'Saludcoop fue saqueada por antiguos propietarios'

La contralora general, Sandra Morelli, inicia el próximo 30 de agosto el último año de su gestión. Anuncia que durante ese período culminará todos los procesos que ya empezó.

En la siguiente entrevista revela el estado de cada una de sus más importantes investigaciones fiscales. Revela que durante su gestión evitó que la Nación perdiera 12 billones de pesos: 6 billones en recuperación y otros 6 evitando desvíos de fondos públicos.

Primer tema: Saludcoop.

¿Qué halló en Saludcoop?

Se identificó que efectivamente se pagaba con recursos públicos. Se hace imputación por casi 2 billones de pesos.

¿Recursos que se desviaron?

Sí, daño fiscal por apropiación de recursos públicos.

¿Dineros públicos que dónde están?

Algunos están representados en bienes, otros se fueron en gastos, otros están en sociedades en el exterior, otros están en bienes que no tienen nada que ver con la salud y otros están en manejos de portafolio.

¿Y qué fue lo que ocurrió?

Poco a poco fueron transfiriendo los activos de la infraestructura, o sea, clínicas, laboratorios, unidades de cuidados intensivos, unidades de rayos X, a una empresa distinta que se llama SaludCoop IPS. Esta empresa realiza una asamblea –que debería ser declarada ilegal– que cambia la composición accionaria y diluye SaludCoop EPS, que es la intervenida y la responsable de cumplir varios fallos de la Procuraduría, el Consejo de Estado, la Superintendencia de Salud y, sobre todo, de la Corte Constitucional.

De tal manera que ahora tenemos SaludCoop IPS como verdadera titular de esta infraestructura, que seguramente va a elevar violación del debido proceso porque no es la imputada, ni es la responsable de asumir el pago de los daños que causó SaludCoop EPS.

¿La Contraloría qué va a hacer?

Ante semejante maniobra, la Contraría instará a la Supersalud, para que Saludcoop IPS reintegre a la EPS toda la masa de bienes.

¿Las clínicas de Saludcoop EPS también fueron trasladadas?

Claro. Son más de 33. Todas pasaron a Saludcoop IPS.

¿La Contraloría no embargó?

Sí. Hemos venido embargando con la limitante que supone la no declaratoria de todas las empresas vinculadas con Saludcoop como grupo empresarial. La intervención sobre una sola empresa, sin controlar los vasos comunicantes, genera situaciones como la negociación de tres activos muy importantes: las clínicas de Bogotá, Tunja y Neiva. Fueron titularizadas, y esa operación se realizó a través de Fiduprevisora. Esta titularización implica el pago de los activos a doce años. Luego de este periodo deben ser transferidos a quien paga por ellos. Fiduprevisora colocó los títulos en el mercado financiero, y todos los títulos fueron adquiridos por Juan Carlos Ortiz, accionista de Proyectar Valores e Interbolsa, quien a su turno las negoció con terceros, obteniendo importantes utilidades en la operación. Saludcoop EPS terminó pagando no solamente el servicio de las tres clínicas sino el valor de compra de las mismas, con el detalle de que, al final, las clínicas serán propiedad de empresas no intervenidas.

¿A dónde más desviaron activos administrados por Saludcoop?

Inversiones en el exterior: México, Guatemala, Ecuador, República Dominicana, Chile. El problema que tenemos es que no se intervino todo el grupo empresarial, lo cual permite precisamente estas evasiones. Yo repetiría exactamente lo mismo que Colombia hizo en el 2000 con el sector financiero, que fue una toma de posesión. El Estado podría hacer un saneamiento y luego ponerla en venta, como se hizo con el Banco Cafetero.

¿Tiene con qué responder?

Sí. Tiene activos suficientes.

¿Qué pasó con el campo de golf y todo ese complejo social en el Meta?

Tenemos embargada una parte. No se ha podido embargar todo, porque fueron transfiriendo a terceros de terceros. Hubo un tema ministerial que estamos tratando de esclarecer.

¿Tema ministerial?

Sí. La teoría del Ministerio de Relaciones de que la Contraloría no podía embargar bienes en el exterior. Sin embargo, sí lo hicimos.

¿El resumen de lo que ocurrió con Saludcoop EPS cuál es?

Fue saqueada por algunos de sus antiguos dueños. Mire: hay unas herramientas que prevé el ordenamiento jurídico y que el superintendente, los jueces y la Fiscalía tienen a su disposición. Consisten en el levantamiento del velo corporativo, para establecer a dónde fueron a parar los recursos que estaban destinados al servicio de salud. Eso haría mucho más fácil poder incautar esos bienes adquiridos con recursos de la salud. Para embargar se deben cumplir unos requisitos de identidad entre el sujeto y el titular de ese bien que hoy en día no existen.

¿Por qué tanta demora en el fallo final?

Estamos hablando de una cifra descomunal –2 billones de pesos–, y todo eso tiene que estar probado. Habrá dos audiencias adicionales de descargos y se termina ese proceso. Lo previsto es que se falle en septiembre.

¿Es verdad que en la creación de Saludcoop hubo recursos del narcotráfico?

Sí. Hay una sentencia de la Corte Suprema en la que se condena por lavado de activos procedentes de narcotraficantes a la cooperativa que, precisamente, fue el principal aportante en la creación de Saludcoop.

‘Interbolsa eludió el pago del 4 por mil’

“Interbolsa eludió el pago del 4 por mil. Operaciones que no eran bursátiles quedaron exentas –dice Morelli–. Son 9 billones de pesos y esa plata nadie la pagó”.

¿Fue una especie de elusión del tributo?

Así es. Ese proceso también lo vamos a fallar este año.

¿Y el caso de la clínica La Candelaria?

A La Candelaria se le advirtió que no podía hacer contratos de capitación para segundo nivel. Solamente para primer nivel.

¿Eso que significaba?

El primer nivel es baja complejidad, promoción y prevención. El tercero es alta complejidad.

¿Y qué ocurrió?

El señor José Fernando Cardona, presidente de la Nueva EPS, hizo caso omiso de la advertencia; dijo que tenía que prorrogar esos contratos. Y esos contratos eran garantías para comprar las clínicas. El proceso se inició porque, aparentemente, hubo desviación del recurso público destinado a la atención de segundo y tercer nivel, para garantizar una operación financiera.

Caso AIS: Embargan al IICA

“El IICA es una organización internacional que tuvo la responsabilidad de administrar los recursos del programa de subsidios Agro Ingreso Seguro. Los testimonios en materia penal dan cuenta de que era una mera fachada porque todo se continuaba haciendo en el Ministerio de Agricultura. El IICA ha puesto resistencia a ser investigado, alegando supuestas prebendas de orden diplomático. Administrar recursos de los colombianos no puede hacerse sobre esa óptica. Allá hacen lo que quieren y nadie los puede auditar. Pues, se decretaron embargos que les han molestado mucho; hicimos consultas con internacionalistas antes de tomar esa decisión y, finalmente, establecimos que podría haber una corresponsabilidad”.

¿Entonces alista fallo sobre Agro Ingreso Seguro?

Sí. E incluiremos el tema de los camaroneros y el riego.

‘Carrusel’ de pensiones: fallos en noviembre

“La Procuraduría consideró que yo debería separarme del proceso porque había dado declaraciones que daban cuenta de que yo había prejuzgado. Debo informar que la Contraloría volvió a imputar y se realizaron más embargos. O sea, volvieron a establecer la responsabilidad de los señores consejeros de Estado Henry Villarraga y compañía. En este momento, corresponde oír descargos y practicar las pruebas que soliciten”.

¿Entonces habrá fallo?

Claro. El fallo definitivo se dictará en noviembre.

¿Qué era lo que se hacía?

Había despachos en el Consejo Superior de la Judicatura que, de manera muy frecuente, hacían nombramientos extraños. Se pudo establecer que una persona que ordinariamente iba a tener una pensión de 3 millones de pesos, con un mes que estuviera sentada como magistrado auxiliar, el Consejo Superior le subía la pensión a 12 millones.

¿Cuánto le vale eso hoy al Estado?

Cada uno de los procesos es del orden de 80, 90 millones de pesos mensuales.

¿Usted qué va a hacer en este caso?

Yo estoy recusada. El Vicecontralor ocupa mi lugar. Él fallará el proceso.

¿Cuántos son?

Once. Hasta cuando yo estaba, se había establecido la imputación de tres, y los otros estaban en curso. Uno de ellos ha tomado los correctivos. Quedan 10.

Mañana: el empresario Alberto Ríos y la controvertida licitación en Magdalena

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO