'No soy partidaria de reformar el fuero militar': Viviane Morales

La fiscal dice que violaciones de los DD.HH. deben seguir siendo asunto de la Justicia ordinaria.

La fiscal general de la Nación, Viviane Morales, propone en esta entrevista una gran cumbre internacional para que el mundo -no Colombia- decida sobre la despenalización de la droga. No es partidaria de que se reforme el fuero militar y cree inútil la propuesta de reforma de la Justicia. Descarta que la Corte Penal Internacional vaya a intervenir en el país e insiste en que no someterá su vida privada a debate público.

¿Cuáles son las conclusiones de su reunión con el fiscal de la Corte Penal Internacional? ¿Subsiste el riesgo de una intervención en el país?

Le presenté lo que se ha hecho en Justicia y Paz. Le mostré que no se trata solo de sentencias, sino de verdad, justicia y reparación. En las audiencias de versiones libres han participado 62 mil víctimas y han sido confesados más de 25.000 crímenes. Esta presentación fue de buen recibo por el Fiscal, porque es un trabajo que no se ha hecho en otro país en justicia transicional. Me anunció que iba a presentar esa visión a la Corte. Le informé, además, que se ha logrado la condena de 30 a 40 años de casi todos los jefes paramilitares, por investigaciones que ha hecho la Fiscalía en la Unidad de Derechos humanos. No hay impunidad, y por eso no habría razón para que la Corte interviniera en Colombia, porque no ha dejado de operar su sistema judicial ni hemos sido negligentes.

¿Cuántos procesos hay de Justicia y Paz?

Hay 4.000 postulados.

¿Mantiene sus quejas sobre falta de personal?

Este año se han dado importantes avances. Están en proceso de incorporación 3.200 ex funcionarios del DAS, que nos reforzarán en investigación. Pero la planta aún es incompleta.

Hubo muchas críticas por sentencias bajas, excarcelables, contra quienes buscaron beneficios indebidamente con Agro Ingreso Seguro...

Debe cambiar la cultura de los ciudadanos frente a negociaciones y preacuerdos. Esos son sistemas que se crean para facilitar el trabajo de la Justicia. Una Justicia pronta es mejor que una que demora años. El preacuerdo logra que se repare a la víctima, que haya sentencia y, además, que una persona pueda colaborar en el esclarecimiento de la verdad frente a otros procesos. Eso fue lo que pasó en los casos de Inocencio Meléndez, Julio Gómez, los Dávila, y lo que pasará en otros. Cuando se acepta un cargo, la ley dice que se puede disminuir hasta un 50 por ciento de la pena. Cuando es peculado y se reintegra el dinero, se puede rebajar una tercera parte. Y cuando el peculado no lo comete un funcionario sino un ciudadano, en su calidad de interviniente, la ley rebaja. ¿En cuánto queda la pena? Es la ley. Además, el fiscal llega a preacuerdo y acusa. Y es un juez el que decide la sentencia. Las críticas deberían ser al sistema, no a la Fiscalía.

¿Y qué ha ocurrido con los casos de despojo y robo de tierras?

Hay 64 investigaciones por robo de tierras, en las cuales se investiga la responsabilidad de muchas personas, entre ellas alcaldes, notarios y registradores municipales que se prestaron para eso.

¿Cuánta medidas de aseguramiento habrá?

Por el despojo de tierras en los Montes de María, habrá imputación contra la ex registradora de Instrumentos Públicos de Cármen de Bolívar y 7 notarios. Se solicitarán 3 medidas de aseguramiento.

¿Cuál fue la conclusión de su visita a Las Pavas?

Lo que hemos encontrado es una comunidad dividida. Hay personas que se declaran víctimas de desplazamiento, y otras que dicen que en ese municipio nunca ha habido desplazamiento. Por la incertidumbre, hemos iniciado una investigación para determinar qué ocurrió en los años 2003 y 2006.

¿Y las críticas por supuestas contradicciones de la Fiscalía?

No hubo contradicciones. Lo que pasa es que la decisión de la fiscal de Cartagena se refiere a hechos ocurridos en el 2009, respecto de los cuales concluyó que lo que allí sucedió fue un desalojo y no un desplazamiento forzado. Los hechos de desplazamiento a los que alude parte de la comunidad se refieren a los años 2003 y 2006, y esos son los que estamos investigando.

¿Hubo o no falsos invasores?

Hay denunciantes de desplazamiento que se retractaron y que serán investigados.

¿Y en los casos de las EPS?

Se llamó a interrogatorio a los representantes legales de cinco EPS y habrá una decisión sobre imputaciones al final de diciembre.

¿Cuál es su opinión sobre la despenalización de la droga?

Ese tema es muy serio. Es importante que Colombia empiece a hablar internacionalmente, y a mostrar lo que le ha pasado en los últimos 30 años en la lucha contra el narcotráfico, y con esta política de prohibicionismo total. Hemos pagado enormes costos, no solo en vida de jueces, investigadores y políticos, en los costos mismos del sistema judicial, sino también en daño social porque el narcotráfico atiza el fuego del conflicto y ha arrasado con valores indispensables para la sociedad. Pero el tema de la legalización también es dramático. No creo que esa sea la solución porque supone un tremendo costo para la humanidad, la salud y la sociedad. Lo que tenemos que borrar de la mente es la palabra "solución". Hay que buscar alternativas para combatir el consumo de otra manera.

¿Qué se le ocurre?

Lo primero es que la tragedia no va a terminar por un cambio legal que haga Colombia. No podemos hablar, por ejemplo, de un referendo frente a ese tema. Eso no tiene sentido. Estos son asuntos que tienen que tratarse desde el punto de vista mundial. Hay que empezar con América Latina y reflexionar sobre los costos del problema, de despenalizar, y buscar salidas. Lo claro es que Colombia no puede por sí sola producir cambios importantes.

¿Por qué cree que no tiene sentido un referendo para despenalizar o no?

Porque sería una posición aislada, de un solo país. La política antidrogas es mundial. No sirve que un país legalice. Debe ser un gran acuerdo mundial.

¿La represión vigente fracasó?

Hemos pagado un costo demasiado alto para unos resultados que no son los más satisfactorios. El costo es desmesurado. La corrosión de la institucionalidad que tuvimos que vivir en los 90, la corrupción, la activación del conflicto por el narcotráfico, son costos tremendos. Tarde o temprano el mundo se dará cuenta de que esa no ha sido la alternativa más eficaz para combatir el problema.

Es decir, ¿no está de acuerdo con que se mantenga la represión? ¿Diría que grandes productores y consumidores discutan el tema?

No solamente ellos. El diálogo debe incluir a todos los países que de alguna manera tienen que ver con este problema. Por ejemplo, los de tránsito, que afrontan serios problemas de seguridad.

Otro tema: ¿cuál es su opinión sobre el fuero militar?

Es una institución de muy antigua tradición jurídica. En un país que vive un conflicto como el nuestro, es importante que exista. Sin embargo, Colombia tiene compromisos de carácter internacional en los que ha avanzando a través de una delimitación clara de que el fuero militar no cobija violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y eso es lo que debe seguir.

¿Pero le gusta la reforma que estudia el Congreso?

Me parece que está bien como lo ha delimitado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en donde queda claro que no se consideran actos de servicio las violaciones graves a los derechos humanos. Me preocupa que se diga que el fuero militar es prevalente frente a la Justicia ordinaria, cuando la Corte Constitucional ha determinado que en los casos en que hay violación grave a los derechos es la Justicia ordinaria la que debe investigar y sancionar.

¿Y la queja de los militares de que no se sienten protegidos?

En eso pueden tener razón, porque la dinámica del conflicto y las situaciones que enfrentan son incomprendidas por fiscales y jueces. Es importante establecer canales de comunicación y de capacitación conjunta. Así como a los militares se les ha venido dando formación en derechos humanos, también hay que fortalecer la capacidad de los fiscales para entender las dinámicas en el conflicto.

Para no interpretarla mal: ¿Usted no es partidaria de la reforma?

No. Soy partidaria de seguir interpretando el fuero militar como lo ha interpretado la Corte Constitucional.

¿Qué piensa del proyecto de reforma de la Justicia?

Algunos artículos miran hacia la descongestión de la Justicia; otros son temas formales que no dan respuestas sustanciales, ni significan nada para el ciudadano. Nada. Me gustan las reformas que ha introducido la Cámara de quitar a los magistrados de cortes y tribunales su facultad de postulación o de elección de algunos funcionarios. Me parece que los jueces deben dedicarse a juzgar. Esa elección de funcionarios no es conveniente. A nivel territorial, por ejemplo, postular contralores por parte de magistrados de tribunal no mejora la administración de Justicia. Por el contrario, genera por lo menos tentaciones que no deben estar ahí.

¿La reforma no es la gran reforma que el país espera?

No. Pienso que si se aprueba o no, no va a pasar nada.

¿Cree que la reforma es inocua?

Sí. Una reforma de la Justicia debe partir de una profunda reflexión desde dentro de la misma rama. Hay que mirar la carrera judicial, su sistema de calificación, el rendimiento de los jueces. Hay que innovar en tecnologías que incrementen la eficiencia. Hay que incorporar nuevas técnicas de administración en los despachos judiciales y parar por un tiempo la creación de tantas normas y tantos nuevos delitos, que solo congestionan el sistema. Una reforma en la que se oiga la voz de los jueces y de los fiscales desde la base, y de los ciudadanos que sienten que no estamos respondiendo a sus necesidades.

¿Qué opina de lo que dijo la columnista de EL TIEMPO María Isabel Rueda sobre su relación con el ex parlamentario Carlos Alonso Lucio?

Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Yo he trabajado intensamente estos 11 meses en la Fiscalía. Los resultados están en cifras, en estadísticas. El trabajo que se está haciendo el país lo conoce. Yo no respondo a ese tipo de críticas. Como Fiscal, el país me ha conocido. Estoy dispuesta a dar las respuestas que sean necesarias sobre lo que le corresponde a mi despacho y a la entidad. He tratado de mantener mi vida privada siempre aparte. Tuve ocasión de enviarle una carta al director de EL TIEMPO, Roberto Pombo, en donde demuestro que lo dicho por la columnista no es cierto. Pedí no publicarla, porque no quiero distraer mi tiempo en controversias estériles. ¡Soy la única ciudadana de este país que no puede instaurar una querella por calumnia o injuria!

¿Y cómo va la vida?

Muy bien, pero no respondo sobre mi vida privada en este tipo de entrevistas. Si me invita a almorzar un día, charlamos con gusto.

¿Está de acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional sobre el aborto?

No. Como cristiana, creo que la vida es sagrada. Pero, como funcionaria, respeto y acato la decisión. Pero mire: los abortos no se dan por violación o por malformaciones, se dan porque no se le ha prestado a la mujer la educación necesaria para que recurra a métodos de planificación familiar. En Colombia se aborta por situaciones económicas y sociales.

Yamid Amat
Especial para EL TIEMPO