‘Queremos una policía para la paz, no una para la guerra’, dice el mininterior

No solo es una ironía, sino una tragedia. Ese es el país que recibimos. Los 122 líderes asesinados entre enero y julio muestran el tamaño de la crisis del derecho a la vida en Colombia, la vulnerabilidad que tienen aquí los líderes que se dedican, por ejemplo, a la restitución de tierras y de los campesinos que se atreven a reclamar el acceso a una parcela, para vivir en condiciones elementalmente dignas. Vienen siendo asesinados quienes son capaces de reclamar sus derechos.

¿Y entonces el Gobierno, usted, qué proyectan hacer?

Hemos preparado un plan de emergencia para la protección de la vida de los líderes sociales en el territorio que parte, primero, de reconocer el problema. Vamos a colocar unos puestos de mando unificados por la vida en toda Colombia, en cada municipio donde hay dificultades.

Cuántos son esos municipios?

Identificamos 65 municipios donde hay alteración del orden público, persecución de líderes sociales, y ahí vamos a hacer un desembarco del Estado para su protección. Queremos acompañamiento de la comunidad internacional en estos puestos de mando unificados. Un estudio de riesgo de un líder social se puede demorar más de 70 u 80 días, lo disminuyeron a 60 días durante los últimos cuatro años del presidente Duque, y a lo que aspiramos es que a todos los líderes sociales que estén en riesgo les hagamos un estudio de seguridad por vía de emergencia.

¿Ese estudio de seguridad por vía de emergencia cuánto puede demorar?

Tan solo una o dos semanas. De modo que podamos adoptar medidas de protección en términos de días.

¿Básicamente en qué consiste lo que usted llama 'desembarco del Estado'?

La Unidad Nacional de Protección tiene vehículos, tiene 8.000 hombres, tiene presupuesto de 1,3 billones para proteger a los líderes sociales. Aquí de lo que se trata es de tener voluntad política, de focalizar los recursos. Se requiere, y habrá, presencia del Estado inmediata.

¿Qué es lo que usted llama 'desembarco del Estado'?

Es la llegada de las instituciones para tramitar las necesidades sociales que tiene esa región. Ya instalamos una mesa de diálogo social. La componen los actores en conflicto en el norte del Cauca y los actores del Estado. También están la comunidad internacional y los entes de control. Por parte del Gobierno Nacional van a asistir representantes de diez ministerios para acompañar a la comunidad en la priorización de inversión nacional. Buscaremos un acuerdo de priorización de inversión, con la firma de diez ministerios y el Departamento de Planeación Nacional, que va a llevar ese acuerdo vinculante al plan de desarrollo y a los presupuestos. De eso se trata el desembarco.

¿Cómo, dónde y cuándo va a comenzar ese 'desembarco del Estado' para proteger líderes?

Le explico de qué se trata. En el Cauca identificamos cuáles eran los actores en el conflicto. Encontramos que estaban los campesinos, los afrodescendientes y los indígenas peleando entre sí. Y los tres peleando simultáneamente con los empresarios de la caña, invadiendo fincas. Y los empresarios de la caña contratando trabajadores que a su vez se agreden con los campesinos, los indígenas y la comunidad negra.

Instalamos una mesa de diálogo para identificar cuáles eran los problemas. El primero era el acceso a la tierra. Todos reclaman ser propietarios de la misma tierra o tener derecho al acceso a la misma tierra. Unos con títulos y otros con derechos ancestrales. La única forma de resolver ese problema es el diálogo, midiendo el territorio y, si es necesario, el Estado deberá comprar tierra para ubicar a los campesinos, a la comunidad negra, a los indígenas y darles lo que les corresponde.

Los azucareros dicen que los están invadiendo...

Pues de eso se trata el diálogo. No vamos a expropiar. Lo que queremos es que todos tengamos acceso a la tierra y todos tengamos la posibilidad de producir. No puede ser que la tierra siga concentrada en el 5 % de la población. Son dueños de medio departamento. Lo ideal sería que nos asociáramos para producir junto con los campesinos e indígenas del sector. No es quitándole tierra a nadie. Es todos en un diálogo social, entendiendo que todos tenemos que agarrarnos de la mano y caminar juntos. Queremos salir de la pobreza y la injusticia social que hoy invade la mayoría del territorio colombiano y que es la fuente también del conflicto social.

Pero en general la situación del Cauca es sumamente delicada...

Nadie discute eso. Vamos a trabajar. Yo voy a estar yendo. Muy pronto va a ir el Presidente a verificar este tema de invasiones y el tema de seguridad de líderes sociales. La meta que tenemos es que los acuerdos que se hagan vayan para el plan de desarrollo. Que vayan al presupuesto y que esos acuerdos se consideren vinculantes.

¿Eso es lo que el Gobierno llama el diálogo social?

Sí señor. Los actores en conflicto definen sus prioridades y todo esto va al plan de desarrollo y están financiadas. De modo que aquí hay un nuevo modelo, de elaboración de la priorización de las inversiones del Gobierno con una participación seria del Estado y de las zonas en conflicto.

Pero ¿de dónde van a salir las medidas que incluye ese plan de desarrollo?

De la mesa de negociación. Vamos a acordar mecanismos concertados para llevar la región a la paz y la productividad y, si es necesario, se va a acordar allí que hay que comprar tierra para resolver los problemas que hay de acceso a ella.

¿Comprarla a quién?

A quien la quiera vender. Estamos dispuestos a invertir los recursos que sean necesarios en el catastro multipropósito, de tal manera que se actualice el valor de la tierra. La gente tiene tierra en extensiones gigantescas porque paga impuestos sobre ella, pero con impuestos de hace cien años.

¿Entonces cuál es el objetivo de la actualización del catastro?

Los precios comerciales van a llevar a la gente a que pague impuestos. Con esos impuestos, tendremos recursos para comprar más tierra o recursos para financiar el crédito de los campesinos, para que puedan incluso arrendar parcelas. Pero si no quieren pagar buenos impuestos, actualizados al valor comercial, porque aquí no se está expropiando nada, simplemente pagándose lo justo, las pueden vender, y las puede comprar el Estado y ponerlas al servicio de la productividad. Queremos que la tierra en Colombia no sea tierra de engorde, que no sean lotes improductivos. Que todo el territorio del país esté siendo productivo.

¿Y cuándo estará disponible el catastro multipropósito?

Estamos tramitando una reforma tributaria que nos dará los recursos para poder invertir, entre otras cosas, en el catastro multipropósito. Con la reforma se financia el catastro y eso cuesta 2 billones de pesos. Eso cuesta la actualización catrastral.

¿Cuáles fueron los objetivos concretos de su visita al Cauca este fin de semana?

El diálogo. La protección de la vida. Estamos haciendo la gestión de riesgo comunitario. No se puede tener un policía para cada líder, pero sí estamos avanzando en la implementación de medidas colectivas para asegurar la vida de comunidades enteras. Si usted identifica un comportamiento sistemático que atenta contra la vida de los líderes en un territorio, hay que adoptar medidas en el territorio y hacer gestión del riesgo comunitario. Si estos conceptos se llevan al terreno, vamos a tener un mecanismo mucho más eficiente, menos costoso y más protector de la vida.

¿Y cuáles son las medidas que se adoptarán?

Vamos a instalar en los 65 municipios donde están concentrados los asesinatos puestos unificados de mando por la vida. Vamos a dotar estos puestos con la fuerza pública, con las comunidades, las autoridades locales y la comunidad internacional. Estos son inmediatos. Esas medidas las presentamos este fin de semana, en el departamento del Cauca. Fuimos con la Comisión de Paz e instalamos este plan unificado de mando. Presentamos diez acciones diferentes de protección de la vida de los líderes ambientales, de los líderes comunitarios y la restitución de tierras, de los excombatientes firmantes del acuerdo de paz. Son 29 medidas que hacen parte de otras 60 adicionales que pretendemos implementar desde entidades que tienen responsabilidad en la protección de la vida de las personas.

¿Esto es como una gran movilización del Gobierno para proteger líderes?

Sí, claro. Mientras se aprueban más recursos, tenemos una institucionalidad que tiene la voluntad política y está lista para funcionar.

Por otra parte, en su discurso del viernes pasado, el Presidente habló de una Policía que no sea un cuerpo militar...

Es que la Policía es un cuerpo civil armado que protege la vida de los ciudadanos. El policía tradicional es el que camina las calles con los vecinos, como un ciudadano más. No es normal que una Policía sea parte del Ministerio de Defensa donde están las Fuerzas Militares. Por ende, nuestra Policía terminó militarizada como consecuencia del conflicto armado.

¿De quién dependerá la Policía?

La Policía debe pasar al Ministerio de la Paz y la Convivencia Social que vamos a proponerle al Congreso. Hemos anunciado la creación de dos ministerios, el de la Igualdad y el de la Paz. Debemos estudiar rápidamente esta medida del traslado de la Policía al ministerio civil y no militar. Es un tema de debate, está en discusión pública, yo estoy de acuerdo, y hay que ver que la cúpula militar opine sobre el tema. Hay que consensuar lo mejor posible que la Policía sea un órgano civil. El primer discurso del general Sanabria, nuevo director de la Policía, fue un discurso de paz. Esta es una Policía para la paz y los derechos de los colombianos a la paz, así lo dijo en la transición de mando.

Es una transformación total de la Policía...

No, no es total, pero sí es una transformación importante, pero la esencia de la Policía va a estar ahí. Es un cuerpo civil armado que va a proteger la vida de los ciudadanos en todo el territorio nacional. En ese marco se propone que haya más mujeres, que se capacite a los policías y que haya más igualdad en los ascensos por méritos. Lo que el Gobierno quiere es una Policía para la paz y no una Policía para la guerra.

YAMID AMAT
ESPECIAL PARA EL TIEMPO