'Quiero saber si hay algún compromiso con los paramilitares': Procurador

Afirma el Procurador.

"Quiero decirle una cosa: Quizás resulte duro, pero he tenido la idea de hacer una pregunta y la voy a hacer ahora: no es solamente a quién se quiere beneficiar con el marco jurídico del proyecto de los paramilitares, sino saber si existe algún compromiso por parte del Comisionado de Paz. ¿Hay algún compromiso adquirido en la mesa de negociación del gobierno con la autodefensas?"

El interrogante lo formula el procurador general de la Nación, Edgardo Maya. La pregunta la lanzó cuando habló sobre supuestos o reales vínculos de paramilitares con el narcotráfico. Vean cómo surgió:

Señor Procurador, ¿cómo ve el proyecto sobre los paramilitares?

Le quiero hablar con franqueza sobre dos temas. En primer lugar, hay que definir a quiénes se quiere beneficiar con el marco jurídico que se está construyendo. Yo entiendo que el proyecto está dirigido a quienes tomaron las armas para defender las instituciones. En segundo lugar, hay que definir las conductas con toda claridad; que no se presten para interpretaciones, como lo que está ocurriendo con el artículo 64, el llamado 'narcomico'. Las conductas tienen que ser descritas con tan absoluta claridad, que no les permita a los jueces, ni a los operadores jurídicos, ni a nadie, interpretarlas.

¿Cree usted que el artículo debe retirarse?

Una norma como el artículo 64, sin entrar a hacer disección del contenido, debe retirarse de una vez del proyecto. Si estamos en esa controversia de interpretaciones sobre el delito de sedición, que es levantamiento en armas contra un gobierno, y las autodefensas no se han levantado en armas contra el Estado, las autodefensas lo que hicieron fue alzar las armas para defender al Estado. Ahí comienzan las interpretaciones. Pero hay un tema más grave: hay que erradicar totalmente el tema del narcotráfico; como delito común, no puede ir en ese proyecto. Tenemos, además, un problema que es la comunidad internacional, que tiene los ojos puestos sobre Colombia.

¿No puede hablarse en consecuencia, de "delitos conexos"?

No. No se puede involucrar o establecer conexiones entre delitos políticos con el delito del narcotráfico; eso no es posible. Un factor que acabaría con todas las intenciones del proyecto es el tema del narcotráfico. La comunidad internacional no lo va a dejar pasar. El proyecto puede convertirse en una especie 'lavadero' y eso no es posible.

Pero negociadores paramilitares han sido acusados de narcotráfico...

Siempre he querido hacer la pregunta que voy a formular. ¿existe algún compromiso por parte del Comisionado de paz?

¿En qué sentido formula la pregunta?

Quisiera saber si hubo o hay unos condicionamientos, porque la actitud del doctor Luis Carlos Restrepo, cuando renunció, fue beligerante, fuerte, en defensa de una posición que me parece muy legítima a pesar de no compartir ciertos puntos. Sin embargo, me surgió la pregunta clara de si no hay un compromiso especial adquirido.

¿Es que ve excesivamente comprometido al Comisionado?

El Comisionado esta comprometido con su posición; ha tenido largos diálogos y tiene un compromiso con su posición y es legítimo que él lo defienda. Me surge sí el interrogante sobre si no hay compromisos.

¿Por qué le surgió?

Porque él ha estado en unos largos diálogos en Santa Fe de Ralito. ¿Recuerda que se escucharon unas grabaciones sobre varios temas tratados? Creo necesaria una claridad total de que no existe ningún compromiso.

¿Pero qué motiva concretamente su duda?

Me surge porque hay unos temas muy de fondo, que son el vínculo de esos sectores con el narcotráfico y la solicitud de extradición de algunos miembros de estos grupos. Nadie se va entregar para que lo extraditen o lo metan 40 años a la cárcel.

Pero ya hay una orden de extradición suspendida...

Sí. En el momento hay una orden suspendida.

¿Y ese no fue un compromiso?

No. Esa fue una posición tomada con el propósito de que avanzaran los diálogos. Hay que hacer esfuerzos sobrehumanos para la paz.

¿Por qué pide la declaración del Comisionado sobre eventuales o supuestos compromisos?

Porque eso absolvería las dudas que han surgido y que, como yo, las tienen muchas personas.

¿Dudas como cuáles?

De que existan unos compromisos adquiridos en Santa fe de Ralito. Quiero decirle, además, que hay un factor anarquizante, gravitando sobre todo el país...

¿Que es cuál?

En el Congreso hay un tema concreto que, me atrevo a decirlo, está gravitando sobre los debates: el tema de la reelección presidencial. Va a afectar la discusión del proyecto de justicia y paz, la discusión del estatuto de garantías electorales, etc, etc.

Acaba de exponer su criterio sobre el proyecto de justicia y paz. ¿Cuál tiene sobre el tema del estatuto de garantías?

Primero, debe asegurarse la transparencia de los servidores en el manejo de los bienes públicos y del presupuesto. Segundo, deben darse garantías a todos los intervinientes en el proceso electoral. Tercero, la financiación de las campañas, porque podemos tener un candidato a la Presidencia con muchos recursos porque la clase que financia la campaña, que es el sector empresarial, esté con ese candidato. Cuarto, se requiere un estatuto de la oposición, de manera que haya igualdad de oportunidades. Todo esto es el gran debate político que se avecina.

¿Debate en el Congreso y también en la Corte Constitucional?

Sí. La Corte Constitucional es un órgano político, que a pesar de su conformación dentro del estado de derecho, toma decisiones de carácter político, porque esta preservando y garantizando la existencia de una Constitución política.

¿El fallo de la Corte sobre la reelección, sea el que fuere, será político?

No tengo la más mínima duda.

¿Y qué significa que habrá un fallo político?

Que hay que prepararse para una decisión política. No va estar llena de razones jurídicas sino de orientación política.

¿ No habrá un fallo sobre ajustamiento o no a normas jurídicas?

En la guarda de la Constitución política en un estado social de derecho, no lo veo posible.

Si usted considera que el fallo de la Corte va a ser eminentemente político, ¿su concepto también será político?

Los conceptos sobre constitucionalidad que rinde la Procuraduría -no lo niego ni lo puede negar nadie- tienen un carácter eminente político. El tema que se alude es la concepción del manejo del Estado, del Estado de derecho, de la guarda de la Constitución política.

¿ La reelección presidencial rompe una tradición política?

El acto legislativo rompe una tradición política de 48 años, que es la no intervención de los servidores públicos en política. Fue prohibida por el plebiscito de 1957 con el propósito de lograr la paz entre los partidos, de terminar una lucha partidista fratricida que ocasiono miles y miles de muertos. Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, artífices del acuerdo, lo lograron luego de llegar a la conclusión de que uno de los factores generadores de esa violencia política era la intervención de los servidores públicos en política. Esa es una gran preocupación hoy y yo la tengo como Procurador General de la Nación. Temo que no hay suficiente civilización política, cultura política, y que se vuelva generar ese factor. Comenzamos con la reelección presidencial y vendrán las de gobernadores y alcaldes. ¿Los imagina en vehículos oficiales haciendo campaña política?

¿Y el Presidente?

Si el Presidente resuelve que aspira a la reelección - manifestación que no ha hecho hasta hoy-, vamos a tener, en la misma tarima, al gobernador, al ministro, al alcalde en plena acción política. Aquí hay una generación que lo único que conoce es la prohibición de los servidores públicos de intervenir en política. Es una nueva cultura política que se va a generar y ojalá no sea factor de violencia.

¿Las condiciones del país en el año 57 las cree vigentes?

No hemos avanzado mucho. Un país con el nivel de homicidios, de delincuencia que hay hoy, con grupos al margen de la ley, con la lucha armada que hay, corre riesgos.

¿Usted ve que esta en riesgo la paz política del país?

La paz nacional. Vamos a correr un albur, vamos a correr un riesgo. Ojalá haya un grado de sensatez y de avance en nuestra cultura que nos permita afrontar sin traumatismos esta nueva figura, si llega a declararse la constitucionalidad de la reelección. Porque la constitucionalidad de la reelección significa la intervención en política de todos los servidores públicos.

¿En su concepto sobre la reelección, hablará sobre ese tema?

Es simplemente una preocupación que manifiesto como Procurador General, como representante de la sociedad colombiana que está en la obligación de preservar los derechos humanos, el orden jurídico, la convivencia y los derechos colectivos. Mi concepto ya vendrá. Por ahora expongo una gran preocupación.

Tema final: Acaba de ocurrir un nuevo enfrentamiento en la justicia, esta vez entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura. ¿Cuál es su opinión de este desorden?

Independientemente de que sea abiertamente partidario de la tutela, creo que debe haber una reglamentación. . Hay que abocar nuevamente el tema de tutelas contra sentencias judiciales, para evitar este espectáculo, que estamos viendo, que ya habíamos visto y que seguiremos viendo mientras haya decisiones difusas sobre la visión de tutela. Las tutelas contra sentencias sólo se podrían utilizar cuando sucedan casos de abierta y grosera violación de la ley.