Reforma estructural del Estado, en nueva agenda legislativa

Reforma a la Justicia y regalías, temas claves.

Una estructural reforma al Estado "para transformarlo en más justo, más equitativo, más social, más funcional y equilibrado", según definición del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, es la que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos presentará al Congreso para el nuevo período legislativo, que se inicia el miércoles. Está contenida tanto en proyectos de reforma constitucional, como en iniciativas estatutarias y legales. El Ministro explica cada uno de los proyectos que se presentarán.

¿Qué proyectos constituyen la plataforma que el Gobierno presentará al Congreso la próxima semana y que será debatida en la nueva legislatura?

La nueva agenda para este segundo período es tan ambiciosa como la primera, y de igual importancia por el número de proyectos y por su contenido. El acto legislativo de reforma a la Justicia; el trámite en segunda vuelta de la reforma que desmonopoliza el ejercicio de la acción penal; el estatuto registral, jueces de paz, derechos de autor, código general del proceso, nuevo código penitenciario, el estatuto de estupefacientes, arbitraje y arancel judicial.

Culminarán trámite nuevos códigos de régimen departamental y municipal; los proyectos de voluntariado de bomberos y el que penaliza el racismo. Radicaremos también un proyecto de mujeres afro y el estatuto de la oposición. Defensa llevará, nuevamente, el código de convivencia y una reforma a la Justicia Penal Militar y a la Defensoría Técnica de los miembros de las Fuerzas Armadas. Va a ser reglamentada la objeción de conciencia a la prestación del servicio militar. Del Ministerio de Minas destaco tres: el nuevo código minero, la reglamentación de la reforma a las regalías y la autorización para efectuar la venta de un 10 por ciento adicional de Ecopetrol, con destino al financiamiento de infraestructura vial y portuaria.

¿Insistirán en la reforma a las corporaciones autónomas?

Por supuesto. El proyecto hace parte de la plataforma. Se reformarán los órganos de dirección para sustraerlos del clientelismo y la politiquería, mejorar las funciones de estas entidades como entes reguladores de los ecosistemas y fortalecer el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Sina). En comunicaciones, se reglamentarán las competencias que hoy cumple la Comisión Nacional de Televisión, que será liquidada. En educación, se presentará la reforma a la educación superior; en transporte, la reforma al Código de Tránsito y, complementario, el proyecto que establece el régimen de infracciones y sanciones. En Hacienda, la reforma estructural en lo fiscal.

¿En qué consiste la reforma constitucional a la Fiscalía?

En que las víctimas de un delito y otras autoridades podrán ejercer la acción penal, es decir, acusar ante los jueces en delitos menores, permitiendo excepciones al monopolio que, en ese sentido, tiene la Fiscalía.

¿Qué se busca?

Que las personas afectadas no estén supeditadas en determinadas causas a la congestión, para hacer valer sus derechos.

¿Cómo va a operar la nueva distribución de regalías?

La nueva distribución beneficiará al 70 por ciento de la población que estaba excluida de estas posibilidades. La mayor participación irá a los territorios más pobres que, con estos recursos, podrán acometer proyectos aplazados. Para que se dé una idea: Nariño percibía unos 8.000 millones de pesos al año por regalías; ahora, en el primer año, pasará a recibir 250.000 millones. Igual con Cauca, Chocó y Atlántico...

¿Qué propondrán para sustituir la Comisión Nacional de Televisión?

El manejo del espectro estará a cargo de una agencia nacional; el de las redes, en la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y se creará un nuevo organismo orientado a promover la industria de contenidos.

¿A pesar de las observaciones de los rectores, insistirán en la reforma a la Educación Superior?

Sí. Se busca un sistema de educación superior que propicie diversidad de fuentes de recursos para generar condiciones que amplíen la oferta a la población de menos recursos y propenda por la calidad.

¿Inversiones privadas y ánimo de lucro?

La reforma plantea canalizar nuevos recursos para la educación superior pública, tanto a la oferta como a la demanda, por medio del crédito educativo subsidiado. Los recursos del presupuesto nacional siempre son insuficientes, y por eso se autoriza la inversión privada a través de dos mecanismos: el de alianzas entre el sector privado y el público y el de instituciones con ánimo de lucro.

Otra reforma legal es la del Código Minero, ¿qué establece?

Blindar y proteger a las comunidades más vulnerables. Regular el sector para permitir un desarrollo sostenible.

¿Y el Código de Tránsito?

Es necesario para cumplir la meta de reducir en un 50 por ciento los muertos en accidentes, introducir el concepto de puntos en las licencias de conducir y reducir la corrupción en los trámites.

Sobre la reforma a la Justicia, ¿qué va a pasar con los cuatro grandes temas en los que no hubo consenso? ¿Por qué insiste el Gobierno en que la Corte Constitucional sea órgano de cierre y que haya tutelas contra sentencias judiciales?

La Constitución estableció que había tutela contra cualquier acto de autoridad, lo que incluye las sentencias de las altas cortes, y señaló que la Constitucional es el órgano de cierre en tutela, a través de la revisión. Sobra decirle que ni la Corte Suprema ni el Consejo de Estado comparten ese criterio.

Pero es lo que viene ocurriendo...

Por supuesto, el más reciente caso, muy divulgado por cierto, fue la tutela que dejó sin piso la sentencia del Consejo de Estado en el pleito de Granahorrar.

Esa sentencia fue del Consejo de Estado, pero la Corte Suprema no reconoce ningún fallo de tutela de la Constitucional contra sus sentencias.

Sí, pero que no los reconozca no quiere decir que los fallos emitidos por la Corte Constitucional, en materia de tutela contra providencias de las altas cortes, no se estén aplicando.

¿Por encima de la decisión de la Suprema?

Sí. Esto es lo que se denomina choque de trenes, pero lo importante es aprovechar esta oportunidad para zanjar la discusión.

¿En materia del derecho de tutela es esa la única discusión?

No, pero sí la más importante. Las demás, todas, se conciliaron. Por ejemplo, la no procedencia de tutelas contra sentencias de superiores jerárquicos.

¿El gran juez será el Congreso?

Naturalmente, y cualquiera que sea la posición, bien la del proyecto, o la tesis de la no procedencia de tutelas contra sentencias de cierre, el propósito se habrá cumplido.

¿Y el tema de la doble instancia, para evitar que la Sala Penal de la Corte investigue, acuse y falle?

La Corte Suprema reconoció, en la mesa de discusión de la reforma, que debe establecerse una doble instancia en el juzgamiento de aforados, e incorporar también el sistema acusatorio en el juzgamiento de estos.

¿Cuál será la segunda instancia?

Hay criterios restrictivos y amplios. El primero, que propone la Corte y que el proyecto del Gobierno contempla, divide en tres secciones la Sala Penal para que una opere como ente acusador, otra como primera instancia y, la tercera, como segunda instancia. El segundo criterio atribuye a las salas civiles y laborales la apelación.

¿Se mantiene la idea inicial de quitarles a las cortes sus funciones nominadoras?

El proyecto propone sustraer a la rama jurisdiccional de la integración de ternas en la elección de procurador y contralor, a nivel nacional y regional.

¿Es conveniente eso?

La intervención de los jueces en la designación de los órganos de control le ha hecho más daño que bien a la Justicia.

y frente a la congestión qué prevé el proyecto?

Un conjunto de estrategias, algunas ya en marcha, como las reformas a los procedimientos. Para lograr este cometido fue aprobado el nuevo Código Contencioso; además hizo tránsito el general del proceso, y llevaremos el estatuto arbitral al Congreso. El presupuesto asignado a la Justicia para el 2012 se va a incrementar considerablemente, pero aun así hemos propuesto mecanismos transitorios y excepcionales para evacuar 2, 2 millones de procesos represados, permitiendo atribuir funciones jurisdiccionales, en algunas materias, a notarios, centros de conciliación, auxiliares de la Justicia y abogados.

¿Considera que la reforma a la Justicia es inaplazable?

Sí. No podemos seguir pensando en recomendaciones que en el pasado han dado resultados muy limitados. En días recientes fue entregado el informe del Banco Mundial, que indica que Colombia está en el puesto 178 entre 183 naciones evaluadas en resolución de conflictos. El tiempo que toma un proceso judicial en nuestro país solo es superior en Surinam, Bangladesh, Afganistán y la India. ¡Hágame el favor! ¿No es esa razón más que suficiente para repetirle que la reforma es absolutamente indispensable e inaplazable?

Consejo de la Judicatura, al estilo 'Emisor'

¿El Gobierno insiste en la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura?

En las discusiones con las altas cortes, coincidimos en que, bajo el presupuesto de garantizar la plena autonomía de la rama, es necesario optimizar su administración. El modelo que queremos es similar al de la junta del Banco de la República, compuesta por los propios presidentes de las cortes y un gran gerente encargado de la administración de la Justicia.

¿Y la Sala Disciplinaria?

Se podría conservar con algunas reformas.

¿Y las enmiendas sobre las condiciones para ser magistrado?

Están incluidas. Así como la edad de retiro.

¿Es partidario del actual retiro a los 65 años?

No. Creo que debe extenderse hasta los 70 años.

Reformas tributarias no subirán tarifas

¿En las reformas tributarias se aumentarán tarifas?

No. El presidente ha dado claras instrucciones: las reformas no deben incluir alza de tarifas. Se buscará la simplificación de las normas. Se quiere estimular los negocios y las inversiones.

YAMID AMAT
ESPECIAL PARA EL TIEMPO