transitoriamente hacemos parte de ella. La eliminación del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia no quiere decir que estemos perdidos y sin posibilidad de que haya justicia. Nada se va a acabar por eso. Hay que ir a las causas de los señalamientos y la estigmatización de mala administración de recursos y supuesta politización.

¿Entre las reformas que requiere la justicia, hay que incluir la creación de la doble instancia en los fallos de la Corte Suprema?

Sí. Ese es un tema urgente y prioritario por solucionar y la Sala Penal de la Corte está interesada en ello. Queremos conversar con el Ministro de Justicia para ver cómo se puede solucionar de la mejor manera el problema.

¿Y qué tiene que ver el Ministro de Justicia con este tema propio de la Corte?

El Ministro está elaborando un proyecto en ese sentido y para la Sala Penal sería importante socializarlo y llegar a un proyecto conjunto. Hay dos temas por resolver. Uno es cuando la sentencia absolutoria llega a los tribunales y este en segunda instancia revoca y condena. Entonces, por tratarse de una primera condena, cabe la posibilidad de impugnación de esa decisión: la pregunta es quién resuelve ese último recurso, pues es sabido que la Sala Penal de la Corte es órgano de casación, mas no de apelaciones. Tendría que crearse un órgano de segunda instancia. ¿Cuál será?

El otro asunto está en las decisiones que son de única instancia de la Corte Suprema. Temas de aforados. ¿Quién sería su segunda instancia? Son dos puntos que hay que solucionar. Hay muchas propuestas: que la Sala Plena resuelva la segunda instancia y la Penal sea la primera; otros dicen que se divida en dos la sala penal: unos, primera instancia, y otros, segunda; otros piden que se dé la primera instancia al Tribunal de Bogotá y la segunda, a la Sala Penal de la Corte.

¿Y usted cuál formula prefiere?

No podemos determinar las fórmulas como magistrados. Es un tema de leyes y, por eso, al tener conocimiento de que el Ministro quiere presentar un proyecto sobre el tema, se le solicitó conversar para buscar lo mejor.

¿Pero su opinión cuál es?

En la Corte hemos discutido esto: que el Tribunal Superior de Bogotá sea el que resuelva en primera instancia y la Sala Penal de la Corte las apelaciones podría ser una solución, sin casarnos con esa tesis.

Primera instancia, Tribunal; segunda instancia, la Corte.

Exacto. Eso para los casos de única instancia de la Corte. O sea que los aforados bajarían al tribunal. Esa es una propuesta.

¿Le parece buena fórmula?

A la Corte no le parece mala, pero quiere coordinarlo, conversarlo y oír.

Un expresidente de la Sala Penal de la Corte Suprema opinó hace un par de años que la paz es el bien supremo y que nada está sobre él. ¿Cuál es su teoría?

La misma: la paz es la esencia de la democracia y es la base de una sociedad tranquila. Nosotros como estructura judicial tratamos de aplicar justicia, para cumplir con ese cometido y el faro fundamental que es la paz.

El presidente Santos defiende la tesis de una justicia transicional y el expresidente Álvaro Uribe sostiene que con esa fórmula habrá impunidad....

Como Corte y Rama Judicial, encargados de administrar justicia y aplicar el ordenamiento jurídico, consideramos que hay que luchar por la paz, que hay que seguir por ese camino. Ya estamos ahí y debemos continuar. Estamos atentos a cumplir con la normatividad y el ordenamiento que se establezca para hacer efectivo ese valor supremo de la paz.

¿Cree posible la paz sin perdón?

El perdón es componente básico de la paz y una forma de reconfortarse consigo mismo, de abrir las puertas a una vida tranquila.

¿El perdón no supone impunidad?

El perdón es una de las bases para la paz y la reconciliación.

Yo pensaba que usted compartía las teorías del procurador Ordóñez.

Él está pendiente de la paz y creo que también sabe perdonar y cree en el perdón.

Pero critica duramente el proceso actual...

Son otros puntos de vista que hay que respetar. Yo no quiero entrar a opinar sobre su pensamiento porque sería indebido, pero, por lo que he visto, es un hombre de paz y perdón.

Pero sus opiniones son totalmente contrarias a las de él...

Yo lo que creo es que hay que hacer lo que tenga que hacerse para lograr la paz.

¿Qué dudas tiene sobre el proceso?

Estamos muy pendientes como Corte Suprema. Queremos aportar en lo que tiene que ver con el punto sobre Justicia Especial para la Paz, para evitar que de pronto en un futuro cercano se presenten conflictos que podían afectar el camino hacia la consecución de la reconciliación. Hemos remitido una respetuosa invitación al Presidente de la República, con su equipo de negociadores en La Habana y su Ministro de Justicia, para compartir con ellos algunas observaciones que tenemos respecto a las competencias y facultades de la Jurisdicción Especial para la Paz, ante eventuales incidencias en las instituciones de la jurisdicción ordinaria.

¿Los delitos que han cometido las Farc de lesa humanidad deben ser castigados?

Así va a ser. Lo que pasa es que no será con justicia retributiva, sino restaurativa.

¿Y usted está de acuerdo?

Sí. Está bien. Nuestra función como Corte es aplicar el ordenamiento y deberemos analizar cada situación y el respeto a la institucionalidad. La justicia transicional se necesita para el proceso de paz y la justicia ordinaria es también esencial para el cumplimiento de ese cometido. El tema está en que no todo va a ser color de rosa y ahí debe estar la justicia ordinaria fortalecida en igualdad de circunstancias con la especial de paz para asumir esa responsabilidad.

¿Aspira a ser testigo como presidenta de la Corte de la firma del acuerdo?

Eso esperamos los colombianos. Que se logren todos los acuerdos y pasemos a las etapas de posacuerdo y posconflicto, que traerán otros retos para el país.

Tema final: ¿cuándo eligen Fiscal General?

Lo más rápido que se pueda. El 9 de junio será la primera votación luego de las entrevistas a los candidatos.

¿Alguno de los candidatos tiene ya ventajas?

Saber eso es lo más difícil del mundo entero. En el argot judicial se dice que para ser nombrado se requiere estar alineado con las estrellas.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO