Reforma de la justicia dará la 'Vuelta a Colombia'

La Corte Suprema de Justicia considera que la reforma presentada al Congreso por el Gobierno no soluciona los problemas de la rama. Y su presidente, Camilo Tarquino, dice que tres grandes derechos de los colombianos deben ser atendidos con urgencia: la salud, el trabajo y la justicia. Tarquino es magistrado de la Sala Laboral y presidente del alto tribunal desde enero de este año, y especialista en derecho laboral de la Universidad de Salamanca. Sostiene, sobre salud, que el Estado debe poner en cintura a las EPS. ¿Cuáles son los derechos más reclamados por los colombianos?

Los que más reclaman a través de las tutelas son el derecho a la salud, al trabajo y a la justicia. En la salud, denuncian falta de atención oportuna y eficaz de parte de las entidades.

¿Es responsabilidad de las EPS?

Sí. Y el Gobierno está en mora de exigirles que cumplan con su obligación, es decir, prestar oportunamente el servicio al usuario, que aporta para que le reconozcan ese derecho.

¿La Corte Suprema ve en las EPS la mayor responsabilidad?

Pensaría que sí, si ellas han recibido los aportes. Si un afiliado, que contribuye mensualmente con parte de su salario para el riesgo de la salud, se enferma y no le prestan ese servicio, tiene derecho a reclamar y a que se le reconozca por vía de tutela. Ahí la gran comprometida es la EPS

¿Hay deficiencias en la entrega de medicamentos?

Desde luego, y así se está atentando contra la vida de quien reclama.

¿Qué hacer para que las EPS funcionen bien?

El Estado debe ponerlas en cintura.

Dice que deben responder "si han recibido aportes". ¿Es que ocurre lo contrario?

A veces, el empleador descontaba del salario del empleado para invalidez, vejez o muerte, y al reclamar su pensión se descubre que ese empleador no aportaba, se guardaba ese dinero. La jurisprudencia anterior de la Corte sancionaba o condenaba al empleador, pero se cambió porque si el empleador no tenía para pagar los aportes, mucho menos para pagar la pensión. La nueva doctrina señala que son las entidades prestadoras de la seguridad social las encargadas de pagar esa pensión, pues existiendo las normas coercitivas para recuperar esos aportes, no lo hicieron.

¿También ocurre con los fondos privados?

Han sido condenados por la misma razón.

¿Cuántas sanciones contra el Seguro y contra los fondos ha impuesto la Corte por no pagar pensiones?

Han sido reiteradas las oportunidades en las que la Sala de Casación Laboral ha condenado a esas entidades por no cumplir. Durante el 2010 fueron 28 condenas, y en este van 5.

¿Cuántas tutelas recibe la Corte para que ordene pagar pensiones?

Este año, con corte a 30 de junio, se resolvieron algo más de 700 sobre pensiones, sin contar las que han sido devueltas por el decreto de una nulidad u otra causa.

¿Y cuántas tutelas contra EPS por servicios de salud?

Durante el mismo período se fallaron 655 tutelas. Un dato adicional: a la Corte Constitucional llegan entre 40.000 y 50.000 tutelas mensuales. Entre el 60 y el 70 por ciento, no menos de 35.000, son por seguridad social. No todas son revisadas.

Con semejantes cifras, que sin duda traumatizan a los órganos judiciales, ¿sería la Corte partidaria de que se crearan jueces de tutela?

No veo con malos ojos eso, pero es más fácil aumentar la planta de personal, jueces.

Sobre el tema pensional, ¿la Corte es partidaria de reformar las edades para retiro forzoso?

Para retirarse de la administración pública, la ley establece 65 años. No se vería mal, en los actuales momentos, que se aumentara la edad de retiro forzoso a los 70. Una persona a esa edad está no solo en la plenitud de sus facultades mentales, sino con una experiencia que debería aprovecharse.

El Gobierno propuso esa edad para el retiro de magistrados...

Sí, y tampoco vería mal extenderla a toda la administración pública. No es bueno elevarla para unos y negárselas a otros.

Regresando a los derechos que más se violan, ¿cuál es la posición de la Corte frente al derecho al trabajo?

Hay demandas porque a la persona le terminan su contrato, o se lo desmejoran en las condiciones salariales o prestacionales, y esto le causa un grave perjuicio.

¿Cuántos jueces hay en Colombia?

En este momento, 4.500.

¿Cuántos debería tener para ponerla a funcionar bien?

Casi 4.000 más. Los estándares mundiales son de 18 jueces por cada 100.000 habitantes.

¿La Justicia no podría financiarse, en parte, con los dineros de la reforma al arancel judicial que el Gobierno ha propuesto?

No me gusta, porque lo que se recauda por ese concepto es precario. Quien reclama es porque no tiene dinero, no es justo ponerle tarifa. La Justicia debe ser gratuita, es una obligación del Estado suministrarla.

En la queja por la mora de los procesos, ¿diría que la Justicia está coja?

La Justicia no, el Estado cojea. Los jueces no producen al ciento por ciento, producen al 110 por ciento. Si a un juez le entran 100 procesos en agosto, él saca 110, pero no de agosto sino del retraso que viene. Un empleado de un juzgado no entra a las 8 a.m. ni se va a las 5 p.m. Ingresa antes y se va después. Juez y empleado trabajan más de 8 horas diarias.

¿El proyecto de reforma a la Justicia del Gobierno es bueno?

No soluciona el problema de la rama, pero tiene cosas buenas, malas y vacíos.

¿Las cosas buenas?

Se propone crear un colegio nacional de abogados, y es necesario para regular y en determinado momento investigar disciplinariamente a los abogados.

¿Y la doble instancia?

Es razonable para juzgar a los congresistas. Sin embargo, la Corte Suprema no se aparta de estándares internacionales al juzgarlos en única instancia hoy. Últimamente, el Gobierno ha propuesto que se investigue o instruya por la Fiscalía a los congresistas. Eso es nuevo y la Corte Suprema lo está estudiando. Hoy, la Corte Suprema actúa conforme a lo que la Corte Constitucional ha dicho.

¿Y los temas malos?

No nos parece que la Corte Constitucional sea el órgano de cierre y que revise, por vía de tutela, decisiones de la Corte Suprema de Justicia.

¿Por qué no le parece?

Porque institucionalizar esa figura es no arreglar el choque de trenes, sino ahondarlo. La Corte Suprema es la cabeza máxima de la jurisdicción ordinaria. Eso dice la Constitución, y es, en consecuencia, el organismo de cierre en materia civil, penal y laboral. Su jurisprudencia es la que deben acatar los jueces y magistrados, y no la que llegara a producirse vía tutela por la Corte Constitucional. La Corte Suprema reclama independencia, lo cual se pierde cuando se privatiza la Justicia, o el Ejecutivo asume funciones jurisdiccionales.

Pero se ha demostrado en varias ocasiones que la Corte Suprema se ha equivocado, y la Corte Constitucional corrige...

No son equivocaciones; son criterios distintos.

¿El "choque de trenes" no es un asunto de celos?

De ninguna manera. La Constitución muy claramente ubica a la Corte Suprema como órgano de cierre de la justicia ordinaria. Eso lo dijo el Ministro de Justicia: los constituyentes no pensaban que la tutela fuera contra sentencias judiciales o providencias judiciales cuando redactaron la norma. Tan es así, que la Corte Constitucional, por sentencia C-543 de 1992, sostuvo su improcedencia.

¿La Corte Suprema es partidaria de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura?

Considera que una muestra de autonomía de la Rama Judicial fue la creación del Consejo Superior de la Judicatura. Si lo eliminaran, se desvertebraría ese querer del constituyente primario. Se debe reformar su Sala Administrativa, con la presencia en su Sala de Gobierno, de los presidentes de la Corte Suprema, Consejo de Estado y Corte Constitucional. Y en la Sala Disciplinaria, frente a críticas relacionadas con su origen o forma de elección de sus integrantes, consideramos que sean las otras tres cortes mencionadas las que los elijan, como es con la Administrativa.

¿Qué hará la Corte para oponerse a la reforma?

Estamos expresando, y lo seguiremos haciendo, nuestros puntos de vista ante el Congreso. Esperamos que la reforma que se adopte sea fruto de un consenso entre el Gobierno, el Congreso y las cortes. El Congreso va a llevar el proyecto a las universidades, a distintas ciudades, en una especie de 'Vuelta a Colombia', para que participen distintos estamentos. Yo voy a ir; vamos a exponer nuestros puntos de vista, que ojalá sean atendidos. La Corte Suprema no se opone por capricho ni obstinadamente.

¿Cree irremediables o irreversibles las diferencias?

No creo que sean imposibles de solucionar; las tres ramas del poder público, creo, están asistidas de la mejor voluntad.

Dice que la Corte no es obstinada en sus críticas a la reforma. ¿El Gobierno lo es en su defensa?

No. Veo voluntad de lado y lado.

¿Ni hay pugnacidad?

De ninguna manera. Tanto el lenguaje del Gobierno como el de la Corte han sido de mutuo respeto. El presidente Santos, desde el primer día de su gobierno, se dirigió en términos muy respetuosos a la Justicia.

¿Cómo lo calificaría?

Es un cambio de estilo. Diría que para bien. El diálogo en sociedad es necesario. Si no hay diálogo, nunca podrá haber acuerdo; y si no hay diálogo, por lo menos que no se pierda el respeto.

YAMID AMAT
ESPECIAL PARA EL TIEMPO