El procurador general, Alejandro Ordóñez se opone abierta y drásticamente a la despenalización de la droga; propone un referendo para consultar al país sobre la despenalización del consumo de droga y el aborto y, radicalmente, no acepta siquiera la mención de su nombre como candidato presidencial. Sugiere que preferiría la reelección como Procurador.
¿Qué opina de la propuesta que ha surgido internacionalmente sobre la despenalización del consumo de droga?
El argumento de que la represión ha fracasado no es suficiente para despenalizar el consumo de drogas por varias razones. Primera: la prioridad es la juventud, la sociedad y la familia, que son las afectadas con la despenalización. Segunda: no es cierto que haya fracasado tan estruendosamente, como se dice, el combate contra la droga. Los datos de la oficina de Naciones Unidas contra la Droga (Unodc) son contundentes: en la última década se han reducido en un 60 por ciento los cultivos ilícitos en Colombia, hasta llegar a 68 mil hectáreas, según última medición. Pero, además, si se tiene en cuenta que algunos de esos cultivos se han trasladado a Bolivia y Perú, también a nivel mundial la producción de coca ha caído a su punto más bajo de los últimos cinco años.
¿La despenalización aumentaría el consumo?
Sin ninguna duda, con todos los efectos sociales para la familia, la sociedad e, incluso, para el aumento de la delincuencia. El 70 por ciento de los jóvenes que están en la "carrera delictiva" son adictos. El 30 por ciento de delitos que cometen los jóvenes están relacionados con consumo de drogas. Según estudios de la Universidad de Los Andes, desde 1996 hasta hoy, a partir de la autorización de la dosis personal, se ha duplicado el consumo.
¿Y usted cree que ese fenómeno es por la decisión de la Corte?
No lo sabemos, pero hay una clara coincidencia. Es un hecho notorio que la despenalización facilita el consumo y este, la adicción. Tenemos que actuar con cautela. El asunto es tan sensible para la sociedad, que no bastaría sólo con que en los escenarios internacionales hubiera un consenso. Si se llega a pensar seriamente en la despenalización, habrá que acudir a la opinión de la sociedad y propongo que el país sea consultado vía referendo, antes de tomar semejante decisión.
¿Y qué se preguntaría?
Simplemente si la gente quiere, sí o no, la despenalización del consumo. Hay temas que se deben someter a la consulta del pueblo: el tema de la vida y el tema del consumo de drogas, por ejemplo.
¿El tema de la vida?
Si se respeta o no la vida desde la concepción o si se decide despenalizar el aborto. Ese y la despenalización de la droga son actos autodestructivos. Uno destruye la vida; el otro, la salud.
El argumento básico de quienes proponen la despenalización es que la represión no sólo no ha resuelto el problema sino que genera otro más grave: el negocio multimillonario de los narcos. ¿Tratar el asunto como un problema de salud pública, y no como asunto penal, no supone el principio del fin del negocio?
¿Y eso justifica la destrucción de la juventud, la familia y la sociedad? Es necesario, sí, acabar con el negocio. Pero es prioritaria la defensa de la sociedad. La creciente violencia en México ocurre porque el mercado se está contrayendo. Como lo explicó el director de Unodc, Antonio María Costa, los niveles de pureza de las drogas en los países consumidores están bajando y los precios están subiendo. Esto explica que los carteles estén luchando por un mercado que se contrae y se reduce porque hay una mayor competencia, que se está resolviendo con métodos violentos, tal como ocurrió aquí. Pero eso es, precisamente, por los resultados de la política represiva.
Miremos, por otra parte, el ejemplo de Suecia: de ser uno de los países más permisivos con el consumo de drogas, en 1988 cambió radicalmente, adoptando una postura de cero tolerancia al consumo y obligando a los adictos a desintoxicarse. Según un estudio de 2007, sólo el 2 por ciento de los suecos de 15 y 16 años había fumado cannabis en los 30 días anteriores, lo que contrasta con el 20 de España y el 18 por ciento de la República Checa.
Estoy de acuerdo en algo que dijo nuestro Presidente y es que los países consumidores, los países desarrollados, han asumido una conducta farisaica, inequitativa frente a países productores como Colombia. Se nos ha exigido una política represiva con los costos de corrupción, de deslegitimación de instituciones, pero ellos, a su turno, no asumen una política equivalente sobre consumo. Su actitud permisiva es la que estimula la producción.
Pero hay quienes dice que a más restricción, más consumo...
No es cierto. El director de la oficina de política nacional de control de drogas en EE.UU. entre 2001 y 2009, John Walters, sostiene que las experiencias históricas muestran que a menor restricción, mayor consumo y adicción. Los altos costos que trae para países como el nuestro la represión son dramáticos, pero los de un mayor consumo son peores. Los grandes responsables de esa violencia son los consumidores. Sí, se han perdido batallas, pero en la guerra se ha avanzado.
¿Pero no recuerda cuántos crímenes y asesinatos han ocurrido aquí por la represión?
Son los riesgos de la función pública. Asumir políticas implica riesgos personales y familiares por defender el bien común.
¿La droga no es el principal generador de corrupción?
La corrupción la producen varios ingredientes. Hay uno cultural: la pretensión de que el interés particular prima sobre el interés general; que la función pública se puede realizar para servirse de ella. Y eso lo genera el afán del dinero fácil...
¿Y eso no es el narcotráfico?
Desde luego, pero uno no puede luchar contra el cáncer combatiendo solamente los síntomas y las consecuencias; debemos combatir las causas. El problema de la sociedad colombiana es un problema moral: la pérdida de los valores y de los principios ha generado permisividad y unas conductas donde todo se justifica, incluida la búsqueda el dinero fácil. Uno no puede pedir buenos gobernantes y jueces, si no hay buenos ciudadanos. Y buenos ciudadanos no existen si no hay valores y principios morales. Y no hay valores porque no hay familia, el escenario natural donde se transmiten. El narcotráfico podría desaparecer, pero vendrán otros factores de corrupción, porque la enfermedad de esta sociedad es moral.
¿Por qué dice usted que también el sector privado?
Un hecho evidente es la corrupción en el sector público. ¿Y quién se beneficia? Pues no solamente el funcionario público, sino el contratista, el empresario al que le adjudican un contrato con el pago de coimas.
¿Y cómo vigilar y castigar esa corrupción del sector privado?
La justicia penal, la fiscalía. Mire estadísticas como esta de la Universidad Externado y del Banco Mundial: 600 empresarios y contratistas dicen que el 13 por ciento del valor total de un contrato son sobornos del sector privado a funcionarios públicos. En el presupuesto nacional se destinan 40 billones para la contratación pública y en las entidades territoriales, 30. Aplíqueles el 13 por ciento a esos 70 billones. El 91 por ciento de los 600 empresarios reconocen que hay sobornos en las actividades privadas. Así que el problema no es del sólo sector público. Sor Juana Inés de la Cruz decía: "Quién será más de culpar, aunque cualquiera mal haga: ¿el que peca por la paga o el que paga por pecar?"
En esta entrevista he escuchado tesis que parecerían más propias de un candidato presidencial...
Le voy a contar una anécdota: mi papá era un hombre muy trabajador; laboraba en una fábrica de galletas en Bucaramanga y conocía mucho la miserable condición humana. Cuando me eligieron magistrado, fui a la fábrica y me dijo: "Le quiero recordar un pasaje de La imitación de Cristo de Tomás de Kempis. "No eres más porque te alaben, ni menos porque te vituperen. Lo que eres delante de Dios, eso eres y nada más" . Y me agregó: "Mijito: no te dejes envanecer por los honores; los tendrás y muchos". Luego, hizo una pausa, me dijo: "Cuando ya no tengas la investidura, ¡hasta los perros te mean!".
¿Eso quiere decir que, radical y definitivamente, no?
Así es. No, no, no. Los últimos procuradores han sido candidatos o mencionados como tales. No han tenido ningún éxito político. No voy a dejar de tener los pies en la tierra.
Conclusión: ¿que lo dejen trabajar como Procurador?
Claro. No me dejo dar caramelo... Cuando me posesioné, juré cumplir la Constitución y la Ley, y quiero hacerlo con toda responsabilidad y todo escrúpulo. No hay nada peor para la credibilidad de la institución de la Procuraduría. Que un procurador en ejercicio actúe como candidato presidencial deslegitima sus decisiones. Afecta gravemente la figura como garante de derechos y de imparcialidad y como defensor del ordenamiento jurídico. No estoy dispuesto a hacerle ningún mal a la institucionalidad y pido a los partidos que tampoco piensen en hacer ese mal.
¿Piensa usted más bien en su reelección como Procurador?
La pensaré en su momento. Hacia mayo decidiré.
¿Pero hoy se inclina al sí?
Me gusta lo que estoy haciendo. Tengo vocación por la función pública y de servicio. Duré 20 años de juez, magistrado, primero en Santander y luego en el Consejo de Estado. Aspiré durante muchos años a ser Procurador. Le cuento esta anécdota: la integración de la terna fue traumática y yo estuve tres meses como candidato del Consejo de Estado y sin contendor. En diciembre, la Corte ternó a Camilo Gómez. Entonces, él le pidió al Senado postergar la elección, que era el 10 de diciembre, porque según él era inequitativo, ya que sólo tendría 8 días para hacer campaña. Entonces, yo le dije: "Camilo, eso no es cierto. Yo no llevo 3 meses; llevo 20 años en campaña para ser Procurador". Me gusta ejercer la Procuraduría, no obstante las amarguras, los dolores de cabeza, la diabetes, todo.
Si digo que prefiere ser reelegido como Procurador y no ser candidato presidencial, ¿digo la verdad?
Es exactamente lo que he dicho. Es usted buen intérprete.
Si usted aspira a la reelección, tendrá primero que hacer campaña ante el Consejo de Estado. ¿Lo va a hacer?
Si decido, puedo decirle al Consejo de Estado o al Presidente. Pero no he pensado el tema.
Si es Santos quien propone su reelección, él estaría defendiendo la bondad de la reelección cuando, como lo dice usted, se han hecho bien las cosas.
Claro, dígaselo a él.
¿Dijo usted que tiene diabetes?
Soy hijo de panadero y soy goloso. Comía mucho pan y dulce: bocadillos veleños, galletas La Aurora. Y el cuerpo ya me cobró las consecuencias. Pero estoy contento con una dieta rigurosa. He perdido 10 kilos.
¿Y cuántos más va a perder en los cinco años que le faltarían como Procurador?
Más bien pregunte cuántos kilos voy a hacer perder.
Retiro de la reforma
¿El proyecto de reforma de la justicia ataca la impunidad por corrupción?
No. El proyecto tiene muchas deficiencias y no ataca el más dramático problema que tiene la justicia: la ha venido deslegitimando la impunidad y eso la hace perder credibilidad frente a la sociedad.
El presidente Santos ha demostrado que es de diálogo y que corrige. ¿Usted sería partidario de que el Gobierno retire la reforma de la justicia?
Si el Presidente tiene esa opción, es conveniente que la valore.