Impunidad en Colombia es superior al 90 %: advierte el presidente de la JEP
Hace 5 días
Punto final a la polémica: la llamada ley de tierras no será decretada sino que será sometida a estudio del Congreso.
El proyecto de decreto ley que tenía listo la Agencia Nacional de Tierras ha sido descartado y se
limitará básicamente a la creación de un registro especial para los
campesinos que aspiren a tener tierra o a formalizar la propiedad de la
que ocupan. Para que pueda hacerlo, el 'fast track' se extenderá seis meses más, hasta diciembre.
Todos estas decisiones del Gobierno las explica el secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada, en su nueva función de vocero oficial del Ejecutivo.
"El proyecto de esta
ley será presentado al Congreso a través del procedimiento 'fast track'.
Se trata de que los temas fundamentales que han sido motivo de polémica
los estudie el Congreso. Simultáneamente se expedirá un decreto ley con
facultades extraordinarias para procedimientos. Este decreto creará el
registro de beneficiarios.
¿Los campesinos que aspiran a legalizar la tierra que ocupan y que aspiran a tenerla tendrán que registrarse?
Sí.
Queremos saber con precisión quiénes son, dónde están, cuántos son,
cuál es su patrimonio. Esto nos permitirá hacer una focalización de
esfuerzos en los pequeños propietarios, a quienes debemos atender
prioritariamente.
¿Cómo se identificará a los que usted llama "pequeños propietarios"?
Son los que tienen menos de setenta millones de patrimonio, menos de cien salarios mínimos.
¿Y para qué deben inscribirse?
Para
que los beneficios de la ley de formalización, titulación y acceso a la
tierra lleguen a los que más lo necesitan y que tengan vocación
agrícola. Hoy hay cerca de doce millones de colombianos campesinos que
viven apretados en el 5 por ciento de la tierra; de más de 113 millones
de hectáreas que tenemos en el país, aspiramos a titularles y a
facilitar el acceso a cerca de diez millones de hectáreas. Hoy hay 53
mecanismos diferentes, 53 vías diferentes de acceso a la propiedad, que
dificultan o impiden el acceso a la tierra. Proponemos crear un solo
procedimiento especial y único, de acceso a la propiedad, que sea
transparente y eficaz. En esto han fallado todas las anteriores reformas
de acceso a la tierra.
¿Qué temas irán en el proyecto de ley?
Normas
de seguridad jurídica sobre la propiedad y de productividad de la
tierra. No hay figuras nuevas de expropiación administrativa.
¿Y por qué no lo hacen por decreto ley?
Recibimos
más de 1.500 observaciones en los siete foros regionales que hicimos;
los mismos campesinos, los gremios, las organizaciones sociales dijeron
que el proyecto, tal como estaba redactado, generaba incertidubres,
dudas, inseguridad por cuenta de posibles expropiaciones por motivos que
no están contemplados en la Constitución. En el proyecto de ley no se
cambia el concepto de la propiedad privada en Colombia, ni se crean
nuevos mecanismos de expropiación. Además, se va a crear el fondo de
tierras que se convino en los acuerdos del teatro Colón y se le va a dar
las fuentes de financiación o de identificación de la tierra con la
cual va a facilitar el acceso.
Pero el proyecto de ley por 'fast track' no permite reformas...
El
proyecto apenas está en construcción. Se pueden introducir
modificaciones en la etapa de concertación o en los debates del Congreso
con el aval del Gobierno. El Gobierno no descarta que en el transcurso
de estas etapas y debates aparezcan buenos argumentos que impliquen
alguna modificación.
¿La idea del Gobierno es promover un gran debate en el Congreso sobre el tema?
Ya
lo estamos haciendo. Por eso vamos a participar en el debate, y ahí
están ya los voceros de las Farc que tienen asiento en el Congreso, para
que opinen en nombre de la guerrilla. Están los voceros de los
partidos, la sociedad civil, los campesinos, los gremios, las
asociaciones de productores, los agroindustriales. Será un escenario de
diálogo y concertación.
Entonces, ¿lo que ha ocurrido es que se desmontó el proyecto de decreto ley de la Agencia Nacional de Tierras?
Sí. La versión original se dividió en dos instrumentos. Se puede decir así, sin ningún reparo.
"En el proyecto de ley no se cambia el concepto de la propiedad privada en Colombia, ni se crean nuevos mecanismos de expropiación"
El 'fast track' en el Congreso termina este mes. No parece que haya tiempo para el debate...
Este procedimiento es prorrogable por seis meses más hasta el mes de diciembre.
¿Y lo van a prorrogar?
Sí. Se va a prorrogar además porque se presentarán más proyectos.
¿Cómo cuáles?
La
ley estatutaria de la justicia especial para la paz, la reforma
electoral o la ley de participación, y las que sean necesarias en la
implementación de los acuerdos.
¿Pero, en resumen, el eje central se desmontó?
En el Gobierno llamamos al decreto ley 'el minidecreto'. La llamada ley de tierras no será un decreto, sino un proyecto de ley.
Siguiente tema: la ola de paros. ¿Qué es lo que está pasando?
Comencemos con Fecode:
presentaron un pliego con cerca de 30 peticiones, de las cuales hay
preacuerdo en 11. No entendemos por qué convocan a un paro cuando
estamos en plena negociación. El Gobierno anuncia que está dispuesto a
seguir dialogando con los educadores.
La petición básica es un aumento de salarios que el Gobierno niega...
Ya
está negociado y en ejecución. Básicamente, están pidiendo nivelación
del salario para 2020 y 2021, pero si usted recuerda, el Gobierno
negoció con Fecode un incremento salarial de 10 puntos por encima de lo
decretado cada año para los demás trabajadores públicos que se pagarían
en cuatro años, comenzando en el 2016, con 2 puntos y en el 2019, los
últimos 3. Ellos quieren que negociemos los años siguientes, y nos
parece que eso ya corresponde al nuevo gobierno.
La queja de Fecode es que el Gobierno no cumple el pacto del paro pasado...
Sí, lo estamos cumpliendo. El Gobierno paga lo que se compromete a pagar.
A propósito de deudas, el Gobierno aún no ha reajustado los salarios de los trabajadores del Estado.
El
Gobierno estaba negociando con las tres grandes centrales -CUT, CGT y
CTC- y llegó una acción de tutela de un juez que les ordena a los
trabajadores integrar las centrales minoritarias a la mesa. Mientras
tanto ordenó suspender la mesa. Los trabajadores están en diálogos, y no
se han puesto de acuerdo. El papel que está cumpliendo el Gobierno es
de ser facilitador entre los trabajadores.
Entre tanto, los empleados públicos siguen sin aumento. Eso es más de un millón de trabajadores que reclaman el reajuste.
Así es, porque las centrales obreras no se han puesto de acuerdo.
El Gobierno puede decretar el reajuste. ¿Por qué no la ha hecho?
Porque
el Gobierno quiere que el aumento sea acordado con los trabajadores. Lo
que el Gobierno ha hecho es darles tiempo a los trabajadores para que
resuelvan sus problemas internos, vuelvan a la mesa y continuemos con la
negociación directa. Si no lo hacen, el Gobierno tomará una decisión
por el bien de los trabajadores.
Se anuncia un paro nacional para el día 16 de mayo. ¿Qué va a hacer el Gobierno?
Es
un paro que anuncian los trabajadores públicos; no es un paro nacional.
Piden con justicia el aumento salarial que no se ha decretado por la
falta de acuerdo de los trabajadores frente a la tutela de la que le
hablé. Nosotros estamos listos y seguimos en la mesa.
Otro paro que está vigente es el del Chocó...
Dicen
sus dirigentes que hemos incumplido los acuerdos sobre salud, vías y
agua. Mire: el Gobierno se comprometió a resolver los temas de los
pasivos del hospital San Francisco de Asís y ya giramos 32.000 millones
de pesos para sanear esos pasivos. Adicionalmente, pidieron cerca de mil
millones de pesos para la compra de insumos y medicamentos, que se
giraron y ya se ejecutaron.
Además, pidieron obras para mejorar
el hospital en materia de maternidad, urgencias y medicina interna, y ya
se aprobaron 3.019 millones de pesos. Se aportaron recursos ya girados y
en ejecución por 3.746 millones de pesos para la dotación de centros de
salud en Atrato, Cértegui, Río Iró, Medio Baudó y la Unión
Panamericana. Y, finalmente, el Gobierno se comprometió a hacer la
construcción del hospital de Acandí y se giraron 5.023 millones de pesos
para la construcción. En diciembre de este año estará terminado. Por
último, para el hospital de tercer nivel de Quibdó ya se giraron 2.000
millones de pesos con el fin de cubrir estudios y diseños.
En Quibdó acusan también al Gobierno de incumplir con las vías...
Faltan
los últimos 23 kilómetros de Pereira-Quibdó y los últimos 47 kilómetros
de Medellín-Quibdo. Se han invertido cerca de 1 billón de pesos. Falta
el remate.
¿Y qué piensa hacer el Gobierno?
Vigencias
futuras como fuente de financiación. Ya tenemos destinados 39.000
millones de pesos que se están aprobando en la adición presupuestal que
se tramita en el Congreso. Esos recursos provienen de la reforma tributaria
que tramitamos el año pasado, precisamente para financiar este tipo de
inversiones. La semana entrante haremos Confis y Conpes para dejar
garantizados plenamente estos recursos. Mientras tanto, estamos
avanzando en la construcción de más kilómetros de vía Quibdó-Medellín y
Quibdó-Pereira. Los congresistas del Chocó están haciendo la labor de
acompañamiento.
A propósito de la situación del Pacífico, Buenaventura también anuncia paro...
Acabamos
de regresar de allá con los ministros de Salud, Vivienda y Medio
Ambiente; la directora del Sena, el DPS y el viceministro de Defensa,
para revisar las obras que el puerto reclama. Para el Hospital Distrital
de Buenaventura ya están girados 9.800 millones de pesos para obras y
dotación. Todo está en ejecución.
Pero la protesta es por la falta de agua...
Sí.
Cuando hay turbiedad por las lluvias, esto obliga a cerrar
completamente la planta y el suministro de agua se detiene. El Gobierno
se ha comprometido a mejorar las dos plantas de tratamiento de Loma Alta
y Venecia.
Los organizadores del paro dicen que ese es un compromiso que el Gobierno no ha cumplido...
Al
final de este mes finaliza la conexión de la planta optimizada con toda
la tubería. A través de Findeter se han ejecutado 36.000 millones de
pesos en el acueducto. Esta obra es clave para garantizar que no haya
suspensión del servicio.
¿Y plan maestro de alcantarillado de todo el municipio que reclaman?
Ese
plan vale 170.000 millones de pesos, y se incluyó en el proyecto Todos
Somos Pacífico, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Ya
se firmó el crédito por 358 millones de dólares; de ahí, 170.000
millones financian toda la obra.
¿Cuándo tendrá Buenaventura nuevo acueducto?
En septiembre estarán las obras terminadas y normalizado el servicio. Y la primera fase del plan maestro en 2019.
Pero,
en resumen, sobre la ley de tierras, sobre los maestros, sobre el alza
de salarios, sobre Chocó, sobre Buenaventura, todas sus respuestas
parecen unas promesas de campaña presidencial...
Nooo (risas).
El proyecto de ley de tierras está en construcción dentro de la fase de
implementación legislativa de los acuerdos, al igual que las obras del
Chocó y Buenaventura, que, dependiendo de su complejidad, han sido
diseñadas, licitadas, están en ejecución o han sido terminadas, como las
obras de seis colegios ya entregados en Buenaventura. Y estamos en la
etapa de negociación con las centrales de trabajadores, esperando que
ellos se pongan de acuerdo porque les tenemos propuesta de incremento
que queremos salga por acuerdo, o procederemos a expedirla por decreto.
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO