Por desplazamiento forzado, a indagatoria empresarios de la palma

El fiscal general, Mario Iguarán, investiga otro gran escándalo: el desplazamiento forzado por varios empresarios de Antioquia que contrataron paramilitares y desalojaron a comunidades de sus tierras en Chocó, con el pretexto de combatir a la guerrilla. Se apropiaron de esas tierras que hoy son ricos cultivos de palma africana. Así de escabroso y de grave.

Dueño de una discreta personalidad y reconocido por su amabilidad y sencillez, Iguarán ha logrado de manera silenciosa y efectiva los mejores logros judiciales en la historia de la Fiscalía. La revelación que hace en este reportaje es otra prueba de ello.

¿Qué fue lo que descubrió e investiga la Fiscalía en el Chocó?

La tragedia de la comunidad de las cuencas de los ríos Jiguamiandó, Curvaradó y Domingodó. En los 80 padecieron la presencia de las Farc y en los 90 la de las autodefensas de los Castaño. Hay unos señalamientos sobre un desalojo de las autodefensas con el argumento de que era para erradicar a grupos guerrilleros. Hay indicios de que esos desalojos se dieron no tanto para expulsar a la guerrilla, sino para apropiarse de tierras que le pertenecen a la comunidad. Después de recibir más de un centenar de testimonios, de practicar inspecciones judiciales en las empresas cultivadoras de palma, en aceiteras, en bancos, en notarías y en oficinas de Registro y de Instrumentos Públicos, la Fiscalía acaba de abrir investigación formal y ordenar vincular mediante indagatoria a los representantes de varias empresas.

¿Cuáles empresarios?

Representantes, entre otras, de Selva Húmeda, Urapalma, Palmura, Inversiones Agropalma, Palmas de Bajirá, Palmadó, Palmas de Curvaradó e Inversiones Fregny Ochoa, por la supuesta comisión, entre otros delitos, de concierto para delinquir, usurpación de tierras y, uno muy grave, desplazamiento forzado.

¿Cuántos son en total?

Más de 20.

¿Es la confirmación de la utilización de autodefensas por parte de empresarios?

Los paramilitares no buscaron a nadie, sino que a ellos los buscaron.

¿Hasta dónde llevará la investigación?

Hasta donde los hechos a probar y el derecho a aplicar lo ordenen.

¿Qué pasará con 19 mil 'paras' rasos cuya situación jurídica no se ha definido?

Ese es un problema grave. A partir del fallo de la Corte Suprema, que tenemos que acatar, bajo el entendido de que no podían incurrir en sedición, tendríamos que entrar a judicializarlos y esa es una tarea imposible.

¿Resulta indispensable la ley que califica el delito de esos 19 mil paramilitares?

Es absolutamente urgente.

Y si continúa la resistencia del Congreso a aprobarla...

Estará en peligro el proceso de desmovilización de militantes rasos y no nos digamos mentiras: correríamos el riesgo de que vuelvan a la guerra.

¿Los parlamentarios no incurren en el delito de legislar en beneficio propio o de sus colegas si la aprueban?

Son entendibles las dudas de los congresistas, pero se trata de un instrumento para resolver la situación jurídica de los desmovilizados rasos, que de ninguna manera beneficiará a nadie más.

Como el Congreso está muy renuente a aprobar la ley, ¿cuál sería la salida?

Darle facultades a la Fiscalía para aplicar el principio de oportunidad. Eso podría viabilizar una salida, asumiendo la Fiscalía y los jueces la responsabilidad de que solo se aplicaría para desmovilizados rasos.

El presidente de la Sala Penal de la Corte le pidió a usted información sobre la investigación que solicitaron de los ganaderos de Sucre...

En primer lugar no conozco documento remitido por la Corte Suprema donde se me haga alguna reconvención o llamado de atención. En segundo lugar, lo que tengo es un documento de la Corte con un listado de distintas investigaciones que deben tenerse en cuenta para el intercambio de pruebas. Por ejemplo, dentro de ese listado se hace referencia al caso del ex gobernador de Sucre Salvador Arana, a Enilce López que se conoce como 'La Gata'; procesos, entre muchos otros, donde la Fiscalía tiene mucho para mostrar antes que para contestar. Sobre el caso concreto de algunos ganaderos, la Fiscalía dispuso la apertura de la investigación y ordenó vincularlos mediante indagatoria.

¿Hasta dónde es válido que la denuncia de un delincuente sea suficiente para llamar a juicio a parlamentarios o a funcionarios?

Las versiones nos están permitiendo conocer la verdad; para darle un ejemplo, hemos conocido y esclarecido más de 700 homicidios de los cuales no teníamos información ni investigaciones. No obstante las referencias que hagan los versionados se someten a procesos de verificación.

Es decir, ¿son válidas las denuncias de los delincuentes?

Es válido que lo hagan, pero no es suficiente para que la Fiscalía abra investigación. Esas referencias hay que mirarlas en su contexto y confrontarlas.

¿Cómo va Justicia y Paz?

Por buen camino. Las grandes condenas al Estado colombiano que profieren las cortes internacionales no son tanto porque en Colombia haya masacres, sino porque ante ellas no hay justicia; hay impunidad. Gran número de casos que hoy se surten ante dichas cortes se están resolviendo por Justicia y Paz. Hemos iniciado 1.057 diligencias de versión libre y terminadas 942. Exhumamos 1.196 cuerpos encontrados en 997 fosas, donde estaba enterrada la verdad.

En los últimos días se han hecho denuncias sobre familiares del asesor presidencial José Obdulio Gaviria, vinculados con el asesinato del ministro Rodrigo Lara. ¿Piensa reabrir la investigación por ese caso?

El ánimo es desempolvar los expedientes que se erigen como monumentos a la impunidad, pero no podemos llegar a extremos como los del presidente Chávez que va a reabrir la investigación sobre la muerte del libertador Bolívar. En el caso del ex ministro Lara, mi profesor, dispusimos una indagación preliminar para despejar cualquier duda sobre una eventual prescripción. Aunque a las prescripciones pueden renunciar quienes se consideren como potenciales investigables.

¿Hasta dónde un familiar de Pablo Escobar, como José Obdulio Gaviria, puede motivar renuncias de funcionarios públicos debido a ese vínculo?

Desde el punto de vista jurídico, la consanguinidad del doctor Gaviria con el criminal Pablo Escobar no tendría porque irradiar. Por lo demás, son campos personales sobre los que no debo opinar.

¿Entonces sobre las denuncias que han hecho 'El Espectador' y otros medios nada se puede hacer?

Los fiscales e investigadores no deberíamos ser inferiores al trabajo investigativo que hacen los medios. Pero primero tendremos que preguntarnos si somos competentes por el fenómeno de la prescripción. Después, preguntarnos si somos capaces; pensaría que sí.

¿Qué ocurrió con la investigación que el presidente Uribe le pidió a la Fiscalía sobre el caso del magistrado que aparentemente buscó una declaración de alias 'Tasmania' contra él?

Se creó un Grupo de Tareas Especiales para el caso, tanto del presunto soborno al testigo e instigación para delinquir y supuestos ofrecimientos ilegales de beneficios por colaboración a Orlando Moncada, 'Tasmania', como por el presunto atentado a la integridad del doctor Iván Velásquez y obstrucción a la Justicia.

¿Qué ha hecho ese grupo y cuándo habrá decisiones?

Se han hecho casi 50 diligencias además de inspecciones. También entrevistas a 'Tasmania', su apoderado, funcionarios del Inpec, a un empresario antioqueño, al hermano del señor Presidente, a los magistrados auxiliares incluido el doctor Velásquez, al Alto Comisionado y a quienes tuvieron que ver con la declaración de Edwin Guzmán, la persona que declaró en el consulado de Colombia en Nueva York. Aspiramos a resolverlo en enero.

A usted hay sectores que le piden que se separe del Gobierno y sectores que le piden que se separe de la Corte. ¿Qué hará?

No me voy a distanciar ni del Gobierno ni de la Corte Suprema, porque necesito estar cerca de los dos para cumplir con el desarrollo de una política criminal.

¿En qué estado se encuentra la investigación sobre las supuestas 'chuzadas' a los teléfonos del Presidente?

Raúl Grajales denunció ante la Fiscalía una supuesta extorsión, señalando a Fernando Herrera Zuluaga, 'La Mechuda', como el autor. La Fiscalía dispuso agentes encubiertos, ordenó interceptaciones, todas ellas avaladas por juez de control de garantías, y se interceptó el teléfono del señor Herrera Zuluaga. Con ocasión de esa interceptación se reportó la conversación entre el Presidente y Herrera Zuluaga. Sin embargo, lo que divulgaron los medios no corresponde al contenido de la conversación escuchada por los investigadores de la Fiscalía. Se intervino el teléfono de Herrera; jamás el del Presidente.

¿Es decir, que no fue una filtración de la Fiscalía?

No podía ser...

¿Entonces, quién chuzó?

No sabemos. Es lo que estamos investigando.

En el caso del almirante Arango Bacci, si la gran prueba era la huella que probaba que había recibido dinero y resulta que era falsa, ¿no se derrumba todo?

Eso sólo se podrá afirmar cuando se haya agotado todo este proceso de recaudo de evidencias, de práctica de pruebas y se haga la valoración.

¿La huella era falsa?

El fiscal del caso soy yo y no me puedo pronunciar.

¿Y el caso del gobernador Ardila?

Somos cuidadosos y no podemos actuar por razones de tipo mediático; lo único que puedo afirmarle es que no hemos descansado ni ahorrado esfuerzos para hacer la investigación y tomar una decisión en justicia. En este caso, en un buen número de oportunidades he estado en jornadas de horas y horas en el Tribunal Superior de Bogotá para que me habiliten a hacer inspecciones, diligencias, etc.

En una semana estará vigente en todo el país el sistema penal acusatorio, ¿usted qué va a hacer con miles de expedientes que quedan en el sistema viejo?

Así como trabajamos en la implementación del sistema acusatorio, en infraestructura y capacitación, también sabemos que no podemos destinar todos los fiscales al nuevo sistema. Es más, la mayoría de los fiscales se quedan tratando de despachar y de resolver lo que se inició sobre el anterior sistema, porque el sistema acusatorio en sí, lo que exige es una descongestión.

Pero el primero de enero entra en vigencia en todo el país...

Por supuesto. No habrá hecho delictivo que no se conozca por el nuevo sistema, pero tenemos que seguir trabajando con lo antiguo para liquidarlo.

Tema final: qué le parecieron las acusaciones de Salvatore Mancuso contra la Fiscal de Cúcuta en el sentido de que él había ordenado el asesinato de dos fiscales, gracias a la información suministrada por ella...

Lo mas decepcionante. Que tu propio compañero sea tu verdugo. La deslealtad va de la mano de la criminalidad.