Impunidad en Colombia es superior al 90 %: advierte el presidente de la JEP
Hace 5 días
"No es lo mismo que llegue un juez por concurso a que llegue por 'lobby'", asegura y añade en entrevista con YAMID AMAT: que los jueces y magistrados "se nombrarán discrecionalmente porque el proyecto acaba con los concursos, esencia de la autonomía y la independencia de la justicia. Comenzará, si me permite la expresión, el nombramiento de jueces y servidores públicos a dedo, ignorándose el derecho que tiene cualquier ciudadano que ha estudiado leyes y tiene méritos de ser juez, violando el principio de igualdad".
YAMID AMAT: ¿Si el proyecto es aprobado, qué efectos tendrá?
HERNANDO TORRES CORREDOR: Acaba la carrera en la rama judicial, y eso sí sería vulnerar la autonomía y la independencia de nuestros jueces.
¿El proyecto pone en peligro la carrera judicial?
Claro que sí. En este momento, los concursos son públicos y transparentes. Todas las bases técnicas las hacemos con universidades prestigiosas como la Nacional, con sellos de garantía y apertura de sobres en el momento del concurso. Si eso se suspende, significaría que los nominadores (más de 4.500 personas) van a nombrar discrecionalmente a sus colaboradores.
¿Cuál es el origen del proyecto?
Es de varios parlamentarios. Entre ellos, los representantes del Polo Germán Navas Talero, Franklin Legro y Luis Carlos Avellaneda. Ya les trasmitimos la preocupación que tenemos: suspender la carrera judicial sería alterar nuestra estructura de autonomía e independencia.
El roscograma en las Cortes
¿Qué piensa de la denuncia sobre un "roscograma" en la justicia?
Nosotros, de cara a la expresión de "roscograma", podemos responder con lo que hacemos cotidianamente. Desde la promulgación de la Constitución del 91, el poder judicial está compuesto por 22.500 servidores en 1.100 municipios, 202 circuitos, 32 tribunales superiores y cuatro cortes. Hay procedimientos legales para hacer las nominaciones. Para ser magistrado de un tribunal superior o juez de la República se necesita concursar.
Hemos realizado 19 concursos públicos que equivalen a 69 convocatorias y han pasado más de 250 mil personas por esos concursos. A nivel de las altas cortes, hay también procedimientos de elección: por ejemplo, se aproxima el retiro de seis magistrados de la Corte Constitucional.
Sus sucesores serán elegidos por el Congreso de la República de ternas integradas por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Presidencia de la República. Para la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que integran siete magistrados, las ternas las hace el Presidente de la República y la elección la realiza el Congreso.
¿Y los magistrados de Corte Suprema y Consejo de Estado?
Surgen de la propia autonomía de listas que elabora la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura, que, a su vez, tiene origen en la rama judicial, porque sus miembros son designados así: tres por el Consejo de Estado; dos por la Corte Suprema, y uno de la Corte Constitucional.
¿Y eso, precisamente, no es el llamado "roscograma" de la justicia?
En el diseño constitucional es la expresión de la autonomía e independencia de la rama judicial, como garantía de imparcialidad de los jueces. Una cosa es "roscograma" y otra cosa autonomía.
¿No hay, entonces, ningún "roscograma" en la justicia?
En absoluto. La estructura general de la rama judicial son los concursos públicos abiertos donde más de 250 mil colombianos pueden certificar su participación.
¿A qué puede referirse el Gobierno con esa expresión?
Creo entender que se está hablando de clientelismo, y ese fenómeno no existe en la rama judicial, porque el procedimiento es de meritocracia para proveer los cargos de jueces y magistrados.
Aún más: nos preocupa seriamente un proyecto de acto legislativo que cursa en el Congreso en el que se modifica el artículo 125 de la Constitución. Si se llegara a aprobar, quedarán suspendidos los concursos tanto de la carrera administrativa como de la judicial.
El presidente del Congreso, Hernán Andrade, ha dicho que sí hay clientelismo en la justicia. ¿Qué opina?
El clientelismo ha sido un fenómeno recurrente en la administración pública. Para enfrentarlo, la Constitución del 91 estableció el concurso de méritos y la carrera administrativa y judicial.
La rama judicial ha sido fiel a este mandato y ha elaborado las respectivas convocatorias a concursos públicos. Eso no ocurre en los demás órganos de poder del Estado. El Presidente dijo alguna vez, en su primer mandato, que los servidores públicos deberían ser los mejores, y designados a través de concursos meritocráticos. Ojalá eso se cumpliera.
La reforma a la justicia
Frente a la reforma de la justicia, el senador Juan Carlos Vélez ha dicho que los parlamentarios corren el riesgo de estar inhabilitados para legislar sobre la Corte Suprema. ¿Qué opina?
La Corte Suprema de Justicia ha señalado que es inconveniente e inoportuno que parlamentarios legislen en beneficio propio y sean quienes reformen los procedimientos de su juzgamiento.
El senador Alfonso Valdivieso, ex fiscal general, expuso temor de que la reforma rompa lo que llamó "necesario equilibrio de poderes". ¿Existe ese riesgo?
Sí. Es posible que algunas de las figuras que están en el diseño constitucional propuesto alteren esa composición de equilibrios. En una democracia, el equilibrio de poderes implica que todos tengamos controles y que haya un juego de pesos y contrapesos.
¿Si se rompe ese equilibrio, estarán en peligro principios democráticos?
Obviamente, habrá desbalance en la democracia.
¿Y la reforma produce ese desbalance?
Si uno de los tres poderes se debilita, los otros dos toman preponderancia. Si se fortalece más el presidencialismo, los otros poderes, indudablemente, se debilitan.
¿Una nueva reelección afectaría ese equilibrio de poderes?
No me puedo adelantar a ese debate, pero habrá que mirar la reelección de cara al equilibrio de los poderes, establecido en la Constitución; no porque la reelección sea mala o sea buena en sí misma, sino porque hay que ver con mucho cuidado y atención hasta dónde el fortalecimiento de una rama del poder público desequilibra las otras.
Se ha planteado la posibilidad de que la reforma comience a tener vigencia a partir del año 2010 para evitar el tema de los impedimentos. ¿Esa sería una solución?
No. Como se trata de una reforma constitucional, requiere trámite en dos legislaturas. Es decir, no podría aprobarse antes del 2009 y entraría en vigencia en el 2010. El asunto es que el trámite lo harán los actuales parlamentarios, no los futuros, y es sobre los actuales sobre quienes recae una eventual inhabilidad.
No parece que esté usted de acuerdo con el espíritu de la reforma...
Es que se trata de una reforma política y no de una reforma a la justicia. Una verdadera reforma a la justicia debería facilitar, por ejemplo, el acceso de los ciudadanos a ella; debería plantear soluciones para hacerla más eficiente y fortalecer el esquema financiero; debería proponer instrumentos y medios económicos para agilizar los procesos.
El espíritu que se nota en el proyecto es sólo el de cambiar los sistemas de elección de la cúpula de la justicia. Y lo más grave: el Gobierno no dice por qué quiere regresar a instituciones pasadas, superadas en el debate que dio la constituyente. Es una reforma de las estructuras de poderes entre los estamentos de la justicia y busca debilitar instituciones del poder judicial. Las expectativas de una verdadera reforma a la justicia no corresponden con el contenido del borrador que se conoció.
¿Cuál es su opinión sobre la insistencia del Gobierno en modificar la actual estructura del Consejo Superior de la Judicatura?
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura tiene como objetivo central desarrollar los siguientes principios constitucionales: el derecho de acceso a la justicia de todos los colombianos, que los procesos se cumplan de manera eficiente y que los ciudadanos tengan buena calidad en las decisiones judiciales.
Además, le corresponde manejar los recursos que el Estado le asigna a la justicia. No es correcto que nos observen como un simple proveedor de insumos. Nosotros no estamos para comprar computadores ni papel. La vocación de la Sala es administrar los sistemas jurídicos, lo que significa facilitar la puesta en marcha de las leyes.
¿Usted cree que la reforma propuesta debilita las altas cortes?
Sí. Produce un debilitamiento a la rama judicial de cara a los otros poderes. Pero estamos abiertos a discutir cualquier propuesta de reforma cuando tengamos el articulado completo y los argumentos de su motivación.
Pero si el Gobierno ve que hay problemas en la justicia, ¿por qué se oponen a la búsqueda de soluciones?
¿Cuáles son los problemas que ha hallado el Gobierno? Y la reforma que plantea, ¿busca solucionar qué tipo de problemas? Mire: frente a los problemas que tiene el país, la rama judicial es un remedio, no es un problema. Nosotros no provocamos los fenómenos profundos de crisis que tiene nuestra sociedad, no originamos el narcotráfico, ni creamos los paramilitares, ni la guerrilla. Todos esos fenómenos que los colombianos sufrimos a diario, la justicia busca enfrentarlos y solucionarlos.
Quién es Hernando Torres Corredor
El magistrado Hernando Torres Corredor es el actual presidente del Consejo Superior de la Judicatura, integrado por 13 magistrados: siete pertenecen a la sala disciplinaria y 6, a la administrativa.
La primera investiga disciplinariamente a los funcionarios de la rama judicial en primera o en segunda instancia. La segunda administra todo el sector judicial; crea, modifica y suprime cargos en la rama y participa en la elección de jueces y magistrados. Maneja el presupuesto de la rama judicial.