Reforma de la justicia: ‘Respuesta penal solo para casos más extremos’

Al explicar la nueva política antidrogas de Colombia, el ministro Osuna afirma que esta "no puede centrarse en arrancar matas y llenar las cárceles de campesinos pobres".

El diálogo con el alto funcionario comienza con su pronunciamiento sobre la revelación del monitoreo de la ONU sobre cultivos ilícitos. Ese informe oficial acaba de revelar un incremento del 43 por ciento en el área sembrada con coca en el país. Pasamos de 143.000 hectáreas en 2020 a 204.000 en 2021.

¿A qué adjudica, señor ministro, semejante crecimiento?

Esa es la foto de la situación hasta el 2021 y es preocupante. El aumento de los cultivos de coca se debe a varios factores, entre los que señalaría, en primer lugar, la baja implementación del acuerdo de paz; esto se debe a que aunque la mayor parte de las familias que se inscribieron al plan nacional de sustitución de cultivos cumplió con la erradicación voluntaria, el Estado no hizo lo propio, a cabalidad, con su compromiso de ofrecerles proyectos productivos alternativos, lo cual llevó a que muchas de esas familias volvieran a su actividad anterior. También es evidente, como nos muestran los datos de la ONU, que los territorios en los que hay más cultivos de coca son los de mayores índices de pobreza y en los que el Estado hace muy poca presencia. Señalaría también que en todo el mundo ha aumentado la demanda de cocaína.

La producción de cocaína también alcanzó un máximo histórico de 1.400 toneladas. ¿Usted cree que la decisión del Gobierno de descartar totalmente el uso del glifosato puede haber sido determinante en el crecimiento de la producción de cocaína?

El glifosato definitivamente no es la solución ni para la disminución de cultivos de hoja de coca ni para la producción de cocaína. Por el contrario, causa graves daños ambientales y a la salud humana. De hecho, la aspersión aérea de glifosato tuvo, como consecuencia no deseada, el aumento de los territorios con cultivos de coca, debido a un fenómeno llamado 'efecto globo', que consiste en la migración de los cultivos de un territorio a otro. Los cultivos disminuían en el Putumayo, por ejemplo, pero aumentaban significativamente en Nariño, y así en otros lugares del territorio nacional. Así pues, el glifosato daña la vida y hace migrar los cultivos, pero no soluciona el problema de la producción y tráfico de cocaína. Este gobierno, que fue elegido para traer un cambio, quiere transformar esa situación.

El director de la Dian, Luis Carlos Reyes, propuso hace un par de días la legalización de la cocaína y su venta libre con el pago de un elevado impuesto. ¿Cuál es su opinión?

Es interesante que se plantee ese debate público, tanto en foros internacionales como internos. Ahora bien, este gobierno no legalizará la producción ni el tráfico de cocaína. Hoy no están dadas las condiciones ni los consensos internacionales necesarios para tomar ese tipo de decisiones y Colombia no tomará una decisión unilateral en ese sentido.

Los departamentos donde los cultivos han aumentado son fronterizos o cuentan con costas. Los departamentos con mayor producción son Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Cauca. ¿Qué hacer en esas regiones?

No es un secreto que la cercanía a las fronteras y a las costas facilita las economías ilegales relacionadas con drogas, por la facilidad de salida de los productos. Esto no es un análisis nuevo ni una sorpresa para el Gobierno Nacional. Lo novedoso es la forma en que estamos abordando ese asunto. El enfoque no va a ser puramente policivo o militar, sino que lo combinaremos con medidas económicas, sociales y ambientales de modo diferenciado en cada territorio, para mejorar las condiciones de vida de sus pobladores. Esas medidas incluyen, por supuesto, el fortalecimiento de las relaciones con Ecuador, Perú y Venezuela de tal forma que se consoliden acciones de investigación conjunta para fortalecer la capacidad operativa de nuestras fuerzas policiales, militares y judiciales, pero también intervenciones territoriales respetuosas de los derechos humanos y del medioambiente, que no estigmaticen a los cultivadores, que respeten las culturas ancestrales de los pueblos indígenas y que les ofrezcan alternativas ciertas para cambiar de actividad productiva. En pocas palabras: concentrar la investigación criminal y la persecución penal contra las redes de narcotraficantes y lavadores de activos y ofrecerles a los campesinos cultivadores una posibilidad de vida distinta, con los beneficios del Estado social de derecho.

La cifra más importante del informe que acaba de revelar la ONU es la aparición de nuevos enclaves para la producción de coca en zonas como la región central del país, la región Meta-Guaviare, la región Orinoquia-Amazonia y Sierra Nevada, ¿qué se puede hacer para combatir ese crecimiento?
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Como lo menciona el informe de la ONU, los 'enclaves productivos' que en el 2019 eran siete, en el 2020 subieron a nueve y el 31 de diciembre de 2021 llegaron a 14; estos albergan el 41 por ciento de la coca de todo el país. Además del aumento de hectáreas cultivadas, nos preocupan las dinámicas que se dan en estos enclaves, en los que hay facilidad para acceder a sustancias químicas y precursores para el procesamiento de cocaína, presencia de grupos armados ilegales y precariedad extrema en las condiciones de vida. En estas zonas, por lo demás, hay cultivos industriales, que tienen características diferentes a las de los pequeños cultivadores campesinos. Frente a los cultivos industriales, se fortalecerán las acciones de erradicación.

¿Por qué Tibú es el municipio donde más cocaína se produce?

El 'enclave productivo' del Catatumbo es el más grande del país, con alrededor de 26.000 hectáreas de coca al 31 de diciembre de 2021, esto es, con 8.000 hectáreas más de cultivo que cinco años atrás. Allí está Tibú, junto con Convención, El Tarra, Sardinata y Teorama. Esta región ha sido la única que ha presentado un crecimiento permanente en la producción de hoja de coca desde el 2007. El municipio de Tibú tiene una participación significativa en el enclave del Catatumbo, pues tiene la particularidad de estar en una posición estratégica por su cercanía con Venezuela. Además, en esta región, los grupos armados tienen alta incidencia y control territorial. A lo anterior se suma que la gasolina es más barata -este es uno de los precursores del refinado de la pasta base de cocaína- y la mano de obra también lo es, especialmente por el flujo de migrantes venezolanos desempleados que no tienen una opción diferente a enfrentar grandes riesgos y vulneración de sus derechos a cambio de unos bajos sueldos.

¿Qué ha hecho el Gobierno para enfrentar este fenómeno?
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Son múltiples los esfuerzos del país para reducir los cultivos de coca, así como la producción y el tráfico de cocaína. Tenemos grandes resultados operativos, pero si analizamos la sostenibilidad de los resultados y los impactos, entendemos que la política tradicional no ha sido efectiva. El aumento, al 31 de diciembre de 2021, del 43 por ciento en el área sembrada de coca y del 14 por ciento en la producción potencial de cocaína es un indicador contundente del fracaso de la política de guerra contra las drogas. Desde la aproximación de cambio que estamos proponiendo en este gobierno, no abandonaremos el objetivo de reducir los cultivos de coca en Colombia, sino que lo haremos de una forma que esté respaldada por la evidencia, que sea ambientalmente sostenible, cuide la vida y promueva el bienestar en los territorios. Es decir, una política de drogas que se centre en eliminar las vulnerabilidades estructurales que permiten que haya dependencia de las economías ilícitas, y que no solo se centre en arrancar matas y llenar las cárceles de campesinos pobres.

Al respecto, ¿se mantendrá la erradicación forzada?

Es importante destacar que la erradicación forzada tiene un índice de resiembra de entre el 50 y 67 por ciento, mientras que con sustitución voluntaria de cultivos este porcentaje es de apenas el 0,8 por ciento. De igual forma, como lo establece el Acuerdo de Paz, será necesario aplicar un enfoque diferencial a cada eslabón de la cadena de las drogas. A los eslabones más débiles se les ofrecerán alternativas para transitar hacia la legalidad. En cuanto a los más fuertes, reforzaremos la interdicción, la cooperación y la inteligencia para el control de insumos químicos.

¿Qué va a hacer el Estado con la cantidad de glifosato que adquirió el gobierno anterior?
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Algunas claridades para tranquilidad de la ciudadanía. La primera es que no está en la agenda del Gobierno la reactivación de la aspersión aérea con glifosato. La segunda es que el único programa en el que se utiliza el glifosato es en el de erradicación de cultivos ilícitos -conocido como Pecat-, ejecutado por la Dirección Antinarcóticos de la Policía. En este caso, la aspersión es terrestre. Aunque el Ministerio de Justicia no es el ejecutor de este programa, y como ejercemos la secretaría técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes -instancia donde se pueden suspender estos programas-, estamos analizando su eficiencia. Tenemos claro que cualquier decisión debe favorecer a las comunidades, al medioambiente y, por supuesto, al país.

¿Qué delitos serán incluidos en el proyecto de ley que usted anunció, para despenalizarlos, con el objetivo de disminuir el hacinamiento en las cárceles?

En general, el proyecto de ley que en su momento presentaremos al Congreso propone una racionalización de la política penal, bajo la consideración de que la respuesta penal debe ser solo para los casos más extremos, cuando otras formas de reparación de agravios son insuficientes o fallidos. En ese sentido, estamos considerando proponer la eliminación de los delitos de inasistencia alimentaria; emisión y transferencia ilegal de cheques; impedimento y perturbación de audiencias públicas; impedimento y perturbación de ceremonias religiosas; supresión, alteración o suposición de estado civil; injuria y algunos más. Respecto de cada delito cuya eliminación propondremos, se presentará un instrumento no penal para resolver los conflictos que puedan surgir por esas conductas indeseadas. Y de nuevo: será el Congreso de la República el que decida.

¿Usted mantiene su decisión de no construir más cárceles en el país?
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Las cárceles, tal como son en la realidad de nuestro país, sirven muy poco para evitar o disminuir la criminalidad. El Gobierno Nacional heredó un persistente estado de cosas inconstitucional en esa materia. Así que si continuamos con el mismo modelo, es decir, si nos dedicamos a hacer más cárceles, le aseguro que no lograremos revertir esos resultados. La política penal y penitenciaria con la que está comprometido el Gobierno busca, como lo acabo de mencionar, racionalizar el uso del derecho penal.

¿Esa política, concretamente, qué normas nuevas incluye?

Contiene medidas alternativas y sustitutivas a la cárcel tradicional. Por eso he afirmado que no haremos más cárceles, porque nuestra política se enfocará hacia la resocialización, la reparación a las víctimas y la reconstrucción del tejido social. Eso no quiere decir que las obras que ya están en construcción se detengan, o que si se considera apropiado remodelar o cambiar de lugar un centro penitenciario nos vayamos a oponer a esa situación. Precisamente, el viernes pasado se estrenó una ampliación de una de las cárceles de Santa Marta, con 500 cupos nuevos.

¿Desde cuándo comenzará a implementarse en el país la justicia restaurativa que promueve una conciliación ente víctima y victimario?
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Ya existen medidas de justicia restaurativa en nuestro país, aunque no con la intensidad que quisiéramos. Es muy probable que cuando la JEP comience a fallar los casos que tiene en trámite se fortalezca significativamente esa modalidad. Impulsaremos, además, la posibilidad de este tipo de acuerdos aun después de que se hayan producido sentencias condenatorias definitivas.

YAMID AMAT
Para EL TIEMPO